Ana Betha Parra Villagomez
Expediente 240/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 22 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 240/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 30/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Ana Betha Parra Villagomez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la sentencia de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, en la que se negó la protección constitucional a *****, no fue recurrida en el plazo legal que establece el numeral 86, párrafo primero, de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En cumplimiento al artículo 18, fracción I, inciso b), del acuerdo en cita, el presente expediente es susceptible de depuración y con fundamento en el artículo 21, inciso c) del propio acuerdo el original del cuaderno incidental es susceptible de destrucción; ambos supuestos, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó resolución en la que se negó la protección de la justicia federal y se negó tanto la suspensión provisional como la definitiva; debiéndose conservar la demanda, la sentencia que puso fin al juicio, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada y el presente proveído que ordena el archivo del asunto como concluido. Glósese el original del cuaderno incidental y, según lo dispone el artículo 20, fracción II, inciso, del acuerdo en cita, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado. Devolución de constancias. Toda vez que resulta innecesaria la retención de las constancias que el juez responsable remitió como apoyo a su informe justificado de los que se formaron cinco tomos, se ordena su devolución.
- Principal
Vistos los autos, para resolver el juicio de amparo 240/2021-II; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el veintidós de abril de dos mil veintiuno (fojas 1 a 4), ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en Celaya, turnado a este juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, **, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en contra del juez de Partido Civil Especializado en Materia Familiar con sede en Yuriria, Guanajuato y Central de Actuarios del Poder Judicial del Partido Judicial de Yuriria, Guanajuato, de quienes reclamó: "IV. ACTO RECLAMADO. La entrega de la menor de nombre -identidad reservada- ** a su progenitor en ejecución de sentencia." Acto que consideró violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1º, 4º y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el 3 y 8 de la Convención sobre los Derechos del Niño y el Protocolo de Actuación para quienes imparten Justicia en casos que se involucren a niñas, niños y adolescentes; asimismo, señaló como terceros interesados a **; de igual forma expresó los conceptos de violación que consideró pertinentes. SEGUNDO. Trámite del juicio. Por cuestión de turno correspondió conocer de la demanda al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en Celaya; quien mediante proveído de veintitrés de abril de dos mil veintiuno (fojas 5 a 7), la registró bajo el número **, y previno a la quejosa a efecto de que manifestara bajo protesta de decir verdad: "[.] Precise quienes son las partes en el juicio familiar **, es decir, actores y demandados, debiendo proporcionar su domicilio para el caso de que les revista el carácter de terceros interesados, poderlos emplazar al presente sumario constitucional. En relación con lo anterior, cuáles son las prestaciones reclamadas y el sentido de lo condenado. Si la promovente del amparo, es parte en el juicio familiar **, de ser el caso, indique el carácter que le fue reconocido, si compareció al mismo, cuándo y porqué conducto. Precise en forma cronológica los antecedentes del acto reclamado, esto es, la fecha de la presentación de la demanda, la de la sentencia definitiva, la del recurso de apelación, así como del amparo directo, debiendo señalar cuando menos, La edad actual de la menor de identidad reservada de iniciales ** y quien la representó en el juicio familiar de origen. Quien ejercía la custodia de la menor antes de la emisión del acto que aquí se reclama; y quien la tiene, a la fecha de la presentación de la demanda de amparo. El sentido de la sentencia definitiva dictada en el juicio de origen, es decir, por cuáles prestaciones fue condenada la parte demandada. El sentido del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva; el sentido de la relativa al amparo directo en contra de la resolución de apelación; la parte que respectivamente los promovió; así como la fecha de notificación de tales determinaciones o de cuando se enteró de las mismas. Cuándo le fueron notificadas, o enteró, de las anteriores determinaciones y por conducto de quien. Cuál es la fecha y el contenido del auto que ordena la entrega de la menor de identidad reservada de iniciales ** a su padre**, que refiere se dictó en el expediente ** de origen, ello debido a que no especifica qué las medidas adoptadas en esa determinación y solo se duele de que la juez del conocimiento no verificó, previo a la orden de entrega, que se llevara a cabo la convivencia de la menor con su padre, además de que no verificó la correcta intervención de la procuradora de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, para efecto de que se constituyera con su equipo multidisciplinario y vigilara que la entrega se realizará sin generar mayor daño psicológico. En relación con ello, deberá precisar si lo expuesto en el punto anterior, respecto a las medidas que el juez del conocimiento debió especificar en el acuerdo reclamado, deriva de alguna de las sentencias (definitiva o apelación) emitidas en el juico de origen; en su caso, si tales medidas fueron ordenadas en el juicio de amparo directo, que se promovió en contra de la sentencia del tribunal de apelación. Si la orden de entrega de la menor con las medidas que refiere debieron tomarse por el A quo, fue materia de análisis en la sentencia de apelación o bien, en la aludida sentencia de amparo. Indique el plazo que se otorgó en la sentencia definitiva para la entrega de la menor, y si el juez responsable lo respetó al dictar el acuerdo reclamado. [.]". Mediante escrito presentado el trece de mayo de dos mil veintiuno, la promovente desahogó el requerimiento antes citado, donde dio respuesta a la prevención formulada (fojas 33 a 38). A lo anterior recayó el acuerdo de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, donde se tuvo por desahogada la prevención, y con motivo de lo manifestado se formuló nueva prevención (fojas 33 a 38), en los siguientes términos: "[.] Si con motivo de que no se llevó a cabo la diligencia de entrega de la menor, programada para el pasado dieciséis de abril de dos mil veintiuno -ya que en el escrito inicial de demanda, refiere que en esa fecha, no se llevó a cabo la entrega de la menor-; en el juicio de origen, se emitió diverso acuerdo en el que se fije nuevo día y hora para la entrega de la menor. Toda vez que de la trascripción del acuerdo reclamado, se advierte la participación de dos autoridades que no señaló como responsables, manifieste si es su deseo señalar con ese carácter a las siguientes: 1. Actuaria adscrita a la oficina central de actuarios de partido judicial; y, 2. Director de Seguridad Pública. Ambos con residencia en Yuriria, Guanajuato. De ser el caso, señale el acto o actos, que en concreto, reclame de cada una de ellas. [.]". Por escrito presentado el veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, la quejosa desahogó el anterior requerimiento, señalando que no se dictó nuevo acuerdo de entrega de la menor, pero con motivo del acto reclamado se sigue acudiendo a su domicilio en busca de la menor, y que si señala como responsables a las autoridades precisadas con antelación. Por auto de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, se tuvo por desahogada la prevención y se admitió a trámite la demanda en cuestión; se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables, los que se recabaron; se tuvo como terceros interesados a la menor de identidad reservada de iniciales ** y **, quienes fueron emplazados respectivamente al presente juicio el dieciséis y nueve de junio de presente anualidad (fojas 76 y 108 y 109); se