Ana Bertha Cervantes Munguia

Expediente 1133/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1133/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
13/11/2023

Partes del expediente

  • Ana Bertha Cervantes Munguia

Actuaciones

  1. Incidental

    INCIDENTE DE SUSPENSIÓN 1133/2023-III. V I S T O S los autos para resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 1133/2023-III, promovido por la quejosa ***, por derecho propio, contra actos del ".ENCARGADO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LOS JUZGADOS, DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DE TODAS LAS REGIONES JUDICIALES EN EL ESTADO DE PUEBLA." (sic), y otras autoridades responsables. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 144 y 146 de la Ley de Amparo, se S U E L V E: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por la quejosa Ana Bertha Cervantes Munguía, contra los actos y autoridades precisadas en los puntos considerativos primero y segundo de esta interlocutoria. Notifíquese.

  2. Principal

    JUICIO DE AMPARO 1133 2023 III. Puebla, Puebla, siete de noviembre de dos mil veintitrés. Radicación del expediente. Se recibe la demanda de amparo signada en forma autógrafa por la quejosa ***, por derecho propio, contra actos del ".ENCARGADO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LOS JUZGADOS, DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DE TODAS LAS REGIONES JUDICIALES EN EL ESTADO DE PUEBLA." (sic), y otras autoridades responsables. En consecuencia, de conformidad con los artículos 99, 102, fracción I, 105, fracción I, y 180 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, regístrese la demanda en el libro de control electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con el número que cronológicamente corresponda y realícese la captura de datos e información relacionada con el presente asunto. Tramitación electrónica del juicio de amparo. Se hace saber a las partes que de conformidad con los artículos 3 y 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente, como los acuerdos emitidos por este órgano jurisdiccional, constarán únicamente en el expediente electrónico, pues una vez que son ingresados mediante el uso de la firma electrónica, producen los mismos efectos que los físicos. Entonces, el expediente físico únicamente servirá de soporte documental para constancia de la recepción de promociones y diligencias que se hayan recibido o desahogado de esa manera, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General. Exhortación para trámite del juicio en línea. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 263, fracción II, del referido Acuerdo General, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, donde podrán consultar íntegramente el expediente electrónico y presentar las promociones mediante el empleo de su firma electrónica. Digitalización de la demanda. El escrito de demanda fue recibido de manera física, por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. Luego, conforme lo disponen los artículos 252 y 253 del citado Acuerdo General, se ordena la digitalización de dicho documento y su incorporación al expediente electrónico a través del uso de la firma electrónica. Desechamiento parcial. El artículo 1131 de la Ley de Amparo establece que los jueces de distrito examinarán la demanda y si encontraren motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharan de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán indudablemente en sobreseimiento. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tenga la certeza y plena seguridad, de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO"2 . Ahora, de la demanda de amparo se advierte que la quejosa reclama, entre de otros actos, la citación librada en su contra, cuya emisión atribuye en exclusiva a tres autoridades judiciales.*** Ello, permite visualizar la actualización de una causa de improcedencia con las características de indudable y manifiesta, la cual resulta de relacionar la fracción XXIII del numeral 61, con la fracción IV del diverso 107, contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo3 . Para explicar lo anterior, primero se toma en consideración que la regulación de la citación a la audiencia de formulación de imputación está prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales4 . De la lectura de las fracciones I y II del precepto legal antes citado es posible establecer que la citación de la persona investigada a la audiencia en la cual habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del juez a solicitud del Ministerio Público, de requerir la presencia del investigado para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación seguida en su contra y se formulará la imputación respectiva. Lo anterior se obtiene de lo previsto en los artículos 310, segundo párrafo, y 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales5 . Incluso, en la referida audiencia el imputado podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. Sin ser obstáculo que de conformidad con la fracción II del artículo 141 del código procesal penal en comento, en caso de dejar de comparecer sin causa