Ana Bertha Molina Córdova
Expediente 1556/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1556/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 09/12/2019
Partes del expediente
- Ana Bertha Molina Córdova
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; nueve de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. notifiquese
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintidós de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días que prevé el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa manifestara su inconformidad contra el proveído de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve (fojas 85 a 87), que declaró cumplido el fallo protector; en consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo, toda vez que no se inconformó. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); ARCHÍVESE el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: DEPURAR EXPEDIENTE PRINCIPAL 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio que concedió el amparo; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. De los autos del presente expediente no se advierte que existan documentos originales en los términos que señala el párrafo tercero del punto décimo primero del referido acuerdo. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no tiene especial transcendencia jurídica, política, histórica, ni documental, ni se encuentra dentro de los supuestos a que alude el segundo párrafo de la fracción V del artículo vigésimo primero del acuerdo citado en líneas que anteceden. TRANSFERENCIA 2. Transferir el expediente principal, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.
- Principal
CON APOYO EN EL ARTÍCULO 27, INCISO B, DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA, A TRAVÉS DE LAS LISTAS DE ACUERDOS, EL PROVEÍDO DE VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE DICE: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintidós de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida ***, contra actos de la autoridad señalada como:1. Juzgado del Ramo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Villaflores, Chiapas.ANOTACIONESSe ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 1556/2019-4-C.DESECHAMIENTOAhora, el artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda estudiando en su orden si es procedente o no. Para determinar la improcedencia del juicio es necesario analizar si los actos reclamados se sitúan en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable; esto es, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara; el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En el particular existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, respecto del acto reclamado por la parte quejosa, consistente en:? El auto de seis de noviembre de dos mil diecinueve, dictado en autos del expediente ***, del índice del Juzgado del Ramo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Villaflores, Chiapas, por el que la autoridad responsable reconoció la personalidad de quien se ostenta como mandatario judicial de la parte actora en el juicio de origen, ordenó hacer efectivo el apercibimiento consistente en la multa por la cantidad de veinte Unidades de Medida y Actualización a la parte quejosa, y ordenó que la promovente compareciera a solicitar la elaboración de diversos oficios. Lo anterior, pues a juicio del suscrito se actualiza la causa de improcedencia prevista fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que señala:"61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas.Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo.". De la cita que antecede se aprecia que el principio de definitividad refiere a la exigencia de agotar recursos y medios de defensa ordinarios antes de acudir al juicio de amparo indirecto, a fin de modificar, revocar o nulificar el acto impugnado. Ello, ya que al ser el juicio de amparo un medio extraordinario de defensa, no pueden analizarse cuestiones respecto de las cuales la ley común prevea un medio legal ordinario que pueda hacerse valer. Expuesto lo anterior, se estima que en contra de la resolución reclamada, procede el recurso de apelación en términos de lo establecido en los artículos 663 , 666 y 671, primer párrafo , en relación con el numeral 991 del Código de Procedimientos Civiles en el Estado de Chiapas, por los siguientes motivos. En efecto, del análisis íntegro de los normativos antes transcritos, se pone de manifiesto que mediante la interposición del recurso de apelación, se puede revocar o modificar el auto de seis de noviembre de dos mil diecinueve, por el que la autoridad responsable reconoció la personalidad de quien se ostenta como mandatario judicial de la parte actora en el juicio de origen, ordenó hacer efectivo el apercibimiento consistente en la multa por la cantidad de veinte Unidades de Medida y Actualización a la parte quejosa, y ordenó que la promovente compareciera a solicitar la elaboración de diversos oficios, constituyendo el medio ordinario idóneo de defensa que eventualmente pudiese resolverse a favor de la parte quejosa y entonces, al no haberse agotado el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, impide realizar el estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. Lo anterior es así, porque al ser apelable la resolución dictada en un incidente de cancelación de pensión alimenticia, conforme al artículo 991 del Código de Procedimientos Civiles en el Estado de Chiapas, es obvio que también son apelables los autos dictados en dicho procedimiento, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 666, del cuerpo legal en comento; además el artículo 671, de la legislación en comento, prevé que los autos que deriven una ejecución que pueda causar daño irreparable o de difícil reparación y la apelación proceda en el efecto devolutivo, se admitirá en ambos efectos si el apelante lo solicita al interponer el recurso, en el que deberá señalar los motivos por los que considera el daño irreparable o de difícil reparación; por lo que es indudable que antes de acudir al juicio de amparo, la parte quejosa tenía la obligación de interponer el recurso de apelación contra el