Ana Bertha Tristán Moreno

Expediente 832/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 5 actuaciones registradas, la última del 15 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
832/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
15/01/2021

Partes del expediente

  • Ana Bertha Tristán Moreno

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que mediante diversos Acuerdos Generales, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal suspendió la totalidad de las labores en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte. Asimismo, que en el Acuerdo General 21/2020, dicho órgano colegiado reactivó en su totalidad el funcionamiento de los citados órganos. Posteriormente, se emitió la circular CAP/3/2020 de veinte de diciembre de dos mil veinte, se estableció que los órganos jurisdiccionales regresarán al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, dentro del período del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno. Instrumento de observancia general el relatado en el párrafo anterior que indica que una vez transcurrido el plazo previsto en el punto 2, se reanudarán los plazos y términos procesales, conforme a las condiciones previstas en los artículos 2 y 32 del AG 21/2020 -reactivación-. Continuación que para la presente Entidad Federativa -San Luis Potosí- no se contempló como excluida acorde a lo dispuesto por la Circular SECNO/1/2021, emitida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos en ocho de enero de dos mil veintiuno. Derivado de la reactivación antes mencionada, es momento de continuar con el trámite en este asunto; lo que se había reservado, pues la materia del mismo no es de los asuntos urgentes previstos en los diversos Acuerdos Generales que se refirieron en la indicada certificación. Regularización del procedimiento. Con apoyo en el artículo 367 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2, se regulariza el procedimiento en este asunto y se levanta la suspensión de plazos y términos para continuarse con la tramitación del presente expediente. Comuníquese esta decisión a las partes. A pesar de lo decretado en el auto en que se admitió la demanda de amparo, también transmítase por oficio a las autoridades responsables. Túrnense los autos al Actuario, para que comunique esta determinación; en caso de existir algún impedimento, deberá realizar las actuaciones necesarias para lograrlo en el momento en que éste cese, debiendo asentar la razón que así lo justifique. Así mismo, hágasele saber a dicho funcionario que las diligencias que deba practicar, deberá desahogarlas en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para asegurar la integridad de su salud y de las personas justiciables. Causa estado auto de sobreseimiento fuera de audiencia constitucional. Vista la certificación que antecede se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el auto de treinta de noviembre de dos mil veinte, dictado en este juicio de amparo, por el que se sobreseyó fuera de audiencia el mismo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno respectivo. Archivo. No hay promociones pendientes por acordar ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, con fundamento en lo dispuesto por el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes Generados en los Juzgados de Distrito, se determina archivar el mismo como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente.