designó como represente especial de la menor de iniciales**, al asesor Federal del Instituto Federal de Defensoría Pública en esta ciudad, siendo que **, con esa calidad, aceptó dicho cargo el uno de junio de dos mil veintiuno (foja 53); dio la intervención que corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló pedimento. En proveído de tres de junio de junio de dos mil veintiuno, se tuvo por rendido el informe justificado de las actuarias adscritas al Juzgado de Partido Civil y de Oralidad Familiar con sede en Yuriria, Guanajuato, quienes manifestaron que en la localidad donde residen, no existe Director ni Oficina Central de Actuarios, ya que los actuarios se encuentran adscritos a los juzgados de Partido Civil, de Oralidad Familiar y al Menor Mixto del Partido Judicial de Yuriria, Guanajuato; en ese sentido se tuvo como autoridad inexistente a la citada autoridad, por lo que no será tomada en cuenta en la presente resolución. Finalmente, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; al Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de que se reclama un acto derivado de un procedimiento familiar que tendrá ejecución dentro del ámbito de competencia territorial de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Fijación de la litis. Por cuestión de método, se procede a la fijación de los actos reclamados, como está preceptuado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, con la finalidad de lograr congruencia entre lo pedido y lo que se resolverá, conforme al criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". De este modo, se establece que en el presente juicio los actos reclamados lo constituyen: El acuerdo de quince de abril de dos mil veintiuno, que ordena la entrega de la menor de iniciales reservadas ** a su progenitor, emitido en la etapa de ejecución de sentencia dentro del juicio **. La ejecución de la anterior determinación. Actos atribuidos a la autoridad responsable: Juez de Partido Civil y de Oralidad Familiar. Actuaria adscrita a la oficina central de actuarios de partido judicial; y, Director de Seguridad Pública. Todos con residencia en Yuriria, Guanajuato. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. La autoridad responsable juez Civil de Partido y de Oralidad Familiar en Yuriria, Guanajuato (foja 55) y actuarias adscritas al Partido Judicial de Yuriria (foja 54), al rendir su informe justificado, aceptaron la existencia de los actos que se les reclama. En consecuencia, debe tenerse por cierto tal acto, pues las manifestaciones de las responsables constituyen una confesión expresa y espontánea con pleno valor probatorio en términos de los artículos 95 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del artículo 2°, párrafo segundo, de este último ordenamiento. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, la certeza de los actos reclamados se robustece con las constancias que acompañó a su informe justificado el juez responsable, consistentes en copia certificada de las actuaciones que integran el juicio familiar **; documental que obra en cinco tomos de pruebas por separado y tiene valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del artículo 2° de este último ordenamiento, al haber sido expedida por funcionario público en ejercicio de sus funciones y tratarse de constancias relativas a un juicio familiar ante una autoridad judicial. Por su parte, el encargado del despacho de la Dirección de Seguridad Pública Municipal en Yuriria, Guanajuato, al rendir su informe justificado negó el acto que se le atribuye; sin embargo, su negativa se desvirtúa, atento a que en el caso, fue señalado como autoridad ejecutora de un acto que ha reconocido la autoridad ordenadora; máxime que se autorizó el uso de la fuerza pública para la ejecución del acto reclamado; por tanto, es de inminente ejecución el acto que se le reclama; por lo que se tiene como cierto el acto que se le atribuye. CUARTO. Antecedentes de los actos reclamados. Los antecedentes más destacados de los actos reclamados, cuyos datos se obtienen de las constancias que obran en autos, son los siguientes: 1. Por escrito recibido el seis de septiembre de dos mil diecisiete, en el Juzgado de Oralidad Familiar de Yuriria, Guanajuato, **, promovió juicio ordinario civil sobre guarda, custodia y pérdida de la patria potestad, en contra de **, de quien reclamó las prestaciones siguientes (fojas 1 a 22 del tomo I de pruebas): "A).- La guarda y custodia provisional y en su oportunidad la definitiva de mi menor nieta ** B).- la pérdida del ejercicio de la patria potestad sobre de mi menor hijo ** que detento con el demandado". 2. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda a la Juez Civil de Partido y Oralidad Familiar; por acuerdo de ocho de septiembre de dos mil diecisiete, se radicó y admitió la demanda con el número **, ordenándose el emplazamiento correspondiente (fojas 30 a 33 ídem). 3. Mediante escrito el veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete, Jesús Martínez Vera dio contestación a la demanda (fojas 42 a 46 ídem). 4. Por escrito recibido el ocho de septiembre de dos mil diecisiete, en el Juzgado de Oralidad Familiar de Yuriria, Guanajuato, *, aquí tercero interesado, promovió juicio ordinario civil sobre guardia y custodia y entrega de la menor ** en contra de **, aquí quejosa, de quien reclamó la guarda y custodia de su menor hija de nombre * y la entrega de la menor a favor del promovente, en su calidad de padre supérstite que ejerce la patria potestad de la menor y el pago de los gastos y costa del juicio para el caso de oposición (fojas 85 a 89 ídem). 5. Seguido el curso del juicio, el juez Civil de Partido y de Oralidad Familiar en Yuriria, Guanajuato, dictó sentencia definitiva cinco de marzo de dos mil dieciocho, en la que, entre otras cosas, decretó en favor de la parte actora la guarda y custodia de la menor (fojas 147 a 155 ídem). 6. Inconforme con la determinación anterior la parte demandada, interpuso recurso de apelación, del que tocó conocer a la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, medio de impugnación que quedó radicado bajo el número * y por sentencia dictada el diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, ordenó la reposición del procedimiento para que la Juez de primera instancia otorgara a las partes el plazo legal para que nombraran peritos en materia de psicología (fojas 230 a 235 ídem). 7. Seguido el procedimiento oral familiar, el trece de junio de dos mil diecinueve (fojas 1015 a 1033 vuelta del tomo III de pruebas), se dictó sentencia, la cual concluyó con los siguientes puntos resolutivos: "PRIMERO.- Este Juzgado resultó competente para conocer y resolver el presente juicio, siendo correcta la vía por la que se encausó el procedimiento. SEGUNDO.- La parte accionante * no justificó los elementos de la acción de pérdida de patria potestad, por ende, se ABSUELVE al demandado * de la pérdida de la patria potestad que ejerce sobre su menor hija * conforme a los razonamientos y fundamentos expuestos en la sentencia. TERCERO.- Respecto a la guarda y custodia, así como la restitución de la menor S.M.M., la misma se decreta conforme a lo resuelto en el considerando QUINTO de esta sentencia. CUARTO.- Se DECRETA el pago de una pensión alimenticia definitiva a cargo de JESÚS MARTÍNEZ VERA y a favor de su menor hija * en términos de lo establecido en el considerando SEXTO de esta sentencia. QUINTO.- No se hace condena en gastos y costas de la instancia por las razones expuestas en la parte considerativa de este fallo [.]". 8. Inconformes con la determinación anterior las partes interpusieron recurso de apelación, del que tocó conocer a la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, medio de impugnación que quedó radicado bajo el número * y por sentencia dictada el treinta de septiembre de dos mil diecinueve, la sala determinó lo siguiente (fojas 1219 a 1230 del tomo III de pruebas): "PRIMERO.- En los términos del considerando cuarto de esta resolución, se MODIFICA la sentencia impugnada. SEGUNDO.- Se condena a * al pago de las costas de la presente instancia. TERCERO.- Con testimonio de la presente resolución y de sus notificaciones, vuelvan los autos al juzgado de origen y en su oportunidad archívese el toca [.]". 