Ana Carolina Basulto Rivas
Expediente 861/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 14 actuaciones registradas, la última del 16 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 861/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 16/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Ana Carolina Basulto Rivas y Otros.
- Ana Carolina Basulto Rivas
- Jorge Gabriel Varguez Kú y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciséis de octubre de dos mil dieciocho. Agréguese a estos autos para que obre como corresponda el oficio signado por la secretaria de acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito en el Estado, con el que acusa recibo del oficio 3033.IV, al que se adjuntó el original del escrito de demanda de amparo y copias certificadas del presente expediente y del que se advierte que aceptó la competencia planteada a su favor por este órgano jurisdiccional. Notifíquese. Así lo acordó y firma la licenciada Bereniz Cortés Sandoval, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado encargada del despacho por licencia del Titular, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, secretario que autoriza y da fe.
- Incidental
Mérida, Yucatán, ocho de octubre de dos mil dieciocho. Vista la copia certificada de cuenta y en atención a lo acordado en el juicio principal del que deriva este incidente, archívense los presentes cuadernos de suspensión por cuerda separada. Ahora bien, de conformidad con el segundo párrafo, de la fracción III del artículo vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la observación de que el cuaderno original del presente incidente de suspensión es susceptible de depuración, toda vez que por acuerdo de treinta y uno de julio del año en curso y por resolución de siete de agosto del mismo año, se concedió la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados, por lo que deberá conservarse únicamente las determinaciones relativas a su otorgamiento, así como que el duplicado del mismo deberá ser destruido una vez que transcurra el término de seis meses contados a partir de que fue dictada la resolución que resolvió la suspensión definitiva antes citada. Hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordena el archivo. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, ocho de octubre de dos mil dieciocho. Vista la cuenta que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo para la parte quejosa, sin que se hubiere interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia firmada el diecinueve de septiembre del año en curso; con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado, se declara que aquella sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Ahora bien, toda vez que en la aludida sentencia se negó el amparo a la parte quejosa; en consecuencia, este asunto encuadra en lo dispuesto en el artículo Vigésimo Primero, fracción IV del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de fecha quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; por tanto, se hace la observación que el presente expediente es susceptible de depuración, debiendo conservarse únicamente la demanda y la sentencia. Hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que el mismo carece de relevancia. Agréguese copia autorizada del presente proveído al original y duplicado del incidente de suspensión que derivan de estos autos, para que se provea lo conducente en relación a su archivo. Finalmente, toda vez que en la sentencia de mérito este Órgano Jurisdiccional declaró carecer de competencia legal para conocer del diverso acto reclamado consiste en el laudo dictado en el expediente laboral 339/2017, por tanto, obténgase copia certificada de la demanda de amparo a efecto que obre en autos y remítase el original de la misma, así como copias certificadas de las constancias relativa al presente juicio de amparo a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados del Décimo Cuarto Circuito, para que a su vez la turne al Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo del Décimo Cuarto Circuito, con residencia en esta ciudad. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las once horas con cincuenta minutos del diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho, día y hora señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 861/2018-IV, se procede a celebrarla ante la presencia del licenciado René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con el Secretario licenciado Marco Polo Robles Santoyo, quien autoriza y da fe, en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo. El Juez declara abierta la audiencia sin la presencia de las partes. Seguidamente la secretaría relacionó las constancias del expediente, entre ellas: el escrito de demanda (fojas 2 a 11), acuerdo de treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, en el que se admitió a trámite la demanda (fojas 12 y 13); notificación a las autoridades responsables, a la agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, emplazamiento al tercero interesado e informe justificado de las responsables. Acto seguido, el