Ana Belia Patiño Ramirez
Expediente 186/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 30 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 186/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 30
- Última actuación
- 17/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Ana Belia Patiño Ramirez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 30.
- Principal
Morelia, Michoacán, diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, agréguese el escrito firmado por la parte quejosa Ana Belia Patiño Ramírez, mediante el cual interpone recurso de revisión contra la sentencia dictada en autos; en consecuencia, con apoyo en los artículos 81 y 89 de la Ley de Amparo, córrase traslado a las partes con copia del escrito de expresión de agravios. Con fundamento en el artículo 89 de la Ley de Amparo, una vez que se encuentre debidamente integrado el presente asunto, remítase dentro de los tres días siguientes los autos originales al Tribunal Colegiado respectivo, enviándose al efecto el original y copia del escrito en mención. Notifíquese por lista, personalmente a la parte tercera interesada y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 186/2023, promovido por Ana Belia Patino Ramírez; y, RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veinte de febrero de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, Ana Belia Patino Ramírez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zitácuaro, Michoacán y de otra autoridad. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 1º, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Trámite del juicio de amparo. Por razón de turno, correspondió a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán conocer de la demanda de amparo de referencia, por lo que se registró bajo expediente 186/2023 y en proveído de tres de marzo de dos mil veintitrés se admitió a trámite; se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación; se otorgó la intervención legal que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se reservó proveer sobre la existencia de parte tercera interesada y se señaló hora y fecha para que tuviera verificativo la audiencia constitucional. En proveído de veintidós de agosto de la anualidad que transcurre, se reconoció el carácter de tercera interesada a Vianey Lizette Ávila Santn, por sí y en representación de Lilia Patricia Santín Castrejón, Jaime, Wendy Elizabet, Brenda Karina y Laura Janeth, de apellidos Ávila Santín y se ordenó su emplazamiento [foja 40-41], así seguido el juicio por sus trámites legales, se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; por lo que ahora procede resolver de acuerdo a los siguientes CONSIDERANDOS: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107 de la Ley de Amparo, 49 y 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que si bien el emplazamiento se llevó a cabo en un territorio en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se analizará la certeza o inexistencia del acto reclamado, previa fijación del mismo. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, tomo XIX, abril 2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, registro 181810, del rubro y texto siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal y atendiendo además al criterio mencionado, los actos reclamados por la quejosa al Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zitácuaro, Michoacán y Actuario adscrito a dicho juzgado, consisten en: Todo lo actuado dentro del juicio ordinario civil 692/2014, que sobre petición de herencia promovió Vianey Lizette Ávila Santn, por sí y en representación de Lilia Patricia Santín Castrejón, Jaime, Wendy Elizabet, Brenda Karina y Laura Janeth, de apellidos Ávila Santín, frente a la sucesión a bienes de Melquiades Ávila Rivera, del que destaca la falta o ilegal emplazamiento. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32, tomo XI, abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, registro 192097, la cual es del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercero. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados al Juez de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Zitácuaro, Michoacán y Actuario adscrito a dicho juzgado; pues así lo manifestaron al rendir sus respectivos informes justificados [fojas 38 y 39]. Lo anterior se corrobora con las pruebas documentales que acompañó el juez responsables, consistente en los autos del juicio 692/2014. Pruebas con valor pleno en términos del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de ahí que se tengan debidamente probados los actos reclamados. Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por lo que respecta al valor acreditativo de los documentos públicos, es ilustrativa la jurisprudencia 226 emitida por el Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153 del Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Quinta Época, registro 394182, de rubro y texto: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Cuarto. Análisis de las causales de improcedencia. Determinada la certeza de los actos reclamados es necesario examinar la procedencia del juicio constitucional, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia son de estudio preferente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. Lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible a fojas 553, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, tomo VI, Parte TCC, Materia Común, Octava Época, registro 394770, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Sin embargo, en el presente caso, ninguna de las partes invocó alguna causal de improcedencia de la acción constitucional y tampoco este juzgador, de oficio, advierte su existencia; por tanto, procede entrar al estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados. Quinto. Estudio de los conceptos de violación. La parte quejosa hizo valer los conceptos de violación expuestos en su demanda, mismos que se tienen aquí por reproducidos como si al efecto se transcribiesen, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo. Ello, acorde con lo dispuesto en la jurisprudencia 2a./J.58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 50/2010, publicada en la página 830 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia Común, Novena Época, registro 164618, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Debe precisarse que este juzgador analizará la legalidad del emplazamiento reclamado a través de un análisis oficioso de dicha diligencia, ya que respecto de este acto procesal existe criterio jurisprudencial de nuestro Máximo Tribunal que establece la procedencia de la suplencia de la deficiencia de la queja incluso ante la ausencia de conceptos de violación. El criterio jurisprudencial al que se alude es el P./J. 149/2000, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Diciembre de 2000, Pag. 22, Novena Época, registro 190656: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN LAS MATERIAS CIVIL, MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA. PROCEDE RESPECTO DE LA FALTA O DEL ILEGAL EMPLAZAMIENTO DEL DEMANDADO AL JUICIO NATURAL. Conforme a lo dispuesto por la fracción VI del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, en materias distintas a la penal, agraria y laboral, opera la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación y de los agravios cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa. Ahora bien, si el emplazamiento del demandado al juicio natural constituye una formalidad esencial del procedimiento por ser necesario para una adecuada defensa, se sigue que la falta de verificación de tal emplazamiento o su práctica defectuosa se traduce en una violación manifiesta a la ley que produce indefensión, pues se estaría ante la infracción procesal de mayor magnitud y de carácter más grave dada su trascendencia en las demás formalidades del procedimiento al afectar la oportunidad de alegar y de ofrecer y desahogar pruebas, lo que obliga a los juzgadores de amparo a suplir la queja deficiente al respecto y, por tanto, a no dejar de examinar esa cuestión sólo porque el planteamiento específico no se haya hecho valer en la demanda de garantías, no pudiendo estimarse inoperantes los agravios relativos por esa razón." Establecido lo anterior, se considera necesario precisar que el acto reclamado deriva del juicio ordinario civil 692/2014, que sobre petición de herencia, promovió Vianey Lizette Ávila Santín, por sí y en representación de Lilia Patricia Santín Castrejón, Jaime, Wendy Elizabet, Brenda Karina y Laura Janeth, de apellidos Ávila Santín, frente a la sucesión a bienes de Melquiades Ávila Rivera, por conducto de su albacea Ana Belia Patiño Ramírez; por ende, para el estudio de la legalidad del emplazamiento que constituye el acto reclamado, es aplicable al asunto que nos ocupa, el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán de Ocampo, publicado en la Sección Extraordinaria del Periódico Oficial del Estado de Michoacán, el seis