Ana Carolina Lucas Cal

Expediente 2782/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 4 actuaciones registradas, la última del 23 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2782/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
23/01/2023

Partes del expediente

  • Representante Local En Reynosa del Instituto Nacional de Migración
  • Ana Carolina Lucas Cal

Actuaciones

  1. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, veintitrés de enero de dos mil veintitrés. ... se declara que la sentencia que sobreseyó en este juicio de amparo, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, archívese este asunto como totalmente concluido, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, previas las anotaciones de rigor en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Toda vez que este asunto se ubica en la hipótesis a que se refiere el artículo 21, párrafo primero, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; además, se considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el artículo 15 del mencionado Acuerdo, por tanto, este expediente es susceptible de destrucción, y una vez cumplidos tres años de haberse dictado este proveído, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula de este asunto. Finalmente, se destaca que en el presente juicio no existen documentos originales importantes o de valor, y no se tramitó incidente de suspensión. Notifíquese.

  2. Principal

    ...veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós... téngase a la autoridad responsable rindiendo el INFORME JUSTIFICADO que se relacionará en la audiencia constitucional de este juicio para ser tomados en consideración en su oportunidad; dese vista a las partes para que expongan lo que a su interés convenga....

  3. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, diez de noviembre de dos mil veintidós. Vista la constancia actuarial de uno de noviembre de dos mil veintidós, levantada por la Actuaria Judicial adscrita a este Juzgado, se advierte que ********************, ratificó la demanda de amparo promovida a su favor por la licenciada ********************, contra actos del Representante Local en Reynosa del Instituto Nacional de Migración en Reynosa, con sede en esta ciudad; por tanto, se admite la misma, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículos 1, fracción I, 37, 107, 108 y 115 de la Ley de Amparo. Dese a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano de control constitucional, la intervención que le confiere la ley, entregándole copia simple de la demanda de que se trata. No ha lugar a abrir el incidente de suspensión, toda vez que por auto de uno de noviembre de esta anualidad, se otorgó la suspensión de oficio del acto reclamado. Para la audiencia constitucional que contempla el artículo 115 de la Ley de Amparo, se fija las nueve horas con diez minutos del veintitrés de diciembre de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables el informe justificado que deberán rendir dentro del término de quince días, contado a partir de aquél al que reciban la notificación del presente proveído, acompañando, en su caso, copia certificada de las constancias legibles y completas que tomaron en consideración para emitir el acto combatido en esta vía constitucional. Indíquese a las autoridades responsables que la Ley de Amparo, en su artículo 260, fracción II, dispone que se sancionará con multa de cien días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha, en caso de que se haga efectivo dicho medio de apremio, a la autoridad responsable que no rinda el informe con justificación o lo haga sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional, u omita referirse a la representación que aduzca el promovente de la demanda en términos del artículo 11 de esa Ley. Como lo faculta el artículo 210-A, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, se faculta a las autoridades responsables rendir el informe de ley vía fax al número telefónico 01 899-926-30-74, de este Juzgado Federal y/o correo electrónico oficial 8jdo19cto@correo.cjf.gob.mx y/o telegrama. En esa medida, indíquese a las responsables, que basta con que den cumplimiento al presente requerimiento por cualquiera de las citadas vías, por ejemplo si informan lo peticionado por vía fax, resultará innecesario que lo hagan también por telegrama o por correo oficial. De igual manera, en aras de agilizar el trámite del asunto aquí planteado, en atención al principio de expeditez de justicia y celeridad procesal, se solicita atentamente a las autoridades responsables, para que al momento de que rindan el informe justificado proporcionen a éste órgano federal algún correo electrónico oficial o número de fax, para garantizar a las partes la expeditez a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otro lado, con base en el artículo 64 de la Ley de la Materia, hágase saber a las partes que cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comunicarán de inmediato a este órgano de amparo y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten, con el apercibimiento de que de no cumplir se les impondrá multa de treinta días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha, en caso de que se haga efectivo dicho medio de apremio, tal como lo marca el artículo 251 de la ley en consulta. Dada la naturaleza del acto reclamado en este asunto no existe tercero interesado. Se ordena que la presente determinación, así como las subsecuentes que tengan trascendencia procesal, se notifiquen a las autoridades responsables por medio de oficio; lo que se hace de su conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar; en la inteligencia de que los demás acuerdos se les notificarán por medio de lista. Sirve de apoyo a lo citado, la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) sustentada por La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253, Libro XVI, del Tomo 2, Enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época (registro 2002576), del rubro y texto siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Notifíquese. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Lilia Inés Beltrán Quiñones, Secretaria de Juzgado que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, uno de noviembre de dos mil veintidós. Vista la cuenta; téngase por recibida la demanda de amparo promovida por la licenciada Norma Leticia Larios Mier, en favor de Ana Carolina Lucas Cal, contra actos del Representante Local en Reynosa del Instituto Nacional de Migración en Reynosa, Tamaulipas, con sede en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado Federal y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 2782/2022-2-M, que por razón de turno le corresponde y fórmese expediente. Ahora bien, de la demanda se advierte que la quejosa se encuentra en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en esta localidad, y como acto reclamado la orden de deportación, privación de la libertad, incomunicación o expulsión del país, solicitando el otorgamiento de la suspensión de plano. Se precisa que solo se tendrá como responsable a la autoridad antes señalada, por ser hecho notorio que es la encargada del alojamiento de migrantes en esta localidad, sin perjuicio de que el interesado insista en incluir más autoridades como parte en este asunto. Ahora bien, con fundamento en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano para el efecto que de no existir causa legal que lo impida, la autoridad migratoria se abstenga de incomunicar, deportar, rechazar, expulsar o devolver a la directa quejosa a su país de origen. En cambio, deberá instruirse la inmediata libertad de Ana Carolina Lucas Cal hasta en tanto se resuelva en definitiva su situación o trámite migratorio, mediante la satisfacción ante la autoridad responsable de los supuestos siguientes: a) Deberá establecer domicilio o lugar en el que permanecerá, del que no deberá ausentarse sin autorización. b) Comparecer ante la autoridad migratoria cuantas veces sea requerida para la continuación del procedimiento administrativo de migración. c) Sin que se le requiera garantía alguna, dada la calidad de migrante. Ello no implica que la quejosa pueda circular libremente por todo el territorio nacional, pues de permitirse esa circunstancia, se contravendría una disposición de orden público, como lo es el artículo 102 de la Ley de Migración, que dispone que el extranjero sometido a un procedimiento administrativo, con el propósito de lograr su estancia regular en el país, en lo que se dicta resolución definitiva, podrán establecer domicilio o lugar en el que permanecerán; luego, la medida cautelar únicamente permite a la agraviada circular en esta localidad. También debe mencionarse que la suspensión surte efectos desde luego, pero dejará de tenerlos si la quejosa no acredita que inició el trámite respectivo para regularizar su estancia migratoria en el país, dentro de los treinta días naturales siguientes a la notificación de este acuerdo, lapso durante el cual no podrá ser detenida por cuestiones administrativas relacionadas con ese tema. Tampoco surtirá efectos dicha suspensión, si la quejosa, una vez liberada, en lugar de optar por regularizar su situación migratoria en el país, se compromete a abandonarlo por la frontera sur, por sus propios medios y dentro del término de los treinta días, y la autoridad migratoria demuestra con documento fehaciente que incumplió con dicha condición, ya sea porque transcurrió dicho lapso sin haber abandonado territorio nacional, o porque posteriormente fue sorprendida intentando ingresar a los Estados Unidos de América o luego de ser deportada por autoridades migratorias de ese país. Cabe precisar, que si la quejosa fue privada de la libertad por la comisión de delito, la suspensión de plano decretada, será para el efecto de que sea puesta en inmediata libertad, siempre y cuando no hubiese existido flagrancia o urgencia u orden de autoridad judicial en la detención de ésta. Y, en caso de existir flagrancia o urgencia, el efecto de esta suspensión será para que sin exceder de cuarenta y ocho o noventa y seis horas, según sea el caso, a partir del momento en que la justiciable fue puesta a su disposición, se ordene su libertad o sea puesta a disposición de las autoridades competentes. En la hipótesis de que la detención no esté ordenada por la autoridad competente, ni se trate de flagrancia o urgencia, o bien de alguna medida cautelar de apremio o sanción administrativa emitida por autoridad competente, la autoridad responsable deberá ordenar la libertad inmediata, sin perjuicio de la integración de la carpeta de investigación correspondiente, lo cual deberá informar en el término de veinticuatro horas precisando la fecha y hora exactas de la detención y libertad o puesta a disposición ante la autoridad competente; lo anterior, con fundamento en el artículo 165 de la Ley de Amparo. Por ello, la autoridad responsable deberá informar a este Juzgado de Distrito inmediatamente, el cumplimiento que haya dado o esté dando a la suspensión de plano otorgada, lo que podrán hacer por correo electrónico a la dirección electrónica institucional 8jdo19cto@correo.cjf.gob.mx, y confirmar su recepción al número 8999265163, de lo contrario, se le requerirá por conducto de su superior jerárquico; para tal efecto, envíese copia simple de la demanda a la misma. Apoya lo citado, la tesis I.20o.A.19 A (10a.), del Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 52, Marzo de 2018, Tomo IV, página 3551, de rubro: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA LA PROLONGACIÓN DEL ALOJAMIENTO TEMPORAL DE UN MIGRANTE EN SITUACIÓN IRREGULAR EN UNA ESTACIÓN MIGRATORIA. SU CONCESIÓN