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede se advierte que transcurrió el plazo de tres días concedido a la parte tercera interesada KEIHIN de México, sociedad anónima de capital variable, mediante proveído de diez de noviembre del presente año, a efecto de que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, sin que a la fecha lo haya hecho; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en dicho auto, y con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la ley de Amparo, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se le harán por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado Federal. Razón actuarial. Asimismo, glósese la razón actuarial de cuenta signada por el Actuario Judicial adscrito a este juzgado en la cual manifiesta su imposibilidad de notificar a la parte tercera interesada KEIHIN de México, sociedad anónima de capital variable, por las razones expuestas en la misma; en tal virtud, en términos del párrafo que antecede, túrnense los presentes autos al Actuario Judicial adscrito, para que proceda a notificar dicha determinación por medio de lista -que se fije en los estrados de este Juzgado. Y DICHA DETERMINACIÓN EN LO CONDUCENTE DICE: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese el informe justificado que rinde el Presidente de la Junta Especial Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, en el que manifiesta que es falso el acto reclamado. De la copia certificada del proveído de veintiséis de noviembre del año en curso, que la responsable remitió como justificación de sus actos, se advierte que dejó sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas en el juicio laboral 1043/2019 y, en su lugar, fijó las doce horas del diez de diciembre de dos mil veinte para que tenga verificativo. Causal de improcedencia. Al respecto se estima ha sobrevenido la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, la cual constituye una cuestión de orden público y estudio preferente, de conformidad con lo establecido en el numeral 62 del ordenamiento legal en cita. El numeral 61, fracción XIX, de la ley de la materia, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". De conformidad con la disposición legal antes transcrita, el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos del acto reclamado, hipótesis definida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J 9/98, como aquella que se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Caso concreto. Acorde con tal premisa, se estima que el acto reclamado de la Junta Especial Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, respecto de no señalar fecha para la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas dentro del término previsto en la Ley Federal del Trabajo, cesó en sus efectos de manera total que permite considerar como desaparecida la violación al principio de justicia pronta contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, de la constancia que remitió la responsable se advierte que emitió un acuerdo en el que señaló como nueva fecha para la referida audiencia el diez de diciembre de dos mil veinte. Con base en la justipreciación de las indicadas constancias es posible concluir que el acuerdo de veintiocho de octubre de dos mil veinte, en el que no se respetó el término para señalar fecha para la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas de la que se queja la parte quejosa, cesó en sus consecuencias al haberse emitido nuevo auto el veintiséis de noviembre del año en curso, en el que se fijaron las doce horas del diez de diciembre de dos mil veinte para la citada audiencia. De ahí que las cosas se restituyeron al estado que guardaban antes de la violación como si se hubiera concedido la protección federal solicitada acorde con el artículo 77 de la Ley de Amparo. Por tal motivo, como se adelantó, no es factible emprender estudio sobre constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, dado que éste cesó en sus consecuencias y, por ende, se actualiza la causa de improcedencia antes invocada. Es aplicable a la anterior consideración la jurisprudencia 2ª./J. 59/99, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Así como, por las razones jurídicas que la integran, la tesis aislada I.2o.P.4 K (10a.), del texto: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. SE ACTUALIZA ESTA CAUSAL CUANDO LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA SUSTITUYE PROCESALMENTE A LA DICTADA EN PRIMERA. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, prevé la improcedencia del juicio por cesación de efectos. Esta causal se actualiza en dos supuestos; por revocación, cuando la propia autoridad destruye en forma total, incondicional y material los efectos del acto; y, por sustitución procesal, cuando los efectos del acto cesan, con motivo de que sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, cuya firmeza se da por el posterior acto. Por tal motivo, debe sobreseerse en el juicio de amparo, por actualizarse la segunda de las hipótesis de improcedencia por cesación de efectos, respecto de la resolución dictada por una autoridad de primera instancia, cuando ésta se combate a través de algún medio de impugnación, cuyo sistema recursivo permita pronunciarse sobre el tema a debate, con base en la misma legislación en que se sustentó el fallo cuestionado. Esto es así, porque la resolución de segunda instancia incide y sustituye procesalmente los efectos generados por la dictada en primera instancia". Sobreseimiento fuera de audiencia. Así las cosas, al actualizarse la causa de improcedencia indicada, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, y a fin de no retardar la impartición de justicia, se sobresee el presente juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional.