9. Demanda de amparo directo. Mediante escrito presentado el veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, ante la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, * demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del acto y autoridades que a continuación se indican (fojas 1241 a 12576 del tomo III de pruebas): "IV.- ACTOS RECLAMADOS: La sentencia de segunda instancia de fecha 30 de septiembre del año dos mil diecinueve, que recayó al toca número *, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por ambas partes, en contra de la sentencia definitiva de fecha trece de junio de 2019, dictada por el C. Jueza de Partido Civil y de Oralidad Familiar de Yuriria, Guanajuato, en el juicio oral ordinario familiar con número de amparo directo civil expediente * seguido por * en contra de Jesús Martínez Vera, en el cual se dictaron los siguientes puntos resolutivos: (Se transcribe)". "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: Ciudadana licenciada * Magistrada propietaria de la H. Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato". 10. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda de amparo al Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, que por acuerdo de presidencia de cuatro de diciembre de dos mil diecinueve, admitió el asunto como amparo directo civil número *. 11. Substanciado que fue el citado amparo directo, por resolución de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno se negó el amparo y protección de la justicia federal a *, en contra de los actos que reclamó de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, consistente en la resolución definitiva de treinta de septiembre de dos mil diecinueve, pronunciada en el toca de apelación *(fojas 1310 a 1334 del tomo IV de pruebas). 12. Por acuerdo de trece de abril de dos mil veintiuno, se tuvieron por recibidos los autos y mediante escrito presentado el catorce de abril siguiente, * solicitó la ejecución de la sentencia (fojas 1280 y 1282 y 1283 del tomo III). 13. A lo anterior recayó el acuerdo de quince de abril de dos mil veintiuno, en el cual la responsable determinó (fojas 1284 a 1285 ídem): "Yuriria, Guanajuato, a 15 quince de abril de 2021 dos mil veintiuno "2021, Año de la Independencia". A sus autos el escrito signado por C. *, en la Secretaría de este Juzgado el día 14 catorce de abril del año en curso, mismo que se acuerda: En atención al estado que guarda el presente juicio y en virtud de que consta en autos que le fue negado el Amparo a *, abuela materna de la menor involucrada en este juicio de iniciales * de cuya identidad se encuentra plenamente acreditada en autos, es procedente la petición de la parte actora *, padre de la citada menor de edad. En consecuencia, se ordena requerir a la abuela materna * en su domicilio particular ubicado en *, centro de esta ciudad, a efecto de que entregue a la niña * a su padre * de forma inmediata al momento que se le formule el requerimiento. Lo anterior, en virtud de que mediante sentencia de fecha 30 treinta de septiembre de 2019 dos mil diecinueve, dictada dentro del Toca de apelación * por la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, la cual causó estado por Ministerio de Ley, se determinó que quien debe ejercer de manera exclusiva la guarda y custodia de la mencionada menor de edad es su padre, *. Para el cumplimiento de lo anterior, túrnese el presente expediente a la Actuarla de este Partido Judicial, a efecto de que se lleve a cabo la diligencia correspondiente en el domicilio señalado para tal efecto; diligencia en la cual la Actuaría que la practique deberá observar las medidas necesarias a efecto de que se logre la entrega de la multicitada menor de edad, sin que sea obstáculo para ello la oposición de la abuela o de la propia niña * De igual manera, con la finalidad de causar la menor alteración emocional a la niña con motivo de la separación de su abuela y la entrega a su padre, se autoriza que en dicha diligencia intervenga cualquiera de los psicólogos que propone el promovente Licenciados * ó *, a quien se le debe hacer saber que la finalidad de su intervención es explicar a la niña * que la autoridad jurisdiccional determinó que ella debe estar bajo el cuidado de su papá, por ser de mayor beneficio para ella, ya que existen pruebas de que su padre *, cuenta con capacidad para darle un buen cuidado, amor y protección. Así mismo, se autoriza el uso de la fuerza pública y el empleo de cerrajero par el caso de ser necesario, esto es, para el caso de oposición de la abuela o de persona alguna que se encuentre en el domicilio para la entrega de la niña a su padre. Para el empleo de la fuerza física se instruye a la Actuaría se coordine con los elementos de Seguridad Pública que asistan a la diligencia, a efecto de que se procure en la medida de lo posible que la niña * no pueda visualizar a dichos elementos al inicio de la diligencia para evitar un impacto negativo emocionalmente en dicha menor de edad; ya que el uso de la fuerza pública, debe reservarse sólo para él caso de ser estrictamente necesario en los términos ya expuestos. Gírese oficio respectivo a la Dirección de Seguridad Pública a efecto de qué tenga a bien en auxilió de la Justicia, encomendar elementos de su corporación para que asistan a la mencionada diligencia que tendrá verificativo a las 09:30 horas del día 16 dieciséis de abril del año 2021 dos mil veintiuno; se le apercibe de que en caso de inasistencia a la diligencia se le aplicará una medida de apremio relativa a una multa de 30 Unidades de Medida y Actualización diana vigente, de acuerdo al contenido del artículo 60 de Código de Procedimientos Civiles. Oficio que se deja a disposición de la parte promovente para que lo haga llegar a su destino. Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3 y 9 de la Convención de los Derechos del Niño, ratificado por el Estado Mexicano, 466, 467 y 470 del Código Civil del Estado, 462 fracción IV del Código de Procedimientos Civiles. Determinación que constituye el acto reclamado. 14. El auto anterior se notifica por lista publicada a las nueve horas del día dieciséis de abril de dos mil veintiuno. QUINTO. Análisis de la constitucionalidad de los actos reclamados. Los conceptos de violación son infundados. En los conceptos de violación se refiere, en esencia, que la A quo no dio correcta intervención de la Procuradora de Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes adscrita al sistema DIF en Yuriria, Guanajuato, para efecto de que se constituyera con su equipo multidisciplinario y vigilara que la entrega de la menor se realizara sin generar mayor daño psicológico en ella. Que la A quo se limitó a conceder equipo particular de psicólogo ofertado por la parte demandada, sin dar vista a la quejosa para efectos de que no resulte traumante dicha diligencia. Que la orden de entrega de la menor es violatoria de derechos fundamentales de la infante, pues la juez del conocimiento omitió cerciorarse durante todo el procedimiento que su progenitor, aquí tercero interesado, haya convivido con ella, pues a pesar de que tiene más de quince meses que no la busca, al ordenar la ejecución de la determinación reclamada se vulneran los derechos humanos de la menor, puesto que después de vivir toda la vida con su abuela, sería un impacto psicológico para ella, cambiar abruptamente de hogar y ambiente. Que además la juez no cuidó que la menor haya tenido contacto con su progenitor durante los últimos dieciséis meses, lo que aconteció porque este último abandonó la totalidad de sus deberes como padre y pretender que de un momento a otro la menor se vaya a vivir con él, resultará perjudicial para la infante, pasando por alto, el interés superior de la menor, que debe premiar en todos los casos. Que también se omitió verificar si el progenitor, cumplió con lo ordenado de recibir apoyo psicológico. Que con la emisión del acto reclamado se transgrede en perjuicio de la menor, el interés superior de la niñez que se traduce en buscar el bienestar y óptimo desarrollo de los menores de edad, lo que no aconteció porque se insiste, no se revisó si el padre cumplió con lo ordenado por la juzgadora de origen respecto a los alimentos, y