DEBE TENER COMO EFECTO LA LIBERTAD DEL EXTRANJERO." Se previene a la autoridad, que la violación a este mandato judicial equivale a la comisión de un delito equiparable al abuso de autoridad, según lo dispone el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, por lo que de consumarse, se dará vista al Agente del Ministerio Público de la Federación para los efectos legales a que hubiere lugar; debiendo además, hacer del conocimiento de la quejosa, el derecho que tiene de comunicarse de inmediato con quien estime conveniente, y se le permita usar el teléfono o cualquier otro medio de comunicación. En ese tenor, mediante oficio que se gire a la autoridad responsable, notifíquesele la anterior determinación para su conocimiento y estricto cumplimiento. Se instruye al Actuario adscrito constituirse en la Estación Migratoria ubicada en esta ciudad, o en lugar de albergue de extranjeros, para verificar la estancia de la directa agraviada, a fin de notificarle personalmente el presente proveído, con asistencia de traductor en caso necesario, certificando el estado físico en que se encuentra, debiendo levantar acta de ello. Asimismo, la requiera para que en el acto de la notificación o dentro del término de tres días legalmente computado en el caso de no estar ahí, se presente al local de este órgano de control constitucional y manifieste si ratifica o no la demanda de amparo, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por no presentada y quedara sin efectos las providencias decretadas, conforme a lo dispuesto por el párrafo tercero del artículo 15 de la Ley de Amparo. Igual determinación se adoptara, en el supuesto de que la directa quejosa no sea localizada como recluida o albergada en alguno de los lugares que la autoridad responsable destina para tal efecto. En el caso de que la quejosa hubiese sido puesto a disposición de una autoridad distinta a la responsable, el Actuario deberá acudir al diverso sitio en que se encuentre, para hacerle saber la suspensión concedida en su favor; requiriéndole si es deseo señalar como responsable a la nueva autoridad a cuya disposición se encuentre, y en tal supuesto, proceder a notificar este acuerdo a la diversa autoridad, para que lo acate en sus términos. Desde ahora, con base en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los Actuarios de este órgano jurisdiccional para que actúen en horas y días inhábiles si fuere necesario; asimismo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples y certificadas, salvo aquéllas respecto de las que debe guardarse sigilo. De conformidad con la Circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, se autoriza a las partes el uso de aparatos electrónicos, como son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos. Se previene a la promovente que, en el supuesto de que la parte quejosa no ratifique la demanda por estimar que se presentó sin su autorización o de sus familiares o porque quien promueve o alguien más presentó otra demanda en su nombre, se podrá hacer acreedora, según sea el caso, a una multa equivalente a treinta o cincuenta días del valor diario de la unidad de medida y actualización vigente a la fecha, con apoyo en el numeral 240, en relación con el 11, y 259, en relación con el 237, fracción I, de la Ley de Amparo. Como lo solicita la promovente, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Ingenieros número 200, de la colonia Lomas del Villar, así como el correo electrónico mtralarios@gmail.com., y como autorizados para tales efectos en los términos del artículo 24 de la Ley de Amparo, a la licenciada Patricia Velázquez Reyes y Felipe del Ángel de la Cruz Martíez. Asimismo, se comisiona a la Analista Jurídico SISE adscrita a este órgano de control constitucional, para que con fundamento en el artículo 94 del Acuerdo General Conjunto número 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, dé acceso al usuario LeticiaLarios, registrado en el Portal de Servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, para la consulta del expediente electrónico correspondiente a este asunto. Para la debida integración de litis, se instruye a los Actuarios adscritos verificar la denominación correcta de las autoridades señaladas como responsables, así como las que deban ser vinculadas a este asunto, levantando razón para dar vista a la parte quejosa. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado firmar toda comunicación oficial que derive del presente asunto. Finalmente, indíquese a las partes que aun cuando no hayan ejercido la oposición a que se publiquen sus datos personales, la sentencia ejecutoriada y las demás resoluciones públicas que se dicten en el presente expediente que, por disposición legal o por su naturaleza, puedan afectar la dignidad personal o causar un daño irreparable, los documentos que obren en este expediente y no sean reservados o confidenciales se difundirán en una versión impresa o electrónica de la que se suprimirán los datos personales, siempre y cuando no impidan conocer el criterio sustentado por este órgano jurisdiccional. En la inteligencia de que no se considerará confidencial la información que se encuentre en fuentes de acceso público, ya que constituye un principio procesal que en las notificaciones por lista, por estrados, por rotulón o por boletín judicial, debe señalarse el nombre de las personas, ya sea la quejosa, recurrente, o cualquier otra que sea la determinación procesal, pues sólo de esa manera, ésta puede tener conocimiento de la determinación respectiva. Notifíquese, sin demora a la autoridad señalada como responsable para su inmediato cumplimiento, y personalmente a la quejosa directa. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Juan de Dios de León Sánchez, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.

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