Ana Bertha Rosales Salvatierra

Expediente 591/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 1 actuación registrada, la última del 13 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
591/2020
Año
2020
Actuaciones
1
Última actuación
13/11/2020

Partes del expediente

  • Ana Bertha Rosales Salvatierra

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo del que se advierte que en sentencia emitida el dos de abril de dos mil catorce, se concedió a J. Felix Hernández Romero y Junior Gutiérrez Pelayo el amparo y protección de la Justicia Federal, para que el Director de Tránsito Municipal y la Jefa de Recursos Humanos y Nóminas, ambos de Bahía de Banderas, Nayarit: Iniciara el procedimiento administrativo previsto en la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, en sus artículos 78 y 81, agotando el derecho de audiencia en toda su amplitud. Realizara el pago de los haberes causados (no pagados) desde el cese o baja definitiva de los quejosos en el cargo de agentes oficiales de la Dirección de Tránsito Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit, decretado mediante oficios DTM/159/13/08/2013 y DTM/158/13/08/2013 de quince y trece de agosto de dos mil trece respectivamente, signados por la Subdirectora Administrativa de Tránsito Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit, hasta la fecha de su reclamación. Continuara pagando y otorgando todas las prestaciones a los quejosos. Ordenara el pago de las demás prestaciones que otorga la ley, solo si al resolverse los procedimientos administrativos se decretaba la remoción de los quejosos. Asimismo, se precisó que el amparo no se concedía para que los quejosos fueran reinstalados en el puesto que venían desempeñando antes de su destitución, ni para que se les pagaran salarios vencidos. La sentencia de amparo en mención fue confirmada mediante ejecutoria de veintiuno de agosto de dos mil catorce emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito al resolver el recurso de revisión 175/2014; por lo que en auto de dos de septiembre de dos mil catorce se requirió a las autoridades responsables el cumplimiento al fallo protector. Mediante escrito presentado el diecisiete de julio de dos mil quince las autoridades responsables exhibieron el convenio celebrado entre las partes a efecto de dar cumplimiento a la sentencia de amparo en el que pactaron que el Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas pagaría a cada uno de los quejosos la cantidad de $256,242.76 doscientos cincuenta y seis mil doscientos cuarenta y dos pesos 76/100 moneda nacional) actualizada al ocho de mayo de dos mil quince; cantidad que pagaría mediante dos cheques: el primero por la cantidad de $156,242.76 (ciento cincuenta y seis mil doscientos cuarenta y dos pesos 76/100 moneda nacional) que entregaría el cuatro de junio de dos milo quince; y el segundo, por la cantidad de $100,000.00 (cien mil pesos 00/100 moneda nacional el once del mismo mes y año. Asimismo, señaló la necesidad de que los quejosos manifestaran su conformidad con las cantidades que les fueron ofertadas. Ahora bien, en relación a iniciar procedimiento administrativo, las autoridades responsables fueron omisos en manifestar cumplimiento alguno no obstante los múltiples requerimientos y apercibimientos formulados. Por otra parte, en escrito presentado el nueve de febrero de dos mil diecinueve, los quejosos Felix Hernández Romero y Junior Gutiérrez Pelayo promovieron incidente de cuantificación de prestaciones, el que se declaró infundado en resolución interlocutoria de dieciséis de abril de dos mil dieciocho. Sin embargo, en contra de la resolución interlocutoria referida, los peticionarios de amparo interpusieron recurso de queja, del que conoció el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito que lo resolvió mediante sentencia de trece de junio de dos mil diecinueve emitida en la queja administrativa 411/2018 declarándolo fundado, para los efectos siguientes: En razón de lo anterior, lo procedente es declarar fundado el recurso, para que el juez de Distrito deje insubsistente la sentencia interlocutoria recurrida con el objeto de que eventualmente emita una nueva resolución en la que determine el monto a pagar a los quejosos a partir de la fecha en que ocurrió la baja hasta en tanto se inicie el procedimiento administrativo previsto en la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, en sus artículos 78 y 81; todo ello, una vez que se haya respetado el derecho de audiencia de las partes, debiéndose tomar en cuenta, además, las cantidades recibidas por los quejosos con motivo del convenio celebrado con las autoridades responsables, para lo cual, incluso deberá allegarse