sobre todo las convivencias decretadas las cuales tenían como principal encomienda la adaptación e integración de la menor con su progenitor y al no haberse llevado a cabo, resulta por demás evidente el daño que se genera a la menor con la orden de que se entregue a su padre, si esta se ejecuta. Que por otra parte, la responsable no verificó todas y cada una de las nuevas circunstancias antes de ordenar la entrega de manera inmediata, ya que existe la gravedad de que al desprender de manera inesperada a su nieta, el choque emocional sea tan grande que marcará su estado emocional, ya que no ha convivido con su padre y menos ha vivido con él, lo cual vulnera el interés superior de la menor, al violentarse tajantemente sus derechos con el desprendimiento del núcleo familiar donde siempre ha desarrollado. Que el tomar tales providencias, no implica modificar la sentencia definitiva, sino que ello es una obligación de la juzgadora de atender al interés superior de la menor y actuar con la mayor diligencia. Los conceptos de violación son infundados, sin que se advierta alguna violación que amerite suplir la deficiencia de la queja en términos de la fracción II del artículo 79 de la Ley de Amparo, según se verá a continuación. En efecto, contrario a lo que considera la parte quejosa, el acto reclamado, a consideración de este juzgado federal, no violan los derechos humanos reconocidos en los artículos 1, 4, 5, 14 y 16 constitucionales, ni tratados internacionales, tampoco transgrede el interés superior de los menores. Para sustentar tal postura, se abordará el estudio de los tópicos jurídicos siguientes: a. Interés superior del menor y la necesidad de preservarlo; b. Ejecución de sentencia y orden de entrega de la menor; y, c. Análisis de los antecedentes del acto reclamado y de las constancias que integran el amparo indirecto. a) Interés superior del menor y la necesidad de preservarlo. El interés superior de la infancia, es un principio de rango constitucional que obliga a las autoridades del Estado, a los ascendientes, tutores y custodios, e incluso a toda la sociedad a vigilar, preservar y exigir que cualquier decisión que se tome en torno a un menor, sea acorde a lo que más le convenga, propiciando de esa manera no solo el respeto a su dignidad, sino además el ejercicio pleno de sus derechos. Asimismo, el artículo 4° constitucional es terminante en señalar que el Estado, a través de sus diversas autoridades incluidas las de índole jurisdiccional, está obligado a velar y cumplir con el interés superior del menor, así como a garantizar el ejercicio de sus derechos, incluidos los de rango internacional. En ese orden de ideas, para resolver cualquier controversia en la que se ve involucrado un menor de edad, el juzgador en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 4° constitucional, debe tomar conciencia de que el menor, debido a su falta de madurez, es un ser vulnerable que requiere de una protección legal reforzada, a fin de hacer que alcance su mayor y mejor desarrollo a través del respeto de sus derechos y, por ende, de su dignidad, ya que esta es la base de ellos. Así, la protección del interés superior de la infancia involucra incluso el apoyo y asistencia a los padres y a otras personas que tengan la responsabilidad cotidiana de la realización de los derechos del niño, pero solo como representante para que obtenga lo que por ley le corresponde para su buen desarrollo. De esta manera, si el pleno ejercicio de los derechos inherentes a los menores es el eje rector de los litigios donde se vean involucrados, debe privilegiarse la verdad histórica frente a la jurídica, lo que faculta al juzgador para que -de oficio- recabe las pruebas necesarias con el objeto de establecer aquello que resulte de mayor conveniencia para preservar el interés superior del niño. Lo anterior, fue sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 30/2013 (10a.), del texto: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. PARA PRESERVARLO, EL JUZGADOR ESTÁ FACULTADO PARA RECABAR Y DESAHOGAR DE OFICIO LAS PRUEBAS QUE CONSIDERE NECESARIAS. Con independencia de que la admisión de las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio es uno de los aspectos procesales más relevantes y que con mayor cuidado debe observar el juzgador, tratándose de los procedimientos que directa o indirectamente trascienden a los menores y a fin de velar por su interés superior, previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el juez está facultado para recabar y desahogar de oficio las pruebas necesarias para preservar dicho interés, practicando las diligencias que considere oportunas y conducentes para el conocimiento de la verdad respecto de los derechos controvertidos". Asimismo, la citada Primera Sala también ha sostenido que la suplencia de la queja -en tratándose de menores- debe ser total, es decir, no se limita a una sola instancia, ni a conceptos de violación o agravios, pues su alcance comprende desde el escrito inicial de demanda hasta la ejecución de sentencia, incluyendo -entre otras cuestiones- la recabación oficiosa de pruebas para lograr el bienestar del menor de edad. Tal criterio se sustentó en la jurisprudencia 1a./J. 191/2005, visible en la página 167, tomo XXIII, mayo de 2006, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE. La suplencia de la queja es una institución cuya observancia deben respetar los Jueces y Magistrados Federales; suplencia que debe ser total, es decir, no se limita a una sola instancia, ni a conceptos de violación y agravios, pues el alcance de la misma comprende desde el escrito inicial de demanda de garantías, hasta el periodo de ejecución de la sentencia en caso de concederse el amparo. Dicha suplencia opera invariablemente cuando esté de por medio, directa o indirectamente, la afectación de la esfera jurídica de un menor de edad o de un incapaz, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter de quién o quiénes promuevan el juicio de amparo o, en su caso, el recurso de revisión, ello atendiendo a la circunstancia de que el interés jurídico en las controversias susceptibles de afectar a la familia y en especial a menores e incapaces, no corresponde exclusivamente a los padres, sino a la sociedad, quien tiene interés en que la situación de los hijos quede definida para asegurar la protección del interés superior del menor de edad o del incapaz. Se afirma lo anterior, considerando la teleología de las normas referidas a la suplencia de la queja, a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a los compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano, que buscan proteger en toda su amplitud los intereses de menores de edad e incapaces, aplicando siempre en su beneficio la suplencia de la deficiencia de la queja, la que debe operar desde la demanda (el escrito) hasta la ejecución de sentencia, incluyendo omisiones en la demanda, insuficiencia de conceptos de violación y de agravios, recabación oficiosa de pruebas, esto es, en todos los actos que integran el desarrollo del juicio, para con ello lograr el bienestar del menor de edad o del incapaz.". Sobre el interés superior del menor, la Convención sobre los Derechos del Niño celebrada en Nueva York, Estados Unidos de América, suscrita en mil novecientos ochenta y nueve, en vigor desde el dos de septiembre de mil novecientos noventa y ratificada por nuestro país el veintiuno de septiembre de ese mismo año, resalta en su proemio, como puntos esenciales, entre otros: la igualdad de derechos para todos los miembros de la familia; el derecho de la infancia a tener cuidados y asistencia especiales por su falta de madurez tanto física como mental; la protección de la familia como el espacio natural en donde la niñez crece y se desarrolla; el reconocimiento de la persona en su niñez, su necesidad de crecer en un ambiente familiar de felicidad, amor y comprensión como premisa para lograr un desarrollo pleno y armonioso; la preparación de la niñez para una vida independiente con un "espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad". Con base en esa declaración de principios, los artículos del 1o. al 41 de la citada Convención enuncian, entre otras, las siguientes prerrogativas para la niñez: a la vida y a un sano desarrollo psicofísico; a una atención especial en consideración a sus propios intereses, considerados como superiores en todas las instancias judiciales, administrativas o de bienestar social; a dar su opinión y que esta sea tomada en cuenta en todos los asuntos que le afecten, incluyendo los de carácter judicial y administrativo; a una educación que respete su dignidad y los prepare para la vida en un espíritu de comprensión, paz y tolerancia. Específicamente, los dispositivos 3o., 4o., 7o., 9o., 12, 23, 27 de la misma Convención, en forma preponderante constriñen a los tribunales judiciales a velar por el interés superior del niño, en los siguientes términos: "Artículo 3 1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. 