Ana Bertha Barroso Marquez

Expediente 1082/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1082/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
28/09/2021

Partes del expediente

  • Ana Bertha Barroso Marquez

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos; veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que la autoridad responsable Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, no ha dado cumplimiento a la ejecutoria emitida en autos. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de que sea notificado el presente auto, allegue copia certificada de las constancias con la que acredite el cumplimiento al fallo protector; con el apercibimiento de que ante el incumplimiento o no manifestar impedimento, se hará acreedor de una multa de cien unidades de medida y actualización, conforme al artículo Tercero Transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, sin perjuicio de proceder como lo disponen los ordinales 192 y 193 de la misma. Notifíquese.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos; nueve de septiembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, de la razón levantada por el actuario adscrito a este juzgado, de siete de septiembre del año en curso, en la que hace constar los motivos por los que no le fue posible notificar a la parte quejosa **********, el proveído de tres de septiembre del año dos mil veintiuno, por las consideraciones que expone en la misma. En tal virtud, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, practíquese la notificación de referencia, así como las subsecuentes, aún las de carácter personal, por medio de lista que se publique en los estrados de este tribunal; lo anterior, para los efectos legales conducentes. Notifíquese. OTRO ACUERDO: Cuernavaca, Morelos; tres de septiembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, se tiene por recibida la demanda de amparo presentada por *************, por propio derecho, contra actos del Juez Segundo Familiar de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial en el Estado de Morelos, con residencia en la Ciudad de Cuautla, y otra autoridad. Regístrese en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 1082/2021 y fórmese expediente. Desechamiento. Ahora bien, en seguimiento a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se examinará, el escrito de demanda y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se desechará de plano sin suspender el acto reclamado. El citado artículo 113 dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Ese artículo impone la obligación al juez de distrito de examinar el escrito de demanda y, de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano; atento a ello, por motivo manifiesto se entiende descubierto, patente y claro1, y por indudable aquello que no puede ponerse en duda; esto es, de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualice; de modo que, aún de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, llevaría a la misma convicción de improcedencia2. Proceder soportado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Acto reclamado. En el particular la parte quejosa reclama: (.) EL AUTO DE FECHA 20 DE JULIO DEL AÑO 2021, MEDIANTE EL CUAL SE DECRETA LA CADUCIDAD DE INSTANCIA DEL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL **********DICTADO POR EL JUEZ SEGUNDO FAMILIAR DEL SEXTO DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO DE MORELOS POR CONDUCTO DE SU SEGUNDO SECRETARIO DE ACUERDOS (.) sic. Causales de improcedencia. Por las razones expuestas a continuación, se considera que surte de un modo manifiesto e indudable, la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" El dispositivo legal antes transcrito establece la improcedencia del juicio de amparo indirecto en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificarlo, revocarlo o modificarlo, así como los casos de excepción a dicho principio. Así es, el principio de definitividad en materia de amparo estudiado por la doctrina, recogido en la legislación y perfeccionado por la jurisprudencia, consiste en la obligación de agotar todos los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio de amparo. Así, encontramos que respecto de los actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, dicho principio se encuentra contenido en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que establece la improcedencia del juicio constitucional en aquellos casos en los cuales el particular promueve el mismo, impugnando un acto emanado de dichos tribunales, sin haber agotado previamente el recurso que proceda. De la simple lectura de la fracción transcrita, se desprende que el legislador exige como requisitos para que se actualice la causal de improcedencia a que se ha hecho referencia los siguientes: a) Que el acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) Que la ley ordinaria conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa, se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; d) Que por virtud de dicho medio ordinario de defensa, la resolución o acto judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; y, e) Que no se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el mismo precepto legal. De lo anterior se colige que, el recurso que debe tener a su alcance la parte quejosa para impugnar la resolución del tribunal judicial, administrativo o del trabajo, es el que se otorga dentro del procedimiento del que proviene el acto reclamado, es decir, un recurso ordinario, por virtud del cual se pueda revocar, nulificar o modificar la resolución impugnada. Expuesto lo anterior, es de precisarse que el acto reclamado consiste en el auto de veinte de julio de dos mil veintiuno, en el cual se decretó la caducidad de la instancia del juicio ejecutivo mercantil ********** dictado por el Juez Segundo Familiar del Sexto Distrito Judicial en el Estado de Morelos, mismo que no tiene el carácter de definitivo para los efectos de procedencia del juicio de amparo, toda vez que, la parte quejosa pudo interponer el recurso de revocación, previsto por los artículos 1334 y 1335 del Código de Comercio, que a la letra dice: "Artículo. 