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese el informe justificado que rinde el Presidente de la Junta Especial Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, en el que manifiesta que es falso el acto reclamado. De la copia certificada del proveído de veintiséis de noviembre del año en curso, que la responsable remitió como justificación de sus actos, se advierte que dejó sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas en el juicio laboral 1043/2019 y, en su lugar, fijó las doce horas del diez de diciembre de dos mil veinte para que tenga verificativo. Causal de improcedencia. Al respecto se estima ha sobrevenido la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, la cual constituye una cuestión de orden público y estudio preferente, de conformidad con lo establecido en el numeral 62 del ordenamiento legal en cita. El numeral 61, fracción XIX, de la ley de la materia, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". De conformidad con la disposición legal antes transcrita, el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos del acto reclamado, hipótesis definida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J 9/98, como aquella que se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Caso concreto. Acorde con tal premisa, se estima que el acto reclamado de la Junta Especial Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, respecto de no señalar fecha para la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas dentro del término previsto en la Ley Federal del Trabajo, cesó en sus efectos de manera total que permite considerar como desaparecida la violación al principio de justicia pronta contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, de la constancia que remitió la responsable se advierte que emitió un acuerdo en el que señaló como nueva fecha para la referida audiencia el diez de diciembre de dos mil veinte. Con base en la justipreciación de las indicadas constancias es posible concluir que el acuerdo de veintiocho de octubre de dos mil veinte, en el que no se respetó el término para señalar fecha para la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas de la que se queja la parte quejosa, cesó en sus consecuencias al haberse emitido nuevo auto el veintiséis de noviembre del año en curso, en el que se fijaron las doce horas del diez de diciembre de dos mil veinte para la citada audiencia. De ahí que las cosas se restituyeron al estado que guardaban antes de la violación como si se hubiera concedido la protección federal solicitada acorde con el artículo 77 de la Ley de Amparo. Por tal motivo, como se adelantó, no es factible emprender estudio sobre constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, dado que éste cesó en sus consecuencias y, por ende, se actualiza la causa de improcedencia antes invocada. Es aplicable a la anterior consideración la jurisprudencia 2ª./J. 59/99, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Así como, por las razones jurídicas que la integran, la tesis aislada I.2o.P.4 K (10a.), del texto: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. SE ACTUALIZA ESTA CAUSAL CUANDO LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA SUSTITUYE PROCESALMENTE A LA DICTADA EN PRIMERA. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, prevé la improcedencia del juicio por cesación de efectos. Esta causal se actualiza en dos supuestos; por revocación, cuando la propia autoridad destruye en forma total, incondicional y material los efectos del acto; y, por sustitución procesal, cuando los efectos del acto cesan, con motivo de que sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, cuya firmeza se da por el posterior acto. Por tal motivo, debe sobreseerse en el juicio de amparo, por actualizarse la segunda de las hipótesis de improcedencia por cesación de efectos, respecto de la resolución dictada por una autoridad de primera instancia, cuando ésta se combate a través de algún medio de impugnación, cuyo sistema recursivo permita pronunciarse sobre el tema a debate, con base en la misma legislación en que se sustentó el fallo cuestionado. Esto es así, porque la resolución de segunda instancia incide y sustituye procesalmente los efectos generados por la dictada en primera instancia". Sobreseimiento fuera de audiencia. Así las cosas, al actualizarse la causa de improcedencia indicada, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 63, fracción V, de la Ley de Amparo, y a fin de no retardar la impartición de justicia, se sobresee el presente juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA AL ASESOR JURIDICO DEL MENOR DE EDAD LOS PROVEIDOS DE 22 DE OCTUBRE Y 3 DE NOVIEMBRE DE 2020 QUE EN LO CONDUCENTE DICEN: "Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierte que al rendir su informe justificado, *******, agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales en esta ciudad, comunicó que dentro de la carpeta de investigación CDI/FGE/D01/22306/20, a las nueve horas con veinte minutos del veinticinco de agosto de dos mil veinte, el menor con iniciales S.A.A.G. fue presentado por su padre ante dicha Fiscalía Especializada, a fin de ser valorado por el área médica y psicológica, y que en esa misma fecha la Representación Social determinó la restitución del menor a su madre. Precisión del acto reclamado. Ahora, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consisten los actos reclamados, atendiendo a la integridad de la demanda, en los casos, como en el presente, en que tal proceder resulta necesario para una mejor impartición de justicia. En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda de amparo de mérito, se colige, que la parte quejosa reclama por esta vía constitucional la falta de cumplimiento, inacción, abstención y omisión de las autoridades responsables, en emitir las medidas cautelares necesarias y eficaces para la protección del menor de edad con iniciales S.A.A.G., tendientes a localizarlo y restituirlo con la promovente, dentro de la carpeta de investigación CDI/FGE/D01/22306/20, así como sus consecuencias legales. Calificación e hipótesis. De lo anterior se advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dice: Marco normativo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" Interpretación del marco normativo. En torno a dicha causa de improcedencia, se precisa que los efectos de un acto no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye de forma total e incondicional todos los efectos del acto que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho violado. Caso concreto. Del escrito inicial de demanda y demás constancias