2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas. 3 Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión adecuada." "Artículo 7 1. El niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos. 2. Los Estados Partes velarán por la aplicación de estos derechos de conformidad con su legislación nacional y las obligaciones que hayan contraído en virtud de los instrumentos internacionales pertinentes en esta esfera, sobre todo cuando el niño resultara de otro modo apátrida." "Artículo 9 1. Los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus padres contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior del niño. Tal determinación puede ser necesaria en casos particulares, por ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de maltrato o descuido por parte de sus padres o cuando éstos viven separados y debe adoptarse una decisión acerca del lugar de residencia del niño. 2. En cualquier procedimiento entablado de conformidad con el párrafo 1 del presente artículo, se ofrecerá a todas las partes interesadas la oportunidad de participar en él y de dar a conocer sus opiniones. 3. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del niño. 4. Cuando esa separación sea resultado de una medida adoptada por un Estado Parte, como la detención, el encarcelamiento, el exilio, la deportación o la muerte (incluido el fallecimiento debido a cualquier causa mientras la persona esté bajo la custodia del Estado) de uno de los padres del niño, o de ambos, o del niño, el Estado Parte proporcionará, cuando se le pida, a los padres, al niño o, si procede, a otro familiar, información básica acerca del paradero del familiar o familiares ausentes, a no ser que ello resultase perjudicial para el bienestar del niño. Los Estados Partes se cerciorarán, además, de que la presentación de tal petición no entrañe por sí misma consecuencias desfavorables para la persona o personas interesadas." "Artículo 12 1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y madurez del niño. 2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser escuchado en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de la ley nacional." "Artículo 18 1. Los Estados Partes pondrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño. Incumbirá a los padres o, en su caso, a los representantes legales la responsabilidad primordial de la crianza y el desarrollo del niño. Su preocupación fundamental será el interés superior del niño. 2. A los efectos de garantizar y promover los derechos enunciados en la presente Convención, los Estados Partes prestarán la asistencia apropiada a los padres y a los representantes legales para el desempeño de sus funciones en lo que respecta a la crianza del niño y velarán por la creación de instituciones, instalaciones y servicios para el cuidado de los niños. 3. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para que los niños cuyos padres trabajan tengan derecho a beneficiarse de los servicios e instalaciones de guarda de niños para los que reúnan las condiciones requeridas." "Artículo 19 1. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo. 2. Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como para otras formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión a una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos antes descritos de malos tratos al niño y, según corresponda, la intervención judicial." "Artículo 20 1. Los niños temporal o permanentemente privados de su medio familiar, o cuyo superior interés exija que no permanezcan en ese medio, tendrán derecho a la protección y asistencia especiales del Estado. 2. Los Estados Partes garantizarán, de conformidad con sus leyes nacionales, otros tipos de cuidado para esos niños. 3. Entre esos cuidados figurarán, entre otras cosas, la colocación en hogares de guarda, la kafala (sic) del derecho islámico, la adopción, o de ser necesario la colocación en instituciones adecuadas de protección de menores. Al considerar las soluciones, se prestará particular atención a la conveniencia de que haya continuidad en la educación del niño y a su origen étnico, religioso, cultural y lingüístico." "Artículo 27 1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. 2. A los padres u otras personas encargadas del niño les incumbe la responsabilidad primordial de proporcionar, dentro de sus posibilidades y medios económicos, las condiciones de vida que sean necesarias para el desarrollo del niño. 3. Los Estados Partes, de acuerdo con las condiciones nacionales y con arreglo a sus medios, adoptarán medidas apropiadas para ayudar a los padres y a otras personas responsables por el niño a dar efectividad a este derecho y, en caso necesario, proporcionarán asistencia material y programas de apoyo, particularmente con respecto a la nutrición, el vestuario y la vivienda. 4. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para asegurar el pago de la pensión alimenticia por parte de los padres u otras personas que tengan la responsabilidad financiera por el niño, tanto si viven en el Estado Parte como si viven en el extranjero. En particular, cuando la persona que tenga la responsabilidad financiera por el niño resida en un Estado diferente de aquel en que resida el niño, los Estados Partes promoverán la adhesión a los convenios internacionales o la concertación de dichos convenios, así como la concertación de cualesquiera otros arreglos apropiados." Así, uno de los efectos inmediatos que supuso la entrada en vigor de dicha Convención, es el advenimiento en nuestro sistema jurídico mexicano del concepto del interés superior de la niñez, el cual condiciona a que, en todo momento, las políticas, acciones y toma de decisiones relacionadas con esta etapa de la vida humana, se realicen buscando el beneficio directo del niño o niña a quien van dirigidas. De esta manera, es válido concluir que en todos los procedimientos judiciales donde se tomen medidas concernientes a infantes -no solo los órganos jurisdiccionales, sino incluso cualquier otra autoridad- deben tomar siempre en consideración que el interés del niño es superior a cualquier circunstancia. b) Ejecución de sentencia y orden de entrega de la menor a su progenitor. En principio, debe precisarse que como el caso concreto versa sobre materia familiar, solo se precisa que, en el sentido formal de la cosa juzgada, las resoluciones judiciales son invariables si contra ellas no cabe recurso alguno ; o bien, si lo hay, cuando éste ha sido resuelto, o ha sido desaprovechado al no interponerse en tiempo y forma, o se le ha desistido. Se trata en el primer caso ?y en los demás?, de la 'inimpugnabilidad' de esta resolución dentro del mismo proceso. La cosa juzgada formal de una resolución, abre la vía de su ejecución , dado su carácter de firme. Esta definición involucra el derecho a la tutela judicial efectiva, que se encuentra consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual se define como "el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que, a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute tal decisión". De esa manera, el acceso efectivo a la justicia comprende tres etapas (una previa, una judicial y una posterior a juicio), donde la etapa posterior a juicio se encuentra relacionada con el derecho a la eficacia de las resoluciones emitidas, "[.] pues una resolución con carácter de cosa juzgada otorga certeza sobre el derecho o controversia discutida en el caso concreto y, por ende, tiene como uno de sus efectos la