del material probatorio necesario para estar en posibilidad de emitir una resolución fundada y motivada, en la que se cuantifiquen las percepciones reales que dejaron de percibir los quejosos y que en derecho le correspondan conforme con los términos y para los efectos ordenados en la ejecutoria de amparo. Por lo anterior, reiteradamente se ha requerido a las autoridades señaladas como responsables informaran si iniciaron procedimiento administrativo a los quejosos, lo cual se han abstenido de hacer no obstante los múltiples requerimientos formulados en tal sentido y las multas que les fueron impuestas, habiéndose realizado el último requerimiento en auto de ocho de septiembre de dos mil veinte. Luego, agréguese a sus autos el oficio de cuenta, enviado por el Jefe de Contencioso del Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, en representación de las autoridades responsables del referido Ayuntamiento, por medio del cual manifiesta la imposibilidad para dar cumplimiento al fallo protector en razón de que las autoridades señaladas como responsables por el quejoso Dirección de Tránsito Municipal y Jefatura de Recursos Humanos y Nóminas, ambos del Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, no existen conforme al reglamento de la Administración Pública para el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nayarit el quince de diciembre de dos mil diecisiete. Del mismo modo, indica que no existen autoridades vinculadas para realizar el procedimiento administrativo previsto en la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, en sus artículos 78 y 81. En ese contexto, con fundamento en el dispositivo 192, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase al Presidente Municipal de Bahía de Banderas, Nayarit, en su carácter de superior jerárquico, para que dentro del plazo de tres días, informe a este órgano jurisdiccional qué autoridades sustituyen a la Dirección de Tránsito Municipal y Jefatura de Recursos Humanos y Nóminas, ambos del Ayuntamiento Constitucional de Bahía de Banderas, Nayarit, señaladas como responsables para efecto del debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo; asimismo, para que gire las instrucciones necesarias a efecto de que se inicie el procedimiento administrativo previsto en la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, en sus artículos 78 y 81, para estar en aptitud de resolver el incidente de liquidación de sentencia, en virtud de lo resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en la ciudad, en el recurso de queja 411/2018, en la cual determinó que para el dictado de la nueva resolución incidental en la que se determine el monto a pagar a los quejosos, será a partir de la fecha en que ocurrió su baja hasta en tanto se inicie el procedimiento administrativo de referencia. Apercibido que de no hacerlo, sin causa justificada, con fundamento en lo dispuesto en el citado 192, en relación con el numeral 258 de la Ley de Amparo en vigor, se hará acreedor a una multa de cien Unidades de Medida de Actualización que determine el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en términos del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con independencia de que se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Por otra parte, téngasele como delegados en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, a las personas que señala en el oficio de cuenta. Del mismo modo, en atención a lo que solicita, en el sentido de que se le autorice la consulta vía electrónica del juicio de amparo en que se actúa, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza su firma electrónica con el nombre de usuario "emoises", para la consulta del expediente en esa vía. De igual manera, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 30 y 31 de la Ley de Amparo, se autoriza a los actuarios judiciales de la adscripción, a efecto de que durante la tramitación del presente sumario, le realicen las notificaciones correspondientes vía electrónica, sujetándose a las reglas y términos establecidos en los aludidos preceptos legales, para que surtan los efectos legales procedentes. Sin que haya lugar a tenerle el correo electrónico que indica para oír y recibir notificaciones en el presente juicio, toda vez que en líneas que anteceden se le tuvo el nombre de usuario "emoises", para la consulta del expediente en esa vía para que los actuarios judiciales de la adscripción le realicen las notificaciones correspondientes vía electrónica; no obstante, téngasele proporcionando dicho correo electrónico para establecer el contacto respectivo en los casos que se estimen necesarios. NOTIFÍQUESE.

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