Juez acuerda: se tiene por hecha la anterior relación para los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período de pruebas la Secretaría da cuenta con las documentales remitidas por el Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, (fojas 22 a 67), que acompañó a su informe justificado. El Juez acuerda: con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas las pruebas ofrecidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza; con lo anterior se da por terminado el señalado período. Se abre el período de alegatos en el que se da cuenta que la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado formuló sus alegatos, mientras que la parte quejosa y tercero interesada no lo hicieron. A lo que el Juez acuerda: se tienen por hechas las manifestaciones realizadas por la fiscal federal, las cuales podrán ser tomadas en consideración en el momento procesal oportuno; por lo que el Juez declara concluida esta fase. Finalmente, no habiendo diligencia pendiente por desahogar y al encontrarse integrado este expediente se procede a dictar la correspondiente resolución. Doy fe. Vistos, para resolver los autos del presente juicio de amparo 861/2018-IV, promovido por Ana Carolina Basulto Rivas, contra actos que reclama de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y otra autoridad, por estimarlo violatorio de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y Resultando: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el treinta de julio de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito, Ana Carolina Basulto Rivas solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclama de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, y Actuario adscrito. Segundo. Admisión de la demanda. Mediante acuerdo de treinta y uno de julio de dos mil dieciocho, se admitió la demanda de amparo, se solicitó su informe justificado a las autoridades responsables, se dio la intervención que legalmente compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se emplazó a la parte tercero interesada, se señaló fecha y hora para la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo en términos del acta que antecede, por lo que es procedente pronunciar la sentencia correspondiente, y, Considerando: Primero. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, al reclamarse actos a autoridades, cuya ejecución se realizó dentro del ámbito territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión de actos. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuáles son los actos que se reclaman, señalando las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Al respecto, debe decirse que de la lectura integral de la demanda de amparo y de los informes rendidos por las autoridades responsables se advierte que la parte quejosa reclama: - El emplazamiento que se realizó en el juicio laboral 339/2017 promovido por Jorge Gabriel Varguez Ku en contra de la parte quejosa, así como todo lo actuado con posterioridad, incluyendo el laudo dictado en dicho juicio. Tercero. Certeza del acto reclamado. El Presidente y Actuario de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, en sus informes justificados negaron el acto que se les reclama; sin embargo, de las constancias que remitió el Presidente de la Junta responsable las cuales cuentan con valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se desvirtúa dicha negativa; de ahí que los mismos deban considerarse como existentes. En ese sentido, no es posible tener por acreditada la causal de sobreseimiento invocada por la Fiscal de la Federación adscrita, establecida en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, al haberse acreditado la existencia del acto reclamado. Cuarto. Análisis de los conceptos de violación. No existiendo causa de improcedencia que hagan valer las partes, ni advirtiéndose de oficio alguna, se procede al análisis de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa en su escrito de demanda de amparo, que por economía procesal se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, al no encontrarse este resolutor obligado a transcribirlos. Sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia 58/2010, aprobada por la Segunda Sala del Alto Tribunal del País. La parte quejosa aduce en esencia que se transgrede en su perjuicio los derechos de legalidad y audiencia previstos por los artículo 14 y 16 Constitucionales, ya que la responsable jamás le notificó la audiencia de ley señalada en el juicio laboral de origen, así como tampoco dio cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 739, 742, 743 y 752 de la Ley laboral, ya que de las constancias del citatorio y notificación se puede apreciar que no dio cumplimiento a la fracción I del artículo 743 de la Ley Laboral, que le impone la obligación de cerciorarse que la persona que va a notificar, habita, trabaja o tiene su domicilio en la casa, o local señalado en autos para hacer la notificación. Pues refiere que no basta que la actuaria haya manifestado que se cercioró de que era el lugar para practicar la notificación porque lo señala la actora en