obligatoriedad o necesidad de cumplimiento". Entonces, como la efectividad de las sentencias definitivas depende de su ejecución y el debido ejercicio del derecho declarado o reconocido en el juicio, el Estado está obligado a garantizar los medios para ejecutar las decisiones y que éstos sean efectivos. Dicho de otra forma, una vez que un juzgado competente emite una resolución definitiva ?en sentido formal?, adquiere la obligación de hacerla efectiva mediante los medios legales conducentes porque, de forma correlativa, el gobernado tiene derecho a que la resolución se materialice para el debido ejercicio del derecho reconocido en el juicio. c) Análisis del auto recurrido. De las constancias que integran los antecedentes del juicio de amparo en específico del contenido del auto reclamado de quince de abril de dos mil veintiuno (fojas 156 a 164 tomo IV de pruebas), se desprende que la autoridad responsable ordenadora a petición del padre de la menor, determinó: Que en atención al estado que guarda el juicio y en virtud de que consta en autos que le fue negado el Amparo a *, abuela materna de la menor involucrada en este juicio de iniciales * de cuya identidad se encuentra plenamente acreditada en autos, es procedente la petición de *, padre de la citada menor de edad. Que en consecuencia, se ordena requerir a la abuela materna Ana Bertha Parra Villagómez en su domicilio particular ubicado en * centro de esta ciudad, a efecto de que entregue a la niña * a su padre * de forma inmediata al momento que se le formule el requerimiento. Que lo anterior, en virtud de que mediante sentencia de fecha treinta de septiembre de dos mil diecinueve, dictada dentro del Toca de apelación * por la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, la cual causó estado por Ministerio de Ley, se determinó que quien debe ejercer de manera exclusiva la guarda y custodia de la mencionada menor de edad es su padre, Jesús Martínez Vera. Que para el cumplimiento de lo anterior, ordenó turnar el expediente a la actuaria de ese Partido Judicial, a efecto de que se lleve a cabo la diligencia correspondiente en el domicilio señalado para tal efecto. Que en la diligencia, la actuaria que la practique deberá observar las medidas necesarias a efecto de que se logre la entrega de la multicitada menor de edad, sin que sea obstáculo para ello la oposición de la abuela o de la propia niña * Que de igual manera, con la finalidad de causar la menor alteración emocional a la niña con motivo de la separación de su abuela y la entrega a su padre, se autoriza que en dicha diligencia intervenga cualquiera de los psicólogos que propone el promovente licenciados * o * , a quienes se les debe hacer saber que la finalidad de su intervención es explicar a la niña * que la autoridad jurisdiccional determinó que ella debe estar bajo el cuidado de su papá, por ser de mayor beneficio para ella, ya que existen pruebas de que su padre *, cuenta con capacidad para darle un buen cuidado, amor y protección. Que también se autoriza el uso de la fuerza pública y el empleo de cerrajero par el caso de ser necesario, esto es, para el caso de oposición de la abuela o de persona alguna que se encuentre en el domicilio para la entrega de la niña a su padre. Que para el empleo de la fuerza física se instruye a la actuaria se coordine con los elementos de Seguridad Pública que asistan a la diligencia, a efecto de que se procure en la medida de lo posible que la niña * no pueda visualizar a dichos elementos al inicio de la diligencia para evitar un impacto negativo emocionalmente en dicha menor de edad; ya que el uso de la fuerza pública, debe reservarse sólo para él caso de ser estrictamente necesario en los términos ya expuestos. Que para dar cumplimiento a lo anterior ordenó girar oficio a la Dirección de Seguridad Pública a efecto de qué tenga a bien en auxilió de la justicia, encomendar elementos de su corporación para que asistan a la mencionada diligencia que tendrá verificativo a las 09:30 horas del día 16 dieciséis de abril del año 2021 dos mil veintiuno. Que se les apercibe de que en caso de inasistencia a la diligencia se le aplicará una medida de apremio relativa a una multa de 30 Unidades de Medida y Actualización diana vigente, de acuerdo al contenido del artículo 60 de Código de Procedimientos Civiles. Que el oficio que se deja a disposición de la parte promovente para que lo haga llegar a su destino. Por tanto, la resolución reclamada no vulnera derechos fundamentales de la quejosa, ni el interés superior de los infantes, pues, a consideración del suscrito juzgador, la determinación adoptada por la responsable, precisamente va encaminada a salvaguardar dicho interés, ya que mediante sentencia firme se determinó que la patria potestad y custodia de la menor corresponden a su progenitor, y en ese sentido las autoridades judiciales deben actuar con rapidez y eficacia, adoptando las medidas necesarias para conseguir que la entrega sea pronta. Máxime que la prolongación en el tiempo de que la menor continúe con la abuela materna, afecta el derecho de convivencia que tiene con su padre, convivencia que es necesaria para lograr la protección, estabilidad personal y emocional de los niños, para que reciba de ella afecto, calor humano, presencia personal, respaldo espiritual y respeto a su persona e intimidad, cuestión de orden público e interés social. El fundamento de este derecho reside en elementales principios de derecho natural, en la necesidad de cultivar el afecto, de estabilizar los vínculos familiares, busca su subsistencia real, efectiva y eficaz, mediante él se procura que el vínculo paterno-filial se proyecte desde el mero aspecto formal del título de estado, a la vida real; lo que no se está logrando en virtud de la falta de entrega efectuada por la quejosa respecto de la infante. Además, también es acertado que el juez de origen, para el cumplimiento de la ejecutoria de la sentencia firme, turnara el expediente a la actuaría de ese Partido Judicial, a efecto de que se lleve a cabo la diligencia correspondiente en el domicilio señalado para tal efecto, pues al efecto le requirió observar las medidas necesarias a efecto de que se logre la entrega de la multicitada menor de edad, sin causar la menor alteración emocional a la niña con motivo de la separación de su abuela y la entrega a su padre, por lo que además autorizó que en dicha diligencia intervenga cualquiera de los psicólogos propuestos por el progenitor, a quienes se les debe hacer saber que la finalidad de su intervención es para explicarle a la infante * que la autoridad jurisdiccional determinó que ella debe estar bajo el cuidado de su papá, por ser de mayor beneficio para ella, ya que existen pruebas de que su padre *, cuenta con capacidad para darle un buen cuidado, amor y protección. En esas condiciones son infundados los conceptos de violación, en los que sostiene que no se dio correcta intervención de la Procuradora de Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes adscrita al sistema DIF en Yuriria, Guanajuato, para efecto de que se constituyera con su equipo multidisciplinario y vigilara que la entrega de la menor se realizara sin generar mayor daño psicológico en ella, ya que la A quo se limitó a conceder equipo particular de psicólogo ofertado por la parte demandada, sin dar vista a la quejosa para efectos de que no resulte traumante dicha diligencia. Lo anterior es así, porque en forma contraria a lo que sostiene la juzgadora citó a los psicólogos * o *, para el desahogo de la diligencia, con lo cual garantizó la intervención de expertos en la materia al momento en que se cambiase al progenitor que, en lo subsecuente, debería ejercer la guarda y custodia de la menor. Tal medida encuentra apoyo en lo dispuesto por el Protocolo para quienes imparten justicia en casos que involucren niñas, niños y adolescentes, en cuyo capítulo III, denominado "Reglas y consideraciones generales para las y los juzgadores", establece que durante la participación de la niña, niño o adolescente es muy importante brindarle asistencia, a fin de evitar, prevenir o mitigar las consecuencias del proceso en la medida de lo posible, favoreciendo su desarrollo. Para lograrlo existen tres formas de apoyo: asistencia legal, canalización con personal especializado y medidas especiales de asistencia. Se entiende que al haber citado a psicólogos, la juzgadora responsable atendió tanto los lineamientos a que se refiere el protocolo citado, como lo dispuesto por el artículo 408 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, que establece: "Artículo 408.