1334. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición". Artículo 1335. Tanto la revocación en primera instancia como la reposición deberán pedirse por escrito dentro de los tres días siguientes a que haya surtido efectos la notificación del proveído a impugnar, dando vista a la contraria por un término igual y el tribunal debe resolver y mandar notificar su determinación dentro de los tres días siguientes. De la resolución en que se decida si se concede o no la revocación o la reposición no habrá ningún recurso." En ese tenor, cabe precisar que los actos que en esta vía reclama la parte quejosa en su ocurso de demanda, tampoco importan peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución. Sentado lo anterior, es incontrovertible que, la ley de la materia que regula el acto reclamado, prevé para impugnar dicho acto de molestia, el recurso de revocación, el cual, la parte quejosa tenía la obligación insoslayable de interponer, para que con ello, se pudiera revocar o modificar el acto aquí reclamado; lo cual, refiere la necesidad de solventar previamente a instar el juicio constitucional, los recursos ordinarios previstos en el cuerpo de leyes normativo; entonces es evidente, la improcedencia del juicio de garantías que nos ocupa, pues se reitera, la parte impetrante debió haber agotado previamente, el medio de impugnación que el ordenamiento legal aplicable prevé para combatir los actos que le aquejan, lo que no sucedió en la especie; de ahí que se actualiza la causal de improcedencia en análisis. Es aplicable el criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, en la Tesis: 1a./J. 96/2011 (9a.) publicada en la página 709, Tomo II, octubre de 2011, materia civil, con el registro 160948, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro siguiente: "CADUCIDAD EN EL JUICIO MERCANTIL PROCEDE EL RECURSO DE REVOCACIÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LA DECRETA EN LA PRIMERA INSTANCIA, CUANDO POR RAZÓN DE CUANTÍA NO PROCEDE EL DE APELACIÓN. Del artículo 1076, fracción VII, del Código de Comercio, se advierte que tratándose de juicios mercantiles, la resolución que decrete la caducidad es impugnable a través del recurso de apelación, en caso de que el juicio admita la alzada. Al respecto, el artículo 1340 del mismo ordenamiento, condiciona la procedencia del recurso de apelación al monto o cuantía del asunto, por lo que si la resolución que decretó la caducidad en la primera instancia se dicta en un juicio que no admite dicho recurso, puede controvertirse a través del recurso de revocación previsto en el artículo 1334 del citado código, que procede contra los autos que no son apelables y los decretos. Lo anterior es así, porque la declaratoria de caducidad es un auto definitivo que extingue la instancia pero no la acción; convierte en ineficaces las actuaciones del juicio y vuelve las cosas al estado que tenían antes de la presentación de la demanda. Esto es, no se trata de una sentencia definitiva, ya que no decide la controversia de fondo; no analiza las acciones deducidas ni las excepciones opuestas, ni absuelve o condena como lo exigen los artículos 1077, primer párrafo, 1325, 1326 y 1327 del Código de Comercio, de ahí que se ajuste al supuesto de procedencia del recurso de revocación." Ahora bien, el artículo 1339 del Código de comercio establece: "Artículo 1,340. La apelación no procede en juicios mercantiles cuando por su monto se ventilen en los juzgados de paz o de cuantía menor, o cuando el monto sea inferior a $705,379.03 (Setecientos cinco mil trescientos setenta y nueve pesos 03/100 M.N.) por concepto de suerte principal, debiendo actualizarse dicha cantidad en los términos previstos en el artículo 1339." Y de la demanda de amparo se advierte que el monto reclamado en el juicio de origen lo es por la suma de $160,000.00 (ciento sesenta mil pesos 00/100 moneda nacional), por lo que se concluye que es procedente el recurso de revocación, en base a lo anteriormente expuesto. En tal virtud, al actualizarse las causales de improcedencia invocadas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo en trato. Consulta de autos mediante cita. Por otro lado, si es deseo de la justiciable consultar los autos de manera física, podrá hacerlo siempre y cuando cumpla con las obligaciones previstas en el capítulo II del acuerdo 21/2020, entre ellas, la gestión de la cita y obtención de su código QR a través del Portal del Consejo de la Judicatura Federal, al igual que el tiempo máximo que permite su estadía en el recinto judicial; y, primordialmente, el acato de las medidas sanitarias, pues su incumplimiento generará la inmediata expulsión. ... Notifíquese personalmente a la parte quejosa en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, de conformidad con el artículo 23, fracción I del Acuerdo General 21/2020.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos; tres de septiembre de dos mil veintiuno. Se desecha demanda de amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, de conformidad con el artículo 23, fracción I del Acuerdo General 21/2020.

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