su escrito de demanda (como asienta la actuaria en su cédula), y así manifestárselo la supuesta persona con quién entendió la diligencia para que la notificación sea válida, sino que debió levantar un acta circunstanciada de su actuación, misma que deberá llenar todos y cada uno de los requisitos a que se refiere el artículo 743 fracción I. Y como se puede ver de las constancias que obran en autos del juicio de origen, la actuaria no cumplió con el citado numeral debido a que no hace manifestación alguna de los medios de convicción que lo llevó a la conclusión que la diligencia que dice practica la efectúa después de haberse cerciorado que la persona que va a notificar trabajó, tiene su domicilio, o bien frecuenta el mismo con regularidad, y si por el contrario tan solo manifiesta en su supuesta actuación que se cerciora por el dicho de la persona con quien entendió la diligencia misma que carece de fe pública, además de que en su actuación de notificación el actuario jamás levantó un acta circunstanciada que la pudiese llevar al convencimiento claro y preciso de que en efecto se percató de que la persona que iba a notificar habita, trabaja o tiene su domicilio en donde se ha de notificar, además de que jamás realiza descripción detallada del supuesto predio donde realizó el citatorio y la notificación, ya que únicamente se remite a manifestar que notificó en el supuesto predio por la nomenclatura, sin que exista una certeza real, ya que nunca hace referencia de nomenclatura alguna, siendo todo lo expuesto por el quejoso. Ahora bien, vistas las inconformidades de la parte quejosa, es de señalarse que el acto reclamado se analizará en estricto derecho bajo los argumentos de los conceptos de violación que hace valer la quejosa, ya que el presente asunto no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 79 de la Ley de Amparo, para suplir la deficiencia de la queja. Lo anterior, aun cuando la parte quejosa reclame una violación de la ley que lo haya dejado sin defensa, como es el caso del emplazamiento al juicio laboral 339/2017, ya que si el numeral 79, fracción V, de la Ley de Amparo, establece que en materia laboral sólo opera la suplencia en favor del trabajador no existe pretexto para apartarse de los lineamientos establecidos, ni menos todavía interpretarlos o pretender aplicarlos por analogía o mayoría de razón. Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 2a./J. 42/97 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 305, del Tomo VI, Septiembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Novena Época, que dispone: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN FAVOR DE LA PARTE PATRONAL, IMPROCEDENCIA DE LA. El artículo 76 bis de la Ley de Amparo, en su fracción IV, establece que en materia laboral la suplencia sólo se aplicará en favor del trabajador; luego, resulta inconcuso que no es dable la operancia de dicha institución jurídica en favor del patrón. El anterior aserto deriva de una interpretación gramatical, histórica, sistemática y finalista, que lleva a esta Segunda Sala a concluir que la suplencia de la queja en la materia laboral únicamente se justifica en favor del trabajador, en tanto que su finalidad es solventar la desigualdad procesal de las partes y la necesidad de proteger bienes básicos. La desigualdad procesal se sustenta, primordialmente, en el artículo 123 constitucional y en la Ley Federal del Trabajo, que regulan la relación laboral como un derecho de clases; así como en la circunstancia genérica, consistente en la mayor posibilidad económica del patrón, lo cual le permite acceder a los servicios de mejores abogados, caso contrario del trabajador; así también, porque al tener el patrón la administración de la empresa, cuenta con una mejor posibilidad de allegarse medios probatorios para el juicio. La protección a bienes básicos tiene como base el hecho de que la subsistencia del trabajador y de su familia, con todo lo que lleva implícito, depende de su salario y prestaciones inherentes, razón que evidencia la importancia que tiene para el trabajador un litigio derivado de la relación laboral. En tal virtud, al no existir tales justificantes para el patrón, por ningún motivo o pretexto es correcto apartarse de los lineamientos del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, ni menos todavía interpretarlos o pretender soslayarlos por analogía o mayoría de razón, habida cuenta de que la fracción VI del susodicho artículo 76 bis no es aplicable para suplir la deficiencia de la queja en favor del patrón, ni aun excepcionalmente, tratándose de una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa, tal y como ocurre por la falta de emplazamiento o su práctica defectuosa, toda vez que la norma específica debe prevalecer sobre la genérica, esto es, si la voluntad del legislador hubiera sido que en materia laboral se aplicara en favor del patrón la fracción VI, hubiese utilizado un texto distinto, por ejemplo, la suplencia de la queja sólo se aplicará en favor del trabajador "con excepción de lo previsto (o cualquier otra similar) en la fracción VI", lo