Ana Carolina García Gómez
Expediente 510/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 5 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 510/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 16/06/2023
Partes del expediente
- Ana Carolina García Gómez
- Ana Carolina García Gómez y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dieciséis de junio de dos mil veintitrés. EJECUTORIA. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que las partes legitimadas no interpusieron recurso de revisión contra la sentencia dictada en el expediente en el que se actúa; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. ARCHIVO DEL EXPEDIENTE. Ahora, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés; archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 20, fracción I), Título Segundo, Capitulo Sexto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se sobreseyó en el juicio de amparo; además de que no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo disponen los artículos 20, 21, 22 y 23, todos del Capítulo Sexto y 34 del Capítulo Décimo Segundo, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente (en los casos aplicables) y en los libros de control electrónicos respectivos; asimismo, una vez que transcurran tres años, destrúyase el expediente, debiéndose remitir el acta de baja correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación.
- Principal
AUDIENCIA Y SENTENCIA CONSTITUCIONAL En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las ONCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, día y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio de amparo 510/2023, promovida por Ana Carolina García Gómez, se levanta la presente acta ante la presencia del licenciado Felipe Sifuentes Servín, Juez Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, y Sergio Armando Luna Cano, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Con fundamento en el artículo 124, de la Ley de Amparo, se declara abierta la audiencia, sin la participación de las partes, no obstante que en proveído de once de abril de dos mil veintitrés, se les hizo del conocimiento sobre su derecho de estar presente en la misma, sin que al efecto hayan manifestado su deseo de ejercer tal prerrogativa. A continuación, el Secretario hace relación de las constancias del expediente, entre las que se encuentran: escrito inicial de demanda promovido por Ana Carolina García Gómez; auto de once de abril de dos mil veintitrés, en el cual se previno a la quejosa aclarara su demanda, auto de once de abril del año en curso, en el que se admitió la demanda de amparo; auto de proveído de dos de mayo de dos mil veintitrés, en el que se tuvo por rendido el informe justificado de la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas, con sede en esta Ciudad. EL JUEZ DE DISTRITO, ACUERDA: Téngase por hecha la relación y lectura de las constancias que obran en autos, sin perjuicio que sean tomados en consideración al momento de dictar sentencia en el presente juicio de amparo. SE ABRE EL PERÍODO PROBATORIO. El Secretario, hace constar que la parte quejosa, no exhibió medio de prueba alguno. La autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas, con sede en esta Ciudad; exhibió copia certificada del acuerdo de veintisiete de abril del año en curso, dictado en el juicio laboral E/C/01/2018. A lo que EL JUEZ DE DISTRITO PROVEE. Con fundamento en los artículos 119, 123 y 124, de la Ley de Amparo, téngase por ofrecida, admitida y desahogada por su propia y especial naturaleza la prueba de cuenta, la cual será tomada en consideración al momento de resolver el presente juicio de amparo. Por lo que al no existir diversas probanzas que desahogar, se da por concluido el presente periodo. SE CIERRA EL PERIODO PROBATORIO. Seguidamente, SE ABRE EL PERÍODO DE ALEGATOS. Haciendo constar que ninguna de las partes los formuló. SE CIERRA EL PERIODO DE ALEGATOS. Finalmente, el Secretario hace constar que no existe promoción recibida con anterioridad a esta audiencia que se encuentre pendiente de acuerdo, ni existen diligencias pendientes, esto es, el expediente en que se actúa se encuentra debidamente integrado; por lo anterior, el Juez de Distrito, da por concluida la audiencia y, con apoyo en el artículo 124, de la Ley de Amparo, procede a dictar la sentencia correspondiente: Vistos para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 510/2023, promovido por Ana Carolina García Gómez, contra actos de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas, con sede en esta Ciudad. R E S U L T A N D O: PRIMERO. ESCRITO DE DEMANDA. Por escrito recibido el veinticuatro de marzo de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez y de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado, con residencia en Cintalapa de Figueroa; y, recibido el veintiocho de marzo siguiente, en la Oficialía de Partes de este Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, Ana Carolina García Gómez, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que a continuación se precisa: La parte quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derecho transgredido, el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. ADMISIÓN DE DEMANDA Y TRÁMITE. En auto de veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, este Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado, a quien por razón de turno le tocó conocer de la demanda planteada, la registró en el Libro de Gobierno bajo el número 510/2023, se admitió a trámite, se solicitó el informe con justificación a la autoridad responsable, se dio la intervención que por ley corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O S: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 103, fracción I y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo vigente; 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; amén que el acto omisivo reclamado se atribuye a una autoridad que se encuentra circunscrita en el territorio en que este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se aprecia que el acto reclamado, en esta instancia constitucional, se hizo consistir en: La omisión de acordar la promoción de treinta de enero de dos mil veintitrés, en los autos del juicio laboral E/C/01/2018. Es aplicable, la tesis que adelante se trascribe: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. El Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas, con sede en esta Ciudad, al rendir su informe con justificación, no aceptó ni negó el acto reclamado; sin embargo de sus propias manifestaciones se evidencia su certeza, en consecuencia, se tiene por cierto el acto reclamado. Apoya a lo anterior la tesis que dice: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Además, la certeza del acto reclamado se corrobora con el informe y copia certificada del auto dictado el veintisiete de abril de dos mil veintitrés, a las que se le concede pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la litis constitucional por disposición expresa del segundo párrafo del artículo 2, de la Ley de Amparo, porque se trata de actuaciones judiciales emitidas por autoridades en el ejercicio de su encargo. Ilustra a lo anterior, la Jurisprudencia que es del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. Por razón de técnica jurídica en el juicio constitucional, previamente al análisis de fondo de la cuestión debatida se