- Para decretar la custodia de un menor que se encuentre en poder de sus progenitores o de uno de ellos, se citará a éstos a una audiencia a la que también acudirá el solicitante y el Ministerio Público. Si el solicitante no comparece, la medida no se decretará. Si el progenitor o los progenitores a cuyo cuidado se encuentre el menor, hubieren sido citados personalmente y no acudieren a la diligencia, ésta se decretará o negará tomando en cuenta únicamente lo que el solicitante exponga y acredite. Cuando la medida sea solicitada por un ascendiente que no sea un progenitor o por el Ministerio Público, se citará para la diligencia a los demás ascendientes y en su caso, a quien tenga la custodia material o jurídica del menor y se procederá en la misma forma señalada para el caso del párrafo anterior. En la diligencia se escucharán los motivos por los cuales los interesados solicitan o se oponen a la medida y se decidirá en la forma más conveniente para el menor. Cuando los menores tengan catorce años o más, siempre serán citados a la audiencia, para que si lo desean, manifiesten las razones y su opinión de con quien de las personas que disputan su custodia prefieren vivir. Los menores que aún no hayan cumplido catorce años también serán escuchados conforme a los medios adecuados con su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y grado de madurez, a juicio del juez; éste siempre deberá decidir la cuestión buscando lo más conveniente para los menores." Por tanto, se estima que el concepto de violación en cuestión, es infundado. Finalmente, los conceptos de violación en los que esencialmente se sostiene que la juzgadora omitió cerciorarse durante todo el procedimiento que su progenitor, aquí tercero interesado, haya convivido con la menor y ya tiene más de quince meses que no la busca, por lo que al ordenar la ejecución de la determinación reclamada se vulneran los derechos humanos de la menor, puesto que después de vivir toda la vida con su abuela, sería un impacto psicológico para ella, cambiar abruptamente de hogar y ambiente. Que además la juez no cuidó que la menor haya tenido contacto con su progenitor durante los últimos dieciséis meses, lo que aconteció porque este último abandonó la totalidad de sus deberes como padre y pretender que de un momento a otro la menor se vaya a vivir con él, resultará perjudicial para la infante, pasando por alto, el interés superior de la menor, que debe premiar en todos los casos. Que también se omitió verificar si el progenitor, cumplió con lo ordenado de recibir apoyo psicológico. Lo así aducido es infundado, por lo siguiente. En principio, la pretendida falta de convivencia de la menor con su padre, para justificar que no se debió ordenar la entrega en forma inmediata, se debe a la propia conducta de la aquí quejosa, al impedir que este conviva con su hija; además no se encuentra acreditado en el sumario de origen que el padre incumplió con sus deberes alimentarios, mientras que el apoyo psicológico del padre no fue una condición para que se ordenara se le entregue a la infante. De igual forma, la solicitud de entrega de la menor erigida al juzgado responsable por el tercero interesado, se sustenta precisamente en la sentencia de treinta de septiembre de dos mil diecinueve, emitida en el toca de apelación toca 476/2019, por la magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato, determinación que incluso se encuentra firme al haberse negado el amparo y protección de la justifica federal solicitados por la aquí quejosa en contra de la anterior resolución, tal como se desprende del escrito que obra a fojas 1242 a 1257 del tomo III de pruebas), del que se desprende que la aquí quejosa, ante el tribunal de apelación, presentó escrito de amparo directo, en el que señaló como acto reclamado: "[.] IV. ACTOS RECLAMADOS. La sentencia de fecha 30 de septiembre del año dos mil diecinueve, que recayó al toca número *, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por ambas partes, en contra de la sentencia definitiva de fecha trece de junio de 2019, dictada por el C. Jueza de Partido Civil y de Oralidad Familiar de Yuriria, Guanajuato, en el Juicio Oral Ordinario Familiar con número de expediente *, seguido por * en contra de * en la cual se dictaron los siguientes puntos resolutivos: "PRIMERO.- En los términos del considerando cuarto de esta resolución, se MODIFICA la sentencia impugnada. SEGUNDO.- Se condena a * al pago de las costas de la presente instancia. TERCERO.- Con testimonio de la presente resolución y de sus notificaciones, vuelvan los autos al juzgado de origen y en su oportunidad archívese el toca. CUARTO.- Notifíquese electrónicamente [.]". Así, mientras la sentencia definitiva no sea declarada inválida, rige la situación jurídica de la niña. Por ello, si en dicho fallo se determinó que la patria potestad y custodia de la menor corresponde al padre y se condenó a la aquí quejosa * a la entrega de la infante a su progenitor para que éste ejerza su guarda y custodia, entonces este juzgado, en aras de proteger los mejores intereses de la niña, no puede variar tal situación jurídica, pues ello probablemente causaría un perjuicio irreparable en su integridad, al obligarla a permanecer bajo la supervisión de su abuela, y generaría incertidumbre sobre su guarda y custodia, lo cual ya fue definido por la magistrada de la Segunda Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato en el toca de apelación toca * y confirmado en esencia por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, en el amparo directo *. Se explica. La promovente del amparo sostiene que la integridad de su nieta se vulneraría si se verificara la entrega de la menor a su padre, que se debió ordenar la entrega en forma paulatina, ya que de hacerlo en forma inmediata, se generaría un impacto psicológico en la menor. Lo anterior, pues refiere que el interesado no ha cumplido con su deber alimentario, que tiene más de quince meses que no convive con la infante y que la juez del conocimiento no verificó que se llevara el tratamiento psicológico del padre que fue ordenado en el sumario de origen. Sin restar importancia a estos hechos, pues por un lado, tales aspectos no fueron condicionantes para decretar que corresponde al padre de la menor, la patria potestad, así como su guarda y custodia y por otra parte, por sí solos no pueden considerarse como una afectación a la esfera emocional de la menor. Tampoco puede concluirse que constituyen un riesgo actual para la integridad de la menor que justifica el impedimento de que el tercero interesado ejerza la guarda y custodia de su hija. Por todo lo anterior, se estima, ajustada a Derecho la decisión asumida por la juez responsable, de ordenar la entrega de la menor * de identidad reservada, a favor de su progenitor *, al encontrarse reunidos todos los requisitos previstos en el Código Civil para el Estado de Guanajuato. Además, en el proveído reclamado la autoridad responsable razonó que al existir condena respecto de la entrega de la menor debía cumplirse, para lo cual, señaló que dicha entrega se deberá realizar mediante el apoyo de Psicólogos debidamente acreditados, a efecto de asistir a la infante para el caso de que requiera apoyo emocional y con ello aminorar el impacto que pudiere ocasionarle la ejecución de la sentencia. Si bien se autorizó el uso de la fuerza pública, fue para el único efecto de que brinde protección a la ejecutora. En ese sentido, contrario a lo que señala la peticionaria del amparo, no se advierte transgresión a los numerales que cita, pues por el contrario la responsable, se encuentra actuando en cumplimiento a lo ordenado en una sentencia que ha causado ejecutoria, y en donde, se ordenó a la peticionaria del amparo que realizara la entrega de la menor que se encuentra bajo su resguardo en favor de su progenitor, esto es, la entrega de la niña de