cual no ocurrió así; entonces, no tiene por qué interpretarse en otro sentido. Es menester indicar que existe una excepción derivada de lo previsto en la fracción I del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, esto es, únicamente para el caso de que el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, supuesto en el cual sí es factible la suplencia en favor del patrón. Conviene agregar que el artículo 107, fracción III, inciso c), en concordancia con la fracción VII, constitucional, establece la figura de "tercero extraño a juicio", hipótesis normativa recogida por el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo, figura jurídica que, trasladada a la materia laboral, permite al patrón impugnar todo lo actuado en el juicio natural a través del amparo indirecto, aunque necesariamente debe realizar el razonamiento lógico-jurídico que demuestre la transgresión de garantías impugnada, porque pretender lo contrario implicaría dejar en estado de indefensión a la otra parte, la trabajadora; situación que se agudiza en el recurso de revisión, pues aceptarse otra cosa implicaría atentar contra la naturaleza jurídica del recurso y en perjuicio de la parte trabajadora". Una vez precisado lo anterior, los conceptos de violación se estudiaran en su conjunto de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Amparo vigente, los cuales son infundados como a continuación se verificará. En principio, es importante puntualizar que el emplazamiento a juicio laboral, es un acto procesal que reviste gran importancia por permitir el cumplimiento del derecho humano de audiencia establecido en el artículo 14 Constitucional, pues tiene como finalidad dar a conocer al demandado la existencia de una demanda que se ha presentado en su contra y la posibilidad legal que tiene de contestarla; de tal suerte que esta figura jurídica ha sido considerada como una de las más importantes del proceso, tan es así que su falta de verificación o la hecha en forma contraria a las disposiciones aplicables, constituye la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, atendiendo a que origina la omisión de las demás formalidades esenciales del juicio; de ahí que el actuario debe cerciorarse que en el lugar señalado en autos habita, trabaja o tiene su domicilio la persona que busca; lo que necesariamente implica que el notificador tiene la obligación de verificar esas circunstancias previamente al desahogo de la diligencia, con el propósito de constatar la concurrencia al lugar correcto y en el que pueda ser localizado el demandado, por encontrarse de manera ordinaria, habitual o permanente en dicho sitio; lo cual evidentemente resulta un presupuesto fundamental para el buen desahogo de la diligencia de emplazamiento, pues de no hacerse así, se estaría ante la incertidumbre de que en el lugar donde se practicó la diligencia, no se encontraba la persona requerida. La ausencia de emplazamiento o el emplazamiento viciado trae consigo que no se llegue a establecer la relación procesal entre actor y demandado, de modo que ésta no puede desarrollarse válidamente. Sobre el particular conviene destacar la jurisprudencia número 176, que puede consultarse en la página 117 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo V, Materia del Trabajo, que en lo conducente dice: "EMPLAZAMIENTO, NO SE CONVALIDA TÁCITAMENTE EL. El emplazamiento entraña una formalidad esencial de los juicios que salvaguarda, con la audiencia de las partes, la garantía del artículo 14 constitucional; por tanto, tratándose de un acto formal, debe cumplirse estrictamente con los requisitos establecidos por la ley de la materia." Los preceptos de la Ley Federal del Trabajo, relativos al emplazamiento a juicio son: "Artículo 742. Se harán personalmente las notificaciones siguientes: I. El emplazamiento a juicio y cuando se trate del primer proveído que se dicte en el mismo; (.)" "Artículo 743. La primera notificación personal se hará de conformidad con las normas siguientes: I. El actuario se cerciorará de que la persona que deba ser notificada habita, trabaja o tiene su domicilio en la casa o local, señalado en autos para hacer la notificación; (REFORMADA, D.O.F. 30 DE NOVIEMBRE DE 2012) II. Si está presente el interesado o su representante, el actuario notificará la resolución, entregando copia de la misma; si se trata de persona moral, el actuario se asegurará de que la persona con quien entiende la diligencia es representante o apoderado legal de aquélla; III. Si no está presente el interesado o su representante, se le dejará citatorio para que lo espere al día siguiente, a una hora determinada; (REFORMADA, D.O.F. 30 DE NOVIEMBRE DE 2012) IV. Si no obstante el citatorio, no está presente el interesado o su representante, la notificación se hará a cualquier persona mayor de edad que se encuentre en la casa o local; y si estuvieren estos cerrados, se fijará una copia de la resolución en la puerta de entrada; V. Si en la casa o local designado para hacer la notificación se negare el interesado, su representante o la persona con quien se entienda la diligencia, a