Ana Bertha Martínez Romero

Expediente 1588/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Durango. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1588/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
03/01/2022

Partes del expediente

  • Ana Bertha Martínez Romero

Actuaciones

  1. Principal

    Durango, Durango, a tres de enero de dos mil veintidós. De la certificación que antecede se advierte que a la parte quejosa le ha transcurrido el término que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para promover el recurso de queja en contra de la resolución mediante la cual se desechó la demanda de garantías, sin que lo hubieren hecho; por tanto, con apoyo en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en vista de lo prevenido en el artículo 2 de la ley de la materia, se declara ejecutoriada en sus términos; en su oportunidad archívese el presente expediente. En virtud de que este expediente es susceptible de destrucción en un plazo de tres años, por encontrarse en alguno de los supuestos a que se refieren los incisos a), b) d), f), i) y j) del artículo 21 del Acuerdo General que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, ya que se considera que no tiene relevancia jurídica dado el sentido del fallo, y al no estar contenido en los dispositivos 15, 17 y 18 del citado Acuerdo General, en su oportunidad procédase a su destrucción; realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese.

  2. Principal

    Durango, Durango, a veinte de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de garantías promovida por **** contra actos del Director del Sistema Estatal de Telesecundarias en el Estado de Durango, y de otras autoridades, que considera violatorios de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14, 16 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, C O N S I D E R A N D O: ÚNICO. Es notoria y manifiestamente improcedente la demanda de garantías interpuesta por Ana Bertha Martínez Romero, por las razones que a continuación se precisan. El artículo 113 de la Ley de Amparo, señala: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Por motivo manifiesto de la causa de improcedencia debe entenderse lo que se da en forma clara, patente o evidente; mientras que lo indudable se presenta cuando se tenga certidumbre y plena convicción de que esa causa de inejercitabilidad sea operante e inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. En interpretación de un numeral y fracción de idéntica redacción correspondiente a la derogada Ley de Amparo, existe la tesis de jurisprudencia 749, que puede ser consultable en la página 505, del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación relativo a los años de 1917 a 1995, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA. El motivo manifiesto e indudable de improcedencia a que se refiere el artículo 145 de la Ley de Amparo, debe ser tan claro, evidente, notorio e indiscutible, que sin necesidad de ulterior comprobación haga inejercitable la acción constitucional". Los numerales 1, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, señalan: "ARTÍCULO 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; .". "ARTÍCULO 5. Son partes en el juicio de amparo: . La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría, o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general". .". En interpretación del concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó la tesis P. XXVII/97, que aparece publicada en la página 118 del Tomo Tomo V, Febrero de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que su rubro dice: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO". Ahora bien, la quejosa Ana Bertha Martínez Romero reclama Director del Sistema Estatal de Telesecundarias en el Estado de Durango, Secretario de Educación del Estado de Durango, Coordinador de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros en Durango, Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, Secretario de Gobernación en la Ciudad de México, Director del Diario Oficial de la Federación. y Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, lo siguiente: "ACTO RECLAMADO: De cada una de las Cámaras del Congreso de la Unión, reclamo: 1.- La discusión y aprobación de la Ley General del Sistema para la Carrera de los maestros y maestras que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 30 de septiembre de 2019, fundamentalmente lo que dispone el artículo 72, el cual se demanda como primer acto de aplicación de esta en perjuicio del quejoso. Del Secretario de Gobernación, reclamo el refrendo por el cual se aprobaron y promulgaron los citados preceptos. Del Presidente de la República, reclamo la promulgación y orden de publicación, de los preceptos invocados. Del Director del Diario Oficial de la Federación, reclamo la publicación en dicho órgano de difusión de los mencionados preceptos. Del Director del Sistema Estatal de Telesecundarias en Durango, reclamo: La resolución contenida en el oficio DGSETEL/DAJL/0367/2021 de 10 de diciembre de 2021, en la que se me niega LA LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO SOLICITADA, por la suscrita y se me ordena reincorporarme a mis funciones, fundándose en el artículo 72 de la Ley del Sistema para la carrera de los maestros y maestras, el cual solicito su declaración de inconstitucional, misma que se notificó de forma personal el día 10 de diciembre del año en curso. Así mismo de dicha autoridad reclamo la suspensión de pago de mi aguinaldo, derivado del proceso mencionado en el inciso anterior, mismo que me compete conforme a derecho y que al no entregárseme se me violan mis derechos humanos ya que es una prestación debidamente laborada en el año. Del Secretario de Educación en el Estado de Durango y del Coordinador de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros en Durango, reclamo: Las órdenes verbales o escritas que hayan girado para que me sea suspendido el pago de mi aguinaldo, así como el negado el derecho a una licencia sin goce de sueldo, fundamentándose en el artículo 72 de la Ley General del Sistema para la Carrera de los maestros y las maestras". En el capítulo de hechos de la demanda de garantías la promovente expresó lo siguiente: "1.