de septiembre de dos mil ocho, última reforma publicada el primero de febrero de dos mil doce, ya que la demanda que dio origen al controvertido de origen se presentó el veintinueve de agosto de dos mil catorce. Sentado lo anterior, cabe precisar que el emplazamiento a juicio cuya ilegalidad reclama la parte quejosa emana de un juicio ordinario civil, el cual se encuentra regulado por los los artículos 75, 77, 78, 79 y 80 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán de Ocampo vigente al momento en que fue llevada a cabo la notificación de llamado motivo del juicio de amparo, esto es, el seis de octubre de dos mil catorce, que norman la forma de practicar esa diligencia. Así, los artículos 75, 77, 78, 79 y 80 de la legislación procesal civil en consulta, disponen: "Artículo 75. Las notificaciones, emplazamientos y citaciones se verificarán dentro de los dos días siguientes de aquél al en que se dicten las resoluciones que las prevengan, siempre que el juez no disponga en éstas otra cosa. Se sancionará a los infractores de este artículo por el Consejo del Poder Judicial, conforme a su Ley Orgánica. Artículo 77. Artículo 77. Todos los litigantes en el primer escrito que presenten o en la primera diligencia en que intervengan, deben designar casa ubicada en el lugar del juicio para que se les hagan las notificaciones y se practiquen las diligencias que sean necesarias. Igualmente deben designar la casa en que ha de hacerse la primera notificación a la persona o personas contra quienes promuevan. Cuando un litigante no cumpla con lo previsto en la primera parte de este artículo, las notificaciones, aun las que conforme a las reglas generales deban hacerse personalmente, se harán en los términos de los artículos 85 y 86; si faltan a la segunda parte no se hará notificación alguna a la persona o personas contra quienes se promueva, hasta que se subsane la omisión. Artículo 78. Mientras un litigante no haga nueva designación del domicilio en que han de hacérsele las notificaciones personales, seguirán haciéndosele en la que para ello hubiere señalado. "Artículo 79. La primera notificación se hará en la casa designada al efecto y en la persona misma del que deba de ser notificado, y no encontrándolo el notificador y cerciorado de que el notificado vive en dicha casa y está en la población, le dejará citatorio para hora fija dentro de las veinticuatro horas siguientes, y si no espera, se le hará la notificación por instructivo, en el que se expresará el nombre y apellido del promovente, el Tribunal o Juez que mande practicar la diligencia la determinación que se notifique, la fecha y la hora en que se deje y el nombre y apellido de la persona que lo reciba. El instructivo, lo mismo que el citatorio, se entregarán a la esposa, hijos, parientes, domésticos del notificado o a cualquiera otra persona que viva en la casa y si se negaren a recibirlos o ésta se hallare cerrada, el citatorio y el instructivo se fijarán en la forma que previene el artículo 84; de todo lo cual se asentará razón en la diligencia. Si se trata de notificar la demanda, se entregarán además, las copias del traslado, o en su caso, éstas quedarán en la secretaría a disposición del demandado". Artículo 80. Si el funcionario encargado de hacer una notificación recibiere noticia en el domicilio designado, que la persona que debe ser notificada en ese momento se encuentra accidentalmente fuera de la población en que está ubicado el domicilio, se hará la notificación mediante instructivo, previo citatorio, dejando en su caso las copias de los traslados y asentado razón de esa diligencia En el caso de este artículo, la notificación se tendrá por hecha ocho días después de la fecha en que se entregue o se fije el instructivo." Los dispositivos legales trascritos establecen cuáles son las formalidades que el actuario debe observar para efectuar correctamente el emplazamiento. Así, para dar certeza y seguridad jurídica a las partes vinculadas en el proceso, el legislador estatal ha establecido los requisitos que deben cumplir este tipo de notificaciones para que sean legalmente válidas. Dentro de las exigencias que debe reunir el emplazamiento, existen unos de naturaleza formal y otros de carácter material u objetivo, a partir de los cuales la fe pública de la cual goza el actuario judicial o notificador facultado por la ley para llevarlo a cabo permite que surta plenamente sus efectos y goce de presunción de validez. Los requisitos exigidos por los numerales