recibir la notificación, ésta se hará por instructivo que se fijará en la puerta de la misma, adjuntando una copia de la resolución; y VI. En el caso del artículo 712 de esta Ley, el actuario se cerciorará de que el local designado en autos, es aquel en que se prestan o se prestaron los servicios. En todos los casos a que se refiere este artículo, el actuario asentará razón en autos, señalando con claridad los elementos de convicción en que se apoye." Las reglas establecidas en los numerales antes invocados, tienden a garantizar que la primera notificación dentro del juicio laboral, particularmente el emplazamiento, se haga a la persona directamente interesada o a su representante legal, para que teniendo pleno conocimiento del asunto de que se trata, tenga oportunidad de salir a juicio y ser oído en defensa de sus derechos, es decir, para permitir que el demandado en el juicio oponga las excepciones y defensas a su alcance, ofrezca las pruebas que acrediten sus medidas defensivas, objete las de su contraria e intervenga en su recepción, formule los alegatos que a sus intereses competa, e interponga los recursos ordinarios que tenga a su alcance. Por tal motivo, se establece en la fracción I del artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo que el actuario debe cerciorarse que la persona que deba ser notificada habita, trabaja o tiene su domicilio en el señalado para hacer la notificación, para ello, conforme a lo ordenado en el párrafo final del artículo 743, debe asentar razón en autos "señalando con claridad los elementos de convicción en que se apoye", requisito de precisión que se exige al notificador en todos los casos a que se refiere este artículo, obviamente, como garantía de que la exactitud de la diligencia será comprobable si se pone en duda. Una vez cerciorado en esa forma de la exactitud del domicilio, la fracción II, dispone que si el interesado o su representante están presentes, el actuario notificará la resolución. Así mismo, en la fracción III del precisado numeral se indica que si no está presente el interesado, "... se dejará citatorio para que lo espere al día siguiente, a una hora determinada"; posteriormente, la fracción IV, prevé que si no está presente el interesado o su representante, en su caso, "la notificación se hará a cualquier persona mayor de edad que se encuentre en la casa o local, y si estuvieren éstos cerrados, se fijará una copia de la resolución en la puerta de entrada." De lo anterior se infiere que si bien el emplazamiento a juicio en un procedimiento laboral debe seguir los requisitos a que se refiere el precepto 743 de la ley laboral, sin embargo, las únicas pruebas para acreditar que tal notificación se hizo con todos los requisitos legales son precisamente las actas que al efecto levantó el actuario de la Junta, tal como dispone la última parte de dicho artículo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de rubro y texto: "EMPLAZAMIENTO. El artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo además de establecer las formalidades que se deberán observar al efectuarse el emplazamiento, también dispone en su parte final que en todos los casos a que se refiere este artículo, el actuario asentará la razón en autos, señalando con claridad los elementos en que se apoye. Por consiguiente, la única prueba para acreditar que tal notificación se hizo con todos los requisitos legales es precisamente el acta que al efecto levante el actuario de la Junta". Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, relativas al juicio laboral número 339/2017, se advierte que el actuario responsable, mediante diligencias de veintidós y veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, efectuó el emplazamiento al juicio laboral a la demandada, hoy quejosa, Ana Carolina Basulto Rivas por conducto de una persona que dijo llamarse Pedro Tun Molina, como se advierte de las constancias que a continuación se citan: De las anteriores diligencias tenemos que el veintidós de mayo de dos mil diecisiete, el Actuario adscrito a la Junta responsable se constituyó en el predio ubicado en el predio 195 de la calle 55-A entre 42 y 44 del fraccionamiento Francisco de Montejo de Mérida, Yucatán, que fue señalado como el domicilio de la aquí quejosa en el escrito de demanda, y dejó citatorio en poder de una persona que dijo llamarse Pedro Tun Molina. El día siguiente, esto es, el veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, el aludido notificador hizo constar en su diligencia de notificación, que se apersonó a aquél predio, de lo cual se cercioró, según asentó en la razón que levantó, ya que así se lo manifestó la persona con quien entendió la diligencia. Por tanto, los datos asentados tanto en el citatorio como en la notificación, son suficientes e idóneos para considerar que el Actuario adscrito a la Junta Especial Número Uno señalado como responsable, sin lugar a duda, se cercioró de encontrarse en el domicilio de la persona buscada, por cuanto precisó que se encontraba "(...) en el predio 195 de la calle 55-A entre 42 y 44 del fraccionamiento Francisco de Montejo de Mérida, Yucatán (...)", pues se advierte que: 1. Coincide con el domicilio que se señalara en la demanda. 