justa, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, al ser ello un acto futuro de realización incierta y estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el agente del Ministerio Público solicite que se ordene su comparecencia a través de la fuerza pública. Entonces, la afectación a la libertad personal de la quejosa solamente se verá afectada en caso de que las autoridades responsables lleguen a emitir una orden de aprehensión o de comparecencia a través de la fuerza pública, en su contra (actos también señalados como reclamados por la quejosa). Por consiguiente, el acto consistente en la citación para audiencia inicial, así como la ejecución de la misma, se trata de actos judiciales fuera de juicio que no afecta la libertad personal de la quejosa, conforme al artículo 107, fracción IV, también a contrario sensu, de la Ley de Amparo. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia 1a./J. 78/2018 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada a foja 239, del Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, Materia Común, Penal, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con el epígrafe: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]"6 . En punto y aparte, se observa que la quejosa también reclama la integración de una carpeta de investigación en su contra. Ahora, esa "integración", en sede ministerial, consiste en una serie de diligencias realizadas por la autoridad investigadora en ejercicio de sus funciones de orden público y en cumplimiento de un imperativo constitucional, con objeto de indagar si respecto de un hecho sometido a su conocimiento, hay elementos para determinar la existencia o inexistencia de un delito, así como, en su caso, a sus probables responsables. Entonces, como dentro del procedimiento de investigación se desconoce de antemano cuál será su resultado, el inicio o trámite en nada propicia afectación reparable por los medios de control constitucional; tal como acontece en la especie donde se reclama la integración de una carpeta de investigación. Sin que con tal afirmación se soslaye que ciertos actos de investigación dentro de una indagatoria sí puedan, por sus características y efectos propios y particulares, ser susceptibles de ese control constitucional; empero, ello está condicionado a que los mismos materialicen un acto de molestia irreparable en la persona o bienes del investigado, lo que en la especie no acontece, pues de manera lacónica la quejosa reclama la "integración" de una carpeta de investigación (en su correcta denominación en sede ministerial) y no un acto o técnica específica de investigación. Además, el artículo 21 de la constitución impone al Ministerio Público la facultad y obligación de investigar y perseguir los delitos, lo cual se da a través de las etapas en la integración de una carpeta de investigación y del ejercicio de la acción penal. En este sentido, es indudable que resulta improcedente el juicio de amparo indirecto promovido por la investigación que se lleve a cabo contra la quejosa, con la cual se integre una carpeta de investigación, pues tal acto deja de irrogarle perjuicio alguno; aunado a que la integración de mérito, por sí misma, tampoco le afecta de manera directa e inmediata sus derechos sustantivos fundamentales de un modo que sea irreparable. Pues la eventual afectación en su esfera jurídica que trajera consigo la investigación en su contra e integración de dicha carpeta de investigación, se materializaría hasta que la autoridad judicial que conozca de la causa penal determine si resulta procedente la denuncia o querella basada en los hechos materia de la investigación en cuestión y por los cuales se ejerciera (en su caso) acción penal en su contra. Estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer las facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público, con la anteposición del interés particular al de la sociedad. Por consiguiente, se estima improcedente el juicio de amparo indirecto que se promueve contra la integración de una carpeta de investigación, pues ello deriva de las facultades de investigación del Ministerio Público. En adición, debe señalarse que el reclamo de los actos acaecidos durante la integración de una carpeta es excepcional y debe ser determinado en aras de preservar, al menos en su expresión mínima, la función indagatoria, a fin de nunca entorpecer las facultades y obligaciones conferidas en la constitución al Ministerio Público, pues sus efectos omiten ser de imposible reparación. Inclusive, tales hechos puede desvirtuarlos o contrarrestarlos dentro de la misma etapa ministerial, a partir del ofrecimiento y desahogo de pruebas de descargo, en los términos y con los requisitos y límites que fijen las leyes; o bien, hasta que la autoridad judicial a quien corresponda conocer de la causa penal determine que procede librar la correspondiente orden de aprehensión, momento en el cual real y efectivamente se afectará su esfera jurídica. Tiene aplicación por analogía la siguiente tesis aislada de la Novena Época (9ª), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2004, tomo XX, visible a página 351, registro 180028, de rubro: "ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO". Luego, de una interpretación amplia del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, se entiende que la acepción "juicio" a la cual alude dicho numeral, se refiere al procedimiento, que se desenvuelve a través de una secuencia ordenada de actos y en nada resulta ser sólo el seguido ante una autoridad judicial (como se comprendería en sentido restringido de la palabra); por lo que el procedimiento penal con todas sus etapas, encuadra en el supuesto contemplado por ese precepto legal. Máxime que esa etapa tiene por objeto que el representante social practique todas las diligencias necesarias para acreditar el hecho con apariencia de delito y la probabilidad de que el imputado haya participado en su comisión; en suma, se trata de una preparación para el ejercicio de la acción penal. Además, de que en la orden de investigación el Ministerio Público debe hacer un análisis valorativo de las pruebas con la finalidad de decidir sobre la existencia del hecho delictivo y la probable participación del investigado en su comisión, para ejercer en su caso acción penal, como en forma similar lo lleva a cabo el juez al resolver en el proceso penal, lo que refleja la secuencia lógica y necesaria existente entre esas etapas en cuanto a las pruebas se refiere. Atento a lo anterior, debe considerarse a la apertura, inicio o integración de una carpeta de investigación, en una interpretación amplia del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, como parte del procedimiento penal, aunque el mismo no se siga ante el juez, de tal forma que debe exigirse que el acto que se presente en esa indagatoria sea de imposible reparación, para la procedencia del juicio de protección. Por tanto, de conformidad con el artículo 113, de la Ley de Amparo, se desecha de manera parcial la demanda, respecto de los actos reclamados consistentes en la citación (para la audiencia inicial), así como la integración de una carpeta de investigación, porque se encontraron causas de improcedencia manifiestas e indudables, en términos de las consideraciones expuestas con antelación. Anotaciones internas. Se instruye a la oficial judicial encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realice las anotaciones correspondientes al desechamiento parcial previo. Admisión parcial. De conformidad con el artículo 112 de la Ley de Amparo, toda vez que el escrito de demanda cumple con los requisitos de procedencia previstos en los numerales 107 y 108 del mismo ordenamiento legal, se admite a trámite (respecto de los restantes actos reclamados). Materia del juicio. Los actos reclamados por la quejosa, en términos de la demanda y lo precisado en los apartados precedentes, comprenden: a). La orden de aprehensión o comparecencia librada en su contra; y, b) La ejecución de la referida orden. Precisión en la denominación de las autoridades que se tendrán como responsables en este juicio. La quejosa señaló como autoridades responsables ordenadoras al "encargado de la Administración General de los Juzgados de Oralidad Penal y Ejecución de todas las Regiones Judiciales en el Estado de Puebla", así como a los jueces de control de las regiones judiciales Centro y Centro-Poniente, sedes Puebla y Cholula, ambos del Estado de Puebla. Ahora, mediante oficio 22328/2021 ADM, de veinticinco de junio de dos mil veintiuno, el entonces Administrador General de los Juzgados de Oralidad Penal y de Ejecución de todas las Regiones Judiciales del Estado de Puebla, informó que tiene acceso al índice cronológico de los libros de gobierno de todas las sedes judiciales en materia de oralidad penal del Estado, por lo que se encuentra en aptitud, acorde a sus facultades, de rendir los informes previos y justificados correspondientes dentro de los juicios de amparo, en los que sean señalados como autoridades responsables los Jueces de Oralidad Penal y Ejecución de cualquier región judicial del Estado de Puebla. Además, constituye un hecho notorio7 para esta autoridad que su denominación actual y correcta es Administrador de los Juzgados Penales Tradicionales y de Oralidad, Ejecución y de Justicia para Adolescentes del Estado de Puebla, tal como se desprende del informe rendido dentro del juicio de amparo 709/2023 del índice de este juzgado. En esa tesitura, a fin de evitar la dilación en la integración de este expediente, únicamente se requerirá al referido administrador para que rinda los correspondientes informes previos y justificados por sí y en representación de los Jueces de Control señalados como responsables por la quejosa. Por otra parte, se observa que la quejosa señaló como autoridades responsables ejecutoras a la Fiscalía General del Estado de Puebla, Secretaría de Seguridad Pública en el Estado de Puebla y a la Secretaría de Seguridad Pública del Ayuntamiento de San Pedro Cholula, Puebla. 