referencia, tiene el carácter de cosa juzgada y en el caso el juez responsable a través del proveído reclamado, únicamente, proveyó lo conducente para hacer cumplir esa determinación. Además, contrario a lo que se argumenta como motivos de disenso, no puede considerarse que se violenten los derechos humanos de la infante, pues adverso a ello, debe destacarse que su situación particular ya fue materia de estudio dentro del proceso original de donde derivan los actos de ejecución por esta vía reclamados, donde se privilegió salvaguardar sus derechos y se atendió al interés superior de la menor para poder arribar a la conclusión de que lo más benéfico para ella, es estar dentro del seno familiar de su progenitor. Sin que se pueda considerarse que el hecho de que se autorizara el apoyo de la fuerza pública para la entrega de la menor, la coloque en un estado de vulnerabilidad o bien, conculque algún derecho humano en su perjuicio, pues como se desprende de los argumentos vertidos en los párrafos que anteceden, la orden de entrega de la infante, tiene como sustento lo ordenado dentro la sentencia que dio fin al procedimiento de origen, y el proveído reclamado se efectuó con el fin de lograr el cumplimiento de ello, a más, que dicho apoyo policial tiene un carácter accesorio, pues la peticionaria del amparo está en posibilidad de realizar la entrega de la niña de manera pacífica sin que sea necesario se le obligue hacerlo -sin que se soslaye que tiene la oportunidad para realizarlo voluntariamente-. A mayor abundamiento, debe decirse que el artículo cuarto constitucional tutela los derechos de los miembros del núcleo familiar y en concordancia con la legislación civil adjetiva, regulan las controversias sobre guarda, custodia, violencia intrafamiliar y convivencias, respecto de los menores de edad, conforme a las cuales se justifica que los miembros del núcleo familiar, unidos por parentesco de consanguinidad, en que se desarrolla el infante, tengan el deber de cumplir las órdenes del juzgador en beneficio del interés superior del menor, toda vez que las referidas disposiciones se sustentan en el concepto de que los problemas inherentes a la familia se consideran de orden público, por constituir la base de la integración de la sociedad. Por ello, en materia familiar, los vínculos que se establecen entre sus miembros siempre resultan afectados, en mayor o menor medida, por las acciones que despliegan y generan controversias jurisdiccionales, dado que provienen del derecho natural de las personas unidas por consanguinidad; motivo por el cual, las leyes sustantivas y adjetivas otorgan a los juzgadores la facultad de tomar las providencias que estimen pertinentes para mantener las situaciones que beneficien a la familia, como cuando se trata de controversias sobre guarda y custodia de menores, cuyo concepto se explica por sí mismos. Apoya a lo anterior, la tesis I.5o.C.142 C, emitida por el Quinto tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, ubicable bajo el número de registro 162620, de la Novena Época, tomo XXXIII, marzo de 2011, página 2295, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "CONTROVERSIAS SOBRE GUARDA, CUSTODIA, VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y CONVIVENCIAS DE MENORES. LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR DEBEN ACATAR LAS ÓRDENES DEL JUZGADOR EN BENEFICIO DEL INTERÉS SUPERIOR DE AQUÉLLOS. El artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, párrafos segundo y cuarto al décimo, que tutela los derechos de los miembros del núcleo familiar; y en los artículos 138 Ter, 138 Quáter, 138 Quintus, 138 Sextus, 282, 283, 284, 293, 296, 323, 323 Ter, 323 Quáter y 323 Sextus del Código Civil y 940, 941, 942 y 954 del Código de Procedimientos Civiles, ambos para el Distrito Federal, se encuentran reguladas las controversias sobre guarda, custodia, violencia intrafamiliar y convivencias, respecto de los menores de edad, conforme a las cuales se justifica que los miembros del núcleo familiar, unidos por parentesco de consanguinidad, en que se desarrolla el infante, tengan el deber de comparecer a cumplir las órdenes del juzgador en beneficio del interés superior del menor, toda vez que las referidas disposiciones se sustentan en el concepto de que los problemas inherentes a la familia se consideran de orden público, por constituir la base de la integración de la sociedad. Por ello, en materia familiar, los vínculos que se establecen entre sus miembros siempre resultan afectados, en mayor o menor medida, por las acciones que despliegan y generan controversias jurisdiccionales, dado que provienen del derecho natural de las personas unidas por consanguinidad; motivo por el cual, las leyes sustantivas y adjetivas otorgan a los juzgadores la facultad de tomar las providencias que estimen pertinentes para mantener las situaciones que beneficien a la familia, como cuando se trata de controversias sobre guarda y custodia de menores, y violencia intrafamiliar, cuyo concepto se explica por sí mismo, dado que pueden causar afectación a todos los miembros de la familia, quienes, ante esta situación, deben recibir tratamientos especializados en beneficio del interés superior de los infantes, en el caso de que convivan con éstos, a fin de sanarlos del daño psicológico que pudieran padecer con motivo de las relaciones familiares." En tal sentido, la determinación reclamada no es violatoria del interés superior de la infante ni trasgrede derechos fundamentales de la promovente del amparo. En consecuencia, al resultar infundados los motivos de disentimiento, lo procedente es negar el amparo solicitado. Por lo expuesto y fundado se resuelve: ÚNICO. La justicia federal no ampara ni protege a **, en contra de la autoridad responsable y actos que se precisaron en el considerando segundo de este fallo, por los motivos expuestos en el considerando último de esta sentencia.
- Principal
Visto el oficio signado por la juez Civil y de Oralidad Familiar de Yuriria, Guanajuato, por medio del cual en cumplimiento al requerimiento formulado mediante auto de veinticuatro de agosto del presente año, informa que no se ha ejecutado la entrega de la menor de identidad reservada con iniciales S.M.M., a su progenitor ******(aquí tercero interesado), pese a que diversas ocasiones se ha constituido con la actuaría en el domicilio de ******* (aquí quejosa), sin que se encuentre en el domicilio la menor, para acreditar lo anterior, remite copias certificadas de las actuaciones de las diligencias practicadas dentro del juicio oral ordinario ****** de su índice. De lo anterior, se toma conocimiento y se da vista a las partes.
- Principal
Visto el estado de autos se advierte que el acto reclamado en esta instancia constituye la entrega de la menor de iniciales reservadas S.M.M., a su progenitor, en ejecución de sentencia. Luego, al rendir su informe justificado la autoridad responsable informó que a la fecha de rendición del informe (uno de junio de dos mil veintiuno) no había sido posible la ejecución del acto reclamado (la entrega de la menor) ya que la actuaria de su adscripción se había constituido en el domicilio respectivo sin que pudiera encontrarla. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 75, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, requiérase a la citada autoridad responsable juez Civil de Partido y de Oralidad Familiar en Yuriria, Guanajuato, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que reciba la comunicación que derive del presente proveído; informe si a esta data ya se llevó a cabo la entrega de la menor de iniciales reservadas S.M.M. o bien el estado procesal que guarda el expediente de origen. Con el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá una multa de cincuenta veces, conforme a la Unidad de Medida y Actualización diaria, prevista en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de lo dispuesto por los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo. Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional programada en esta fecha, y se fijan para su celebración las trece horas con veinte minutos del veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno.
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