2. Fue corroborado por una persona que se encontraba en el interior del indicado domicilio, quien afirmó tratarse de un empleado de la demandada. 3. Existe la nomenclatura señalada en el expediente de origen. Sobre esta base, es claro que esos elementos bastan para estimar, que no existe equivocación sobre el lugar donde se apersonara el fedatario; de ahí que se considera que se cumplieron los requisitos del emplazamiento previstos en el artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo, pues basta que el funcionario encuentre en el domicilio a alguna persona que informe sobre la presencia o ausencia de quien ha de notificarse y pueda confirmar que en ese lugar tenga su domicilio la persona buscada, tal como en el caso aconteció, pues el funcionario asentó que se constituyó en el domicilio de la demandada y que ello fue confirmado por la persona con quien se entendió la diligencia, quien aseveró ser empleado. En esta medida, es claro que existen datos que permiten afirmar sin reservas que el Actuario efectivamente se cercioró de que el domicilio donde se apersonó corresponde a la persona peticionaria del amparo y por lo tanto que se ajustó a las exigencias del artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo. Por tanto, las formalidades se consideran cumplidas, ya que se hizo constar que en el caso las diligencias se entendieron con una persona que se encontraba en el interior del inmueble, quien a su vez hizo saber al notificador que se encontraba en el domicilio de la demandada, lo cual era creíble porque manifestó que era empleado. Además de que se cercioró del domicilio de la aquí quejosa, toda vez que en la razón actuarial de la notificación realizada, se puede advertir que la persona con la que se entendió la diligencia refirió que la demandada labora para la empresa demandada en ese predio; debiéndose entender que la demandada es Ana Carolina Basulto Rivas, y la empresa demandada es Mantenimiento Agroindustrial del Sureste, Sociedad Anónima de Capital Variable (por así señalarse en el proemio de la constancia de notificación), y ser muy claro en señalar que labora en ese predio, con lo cual sí se cercioró de que la aquí quejosa laboraba en ese domicilio y con lo cual dio cumplimiento a lo ordenado a la fracción I del artículo 743 de la Ley Federal del trabajo. Asimismo, es infundado lo expuesto en el sentido de señalar que jamás realiza descripción detallada del supuesto predio donde realizó el citatorio y la notificación, pues como se ha visto bastó con señalar que se constituyó en el predio señalado en autos y por el dicho de la persona con la que se entendió la diligencia, sin que el actuario responsable tuviera la obligación de realizar una descripción más detallada, debido a que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo, basta que se encuentre en el domicilio alguna persona que informe sobre la presencia o ausencia de la persona a quien ha de notificarse, y pueda confirmar que en ese lugar habita o trabaja la persona buscada. En esa virtud, el que el actuario exprese o no en su acta determinadas características de la persona que lo atendió o características del lugar, no cambia la afirmación que hace en el sentido de haber sido atendido o recibido por una persona, pues el hecho de que la última parte del artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo, obligue al actuario a señalar con claridad los elementos de convicción en que se apoye, no llega al extremo de mencionar los rasgos físicos de la persona, ni su edad o sexo, o cualquier otro dato, por lo que ha de bastar su afirmación en el sentido de que hubo alguien que le proporcionó la información requerida, partiendo principalmente de la premisa de que está en el domicilio correcto, como elemento esencial para la validez de la diligencia. Lo anterior tiene apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 162/2004, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Noviembre de 2004, Novena Época, con número de registro 180149 , visible en la página 68, del rubro y texto siguiente: "EMPLAZAMIENTO A JUICIO EN MATERIA LABORAL. LOS ACTUARIOS ESTÁN OBLIGADOS A ASENTAR EN EL ACTA RESPECTIVA, CIERTOS DATOS QUE PERMITAN APOYAR SU DICHO, SIN LLEGAR AL EXTREMO DE EXPRESAR LAS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, Y DEMÁS DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA CON QUIEN SE ENTIENDE, SI ÉSTA SE NEGÓ A DAR SU NOMBRE Y A DECIR POR QUÉ SE ENCUENTRA EN EL LUGAR. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 743 de la Ley Federal del Trabajo, basta que se encuentre en el domicilio alguna persona que informe sobre la presencia o ausencia de la persona a quien ha de notificarse, y pueda confirmar que en ese lugar habita o trabaja la persona buscada, sin que se le pueda obligar a dar su nombre o a que se identifique, o a dar razón del porqué de su presencia en el domicilio, pues ninguna disposición legal prevé dicha circunstancia. En esa virtud, el que el actuario exprese o no en su acta determinadas características de la persona que lo atendió, no cambia la afirmación que hace en el sentido de haber sido atendido o recibido por una persona, pues el hecho de que la última parte del precepto legal que se analiza, obligue al actuario a señalar con claridad los elementos de convicción en que se apoye, no llega al extremo de mencionar los rasgos físicos de la persona, ni su edad o sexo, o cualquier otro dato, por lo que ha de bastar su afirmación en el sentido de que hubo alguien que le proporcionó la información requerida, partiendo principalmente de la premisa de que está en el domicilio correcto, como elemento esencial para la validez de la diligencia. Lo anterior es así, ya que resultaría carente de sentido común la exigencia de la pormenorización de determinados elementos de identificación de una persona, pues ante la fe pública de que está investido el actuario en el ejercicio de sus funciones, difícil resulta pensar que pudieran desvirtuarse las características por éste asentadas, cuando sean negadas por quien impugna la notificación, pues sería la prueba de hechos negativos, es decir, que no existe una persona con tales características, a diferencia de las circunstancias respecto de que se cercioró de ser el domicilio correcto, por ser una situación objetivamente demostrable. Ello en el entendido de que nada le impide señalar cuantos datos estime necesarios para apoyar su dicho respecto de la persona que lo atendió al practicar la diligencia, dado que esa es una forma de corroborar, en su caso, la razón pormenorizada de su actuación. Así como tampoco le asiste la razón en decir que la persona con la que se entendió la diligencia carece de fe pública, pues si bien es cierto ésta no tiene fe pública, también es cierto que las razones de citatorio y notificación fueron levantadas por el Actuario adscrito a la junta responsable quien sí tiene fe pública, aunado a que no por el hecho que la persona que se encontraba en el domicilio hubiera señalado que la demandada tenía su domicilio en ese lugar, es que se deba decir que necesita tener pública para afirmar lo expuesto, máxime que no existe prueba que acredite lo contrario. Lo anterior tiene apoyo en la jurisprudencia IV.2o. J/4, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, Mayo de 1995, Novena Época, con número de registro 205152, visible en la página 265, del rubro y texto siguiente: "NOTIFICACIONES. LEGALIDAD DE LAS. EL ACTUARIO TIENE FE PUBLICA POR ACTUAR COMO AUTORIDAD EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. Este funcionario al llevar a cabo las diligencias de notificación, tiene, por disposición de la ley, la calidad de una autoridad en ejercicio de sus funciones, razón por la que está investido de fe pública; de manera que si asienta que entendió una diligencia de notificación con la persona a quien va dirigida, debe estimarse cierto ese hecho, si no hay prueba que acredite lo contrario." Finalmente, no le asiste la razón a la quejosa en lo referente a que el actuario responsable nunca hace referencia de nomenclatura alguna, pues de las constancias relativas al citatorio y notificación se puede advertir que señaló lo siguiente "(...) predio 195 de la calle 55-A entre 42 y 44 del fraccionamiento Francisco de Montejo de Mérida, Yucatán (...)", esto es, si refiere con exactitud la nomenclatura del predio buscado, de ahí lo infundado de dicho argumento. Ante lo infundado de los conceptos de violación formulados, sin que proceda suplir la deficiencia en la queja, lo procedente es negar el amparo y protección del emplazamiento al juicio laboral 339/2017. Finalmente, no pasan inadvertidas para el suscrito, las manifestaciones que en vía de alegatos hizo valer la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Federal, en virtud que no es imperativo para el suscrito analizar las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, pues no forman parte de la litis en el juicio de amparo, además que no hacen valer causal de improcedencia alguna. Procede citar como apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia siguiente: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos." Quinto. Incompetencia para conocer del laudo. En otro aspecto, por lo que hace al acto reclamado consistente en el laudo dictado en el juicio laboral 339/2017, este Juzgado de Distrito carece de competencia legal para hacer pronunciamiento al respecto y atento a que se actualizan los supuestos contenidos en la jurisprudencia P./J. 70/2010, bajo registro 164073, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXII, materia laboral, relativa a agosto de dos mil diez, página nueve, que a la letra dice: "EMPLAZAMIENTO. SI EN AMPARO INDIRECTO SE IMPUGNA SU ILEGALIDAD O AUSENCIA EN UN JUICIO LABORAL, ASÍ COMO EL LAUDO RESPECTIVO, OSTENTÁNDOSE EL QUEJOSO COMO PERSONA EXTRAÑA POR EQUIPARACIÓN, Y EL JUEZ DE DISTRITO RESUELVE QUE AQUÉL FUE LEGAL, SE DEBE ATENDER A LA DEFINITIVIDAD DE LA RESOLUCIÓN RECLAMADA PARA DECIDIR LO CONDUCENTE (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 121/2005). Cuando el quejoso no