Ana Bertha Gutiérrez Crisóstomo y Otros.
Expediente 1173/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 7 actuaciones registradas, la última del 26 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1173/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 26/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Ana Bertha Gutiérrez Crisóstomo y Otros.
- Antonio Pineda Coronel y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
"...Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiséis de diciembre de dos mil veintidós. Vista la certificación con la que se da cuenta, en la que se hace constar que al día de hoy las partes no interpusieron revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. Dicho cómputo sólo se realiza respecto de la parte quejosa, ya que fue a ésta a quien únicamente afectó el sobreseimiento. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Por otra parte, en acatamiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General sin número de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, y es susceptible de destrucción ya que se sobreseyó en el juicio de amparo. Por otra parte, como en el presente asunto obran documentos exhibidos por la parte quejosa que ameritan su devolución, requiérase a ésta para que dentro del término de noventa días, comparezca a recogerlos; apercibida que de no hacerlo dentro de ese término, se procederá a depurarlos. Notifíquese..."
- Principal
EXPEDIENTE PRINCIPAL 1173/2022-V AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Naucalpan de Juárez, Estado de México, siendo las nueve horas con veinte minutos del siete de diciembre de dos mil veintidós, hora y día fijados para la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1173/2022-V, en audiencia pública Erik Juárez Olvera, Juez Segundo de Distrito en el Estado de México, quien actúa asistido de la Secretaria Erandi Paulina Fuentes Chávez, declara abierta la diligencia sin que sea necesaria la asistencia de las partes, ya sea física o virtualmente a través de videoconferencia, en virtud de que tanto sus pruebas como alegatos los pudieron hacer valer por escrito, a fin de acatar lo dispuesto en el "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones Digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas Administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, aprobado el trece de octubre de dos mil veintidós", que a su vez, reformó el diverso "Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencia en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo". Posteriormente, la secretaria procede a la lectura de la demanda de amparo y demás constancias de autos, sin necesidad de hacer relación expresa de ellas. Acto continuo, se abre el periodo probatorio en el que la secretaria da cuenta con las pruebas que obran en autos y, al respecto, el suscrito Juez acuerda: de conformidad con el artículo 119 de la ley de la materia, se tienen admitidas y desahogadas dichas probanzas en razón de su propia y especial naturaleza y, al no existir medio de convicción pendiente por desahogar, procede a cerrar este periodo. A continuación, se abre el de alegatos y la Secretaria hace constar que no fueron formulados por ninguna de las partes. No habiendo otra prueba por desahogar ni promoción pendiente por acordar, de conformidad con lo establecido en el ordinal 124 de la Ley de Amparo, se tiene por celebrada la audiencia constitucional en términos de la presente acta y se procede a dictar la siguiente resolución:. Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 1173/2022-V; R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE DEMANDA. Mediante escrito presentado en el buzón judicial el doce de septiembre de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con sede en Toluca, ********************y otros, demandaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra diversos actos de autoridad, que se señalarán más adelante. SEGUNDO. TRÁMITE Y ADMISIÓN DE LA DEMANDA. Mediante auto de veintidós de septiembre del año en curso, el Juzgado Séptimo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, quien por razón de turno correspondió conocer de la demanda en cuestión, se declaró incompetente para conocer del asunto por lo que hace a algunos de los promoventes, por lo que remitió a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan, copia de la demanda, a efecto de que realizara el turno correspondiente. TERCERO. TRÁMITE. El seis de octubre de dos mil veintidós, la Oficina referida en último término, turnó el asunto a este Juzgado Federal y, por acuerdo de diez del mismo mes y año, se asumió la competencia planteada por lo que hace a los siguientes quejosos: 1. ********************2. ********************3. ********************4. ********************5. ********************6. ********************7. ********************8. ********************9. ********************10. ********************11. ********************12. ********************13. ********************14. ********************15. ********************16. ********************17. ********************18. ********************19. ********************20. ********************21. ********************22. ********************23. ********************24. ********************y