7 En términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Al respecto, se precisa que de conformidad con el artículo 25, fracción XII, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Puebla, la ejecución material de las órdenes de aprehensión y demás mandamientos judiciales, se encuentra asignada a los elementos de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla, a cargo del Titular de dicha agencia. Así que, a fin de maximizar el derecho de acceso a la justicia pronta y expedita consagrado en el artículo 17 de la constitución, y en atención a la naturaleza del acto reclamado, sólo se tendrá como responsable ejecutora al titular de la referida agencia. Entonces, en este juicio (y en el incidente de suspensión que se forme con motivo del mismo) únicamente se emitirán oficios a las siguientes autoridades: Con el carácter de ordenadora: 1. Administrador General de los Juzgados Penales Tradicionales y de Oralidad, Ejecución y de Justicia para Adolescentes del Estado de Puebla, por sí y en representación de los Jueces de Control adscritos a los Juzgados de Oralidad Penal y Ejecución de las Regiones Judiciales Centro, sede Puebla, y Centro-Poniente, sede Cholula. Con el carácter de ejecutoras: 2. Titular de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Puebla. Apertura del incidente de suspensión. Ante la solicitud de la medida cautelar, se ordena tramitar por separado el incidente de suspensión relativo a este juicio. No obstante, en términos del numeral 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se descarta la formación del duplicado físico del incidente de suspensión. Notificación de la fiscal adscrita. Notifíquese en forma personal a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado de distrito, para que intervenga en términos del artículo 5; fracción IV, de la Ley de Amparo; por lo que se le deberá entregar una impresión de este proveído y de la demanda de amparo. A fin de justificar el cumplimiento de lo anterior, se ordena al actuario correspondiente deje constancia legal en el expediente. Requerimiento de informe justificado. De conformidad con los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables su informe justificado, el cual deberán rendir dentro del plazo de quince días computados a partir de su legal notificación8 . En éste, deberán exponer las razones y fundamentos que estimen pertinentes para la improcedencia del juicio o la legalidad del acto reclamado. También deberán remitir copia certificada, completa, legible y ordenada de las constancias o actuaciones que sean necesarias para apoyar el informe de contestación. Además, los jueces de control señalados como autoridades responsables deberán remitir los registros digitales (videograbaciones) relativos a la audiencia donde se haya dictado el acto reclamado (de ser el caso), en el entendido de que deberán ser visibles y audibles con claridad y nitidez, así como deberán contar con la certificación correspondiente. 8 En términos de lo dispuesto por el artículo 31, fracción I, de la Ley de Amparo. Asimismo, con fundamento en el artículo 117, tercer párrafo, de le Ley de Amparo, deberán acompañar el índice cronológico del desarrollo de la audiencia. Cabe hacer la aclaración que el índice cronológico no es un simple listado de las intervenciones de las partes, sino que deberán detallar horas, minutos y segundos exactos de cada una de las intervenciones que se hayan llevado a cabo y especificar de forma puntual el sentido genérico en el que se hizo cada una. En caso de que la orden reclamada no haya sido solicitada y librada en audiencia, deberán remitir copia certificada de la totalidad de las constancias que integran la causa penal de la cual deriva (carpeta judicial administrativa). Se prescinde de remitir copia de la demanda, dado que está se adjuntará al oficio por el cual se requiera su informe previo. Se apercibe a las autoridades responsables que en caso de no rendir el informe justificado o de presentarlo sin acompañar las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional, se les impondrá a la omisa una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización (a razón de su valor diario), de conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. De igual forma, se hace saber a las autoridades responsables que el informe justificado deberá presentarse, preferentemente, de manera digital a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o los servicios de interconexión existentes, o, en su defecto, de manera física a través de la Oficialía de Partes de este juzgado y la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla. No obstante, con la finalidad de privilegiar el derecho a una impartición de justicia pronta, de manera transicional y excepcional, será admisible la recepción de informes a través de medios tecnológicos o soluciones digitales, tales como el correo electrónico institucional de este órgano jurisdiccional: Requerimiento de antecedentes. Se requiere a las autoridades responsables para que, al rendir su informe justificado, informen si en el procedimiento de donde emana el acto reclamado, se ha tramitado diverso juicio de protección contra el mismo acto reclamado, y de ser así, señalen ante cuál autoridad federal se radicó el mismo. Lo anterior bajo el apercibimiento que en caso de desatender dicho requerimiento, les será impuesta una multa por el equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización (a razón de su valor diario), de conformidad con los artículos 237, fracción