que obran en autos, se advierte que: En doce de agosto de dos mil veinte, la quejosa Alondra del Carmen García López presentó formal denuncia ante la agente del Ministerio Público Martha Josefina Gómez Jalomo, adscrita a la Unidad de Atención a la Mujer de la Subprocuraduría de Delitos Sexuales, contra la Familia y Derechos Humanos, debido a la sustracción de su hijo menor de edad con iniciales S.A.A.G. por parte de su padre y aquí tercero interesado Tomás Aldair Almanza Moreno; denuncia que se registró bajo la carpeta de investigación CDI/FGE/D01/22306/20. A la fecha en que se presentó la demanda -diecisiete de agosto de dos mil veinte-, las autoridades responsables no habían localizado el referido menor de edad ni lo habían restituido a su madre. Al rendir su informe justificado, Martha Josefina Gómez Jalomo, agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales en esta ciudad, comunicó que dentro de la carpeta de investigación CDI/FGE/D01/22306/20, a las nueve horas con veinte minutos del veinticinco de agosto de dos mil veinte, el menor con iniciales S.A.A.G. fue presentado por su padre ante dicha Fiscalía Especializada, a fin de ser valorado por el área médica y psicológica, y que en esa misma fecha la Representación Social determinó la restitución del menor a su madre Alondra del Carmen García López. Además, la quejosa Alondra del Carmen García López decidió separarse de su esposo Tomás Aldair Almanza Moreno, por lo que promovió el juicio de controversia familiar 869/2020 ante el Juzgado Segundo del Ramo Familiar en esta ciudad. En este orden de ideas, se aprecia que el acto de omisión de que se duele la parte quejosa y que constituye la materia de violación a sus derechos humanos fue subsanado; pues al restituirse el menor de edad con iniciales S.A.A.G. a su madre Alondra del Carmen García López, cesó la omisión reclamada. Con la realización de esas acciones se deriva una situación jurídica que destruye definitivamente la que dio motivo al amparo, toda vez que se restituyó a la parte quejosa en el goce de sus derechos violados. Lo anterior evidencia que el acto y sus consecuencias jurídicas ya no agravian a la quejosa, pues al restituir el menor de edad con iniciales S.A.A.G. a su madre Alondra del Carmen García López motiva como consecuencia necesaria que ya no produzca efectos jurídicos, restableciéndose las cosas al estado que tenían antes de la violación constitucional alegada. Agrega ocurso. Situación que se corrobora con el escrito de cuenta que vía electrónica remite Jorge Oswaldo Ibarra Noyola, autorizado de la parte quejosa, mediante el cual informa que el Juez Segundo Familiar en esta ciudad dictó un acuerdo el dieciséis de octubre del año en curso, dentro del juicio de controversia familiar 869/2020 de su índice, en el que decretó la guarda y custodia provisional del menor con iniciales S.A.A.G. a favor de su progenitora, aquí quejosa, Alondra del Carmen García López, tomando en cuenta la Diligencia Especial de Menor de treinta y uno de agosto de dos mil veinte, en la que inclusive, se verificó que el citado infante se encuentra viviendo con su madre y que existe un apego a ella. Decisión. Consecuentemente, al actualizarse el motivo de improcedencia indicado, de conformidad con lo establecido en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, se sobresee en este juicio. Cabe precisar que cuando sobreviene de modo manifiesto e indudable un motivo de improcedencia, es factible sobreseer fuera de audiencia, como se advierte en la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la Contradicción de tesis 26/2002-PL, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Tercer Circuito. Sin efecto audiencia constitucional. Por las consideraciones antes precisadas, hágase del conocimiento de las partes que se deja sin efecto la audiencia constitucional programada para las once horas con cincuenta minutos del veintiséis de octubre de dos mil veinte. Notifíquese personalmente." Y "Glósese el escrito que vía electrónica remite el asesor jurídico *******, a quien se le designó como representante especial del menor de edad con iniciales S.A.A.G.; en atención a su contenido se provee: Acepta cargo. Visto el escrito de que se trata se advierte la voluntad de ******* de aceptar el cargo conferido como representante especial del menor de edad con iniciales S.A.A.G.; en tal virtud, se le tiene por aceptado el cargo otorgado en este juicio para representar al menor antes citado. Domicilio y autorizados. Téngase al mencionado representante por señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y como autorizados para tales efectos en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a *******, quienes tienen registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito que entró en vigor por Acuerdo General 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio del dos mil cinco; así como en términos restringidos del citado artículo a las restantes personas que indica, por así solicitarlo expresamente. Consulta expediente electrónico. Respecto a su solicitud de que se abra el expediente electrónico y se le autorice para su consulta, dígasele que deberá estarse a lo acordado en el proveído de veintiocho de octubre de dos mil veinte. Sin embargo, se le autoriza para recibir comunicaciones por medio de dicho expediente electrónico. Señala correo electrónico y números telefónicos. Asimismo, el promovente proporciona una cuenta de correo electrónico y diversos números de teléfono, con el propósito de que el personal de actuaría establezca contacto con los interesados para generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicárseles resulten fehacientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes. Estado de constancias. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que el veintiocho de octubre de dos mil veinte, se reservó acordar lo relativo a la razón actuarial asentada por la actuaria judicial adscrita, hasta que obrara la aceptación de cargo del asesor jurídico ******, como representante especial del menor de edad con iniciales S.A.A.G.; como dicha circunstancia ya aconteció, es momento de hacer el pronunciamiento relativo. Notificación. Túrnense los presentes autos al actuario judicial adscrito, a fin de que notifique personalmente al citado representante ******, el contenido íntegro del presente auto, así como del diverso de veintidós de octubre del presente año, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese; y personalmente a *******, representante especial del menor de edad con iniciales S.A.A.G."

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