se admitió a trámite la demanda, se otorgó la intervención que legalmente le compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se requirió a las autoridades responsables rindieran su informe justificado y se fijó hora y día para la audiencia constitucional, la cual, una vez integrado el juicio, inició en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México, es legalmente competente para conocer del presente juicio de amparo, de conformidad con el artículo 35 y 37 de la Ley de Amparo, toda vez que se reclaman actos cuya ejecución tiene lugar dentro del ámbito territorial donde este Juzgado de Distrito ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. El numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, lo que se logra a partir de un estudio integral de todas las constancias que integran el juicio de amparo. Con base en lo anterior, quien esto juzga considera que la parte quejosa reclama de las siguientes autoridades: Gobernador Constitucional del Estado de México. Legislatura del Estado de México. Titular de la Dirección General del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM) Titular de la Subdirección de Tesorería del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM) Jefe del Departamento de Pensiones dependiente de la Coordinación de Prestaciones y Seguridad Social del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM). Jefe del Departamento de Control de Pagos dependiente de la Coordinación de Prestaciones y Seguridad Social del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM). Director General de Legalización y del Periódico Oficial "Gaceta de Gobierno" del Estado de México. a) La promulgación, discusión, aprobación y expedición del decreto número 21, publicado el treinta y uno de enero de dos mil veintidós, en el Periódico Oficial Gaceta del Gobierno del Estado de México, en concreto la reforma de los artículos 70 y 133 de la Ley de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado de México y Municipios, que dice: "ARTÍCULO TERCERO.- Se reforman los artículos 70 en sus párrafos primero y tercero y 133 y se deroga del artículo 70 su párrafo segundo, ambos de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, para quedar como sigue: ARTÍCULO 70.- El monto de las pensiones del sistema solidario de reparto a que se refiere esta ley, se actualizará anualmente conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor que publique el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Derogado. En ningún caso se podrá rebasar el tope máximo señalado en el artículo 87 de esta ley. ARTÍCULO 133.- El monto del seguro por fallecimiento será fijado anualmente por el Consejo Directivo en el presupuesto de la Institución y nunca será menor a 790.56 Unidades de Medida y Actualización diarias." b) La aplicación de los artículos combatidos. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Al rendir sus informes justificados, aceptaron la existencia de los actos reclamados las autoridades responsables: Gobernador Constitucional del Estado de México. Legislatura del Estado de México. Titular de la Dirección General del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM). Titular de la Subdirección de Tesorería del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM). Jefe del Departamento de Pensiones dependiente de la Coordinación de Prestaciones y Seguridad Social del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM). Jefe del Departamento de Control de Pagos dependiente de la Coordinación de Prestaciones y Seguridad Social del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM). Director General de Legalización y del Periódico Oficial "Gaceta de Gobierno" del Estado de México. En ese tenor, debe tenerse acreditada la existencia de los actos reprochados. Máxime que conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, las leyes no son objeto de prueba, pues basta su publicación en el órgano de difusión para que se pueda invocar como hecho notorio. Al respecto, se cita la tesis sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la séptima época, registro electrónico 233090, de título, subtítulo y texto siguiente: "LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba." CUARTO. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 62 de la Ley de Amparo, se procede a analizar las causales de improcedencia alegadas por las partes o advertida de oficio, por ser una cuestión de orden público. En este sentido, este juzgador Federal considera que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que hacen valer las autoridades responsables relativo a que la norma general requiere de un acto concreto de aplicación posterior al inicio de su vigencia para causar una afectación a la esfera jurídica de los quejosos. Al respecto, es pertinente reproducir los artículos artículo 61, fracción XII y 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, que literalmente disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. [.]" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.)". Conforme a los artículos citados, existen dos reglas para acudir al juicio de amparo: 1) El juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien alega ser titular de un derecho [interés jurídico]; o, 2) Se ostente un interés legítimo individual o colectivo. En ambos casos, se evidenciará que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, con ello se afecte su esfera jurídica, sea de manera directa (interés jurídico) o, en virtud de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). Al respecto, es pertinente acotar que la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, pone de manifiesto que el juicio de amparo es un medio de control de los actos de autoridad que se seguirá siempre a instancia de parte agraviada; principio que, como se anotó, reglamenta el artículo 5° de la Ley de Amparo, al disponer que la solicitud de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional o cualquier otro acto que se reclame. Ese principio de instancia de parte agraviada no es ajeno al amparo que se intente contra leyes, debido a que, para que la instancia resulte procedente, éstas deben provocar un perjuicio jurídico en la esfera del gobernado, que lo legitima para accionar el medio de control constitucional, sea con motivo del inicio de la vigencia de la norma general, o bien, del primer acto concreto en que ésta se aplique. En este sentido, conviene reproducir la fracción I del artículo 107 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. [.]" De conformidad con el precepto citado, la procedencia del amparo contra normas generales que se consideran inconstitucionales, implica necesariamente, la distinción entre disposiciones legales que con su sola vigencia causen un agravio personal y directo a los particulares, de aquellos otros ordenamientos generales, imperativos y abstractos, que requieren de un acto concreto de aplicación que afecte la esfera jurídica de los gobernados. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido los lineamientos para distinguir entre leyes de naturaleza autoaplicativa y heteroaplicativa, con base en los argumentos y fundamentos contenidos en la jurisprudencia P./J. 55/97, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Noven Época, registro electrónico 198200, de título, subtítulo y texto siguientes: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyesautoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo Opara determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento." En el criterio citado, se establecen los supuestos para la impugnación de ordenamientos generales atendiendo a su propia naturaleza; es decir, si por su sola entrada en vigor causan un perjuicio (autoaplicativas) o bien, si requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete la aplicación al particular de la disposición jurídica combatida (heteroaplicativas). Explicado el sistema de impugnación de las normas generales en el juicio de amparo, atendiendo a su naturaleza jurídica, es pertinente establecer la diferencia que existe entre una ley autoaplicativa y una heteroaplicativa, porque de esa distinción emerge la oportunidad del gobernado para promover el juicio de amparo, pues el particular agraviado debe acreditar que esas normas afectan su esfera jurídica, ya sea porque con su entrada en vigor tal afectación se genere de inmediato, o bien, porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación, el cual puede provenir, generalmente, por la actuación de una autoridad, pero también de los propios particulares, si mediante estas conductas se vincula de modo necesario al solicitante del amparo con la prescripción legal combatida, por actualizarse sus supuestos. Así, las características de las leyes autoaplicativas son las siguientes: - No requieren de un acto de ejecución para que se motive un perjuicio y pueda ejercitarse la acción constitucional de amparo. - Con su sola expedición causan perjuicio a la persona física o moral a la que se dirige, quedando obligada ésta a cumplir con la norma desde la fecha de su vigencia legal, sin necesidad de que se realice un acto posterior de autoridad para que se origine el mismo perjuicio o tenga lugar su actualización, pues se trata de una norma coercitiva; y, - Que por sí misma y desde el momento en que entra en vigor cause perjuicio, sin que se requiera, para ello, de la eficacia de un acto concreto del poder público administrativo. Por otra parte, las características de las leyes heteroaplicativas son: - Se distinguen porque obligan al gobernado al cumplimiento de obligaciones de dar, hacer o no hacer, mediante la actualización de un perjuicio que