Ana Bertha Muñoz Morales
Expediente 350/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 350/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 26/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Ana Bertha Muñoz Morales
Actuaciones
- Principal
CERTIFICACIÓN DE ACUSE.
- Principal
De la certificación que antecede se advierte que la parte quejosa no recurrió dentro del plazo legal el auto en que se desechó su demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 97 y 98 de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, archívese el asunto como definitivamente concluido. Con fundamento en lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, que establece los lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, expedido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, además de que no se considera de relevancia documental el presente asunto; consecuentemente este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN. Finalmente, se estima innecesario conservar las constancias que remitió como sustento de su informe la autoridad responsable; en consecuencia, devuélvase dichas constancias, en un tomo, solicitando atentamente acusar recibo de su recepción.
- Principal
En términos del artículo 27, fracción I, inciso c), en relación con el diverso numeral 29 de la Ley de Amparo; se notifica a la parte quejosa el proveído de diecisiete de mayo de dos mil diecinueve que en resumen dice: "Con fundamento en los artículos 103 y 107 constitucionales 1, 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107 fracción VI, y con el 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda promovida por ********, contra actos del Juez Único Menor Mixto de la ciudad de San Francisco del Rincón, Guanajuato. En el caso, se verifica de manera manifiesta e indudable la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción VI, ambos de la Ley de Amparo, esto es, que a la parte quejosa no le asiste el carácter de tercero extraño al procedimiento de remate. Ahora, conviene tener en cuenta algunas premisas en torno a la figura del tercero extraño a juicio, para efectos del amparo. El artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consagra la garantía de audiencia que implica el derecho de todo gobernado para que, previo a cualquier acto de autoridad que pudiera tener por objeto privarlo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o de derechos, se le debe dar oportunidad razonable de defenderse en juicio. Las formalidades esenciales del procedimiento constituyen las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en todo proceso, sea jurisdiccional o administrativo, a fin de garantizar la adecuada defensa del gobernado, previamente al acto privativo de sus derechos fundamentales. La primera y más importante de esas formalidades esenciales del procedimiento y, además, requisito indispensable para que puedan desarrollar las demás, es la notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias. En el proceso jurisdiccional esa primera formalidad se denomina generalmente emplazamiento. La importancia y trascendencia del emplazamiento han sido reiteradamente reconocidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señalando que su falta o defectuosa práctica, constituyen la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, puesto que da origen a la omisión de las demás formalidades esenciales del juicio. Precisamente por la importancia y trascendencia que tiene el emplazamiento es que, por un lado, las leyes procesales lo regulan detalladamente estableciendo las formalidades de que debe estar investido y, por otro, la falta de apego a esas formalidades trae como consecuencia su nulidad. En este marco se inscribe la institución de lo que la jurisprudencia se ha encargado de denominar tercero extraño a juicio por equiparación, que se identifica con la persona que, al ser parte en una contienda o controversia, no fue llamada a ella o bien, habiéndolo sido, el llamado resultó defectuoso, de modo que el gobernado queda en estado de indefensión al respecto por encontrarse impedido para desarrollar adecuadamente la defensa de sus intereses, cuestión que, como tema fundamental, alega en el juicio de amparo. En la misma línea se encuentra el tercero extraño stricto sensu, pero a diferencia del anterior, éste es ajeno a cualquiera de las partes procesales involucradas en la controversia o juicio, y no obstante, no fue notificada del auto que ordenó el remate del inmueble de su propiedad, por tanto no tenía conocimiento de la orden de remate de dicho bien. En ese supuesto, el perfecto tercero extraño en comento acude al amparo con la finalidad de que se respeten sus derechos que no tienen por qué verse afectados en una contienda en la que, como se refirió, no es parte. Precisado lo anterior, se toma en cuenta que en el caso la quejosa acude al amparo ostentándose como tercero extraño a juicio por equiparación