I, 238 y 259, de la Ley de Amparo. Requerimiento de informe sobre terceros interesados. Con fundamento en el tercer párrafo del artículo 75 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se requiere a las autoridades responsables que en el plazo de cinco días9 , contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, proporcionen el nombre y domicilio de las personas que puedan tener el carácter de terceros interesados en este juicio (agraviados, ofendidos o víctimas en la causa penal), para ello deberán remitir las constancias de donde se desprenda tal información. De manera adicional, los jueces de control responsables deberán proporcionar el nombre y domicilio oficial para recibir notificaciones del agente del Ministerio Público que esté asignado para intervenir en la causa penal o haya solicitado el mandamiento de captura. Conforme a los artículos 260, fracción IV y 244, ambos con relación al diverso 238, todos de la Ley de Amparo, se apercibe a las responsables que de no cumplir lo requerido en párrafos anteriores en el plazo señalado, sin causa justificada, se les impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización a razón de su valor diario. Una vez que se reciba la información requerida, habrá de proveerse el emplazamiento de quien tenga el carácter de tercero interesado, -si procede- en términos del artículo 5, fracción III, de la Ley de Amparo. Audiencia constitucional. De conformidad con el artículo 115, primer párrafo, en relación con los diversos 19 y 22 de la Ley de Amparo, se señalan las DIEZ HORAS CON TRES MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que sea celebrada la audiencia constitucional de este juicio. Se hace saber a las partes que, con la finalidad de privilegiar el uso de medios electrónicos y servicios digitales, la audiencia constitucional se celebrará a partir de los escritos presentados física o electrónicamente por las partes; ello, en atención a lo dispuesto por el artículo 257, fracción II, del Acuerdo General supra citado. No obstante, en caso de que sea indispensable la intervención oral de las partes, por ser necesaria para el desahogo de una probanza, diligencia o ejercer su derecho de alegar de manera verbal únicamente en supuestos previstos por el artículo 124, segundo párrafo, de la Ley de Amparo por regla general, su desahogo se realizará a través de videoconferencia, para lo cual la parte que así lo desee deberá elevar su petición dentro del plazo de tres días siguientes a la notificación de este proveído, de lo contrario, como ya se precisó, la audiencia se celebrará sin su presencia. Requerimiento sobre causas de sobreseimiento. Se informa a las partes que de conocer alguna causal de sobreseimiento en relación con los actos combatidos, deberán manifestarla de inmediato como lo dispone el artículo 64 de la ley de la materia; y acompañen las constancias que la acrediten. No cumplir lo anterior implica, como lo prevé el numeral 251 de la Ley de Amparo, la imposición para las autoridades de una multa por el importe de cien unidades de medida y actualización (a razón de su valor diario). Domicilio procesal y autorizados. La quejosa señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones un inmueble ubicado en la ciudad de Puebla, pero también solicitó la práctica de notificaciones por vía electrónica a través del usuario Al respecto, se le hace saber que, a fin de dotar de certeza jurídica a las partes, resulta improcedente tener dos vías para recibir notificaciones. En consecuencia, con fundamento en el artículo 9 10 del acuerdo general 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal11, se tiene como única vía para recibir notificaciones, la electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, mediante el usuario. Por otra parte, Alejandro Alvarado Cervantes, queda autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, porque la quejosa le otorgó esas facultades. Consulta del expediente electrónico La quejosa solicitó que se le permita la consulta del expediente electrónico y para tal efecto proporcionó el nombre de usuario. Por tanto, con fundamento en el artículo 3, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 35 y 57 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal12, se autoriza la consulta del expediente electrónico al referido usuario. Asimismo, se instruye a la secretaria encargada del trámite del presente asunto, a fin de que habilite en dicho sistema la consulta electrónica del presente expediente (así como la recepción de notificaciones). Medios de contacto no procesal. Además, se tiene recibido el número telefónico proporcionado por aquélla, como medio de contacto no procesal. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías de las actuaciones que obren en el expediente, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Acceso a la información y protección de datos personales. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes el derecho que les asiste hasta antes de dictar sentencia, para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitieran manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Notifíquese; vía electrónica a la quejosa y cúmplase.