surge con un acto de su aplicación. - Pueden reclamarse sólo en una oportunidad a través del juicio de amparo indirecto, dentro del plazo de quince días siguientes al de su primer acto de aplicación. Dicho lo anterior, de una norma heteroaplicativa sólo puede cuestionarse su constitucionalidad, ante la actualización de su primera aplicación concreta, explícita o implícita en perjuicio del gobernado y no así con motivo de sus ulteriores aplicaciones. Como se ve, la individualización de la norma es el principio que distingue su naturaleza jurídica, pues conforme a la jurisprudencia anteriormente reproducida, tal razón constituye un elemento de referencia objetivo, porque permite conocer si los efectos de la disposición legal combatida suceden en forma incondicionada, o no. De esta forma, se tiene que cuando la individualización es incondicionada, las obligaciones contenidas en la norma general: - Son inevitables desde que entran en vigor. - Vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de la vigencia creando, transformando o extinguiendo situaciones concretas de derecho. - Las obligaciones o cargas que imponen, nacen con el solo inicio de su vigencia. - No se requiere de la actualización de alguna condición. En el otro supuesto, esto es, de normas de individualización condicionada, los deberes de hacer o no hacer impuestos por el legislador: - Necesitan la ejecución de un acto para situar al gobernado en la hipótesis legal, que bien puede provenir de la autoridad o del mismo particular. - No surgen de manera automática con su sola entrada en vigor, sino que requieren de un acto diverso que actualice el perjuicio, que puede provenir de la autoridad, de un tercero o del propio quejoso. Expuesto lo anterior, en el presente asunto, los quejosos controvierten la constitucionalidad del decreto número 21, en el cual se reformaron, entre otros, los artículos 70 y 133 de la Ley de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, los cuales disponen: "ARTÍCULO TERCERO.- Se reforman los artículos 70 en sus párrafos primero y tercero y 133 y se deroga del artículo 70 su párrafo segundo, ambos de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, para quedar como sigue: ARTÍCULO 70.- El monto de las pensiones del sistema solidario de reparto a que se refiere esta ley, se actualizará anualmente conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor que publique el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Derogado. En ningún caso se podrá rebasar el tope máximo señalado en el artículo 87 de esta ley. ARTÍCULO 133.- El monto del seguro por fallecimiento será fijado anualmente por el Consejo Directivo en el presupuesto de la Institución y nunca será menor a 790.56 Unidades de Medida y Actualización diarias." Como se puede observar, el numeral 70 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios, establece que las pensiones del sistema solidario de reparto se actualizarán anualmente, conforme al índice nacional de precios al consumidor (INPC) que publique el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Por su parte, el artículo 133 de la mencionada legislación, establece que el monto del seguro por fallecimiento será fijado anualmente por el Consejo Directivo en el presupuesto de la institución y nunca será menor a 790.56 Unidades de Medida y Actualización diarias. Ahora bien, la finalidad de la reforma aludida, se sustenta en las consideraciones plasmadas dentro de la exposición de motivos, en la cual, el legislador señaló: ". A su vez, los legisladores dictaminadores, consideramos proporcional y necesario reformar los artículos 70 y 133 de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios para que la actualización del monto de las pensiones del sistema solidario de reparto, se realice conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor que anualmente publica el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y en apoyo a conservar el poder adquisitivo. En ese sentido, entendemos que esta medida no tendrá impacto en las formas de determinación y cálculo que la propia Ley prevé para las pensiones, ni rebasará el tope previsto en el artículo 87 de la misma Ley, por lo que apoyamos el mandato constitucional y el derecho de los pensionados a gozar de un ingreso mínimo actualizable anualmente en las mejores condiciones según su modalidad, estableciendo como factor de actualización dicho Índice y evitando la desigualdad entre las pensiones que actualmente genera el mecanismo de incremento previsto en la Ley. Por otra parte, estimamos viable establecer un indicador para que año con año el monto mínimo de actualización del seguro por fallecimiento que anualmente determina el Consejo Directivo del ISSEMYM y que está previsto en la referida Ley de Seguridad Social del Estado, se ajuste automáticamente, conforme al monto de crecimiento de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que constituye una acción efectiva que permite mantener el