deben examinar las causales de improcedencia que aleguen las partes o se adviertan de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de garantías, según lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo vigente, así como la jurisprudencia que establece. "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En razón de ello, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo vigente, en relación con el numeral 63, fracción V, del ordenamiento citado, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. .". ARTÍCULO 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: . V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior. ." La citada causa de improcedencia requiere para su actualización que la autoridad responsable despliegue una acción dirigida al acto reclamado de tal manera que destruya todos los efectos del mismo, como si se le restituyera a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales que alega le fueron violadas. Esto es, que la propia autoridad a quien se le atribuye la emisión del acto impugnado, no solamente deje insubsistente dicha actuación, sino que lo haga en forma total e incondicional, y con ello produzca que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación de los derechos fundamentales del quejoso. De lo que se sigue que, en la cesación de efectos del acto reclamado, el posterior actuar de la responsable debe equipararse a la concesión de amparo, en cuanto a que desaparecen los efectos del acto tachado de inconstitucional, como si éste nunca hubiera invadido la esfera jurídica del gobernado, o habiéndola irrumpido, la cesación no deja ahí ninguna huella. Así lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia6 2a./J. 59/99, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". Luego, para que se actualice una cesación de efectos, se requiere lo siguiente: a) Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; c) Una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de garantías; y, d) Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. En efecto, en el caso se actualiza una cesación de efectos en el acto reclamado por el inconforme, ya que de la demanda de amparo se desprende que el solicitante de la protección constitucional señaló como acto reclamado, la omisión de acordar el escrito de treinta de enero de dos mil veintitrés, por parte de la autoridad responsable, en el que le solicitaba señalar fecha y hora para el verificativo de la diligencia de remate del inmueble, en el juicio laboral E/C/01/2018; sin embargo, la autoridad responsable, mediante auto de veintisiete de abril de dos mil veintitrés, acordó el escrito en el que se pronunció respecto a la negativa de señalar fecha y hora para la diligencia de remate; documentales a las que se les otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2°. Lo expuesto, hace la total desaparición de los efectos del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica de los particulares que amerite declarar insubsistente o sin efecto por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por consiguiente, al haberse dictado un acuerdo en el que se dio respuesta a lo peticionado por la parte actora en el juicio laboral E/C/01/2018 y quejosa en el presente juicio, siendo dicha omisión la que dio origen al acto reclamado a la responsable, es evidente que ésta ya no existe; consecuentemente hace que exista una cesación de los efectos del acto reclamado. Por lo que debe considerarse que la violación reclamada dejó de existir. Ante tal circunstancia, es inconcuso que en la especie, se actualiza una cesación de efectos en el acto reclamado por el inconforme a la citada responsable; en tal virtud, es claro que tal situación actualiza la causal de improcedencia del juicio de amparo, en términos del artículo 61, fracción XXI de la Ley de la materia, pues al haberse celebrado la audiencia referida, de cuya omisión se dolía la impetrante, las cosas se restablecen, de modo total, a la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 77 de la Ley de Amparo vigente. Encuentra sustento la anterior determinación en la jurisprudencia 2ª./J.59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así como la jurisprudencia 2a./J. 9/98, sustenta por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 210, del Tomo VII, Febrero de 1998, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que reza: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En consecuencia, al haber operado el sobreseimiento en este juicio de amparo, ello impide analizar las cuestiones de fondo que alega la peticionaria de amparo. Resulta aplicable, la jurisprudencia cuyo rubro y texto son los siguientes: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo si se decreta el sobreseimiento del juicio." QUINTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 1, 5 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información confidencial, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117, de la citada ley. Por tanto, de conformidad con los artículos 118 y 119, en relación con el Tercero Transitorio de la citada ley, la publicación de la presente sentencia es pública a partir del día de hoy, en versión pública, y a través del módulo de captura del Sistema Integral se Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de distrito, conforme a los artículos Primero y Segundo del Acuerdo General 87/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en la circular 1/2004 de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del nombrado Consejo de la Judicatura Federal; al efecto, se ordena al secretario glosar al presente juicio la constancia de captura de la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 61, 63, 73, 74, 75, 76 y 78, de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Ana Carolina García Gómez, contra el acto reclamado a la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas, con sede en esta Ciudad, por los motivos que precisados quedaron en el considerando cuarto del presente fallo. SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos de lo establecido en el considerando último de este fallo.
- Principal
Agréguese a los autos el informe justificado que rinde la siguiente autoridad: Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad. En atención a su contenido, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene rendido el informe justificado de referencia. Asimismo, de conformidad con el artículo 119 de la citada Ley, se tiene por ofrecida, admitida y desahogada en razón de su propia y especial naturaleza jurídica, la documental que anexa la autoridad responsable, sin perjuicio de su relación al momento de la celebración de la audiencia del presente expediente, mismas que se agregan a los presentes autos. Con el contenido del informe y constancias de que se trata, dese vista a las demás partes para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, once de abril de dos mil veintitrés. Visto, el oficio 6088/2023, del consecutivo de este juzgado, girado a la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Comitán de Domínguez, Chiapas, con la leyenda: "Ya no existe esta dependencia en la Ciudad de Comitán, Chiapas". Al efecto, se deja de hacer mayor pronunciamiento a su contenido, toda vez que en auto de catorce de marzo del año en curso, se ordenó el archivo definitivo.
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