pues aduce que es parte en el juicio de origen y, no obstante, no fue emplazada al procedimiento natural, por tanto no tenía conocimiento de la orden de remate del bien inmueble de su propiedad. Ahora, del escrito presentado por la promovente se enuncian los siguientes antecedentes: La quejosa fue demandada, vía ejecutiva mercantil sobre pago de pesos, radicándose el juicio ante el Juzgado Único Menor Mixto de la ciudad de San Francisco del Rincón, Guanajuato; bajo el número de expediente 2021/2016M. La promovente no contestó la demanda ya que, según, no recibió documento relacionado con el juicio en mención. Dentro del juicio de origen se dictó sentencia condenatoria en contra de la parte quejosa, donde se le condenó al pargo de la cantidad de $8,550.00 (ocho mil quinientos cincuenta pesos 00/100 moneda nacional)". El quince marzo de dos mil diecinueve se señalaron las diez horas del veintidós de abril de dos mil diecinueve para que tuviera verificativo el remate de ese bien. El día y hora indicados para la venta judicial no se verificó porque no se contaba con los edictos correspondientes. A la fecha de presentación de la demanda de amparo todavía no se señala fecha para la venta judicial del bien. Bien, conforme con los antecedentes narrados, se estima pertinente hacer la siguiente precisión: En relación con el remate, resulta que no puede concebírsele como tercera extraña equiparada a la quejosa, dado que está en condición de apersonarse al procedimiento de remate a liberar el bien que, dice, es de su propiedad; dado que todavía no se celebra esa venta judicial, incluso, no existe fecha para ello. Particularidades que conducen al desechamiento anunciado. Cierto, de los antecedes que se ha dado noticia se advierte que la parte quejosa, al enterarse de la tramitación del procedimiento de remate, está en condiciones de apersonarse a la audiencia respectiva a defender los derechos de propiedad que, según, tiene sobre el inmueble materia de la venta judicial. Se reitera, todavía la responsable no señala fecha y hora de remate. Ahora, la peticionaria fue avisada de la celebración de la subasta judicial el nueve de abril de dos mil diecinueve, a través de un tercero, tal y como se puede apreciar de la transcripción de su demanda que dice: "El día 09 de abril del presente año 2019 dos mil diecinueve, por medio de una persona de nombre ALFREDO GUTIERREZ, persona que es amigo de mi esposo y que fue esta quien me dijo que había visto en el periódico local que mi casa se estaba anunciando para venta en un remate en el Juzgado Menor de la ciudad de San Francisco del Rincón, Guanajuato.." (foja 6) Actuación que se considera suficiente para que la parte quejosa tuviera conocimiento de la almoneda en la que iba a participar el bien del que dice ser dueña; tan es así que con motivo de dicha notificación promovió el juicio de amparo de que se trata para efecto de que no se llevara a cabo la mencionada actuación. Ha sido criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que no puede tenerse con el carácter de tercero extraño a quien promueve el juicio de garantías por el simple hecho de ostentarse con tal carácter y reclamar la falta de emplazamiento o llamamiento a juicio, si de autos se desprende que la quejosa tuvo conocimiento de esa infracción antes de que se llevara a cabo la diligencia de remate. Aplicado el mismo criterio de manera analógica al procedimiento de remate, se advierte que la peticionaria promovió el juicio de amparo indirecto ostentándose como tercera extraña a él donde reclamó el no haber sido llamada al mismo, en su carácter de propietaria del bien inmueble objeto de subasta judicial. Empero, de las constancias se advierte que el solicitante tuvo conocimiento de la audiencia de remate a celebrarse el veintidós de abril de dos mil diecinueve desde el pasado nueve de abril, esto es, antes de que se llevara a cabo dicha diligencia; sin embargo, llegada esa fecha no se verificó el remate (foja 212 de tomo de prueba I). Del tomo de pruebas que remitió la responsable se advierte que el veintidós de abril de dos mil diecinueve certificó la imposibilidad para llevar a cabo dicho remate y, ya no señaló diversa fecha, incluso, así lo manifestó en el informe que rindió (foja 10). Lo que trae como consecuencia que a la quejosa no pueda considerársele como tercera extraña por equiparación al proceso de subasta ya que está en condición de interponer los recursos ordinarios o medios de defensa que la legislación procesal común establece en contra del acto reclamado, y en su caso, alegar tales violaciones que se cometieran durante esa fase del procedimiento al interponer el recurso correspondiente, lo que trae como consecuencia la improcedencia del juicio de amparo. Luego, al no tener el carácter de tercera extraña al procedimiento de remate, la peticionaria debe sujetarse a las reglas de procedencia del juicio de amparo en la