insertos en supra líneas, persiguen la finalidad de garantizar que el emplazamiento o primera notificación se haga a la persona directamente interesada por sí o por medio de un tercero en el domicilio designado; por esa razón, se exige al notificador, que al no encontrarlo se cerciorará de que es su domicilio, al hacer constar de manera circunstanciada los elementos tomados en cuenta para llegar a tal convicción; y, le deje citatorio con un empleado, pariente, o persona adulta, a fin de que lo espere a una hora fija dentro de las veinticuatro horas siguientes, a quien entregará copia de la demanda y anexos; de todo lo cual asentará razón. Así, acorde con el artículo 79 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán vigente en la data del emplazamiento, los requisitos formales que debe observar el actuario al llevar a cabo la primera notificación son los siguientes: 1. El emplazamiento debe efectuarse en el domicilio señalado como del demandado. 2. Luego, de no encontrarlo deberá cerciorarse, en forma fehaciente, que es el domicilio señalado y que éste corresponde al de la persona a emplazar, para lo cual expondrá en el acta respectiva los medios por los cuales verificó tales circunstancias. 3. Si en la primera búsqueda no se encuentra a la parte buscada, pero está en la población, el actuario dejará citatorio para hora fija dentro de las veinticuatro horas siguientes, si no lo espera, la notificación se hará por instructivo, que se entregará a los parientes, empleados o domésticos de la persona a notificar o cualquier persona que se encuentre en el domicilio. 4. El instructivo, debe contener el nombre del promovente, tribunal que ordena la diligencia, la determinación que se notifique, fecha y hora en que se deje y el nombre de quien lo recibe. Cabe precisar que si se trata de notificar la demanda se entregarán, además, las copias de traslado o en su caso, las mismas quedarán a disposición en la secretaría a disposición del demandado. En este punto, debe resaltarse que la resolución notificada bien puede obrar inserta en el instructivo o, en su caso, puede entregarse copia de ella a la persona, pues lo trascendente es que tenga conocimiento de lo que se trata el asunto. Sin embargo, debe decirse que cuando el actuario, una vez constituido en el lugar designado, entiende la diligencia directamente con el demandado, por manifestación propia de quien ante fedatario dice ser la persona buscada, se estima cumplido el cercioramiento del exacto domicilio, puesto que con ello se satisface el objetivo del emplazamiento a juicio, esto es, el demandado quedará enterado de la pretensión deducida en su contra, del juzgado en el que se encuentra radicado el juicio y del número de expediente que le haya correspondido. Esto porque, el principio de certidumbre jurídica quedará satisfecho desde el momento en que el notificador, al constituirse en el domicilio señalado en autos, logra comunicar directamente al demandado la existencia del juicio seguido en su contra, de manera que, el cercioramiento del domicilio en el que se constituyó y de que la persona con la que entiende la diligencia es el demandado, surge de manera simultánea, ante la manifestación propia del enjuiciado de ser su domicilio el lugar en el que se encuentra constituido el notificador. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis 1a./J. 55/98, publicada en la página 33, Tomo VIII, noviembre de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "EMPLAZAMIENTO. BASTA QUE EL DILIGENCIARIO ENTIENDA LA ACTUACIÓN DIRECTAMENTE CON EL DEMANDADO, PARA ESTIMAR CUMPLIDO EL CERCIORAMIENTO DEL EXACTO DOMICILIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). De acuerdo con la correcta interpretación del artículo 49, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, el cercioramiento que debe cumplir el actuario que practique la primera notificación a la parte demandada en juicio, debe entenderse en el sentido de que en el evento en que constituido en el lugar designado en la demanda, entienda la diligencia directamente quien ante la fe pública del actuario indique ser el demandado, con ello se cumple el objetivo de que el emplazamiento a juicio quede satisfecho, al ser enterado el enjuiciado de la pretensión deducida en su contra, del juzgado en el que se encuentra radicado el juicio y del número de expediente que le haya correspondido. El principio de certidumbre queda actualizado entonces, desde el momento en que el notificador al constituirse