poder adquisitivo de las prestaciones generadas con motivo de una relación laboral, por lo que se apoya que dicha prestación se calcule conforme al mandato constitucional en beneficio de los familiares o beneficiarios de los servidores públicos fallecidos..," De la transcripción anterior, se advierte que la intención del legislador respecto de actualizar anualmente el monto de las pensiones conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor, se realiza con la finalidad de que los pensionados gocen de un ingreso mínimo actualizable anualmente, en las mejores condiciones según su modalidad, estableciendo como factor de actualización dicho índice y evitando la desigualdad entre las pensiones que actualmente genera el mecanismo de incremento previsto en la ley. Asimismo, respecto a la modificación relacionada con el artículo 133, el legislador señaló que es viable el incremento anual del seguro por fallecimiento con base en el crecimiento de la Unidad de Medida y Actualización, lo que constituye una acción efectiva que permite mantener el poder adquisitivo de las prestaciones generadas con motivo de una relación laboral, por lo que apoya que dicha prestación se calcule conforme al mandato constitucional en beneficio de los familiares o beneficiarios de los servidores públicos fallecidos. Por ello, el análisis de la exposición de motivos y de los propios numerales combatidos, permite concluir que por su sola vigencia no producen una afectación concreta en la persona o patrimonio de los quejosos, por lo que no son normas autoaplicativas, sino heteroaplicativas, ya que para su materialización en la esfera jurídica de los gobernados, es necesario que se actualicen diversos actos en cadena, mismos que se describen a continuación: 1) Que anualmente se fije el Índice Nacional de Precios al Consumidor (artículo 70) y el valor de la Unidad de Medida y Actualización (artículo 133). 2) Se actualice el monto de la pensión (artículo 70) y se fije el monto del seguro por fallecimiento por el Consejo Directivo (artículo 133). 3) Se realice el pago de la pensión que le corresponde a cada uno de los quejosos. 4) Que el monto sea menor al recibido en meses o años anteriores. 5) Que el origen de la reducción, sea originada por el cálculo de las percepciones con base en el índice Nacional de Precios al Consumidor y la Unidad de Medida y Actualización. En las consideraciones apuntadas, la necesaria actualización de los actos descritos, evidencia que las normas reclamadas son ajenas a la caracterización de las leyes autoaplicativas, pues de encuadrar en ese supuesto, bastaría su entrada en vigor para afectar los derechos de la parte quejosa, lo que como se vio, no ocurre en la especie. Ahora bien, en el caso particular, de las constancias que exhibieron los quejosos, se aprecia que tienen el carácter de pensionados, pero ese sólo hecho no implica que las normas reclamadas por sí mismas afecten sus derechos surgidos al adquirir esa calidad, porque en su caso, la aplicación de las modificaciones contenidas en ellas requerirá la actualización de los actos en ellas descritas para que se concrete su aplicación. Incluso, las referidas normas, en este momento tampoco pueden estimarse reclamadas como heteroaplicativas, más aun cuando los quejosos ofrecieron, cada uno: Un comprobante de pago electrónico, relativo a la quincena de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, mientras que uno de ellos -Juan Manuel Rodríguez López- adjuntó uno de la quincena pagada el treinta y uno de diciembre de dos mil veintidós. Copia certificada de la resolución por la cual, la presidenta del Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, determinó que tienen derecho a una pensión. Asimismo, algunos de ellos allegaron también, copia certificada de una forma de la que se aprecia la antigüedad de los años laborados. Sin embargo, de dichos documentos no se aprecia que las normas reclamadas les hayan sido aplicadas. En ese contexto, de los comprobantes de pago que allegan los quejosos, únicamente se advierten las cantidades que recibieron en esa quincena en su carácter de pensionados del mencionado instituto. Así, de dichas documentales no se aprecia que los artículos reclamados se hayan aplicado a los quejosos, pues para tal efecto debieron exhibir: i) Un recibo de pago del que se aprecie las percepciones que recibían antes de la entrada en vigor de las normas impugnadas; y ii) Otro recibo de pago en el que se advirtieran la percepción que recibe con motivo de las nomas reclamadas; o bien, iii) Una resolución de la que se aprecie que se actualizó el monto de su pensión con motivo de los artículos reclamados. Por ello, al no acreditarse el acto concreto de aplicación de las normas reclamadas, no puede estimarse que éstas le causa un perjuicio. De ese modo, será hasta que la pensión que reciban los solicitantes del amparo, se vea afectada con motivo de la aplicación del precepto combatido, cuando se esté en aptitud