fue emplazado al juicio laboral o fue citado en forma distinta de la prevenida por la ley, se le equipara a una persona extraña a juicio, por lo que podrá impugnar su ilegalidad o ausencia a través del amparo, el cual compete conocer a un Juez de Distrito, conforme a los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción V, de la Ley de Amparo, y podrá reclamar simultáneamente el laudo como acto destacado. Así, una vez que se ha decidido la legalidad del emplazamiento reclamado, para determinar la consecuencia legal correspondiente en relación con los conceptos de violación en contra de las sentencias, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, se deben diferenciar dos supuestos: a) que carezcan de definitividad; o b) que se trate de resoluciones definitivas, respecto de las cuales no proceda recurso ordinario. En el primer supuesto, el Juez de Distrito deberá declarar inoperantes los conceptos de violación aducidos en contra de dicho acto, dado el impedimento técnico para su análisis al no haberse agotado el principio de definitividad, pues, al advertir que el quejoso no es extraño al procedimiento, la falta o indebida defensa que tuvo durante éste sólo le es imputable a él; de ahí que al determinarse la legalidad del emplazamiento, debe considerarse que el peticionario de garantías estuvo en posibilidad legal de hacer valer los medios de defensa procedentes en contra de las resoluciones que le causaron algún perjuicio. En el segundo supuesto, al tratarse de una resolución definitiva que pone fin a un juicio tramitado por un tribunal del trabajo, conforme al artículo 107, fracción III, inciso a), de la Ley Suprema, sí pueden ser susceptibles de análisis los conceptos relativos al laudo, bien sea por vicios propios o por violaciones procesales, supuesto en el cual el Juez de Distrito deberá negar el amparo por cuanto hace al emplazamiento y, al resultar incompetente para resolver sobre el laudo, deberá escindir la demanda y remitir el asunto al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, para que asuma su competencia y resuelva lo pertinente. Lo anterior, en el entendido de que al estar en presencia de una "jurisdicción escalonada", el trámite de la competencia está supeditado a la firmeza de la determinación tocante al emplazamiento y que el trámite inicial de la demanda como amparo indirecto, no implica la posibilidad de ofrecer nuevos medios de prueba en relación con el laudo, ya que la materia se circunscribe a los actos competencia del Juez de Distrito, de manera que, en todo caso, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá ceñirse a lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley de Amparo, apreciando el laudo tal como aparezca probado ante la responsable. Finalmente, es importante precisar que la declaratoria de incompetencia del Juez de Distrito y su remisión al Tribunal Colegiado de Circuito no prejuzga sobre la procedencia del amparo respecto del laudo, incluyendo el cómputo para la oportunidad de la demanda; pues, al ser la competencia de análisis previo y preferente, corresponderá al Tribunal Colegiado su estudio por ser competente para pronunciarse sobre este aspecto". Ello es así, pues la titular de la acción constitucional reclamó como consecuencia del supuesto emplazamiento deficiente, el laudo dictado en el expediente laboral 339/2017, en tanto que se negó el amparo solicitado; en consecuencia, una vez que cause ejecutoria esta sentencia de amparo, remítase la demanda y sus anexos al Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, para que si lo tiene a bien y de no existir inconveniente legal alguno, conozca del mismo, en lo que corresponde al laudo que se reclama, de acuerdo a la jurisprudencia antes citada. Sexto. Publicidad. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no será objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, y demás relativos de la Ley de Amparo, es de resolverse y se Resuelve: Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Ana Carolina Basulto Rivas, en contra de los actos que reclamó de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado y Actuario de su adscripción, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de este fallo. Segundo. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, carece de competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, respecto del laudo dictado en el expediente laboral 339/2017, por lo que, una vez que cause ejecutoria remítase la demanda y sus anexos al Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, para que si lo tiene a bien y de no existir inconveniente legal alguno, conozca de la misma, en lo que corresponde a la resolución que puso fin al juicio obrero que se combate. Tercero. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el Secretario Marco Polo Robles Santoyo, que autoriza y da fe. En la propia fecha (diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho), se libraron los oficios correspondientes a las autoridades responsables, en términos de la minuta que se agrega. Conste.
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