en el domicilio señalado en autos, logra comunicar directamente al demandado la existencia del juicio seguido en su contra y el cercioramiento surge de manera simultánea, ante la manifestación propia de quien ante la fe pública del notificador manifiesta ser el enjuiciado, y que se trata de su domicilio el lugar en el que se encuentra constituido el actuario, lo que excluye la necesidad de servirse de otros medios previos a la realización directa de la diligencia con el demandado, en tanto que no existe algún requisito previsto por una disposición procesal que obligue al notificador a indagar por otros medios, como por ejemplo el dicho de los vecinos de que el lugar designado en autos sea el del demandado, pues es ilógica la necesidad de establecer intermedios para arribar al objetivo esencial del emplazamiento, que es el comunicar directamente al demandado la existencia de la pretensión deducida en su contra y qué mejor forma de cercioramiento que el entender la diligencia directamente con la parte buscada." Entonces, en primer orden, para la práctica del emplazamiento es necesario que el actuario se cerciore que está en el domicilio ordenado, luego, que éste corresponde a la persona buscada. Emplazamiento reclamado. Es oportuno traer a glosa el contenido del acta de emplazamiento efectuado el seis de octubre de dos mil catorce, la cual se inserta a continuación: Una vez establecido el anterior panorama, quien resuelve estima que la diligencia de llamado cuya constitucionalidad se cuestiona en esta instancia de amparo, se encuentra ajustada a derecho. Se dice de este modo, toda vez que el seis de octubre de dos mil catorce, el actuario responsable, se constituyó en el domicilio de Ana Belia Patino Ramírez, ubicado en la calle Emiliano Zapata Número 35 de la localidad "Los Bernal" de Municipio de Zitácuaro, Michoacán, a fin de cumplimentar el auto de veintiséis de septiembre de dos mil catorce, emitido en el juicio ordinario civil 692/2014; esto es, emplazarla a dicha contienda; por lo que, al haberla encontrado presente se cercioró de que se trataba del domicilio buscado por indicarlo la nomenclatura así como por encontrarla presente; que la enjuiciada, después de realizarle preguntas al actuario, se identificó con credencial de elector con fotografía, sin permitir más que verla porque la pone a la vista y dio fe que los rasgos de la fotografía, sí corresponden a esta y de que es una persona muy desconfiada; después le hizo saber el motivo de su presencia, le dio lectura íntegra al auto mencionado; le corrió traslado con las copias simples de la demanda y anexos y la emplazó al juicio de origen. Como puede advertirse de la diligencia transcrita, la misma se realizó conforme a lo dispuesto por el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán, vigente en la época del emplazamiento, en virtud de que el actuario encargado de realizarla, se constituyó en el domicilio designado en autos para llevar a cabo el emplazamiento de la demandada y entendió la diligencia directamente con ésta (Ana Belia Patiño Ramírez). Asimismo, se cercioró de la identidad de la demandada (aquí quejosa) con su propio dicho, además de que le mostró su credencial de elector con fotografía, respecto de la cual dio fe que sí correspondía a la demandada; que incluso el actuario señaló que era una persona muy desconfiada, que le realizó varias preguntas y le manifestó que no quería firmar por no creerlo conveniente. Lo cual, permite concluir que se cumplió el objetivo esencial del emplazamiento, dando certidumbre de que la persona contra la que se instauró el juicio estuvo enterada de ello, pues fue con la propia demandada con quien se entendió la diligencia, por lo que la aquí quejosa estuvo en posibilidad de acudir a los tribunales a defender los derechos que le correspondían, quedando así salvaguardada su garantía de audiencia. Conceptos de violación. Sin que impida estimar lo anterior, lo manifestado por la quejosa en el primer concepto de violación, en el que aduce medularmente que: El Actuario no detalló cómo se cercioró de que se encontraba en el domicilio de la quejosa, dado que no precisó las características del inmueble. Tampoco asentó dato alguno de cómo arribó a la conclusión de que la quejosa es la misma persona a quién se ordenó emplazar a juicio, puesto que no señaló la distancia en que se encontraba uno del otro -actuario y demandada- ni su media filiación. Que no resultaba lógico que no pudiera obtener dato alguno de la