Ana Bertha Amaya Saucedo
Expediente 1229/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1229/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 29/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Ana Bertha Amaya Saucedo
Actuaciones
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. En virtud de lo anterior, toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar, archívese el presente expediente como asunto concluido previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que se tuvo por no presentada la demanda constitucional, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que este órgano jurisdiccional ordenó prevenir a la parte quejosa para que aclarara la demanda de amparo dentro del término de cinco días, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se tendría por no presentada. Consecuentemente, toda vez que no dio cumplimiento al requerimiento mencionado en el término indicado, se hace efectivo el apercibimiento con el que fue conminada y con fundamento en el segundo párrafo, del artículo 114 de la ley de la materia, se tiene por no presentada la demanda constitucional de que se trata. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO QUE DICE: }San Luis Potosí, San Luis Potosí, veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos y tomando en consideración que se dio vista a las partes con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este juzgado procede a analizar si se encuentra cumplida. En acatamiento a lo anterior, por oficio 1523/2021, la Magistrada Presidenta de la Primera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, remitió copia certificada de la determinación de trece de octubre de dos mil veintiuno, dictada en el toca de apelación UG/ASA/186/2020, de la que se desprende que se dejó insubsistente la resolución de veintiséis de noviembre de dos mil veinte; se revocó la resolución recurrida que concedió autorizar la suspensión condicional del proceso, pronunciada el catorce de agosto de dos mil veinte en la causa penal RI/SLP/CP-1031/2018, instruida contra Francisco Martín Rivera García; y en su lugar se ordenó al Juez de Control llevar a cabo la audiencia relativa a la suspensión condicional del proceso, resolviendo lo conducente con libertad de jurisdicción. De lo anteriormente expuesto se advierte que se dio cumplimiento a la sentencia de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de que se trata, sin que se haya incurrido en exceso o defecto al dar cumplimiento a la misma. Por otra parte, visto el estado de los autos, se desprende que no existe trámite pendiente, por lo que de conformidad con lo señalado en el párrafo cuarto del citado precepto legal, se ordena el archivo de este juicio como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro de gobierno. Hágase constar la valoración de los expedientes referidos, en las carátulas respectivas, como lo prevé el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Por último, se hace del conocimiento de la autoridad responsable, que la constancia de notificación relativa al oficio en el que se le informa de la presente determinación, hace las veces de acuse de recibo de la misma, por lo que es innecesario informar de dicha circunstancia a través de una diversa comunicación oficial
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL SIGUIENTE PROVEÍDO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Luis Potosí, San Luis Potosí, treinta de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda promovida por ANA BERTHA AMAYA SAUCEDO, contra actos del PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS y de otras autoridades; fórmese el expediente y regístrese con el consecutivo 1229/2021-II. Ahora bien, a efecto de acordar lo que en derecho proceda respecto a la demanda de amparo en que se actúa, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108 y 114 de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente para que dentro del término de cinco días contados a partir del siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de este acuerdo, por escrito y bajo protesta de decir verdad, cumpla con lo siguiente: PRIMERO. Acompañe la documentación correspondiente de la cual se desprenda que la quejosa requiere el suministro o prescripción de medicamentos que refiere, así como la constancia o valoración realizada por personal médico en la que determine la necesidad de realizar el procedimiento quirúrgico conocido como "histeroctomía" o bien manifieste la imposibilidad que tenga para ello. SEGUNDO. Asimismo, se le requiere para que indique cuales son los actos que reclama particularmente a cada una de las autoridades responsables, pues de lo que se aprecia con los incisos a), b) y c), de su escrito inicial de demanda, no es claro cuales pretende atribuir de acuerdo a sus atribuciones al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior, en el entendido de que, de afirmar hechos falsos u omitir los que le consten en relación con los actos reclamados, podría actualizar la conducta delictiva especificada por el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo; numeral que en lo conducente dispone: Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y [.] En ese sentido se cita la jurisprudencia P./J. 13/2017 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 5 del libro 45, tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de agosto de 2017, Décima Época, con registro digital 2014917, que dice: VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA. Los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo facultan a los órganos jurisdiccionales de amparo para que, con independencia de la intervención del Ministerio Público Federal como parte en los juicios de la materia, hagan del conocimiento de este último los hechos que podrían ser constitutivos de delitos; por otra parte, el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la obligación ineludible de las autoridades en ejercicio de sus funciones públicas -y hasta de las partes que intervengan en el proceso- de denunciar y hacer del conocimiento de la representación social la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito. De lo anterior se colige que los juzgadores de amparo deben dar vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, a fin de que la representación social investigue de inmediato. Atento a los requerimientos antes planteados, si bien se solicita sea decretada la suspensión de plano; sin embargo, resulta hasta este momento imposible pronunciarse en cuanto al otorgamiento o no de dicha medida cautelar, pues es necesario que se desahoguen tales prevenciones a fin de establecer la litis constitucional y, en su caso, la procedencia de la acción de amparo o los términos en que habrá de decretarse la suspensión de plano solicitada. Sin que se soslaye que es posible otorgarse la suspensión de plano aun previniéndose la demanda; sin embargo, al no tener claridad sobre los actos reclamados, ni tener certeza del padecimiento y valoración de la quejosa, deviene imposible tal pronunciamiento, hasta en tanto desahogue las prevenciones antes precisadas. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia VI.1º.C.18 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, visible en la página 1716 del tomo XVII del Semanario Judicial de la Federación, marzo de 2003, Novena Época, de rubro: DEMANDA DE AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO, AL PREVENIR AL QUEJOSO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE EXPRESAR CON CLARIDAD Y PRECISIÓN LAS IRREGULARIDADES O DEFICIENCIAS QUE DEBEN LLENARSE PARA QUE EL QUEJOSO ESTÉ EN APTITUD DE SUBSANARLAS. Así como la tesis P. VII/2001, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, consultable en la página 325 del tomo XIII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2001, intitulada: DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. FINALIDAD DE LOS REQUISITOS QUE DEBE CONTENER EL ESCRITO RELATIVO Y DE LAS COPIAS QUE DEBEN EXHIBIRSE. Apercibida la parte promovente que, de no dar cumplimiento a la presente prevención, se tendrá por no presentada su demanda de amparo; y sin que resulte posible el decretar la suspensión de plano solicitada, dado el desconocimiento del origen de la atención médica que señala. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que indica en el proemio de la demanda y como autorizados en términos amplios del artículo 12, del ordenamiento legal en cita, a las personas que refiere, quienes cuentan con sus cédulas profesionales registradas en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y en términos restringidos del aludido numeral a las personas que señala, por así solicitarlo. Con fundamento en el artículo 8° constitucional, así como en lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, en su artículo 12, inciso I), se autoriza la consulta electrónica de este asunto, a través de los usuarios que proporciona. Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y 21, último párrafo, de la citada legislación, atendiendo a la carga de trabajo, al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Finalmente, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes, lo que incluye a la(s) autoridad(es) responsable(s), para que continúe(n) con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). Y, con la finalidad de establecer formas expeditas de contacto, requiérase a la parte quejosa para que proporcione un teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso de origen, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales.
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