  3. Incidental

    INCIDENTE DE SUSPENSIÓN 1133/2023-III. Puebla, Puebla, siete de noviembre de dos mil veintitrés. Formación del incidente. Visto el escrito de demanda y el acuerdo dictado en esta fecha en el cuaderno principal del expediente electrónico, tramítese el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1133/2023-III, promovido por la quejosa, por derecho propio, contra actos del ".ENCARGADO DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LOS JUZGADOS, DE ORALIDAD PENAL Y EJECUCIÓN DE TODAS LAS REGIONES JUDICIALES EN EL ESTADO DE PUEBLA." (sic), y otras autoridades responsables. Requerimiento de informe previo. En términos de los artículos 140, 142 y 143 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables presenten su informe previo, el cual deberá cumplir los requisitos legales establecidos, y rendirse dentro del plazo de cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación del presente acuerdo. Por tanto, envíese a las responsables copia de la demanda, adjunta al oficio que contiene esta determinación. Con fundamento en el artículo 260, fracción I, de la Ley de Amparo, se les apercibe que de no rendir su informe previo en el plazo señalado, le será impuesta a la omisa una multa de entre cien a mil Unidades de Medida y Actualización (a razón de su valor diario). De igual forma, se hace saber a las autoridades responsables que el informe previo deberá rendirse, preferentemente, de manera digital a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o los servicios de interconexión existentes, mediante el empleo de la firma electrónica; o, en su defecto, de manera física a través de la Oficialía de Partes de este juzgado y la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal. No obstante, con la finalidad de privilegiar el derecho a una impartición de justicia pronta, de manera transicional y excepcional, será admisible la recepción de informes a través de medios tecnológicos o soluciones digitales, tales como el correo electrónico institucional de este órgano jurisdiccional: 4jdo6ctop@correo.cjf.gob.mx. Requerimiento de antecedentes. Con fundamento en el artículo 145 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables para que en el término de cuarenta y ocho horas contadas a partir de que surta efectos la notificación del presente auto (al momento de rendir su informe previo), informen a este juzgado si ya se resolvió sobre la suspensión de los actos reclamados en otro juicio de amparo por lo que hace a la aquí quejosa. De ser así, deberán remitir copia certificada de la resolución correspondiente. Se les apercibe que de omitir hacerlo, con fundamento en el artículo 237, fracción I, en relación con el numeral 259, ambos de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización a razón de su valor diario. Requerimiento a las autoridades responsables. De resultar ciertos los actos reclamados, en términos del artículo 168, fracción I, de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables informen: La naturaleza, modalidades y características del delito o delitos imputados a la quejosa, y si fueren de carácter patrimonial, deberán informar el monto del daño causado y si este ya fue cubierto a la parte agraviada. Si el delito imputado es de aquéllos considerados de prisión preventiva oficiosa en términos del artículo 19 constitucional, o si está catalogado grave en la legislación estatal. De no ubicarse en el supuesto anterior, deberán indicar las razones que le permitieron establecer la necesidad de cautela necesaria para librar la orden de aprehensión. Audiencia incidental. Con fundamento en el artículo 138, fracción II, de la ley de la materia, se señalan las NUEVE HORAS CON TRES MINUTOS DEL TRECE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que sea celebrada la audiencia incidental. Actos reclamados. Los actos reclamados por la quejosa, en términos de la demanda y lo precisado en el proveído de admisión, comprenden: a). La orden de aprehensión o comparecencia librada en su contra; y, b) La ejecución de la referida orden. Concesión de la suspensión provisional. Con fundamento en los artículos 107 fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 128, 138, 139, 162, 163, 164 y 166 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional respecto de la orden reclamada, para los efectos siguientes: a) Si alguna orden contra la quejosa fue emitida por una autoridad judicial, en una causa donde tiene la calidad de imputado porque de los registros de investigación existan datos de prueba de los que se desprenda la probabilidad de que cometió o participó en la comisión de un hecho señalado por la ley como delito, por el que proceda decretar de oficio su prisión preventiva en términos del artículo 19 constitucional, o se trate de delitos graves conforme a una norma secundaria, con fundamento en la fracción I del citado artículo 166 de la Ley de Amparo, la suspensión provisional sólo producirá el efecto de que una vez detenida la quejosa, quede a disposición de este juzgado por su libertad personal en el lugar donde sea recluida o internada y a resolución del juez de control para continuar el procedimiento que se le instruya. Con la salvedad de que si la orden de captura se libró por el inicio del procedimiento -conforme lo establecido por la norma adjetiva secundaria-, la autoridad judicial deberá comunicar al director del centro penitenciario donde se interne a la quejosa que deberá mantenerla recluida en un área de prisión preventiva, distinta de la asignada a las sentenciadas. b) Si la orden de captura fue emitida por una autoridad judicial contra la quejosa, en una causa donde tiene la calidad de imputada porque de los registros de investigación existan datos de prueba de los que se desprenda la probabilidad de que cometió o participó en la comisión de un hecho señalado por la ley como delito, pero que no amerite la prisión preventiva de oficio, o no se trate de delitos graves conforme a una norma secundaria, con fundamento en la fracción II del citado artículo 166 de la Ley de Amparo, la suspensión provisional tendrá el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran y no sea detenida, por lo que quedará a disposición de este juzgado en cuanto a la libertad personal -con la posibilidad de seguir el trámite de la causa penal-,hasta que las autoridades responsables sean notificadas de la suspensión definitiva. Ahora, en términos del artículo 166, último párrafo, de la Ley de Amparo, si los actos reclamados consisten en una orden o medida de protección dictadas conforme a la legislación aplicable por alguna autoridad administrativa o jurisdiccional, para salvaguardar la seguridad o integridad de una persona y la ejecución de una técnica de investigación a que refiere el penúltimo párrafo del artículo 128 de la Ley de Amparo, la suspensión no surtirá efectos. Lo mismo sucederá si se sorprende a la quejosa en la comisión de flagrante delito. Medidas de aseguramiento y garantía. Como medidas de aseguramiento y para evitar la sustracción de la quejosa a la acción de la justicia, en caso de negársele la protección, en términos del artículo 162 de la Ley de Amparo, deberá presentar escrito en el plazo de tres días donde acredite con documental idónea y eficaz su domicilio particular, ocupación e ingreso o salario percibido. Lo anterior deberá acreditarlo por escrito ante este juzgado con las constancias idóneas para ello y dentro del mismo plazo, bajo el apercibimiento de que, en caso de no hacerlo así, quedará sin efectos la suspensión y podrán las responsables ejecutar la orden reclamada. La suspensión concedida surtirá efectos desde luego, pero la quejosa deberá exhibir en el plazo de tres días hábiles contados a partir del siguiente a la notificación de este auto, una garantía por la cantidad de diez mil pesos cero centavos moneda nacional ($10,000.00) en cualquiera de las formas establecidas por la ley. En el entendido que, de no cumplir con la exhibición de la garantía en mención, dentro del plazo antes señalado, quedará sin efectos la suspensión y las autoridades responsables estarán en aptitud de ejecutar la orden combatida. Por lo que deberá acompañar dos fotocopias del documento donde conste dicha garantía, para asegurar su presentación ante la autoridad