de impugnar la aplicación del factor de proporción que arroje el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y con ello, el artículo 70 Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios. Bajo esa línea de pensamiento, se considera que la misma razón debe prevalecer respecto a la impugnación del artículo 133 de la citada ley, pues ese numeral establece que el monto del seguro por fallecimiento será fijado anualmente por el Consejo Directivo en el presupuesto del Instituto Social, por lo que no es el momento oportuno para impugnar el precepto en cuestión. Lo anterior, toda vez que, aún no le corresponde a los quejosos combatir los montos establecidos, debido a que hasta el momento en que se tenga una cantidad cierta, será cuando se actualice la condición establecida en dicho artículo. En ese sentido, el seguro por fallecimiento tiene una condición suspensiva sine qua non, la cual consiste en que hasta en tanto no fallezca el titular del seguro, los beneficiarios no podrán tener una cantidad liquida determinada, razón por la cual, es a los terceros a quienes les corresponderá -en su momento-, combatir los montos que se hayan generado por el fallecimiento del titular del seguro. Entonces, para que el numeral citado pueda ser impugnable requieren de los siguientes requisitos: Que el titular del seguro fallezca. 2) Que se determine que los beneficiarios tienen derecho a una pensión por el fallecimiento del asegurado. 3) Una vez notificado el monto al que tengan derecho, se inconformen manifestando que la actualización fue desproporcional o, en su defecto, que se actualizó de forma incorrecta. En ese orden, al no evidenciarse la afectación, a la esfera de derechos de los quejosos, con motivo de la sola entrada en vigor de las normas generales que controvierten, y tampoco evidenciarse el primer acto de aplicación de las mismas, lo que constituye un requisito indispensable para efectos de la procedencia del juicio de amparo contra leyes, ello es suficiente para considerar, que carecen de interés jurídico para acudir a esta instancia constitucional. Sin que pase inadvertido para el suscrito que los comprobantes de pago electrónico exhibidos por los quejosos, en el apartado de percepciones, establezca como concepto "1102 RETROACTIVO DE PENSIÓN", puesto que esa circunstancia no evidencia de manera fehaciente la aplicación, en perjuicio de los impetrantes, de las normas reclamadas; por dos razones fundamentales: PRIMERO: No se advierte que para establecerse ese pago se hubiera utilizado el Índice Nacional de Precios al Consumidor para su cálculo; y, SEGUNDO: En el supuesto de que se presumiera que ese pago se calculó utilizando el Índice Nacional de Precios al Consumidor, lo cierto es que no existe un parámetro comparativo que permita advertir que ese pago incidió de manera negativa en la esfera jurídica de los impetrantes, porque, en meses o ejercicios anteriores obtuvieron un pago o cuantificación mayor al contenido en el recibo de pago que se exhibe, de acuerdo con la norma abrogada. Al respecto se invocan las tesis 2a. CLXXV/2000, de la segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XII, diciembre de 2000, página 447, Novena Época, registro digital 190630, y P. XCVII/95, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo II, noviembre de 1995, página 92, novena época, registro digital 200276; de rubro y contenido siguientes: "LEYES. EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN QUE PERMITE IMPUGNARLAS EN AMPARO ES AQUEL QUE TRASCIENDE A LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO, CAUSÁNDOLE UN PERJUICIO, CON INDEPENDENCIA DE QUE SU FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN SEA O NO CORRECTA. Conforme a la interpretación jurisprudencial que ha efectuado la Suprema Corte de Justicia de la Nación de lo dispuesto en los artículos 4o., 73, fracciones V y VI, y 114, fracción I, de la Ley de Amparo, el primer acto de aplicación que permite controvertir, a través del juicio de garantías, la constitucionalidad de una disposición de observancia general, es aquel que trasciende a la esfera jurídica del gobernado generándole un perjuicio que se traduce en una afectación o menoscabo a su patrimonio jurídico. Ahora bien, en caso de que el citado acto de aplicación carezca de la fundamentación y motivación debidas, que provoquen la interrogante sobre si el peticionario de garantías realmente resintió la individualización de la norma controvertida, como puede ser el caso en que la situación de hecho del quejoso no se ubique en el supuesto de la norma o que la autoridad haya realizado una cita equivocada de la disposición aplicable, el juzgador de garantías deberá analizar el acto de aplicación y la trascendencia que éste tenga sobre la esfera jurídica del quejoso, para determinar si el origen del perjuicio causado se encuentra efectivamente en el dispositivo impugnado, lo que le permitirá concluir que éste sí afecta su interés jurídico y, por