vía indirecta, esto es, que el amparo, tratándose de remates, sólo podrá promoverse contra la última resolución que es aquélla que ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y/o la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso podrá hacer valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento. Sirve de orientación, en su parte conducente la tesis I.11o.C.190 C del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, octubre de 2007, página 3338 del contenido que dice: "TERCERO EXTRAÑO. NO TIENE ESE CARÁCTER QUIEN HABIENDO SIDO LLAMADA AL PROCEDIMIENTO DE REMATE COMO ACREEDORA PROMUEVE EL JUICIO DE GARANTÍAS CONTRA ACTOS DICTADOS DURANTE ESA ETAPA, SI AÚN NO SE EMITE LA SENTENCIA CORRESPONDIENTE QUE LO APRUEBE O DESAPRUEBE. Ha sido criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no puede tenerse con el carácter de tercero extraño a quien promueve el juicio de garantías por el simple hecho de ostentarse como tercero extraño y reclamar la falta de emplazamiento o llamamiento a juicio, si de autos se desprende que el quejoso tuvo conocimiento de esa infracción antes de que se dictara sentencia en el juicio seguido en su contra o de que ésta causó ejecutoria, ya que en esas condiciones, como parte en el juicio puede impugnar la indicada violación procesal a través del incidente de nulidad de actuaciones, que puede hacerse valer antes de que se dicte la sentencia de primer grado, o en su defecto, de alegarla a través de los agravios que exprese en el recurso de apelación que interponga en contra de dicho fallo. Ahora bien, aplicando ese mismo criterio de manera analógica, si la persona que promueve el juicio de amparo indirecto ostentándose como tercera extraña al procedimiento de remate, reclama no haber sido llamada al mismo en su carácter de acreedora del bien inmueble objeto de remate, así como también reclama diversos proveídos emitidos en esa fase del procedimiento y, sin embargo, de las constancias relativas se advierte que tuvo conocimiento de las transgresiones que reclama antes de que se llevara a cabo la audiencia de remate y por vía de consecuencia, antes de que sea emitida la sentencia respectiva que lo apruebe o desapruebe, aunado a que en el juicio de origen se le reconoció el carácter de acreedora del bien objeto del remate; ello trae como consecuencia que no pueda considerársele como tercera extraña al juicio, al estar en plena posibilidad de interponer los recursos ordinarios o medios de defensa que la legislación procesal común establece en contra de los actos reclamados, y en su caso, alegar tales violaciones que se den durante esa fase del procedimiento, al interponer el recurso de apelación en contra de la sentencia de remate que llegue a emitirse, en términos de lo dispuesto en el tercer párrafo de la fracción III, del artículo 114 de la Ley de Amparo, ya que al no tener el carácter de tercera extraña al procedimiento de remate, la misma debe sujetarse a las reglas de procedencia del juicio de amparo indirecto, esto es, que el amparo que se pida ante el Juez de Distrito, tratándose de remates, sólo podrá promoverse contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben." Se invoca como apoyo tal criterio no obstante que se refiera a la Ley de Amparo abrogada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de abril de dos mil trece; sin embargo, se estima que la sustancia de la norma ahí examinada coincide con la vigente, de donde es permisible su aplicación conforme con lo previsto por el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor. La anterior determinación resulta aplicable en los diversos criterios que más adelante se citan. Así como, la diversa tesis del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII, abril de 1991, página 273, que dice: "TERCERO EXTRAÑO, OPORTUNIDAD PARA PROMOVER EL AMPARO CONTRA EL PROCEDIMIENTO DE REMATE. Cuando el quejoso se ostenta tercero extraño, pero no reclama a la falta de emplazamiento ni la sentencia condenatoria; sino que relata haber comparecido ante la responsable, con la intención de oponerse al procedimiento de ejecución e impedir que se remate la totalidad del bien, argumentando haber adquirido con anticipación parte de los derechos de propiedad del ejecutado, y la responsable da curso a la oposición al procedimiento de remate, debe considerarse que se ha integrado a dicha relación procesal, razón por la cual está obligado a impugnar, en su oportunidad, la resolución que apruebe el remate, y en caso de que el recurso sea resuelto en forma adversa a sus intereses, hasta entonces será procedente promover la demanda de garantías, acorde con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo." Por tanto, se materializa la causal de improcedencia de referencia, por lo que con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, y se desecha la demanda de amparo.
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