correspondiente que la reclame, en caso de que no le sea favorable la sentencia que se pronuncie en el juicio de amparo del que deriva este incidente, de conformidad con el invocado artículo 162 de la Ley de Amparo. Cantidad que se fija de manera discrecional, y se estima asequible y proporcional entre la posibilidad de acceder a la medida cautelar y, a la vez, garantizar que no pretenda evadir la acción de la justicia. Por tanto, dicha garantía la deberá aportar a satisfacción de este juzgado federal, en cualquiera de las formas establecidas por la ley. Por otro lado, de resultar cierta la orden reclamada y continuar la quejosa en libertad, con apoyo en el artículo 162 de la Ley de Amparo, se le requiere que dentro del plazo de tres días hábiles, contados a partir de que rinda informe la autoridad emisora, presente un escrito al juez que haya librado alguna orden, donde se ponga a su disposición y le solicite: Que fije día y hora para la celebración de la audiencia inicial, a fin de que comparezca (la quejosa) con su defensor, para que el fiscal respectivo le formule imputación. Lo cual también deberá acreditar por escrito presentado a este juzgado, en el referido lapso de tres días hábiles, en el que deberá demostrar con el medio de prueba idóneo la presentación del referido escrito ante la autoridad judicial; porque de no hacerlo quedará sin efectos la suspensión provisional y podrán las responsables ejecutar la orden reclamada. Se hace notar que la obligación de presentar el escrito a la autoridad judicial responsable, será exigible sólo en el caso de que sea cierta la orden reclamada. Sirve de apoyo a la anterior consideración, la tesis jurisprudencial 149/2007, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA ACTOS QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL. LA OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE COMPARECER ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA O EL MINISTERIO PÚBLICO ES EXIGIBLE HASTA QUE SE TIENE CERTEZA RESPECTO DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD QUE LO EMITIÓ". Además, se requiere a la quejosa, con apoyo en el referido artículo 162 de la ley de la materia, que se presente ante la autoridad emisora de la orden reclamada (en caso de que ésta sea cierta) cuantas veces le sea solicitado. Para el cumplimiento a los requerimientos efectuados en este apartado, se hace saber a la quejosa que deberá preferir la vía electrónica con su respectiva firma electrónica; y sólo por excepción, podrá realizarlo de manera física en la Oficialía de Partes del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla, la cual se encuentra ubicada al interior del edificio cito en avenida 23 poniente, número 2509, colonia Volcanes, de la ciudad de Puebla, o en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla (en esta de lunes a viernes después de las catorce horas con treinta minutos). Además, es menester precisar que el billete de depósito debe contener el nombre de la quejosa, el número de expediente de este incidente y la leyenda en la que se advierta que es para garantizar la suspensión provisional. Autorización de copia. Por último, respecto a la solicitud de copias certificadas de este acuerdo y de la interlocutoria que resuelva sobre la suspensión definitiva, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se ordena descargar copias digitalizadas del expediente electrónico -con su respectiva evidencia criptográfica-; pues de conformidad con el artículo 22, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dichas determinaciones judiciales no se integran al incidente de suspensión para su fotocopiado. Lo anterior, previa razón e identificación oficial que por su entrega y recibo se asiente en autos, por lo que la interesada deberá proporcionar un dispositivo de almacenamiento externo tipo USB. Es importante destacar que, dichas constancias pueden ser descargadas desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, mediante el usuario que, en su caso, haya sido autorizado para la consulta del expediente electrónico. Notifíquese y cúmplase.

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