tanto, resulta procedente su impugnación. La anterior conclusión encuentra apoyo, inclusive, en la jurisprudencia 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo rubro es: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", de la cual deriva que cuando se reclaman en amparo indirecto disposiciones de observancia general, con motivo de su primer acto de aplicación, una vez determinada la procedencia del juicio, debe estudiarse la constitucionalidad de la norma impugnada y, posteriormente, en su caso, la legalidad del acto concreto de individualización, sin que ésta constituya impedimento alguno para que se aborde el estudio de constitucionalidad de las normas impugnadas." "LEYES HETEROAPLICATIVAS. PARA QUE SEA PROCEDENTE SU IMPUGNACION, EL ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY DEBE AFECTAR AL GOBERNADO EN SU INTERES JURIDICO. El análisis gramatical y sistemático de los artículos 73, fracción VI, in fine y 4o. de la Ley de Amparo, permite colegir que no cualquier acto de aplicación de la ley reclamada puede ser impugnado en el juicio de garantías, sino que es una exigencia ineludible que la acción constitucional se ejercite con motivo del primer acto de aplicación que afecte al gobernado, en su interés jurídico, pues de lo contrario se vulneraría el principio de "instancia de parte agraviada", contenido en la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, al entrar al análisis de una ley que no ha podido causar ningún perjuicio al promovente." En ese orden, al no evidenciarse la afectación a la esfera de derechos de los promoventes de amparo, con motivo de la sola entrada en vigor de las normas generales que controvierten y tampoco evidenciarse el primer acto de aplicación de las mismas, lo que constituye un requisito indispensable para efectos de la procedencia del juicio de amparo contra leyes, ello es suficiente para considerar, que los quejosos carecen de interés jurídico para acudir a esta instancia constitucional. En las relatadas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia analizada, procede sobreseer en el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado se: R E S U E L V E: Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por 1. ********************2. ********************3. ********************4. ********************5. ********************6. ********************7. ********************8. ********************9. ********************10. ********************11. ********************12. ********************13. ********************14. ********************15. ********************16. ********************17. ********************18. ********************19. ********************20. ********************21. ********************22. ********************23. ********************24. ********************, contra los actos y autoridades preciadas en el considerando segundo, por los motivos expuestos en los diversos tercero y cuarto de esta sentencia. Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, nueve de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por las responsables pertenecientes al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (Titular de la Dirección General, Titular de la Subdirección de Tesorería, Jefe del Departamento de Pensiones y Jefe del Departamento de Control de pagos de dicho Instituto), y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por un término continuo de ocho días, para que manifiesten lo que a sus intereses convenga. Con apoyo en el numeral 9 de la Ley de Amparo, se tienen como delegados de las responsables a los profesionistas que mencionan y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señalan. Asimismo, se tienen como medios de comunicación, los correos electrónicos que indican en el oficio de cuenta. En atención a su petición de acceso al expediente electrónico, se autoriza al usuario "IvanMonje", su consulta, mismo que se encuentra disponible en la página electrónica http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/juicioenlinea. Por otro lado, a fin de dar margen a que las partes se impongan del contenido del informe agregado en esta fecha, la audiencia constitucional prevista para el día de hoy, se difiere y en su lugar se señalan las NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL SIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo. Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinte de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por el Presidente de la "LXI" Legislatura del Estado de México, y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por un término continuo de ocho días, para que manifiesten lo que a sus intereses convenga. Con apoyo en el numeral 9 de la Ley de Amparo, se tienen como delegados de la responsable a los profesionistas que menciona. Asimismo, se tiene como medio de comunicación el correo electrónico y número telefónico que indica en el oficio de cuenta. Notifíquese.
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