proveído de seis de noviembre de dos mil diecinueve, pues a través de ese medio de impugnación, dicha determinación puede ser revocada o modificada, y al no agotar el recurso previo a ocurrir al juicio de amparo, el acto reclamado carece de definitividad. Esto, toda vez que, es de explorado derecho que el juicio de amparo se rige por diversos principios, de entre los que se encuentra el de "definitividad", el cual establece que para la procedencia del amparo es preciso agotar todos los medios ordinarios de defensa establecidos en la ley por los cuales el acto reclamado pueda, previamente al juicio constitucional, ser modificado, revocado o nulificado; así los ordinarios 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Federal y el señalado 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo vigente, establecen que el quejoso, previamente al ejercicio de la acción constitucional, debe agotar los medios ordinarios de defensa que prevén los preceptos aplicables, en razón de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa y, por tanto, para acudir a él es necesario agotar, en la vía ordinaria, en este caso concreto el recurso de apelación contemplado en los preceptos antes anotados, salvo en los casos de excepción, contenido en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, para los terceros extraños, y aquellos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, los recursos que procedan, en la medida en que los medios ordinarios de defensa están instituidos para que los afectados los hagan valer, conforme al principio de definitividad del juicio de amparo, que es un medio extraordinario de defensa, de modo que si las partes no tuvieran la carga de agotar defensas, excepciones o recursos ante la autoridad responsable, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de amparo suplantaría las facultades de aquélla. Por lo anteriormente señado, resulta evidente que en contra del acto reclamado por esta vía constitucional, el medio ordinario de defensa especifico es el recurso de apelación, previsto en los artículos 663, 666 y 671, primer párrafo, en relación con el numeral 991 del Código de Procedimientos Civiles en el Estado de Chiapas. Al caso sirve de apoyo, la jurisprudencia 986, sustentada por el Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, con el rubro y texto siguientes: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". De lo anterior, se considera que la procedencia del juicio de amparo indirecto surge una vez que se han agotado los recursos o medios ordinarios de defensa que la ley que rige el acto reclamado concede a favor del solicitante del amparo; los que, como se dijo en el cuerpo de este auto, pueden tener por efecto revocar o modificar las resoluciones que se reclamen. Al caso es aplicable la siguiente tesis de jurisprudencia: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." Máxime, si la impetrante de la protección federal no se encuentra en alguno de los supuestos de excepción contemplados en los incisos a), b) y c) de la fracción XVIII del artículo 61 de la ley de la materia. Se invoca, por su contenido jurídico substancial, el criterio de rubro y texto: "RECURSOS ORDINARIOS, OBLIGATORIEDAD DE AGOTAMIENTO. Aun cuando en la demanda de amparo se aleguen violaciones a las garantías de los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, porque se infringe la garantía de legalidad en razón de que el acto carece de motivo y fundamentación, pero se impugnan substancialmente violaciones a las leyes ordinarias y sólo indirectamente la de la garantía de legalidad, lo cual pone de manifiesto que al lado de la violación a la Constitución se alegan violaciones al procedimiento del que emana el acto reclamado, por lo que el quejoso estaba obligado a intentar, previo al juicio de amparo, el recurso ordinario que establece la ley respectiva, pues no hay razón para pretender que por el hecho de que en la demanda se aduzca, al lado de violaciones a garantías de legalidad, violación a la garantía de audiencia, no deba agotarse el recurso ordinario, puesto que mediante éste puede ser oído con la amplitud que la garantía de audiencia persigue, ya que de estimar procedente el juicio de amparo sin que el afectado cumpla la obligación de agotar los recursos que establece la ley ordinaria que estima infringida, haría imperativo el arbitrio del quejoso de optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establece.". Por lo antes expuesto, y con fundamento en lo establecido por el artículo 113 en relación con el diverso 61 fracción XVIII, de la Ley de Amparo, se estima procedente DESECHAR DE PLANO la demanda promovida por la peticionaria, por resultar notoriamente improcedente. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno. DOMICILIOS Y AUTORIZADOS Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el que indica en su escrito de demanda. Igualmente, con fundamento en el artículo 12, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tienen por autorizados en términos restringidos a las personas que indica, toda vez que no cuentan con su cédula profesional inscrita en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en el entendido que una vez que cumplan con tal requisito, podrán solicitar que se acuerde lo conducente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS El artículo 122 de la Ley de Amparo dispone que los documentos pueden ser objetados por las partes y que estos no podrán devolverse hasta que precluya el derecho a ello o mientras no se haya resuelto definitivamente el juicio (artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles). Por tanto, se niega la devolución de los documentos que exhiban las partes, hasta el momento que la ley lo permita. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C del Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia Civil, página 2847, registro 167640, de rubro: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Asimismo, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos.Dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente.En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal.Notifíquese.
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