- Con fecha 22 de agosto de 2019, y mediante oficio DGSETEL/SAF/RH/968/19, SE ME ACEPTÓ para el "PROGRAMA DE MAESTRÍA EN LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA DE DURANGO, y se me otorgó "BECA-COMISIÓN" conforme a la CLAUSULA 21 DEL CONTRATO COLECTIVO DEL TRABAJO celebrado entre SINDICATO Y SETEL. 2.- Al finalizar mis estudios, y debido a que, en el lapso comprendido en el mismo, la suscrita me convertí en madre, y la salud de mi menor hija no es la adecuada, me permití solicitar por escrito una licencia SIN GOCE DE SUELDO, ya que, no es posible trasladarme a mi Centro de Trabajo en GÓMEZ PALACIO, DURANGO ya que me es imprescindible estar cerca de los doctores que tratan la salud de mi menor hija. Dicha solicitud la realice ante el Director de SETEL de forma escrita el día 12 de noviembre del año en curso. 3.- Así las cosas, y por el escrito que constituye el acto reclamado, la responsable Director de SETEL, me niega la licencia solicitada, argumentando que conforme al artículo 72 de la Ley General del Sistema de Carrera para maestros y maestras, la solicitud es improcedente, aplicándome dicha disposición de forma retroactiva ya que, dicha normativa no estaba vigente a la fecha en que se me otorgó la beca comisión". Sin embargo, tal reclamo no proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo, pues su situación frente al Director del Sistema Estatal de Telesecundarias en el Estado de Durango se encuentra comprendida en una relación patrón-empleado, regida por ordenamientos de derecho laboral, por lo que la restricción de su contrato laboral y sus derechos como trabajador no emerge del imperio que corresponde a ese ente jurídico como parte de la administración pública en la prestación de un servicio a cargo del Estado, sino que tiene como origen el acuerdo entre las partes conforme a la ley que rige ese tipo de relaciones laborales. De manera que la acción constitucional que ejerce la hoy quejosa Ana Bertha Martínez Romero deviene notoriamente improcedente al surtirse la causa prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 1, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, lo que conlleva a desechar de plano la demanda que se provee con fundamento en el numeral 113 de la propia codificación. Cimienta al particular, por las razones que la sustentan, la tesis impresa en la foja 387, del Tomo III, Abril de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AUTORIDADES RESPONSABLES PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO, NO LO SON LOS ORGANOS O FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO CUANDO ACTUAN COMO PATRONES. La demanda de garantías que se interpone contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridades en los términos del artículo 103 constitucional. Así es, el Estado a la vez que es persona de derecho público, en donde asume las funciones de autoridad, es también una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de clara coordinación y no de supra-subordinación; y entonces sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones el Estado también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, congruentemente con la doble personalidad del Estado, es de concluir que sólo podrá legalmente ser considerado como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en el plano que dentro del derecho administrativo se conoce como de supra-subordinación a que ya se hizo mérito. No se desatiende que la quejosa reclama también la inconstitucionalidad del artículo 72 de la Ley General del Sistema para la Carrera de los Maestros y de las Maestras publicados en el Diario Oficial de la Federación el treinta de septiembre de dos mil diecinueve, en que se sustenta el acto reclamado. Sin embargo, no debe desvincularse ese estudio, por lo que si el juicio de garantías no es procedente en cuanto al acto de aplicación, el sobreseimiento es integral. Sustenta la jurisprudencia 71/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 235, del Tomo XII, Agosto de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada". Fórmese cuaderno y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para recibir notificaciones el que indica en el escrito de demanda y como su autorizado para recibirlas en los amplios términos del artículo 12 citado al licenciado Ernesto Aguilar Ramírez y en términos del segundo párrafo del numeral 24 de la ley de la materia a los que precisa. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se desecha de plano la demanda de amparo que promueve los actos que reclama del Director del Sistema Estatal de Telesecundarias en el Estado de Durango, Secretario de Educación del Estado de Durango, Coordinador de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros en Durango, Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, Secretario de Gobernación en la Ciudad de México, Director del Diario Oficial de la Federación. y Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Notifíquese personalmente.

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