credencial, pero sí pudiese verificar los rasgos de la fotografía. Que la quejosa, nunca estuvo en el lugar del emplazamiento el día y hora hábil que se precisó. Se dice de este modo, toda vez que en primer lugar, opuesto a lo esgrimido por la peticionaria de amparo, basta imponerse del contenido del acta de emplazamiento que se analiza, para poder advertir que el Actuario responsable sí precisó que se cercioró de que era el domicilio de la enjuiciada, toda vez que señaló que así lo indicaba la nomenclatura, pero además por encontrarla presente, quien se identificó con la credencial para votar con fotografía cuyos rasgos coincidían con la misma. En segundo, porque de acuerdo con el criterio sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 68/97, el hecho de que el actuario entienda la diligencia directamente con quien le indicara ser el demandado, como en el caso aconteció, colma el objetivo de que el emplazamiento a juicio quede satisfecho, lo que excluye la necesidad de servirse de otros datos medios a la realización directa de la diligencia, en tanto que no existe algún requisito previsto por una disposición procesal que obligue al notificador a indagar por otros medios. Consecuentemente al haberse entendido la diligencia directamente con la demandada, por manifestación propia de quien ante el fedatario dijo ser la persona buscada, dicha circunstancia resulta suficiente para estimar cumplido el cercioramiento del exacto domicilio. Además, aun tratándose de los emplazamientos en los juicios civiles, la legislación aplicable no exige al actuario como requisito para su validez que se requiera la identificación oficial de la persona con quien se entienda la diligencia, tal como se desprende del numeral 79, ya citado, y la jurisprudencia XI.2o. J/31, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado de este Circuito, que establece: "EMPLAZAMIENTO. NO ES ILEGAL EL EFECTUADO SIN CERCIORARSE DE LA IDENTIDAD DE LA PERSONA CON QUIEN SE ENTIENDE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN). Si el actuario judicial entendió la diligencia de emplazamiento con la esposa, hijos, parientes, domésticos del notificado o con cualquier otra persona que viva en la casa, sin cerciorarse si efectivamente éstas tienen ese carácter, es inconcuso que por dicha omisión no puede estimarse ilegal el llamamiento a juicio, pues ese requisito no es de los que señala el artículo 80 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán, para que surta efectos la notificación respectiva." Asimismo, cobra aplicación la diversa jurisprudencia VI.2o.C. J/220, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, que dice: "EMPLAZAMIENTO, VALIDEZ DEL. NO ES REQUISITO EXIGIR QUE SE IDENTIFIQUE LA PERSONA CON QUIEN SE REALIZÓ (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). De la interpretación del artículo 49 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, se deduce que para la validez del emplazamiento no es necesario identificar a la persona con quien se realiza tal acto procesal; por tanto, la circunstancia de no haber asentado en el acta en que se hizo constar el emplazamiento, el modo con que se identificó la persona con la que se practicó el citado emplazamiento no es motivo para estimar que el mismo carece de validez." Cabe precisar, que si se pretende desvirtuar lo asentado por el ministro notificador, entonces la amparista debió aportar los medios de convicción suficientes que permitieran arribar a la conclusión de la ilegalidad de la actuación de referencia; esto es, debió probar que el día y hora en que se llevó a cabo el emplazamiento, la quejosa no se encontraba en ese lugar, como lo precisó en el escrito inicial de demanda, pues la sola afirmación en ese sentido es insuficiente por sí sola, ya que -se insiste- no ofreció medio de prueba que así lo sustente. Así lo es, porque cuando en el juicio de amparo se reclama la ilegalidad de la primera notificación o emplazamiento, como ocurre en la especie, la carga de la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad recae en la quejosa, lo que en el caso concreto no ocurrió, dado que se limitó a aportar copia simple de su credencial para votar con fotografía, la historia catastral del inmueble que forma parte de la herencia, fotografía de un bien inmueble y el recibo de pago del lugar en que labora la quejosa; sin embargo, dichas probanzas de ninguna manera son aptas para demostrar que en la hora y data en que se efectuó el emplazamiento, la amparista no se encontraba en su domicilio y por ende la diligencia no se llevó a cabo en su persona. De suerte que, si la accionante de tutela constitucional no aportó medio de prueba alguno para desvirtuar que lo asentado en el acta de emplazamiento es falso, debe tenerse como verosímil, porque al constituir una actuación judicial realizada por un funcionario revestido de fe pública, goza de la presunción de validez y para desvirtuarla se requieren pruebas que demuestren que la diligencia no se llevó a cabo en el domicilio correcto o con la persona adecuada. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia I.4o.A. J/84 , emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Julio de 2010, Pag. 1812, Novena Época, registro 164296: "NOTIFICACIONES. CORRESPONDE AL PARTICULAR ACREDITAR CON ALGÚN MEDIO PROBATORIO QUE LA DILIGENCIA RELATIVA NO SE LLEVÓ A CABO EN EL DOMICILIO CORRECTO O CON LA PERSONA ADECUADA, EN VIRTUD DE QUE EL NOTIFICADOR GOZA DE FE PÚBLICA Y SUS ACTOS SE PRESUMEN VÁLIDOS. En virtud de que los notificadores gozan de fe pública, la simple manifestación del particular de que la diligencia fue irregular porque no se llevó a cabo en el domicilio correcto o con la persona adecuada, contrario a lo circunstanciado en el acta respectiva, no puede destruir la presunción de validez de tal actuación, por lo que la notificación debe subsistir cuando no es desvirtuado el dicho del notificador con algún medio probatorio, máxime que el principio ontológico de la prueba señala que lo extraordinario es lo que se prueba, pues lo ordinario se presume, admite y acepta, tal como lo ordena el artículo 83 del Código Federal de Procedimientos Civiles al expresar que "El que funda su derecho en una regla general no necesita probar que su caso siguió la regla general y no la excepción; pero quien alega que el caso está en la excepción de una regla general, debe probar que así es.". Por tanto, corresponde al particular desvirtuar el dicho del notificador demostrando con las pruebas conducentes, que la diligencia no se llevó a cabo en el domicilio correcto o con la persona adecuada." Apoya lo anterior, la jurisprudencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, que dice: "EMPLAZAMIENTO. FALTA O ILEGALIDAD, CARGA DE LA PRUEBA. Cuando se reclama lo actuado en un procedimiento por falta de emplazamiento, corresponde a la autoridad responsable probar la existencia de tal acto, pero si se reclama la ilegalidad del mismo, la carga de la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad recae en el quejoso en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo". También resulta aplicable a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la Página 57, Tomo I, Segunda Parte-1 enero a junio de 1988, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, del tenor siguiente: "ACTUARIO, LA FE PÚBLICA DE LA QUE SE ENCUENTRA INVESTIDO, NO PUEDE DESVIRTUARSE CON SIMPLES MANIFESTACIONES, CARENTES DE PRUEBAS IDÓNEAS. Es legal el razonamiento del Juez de Distrito, en cuanto estableció que la diligencia de requerimiento de pago y emplazamiento, satisface tanto los requisitos de los artículos 1392 y 1396 del Código de Comercio, como de los diversos 116 y 117 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal , porque como también se precisó en el juicio constitucional, los quejosos no aportaron prueba idónea por virtud de la cual se desvirtuará la fe pública del actuario, en cuanto a lo asentado por éste en la indicada diligencia, y a mayor abundamiento, tampoco justificaron su dicho en el sentido de que en el lugar donde se practicó la aludida diligencia era un domicilio distinto al de los demandados, pues ante tal señalamiento correspondía a los hoy inconformes haber justificado con pruebas idóneas y suficientes cuál era su verdadero domicilio en el momento de la diligencia." También resulta aplicable la jurisprudencia IV.2o. J/4, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, publicada a fojas 265, Tomo I, Mayo de 1995, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "NOTIFICACIONES. LEGALIDAD DE LAS. EL ACTUARIO TIENE FE PÚBLICA POR ACTUAR COMO AUTORIDAD EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. Este funcionario al llevar a cabo las diligencias de notificación, tiene, por disposición de la ley, la calidad de una autoridad en ejercicio de sus funciones, razón por la que está investido de fe pública; de manera que si asienta que entendió una diligencia de notificación con la persona a quien va dirigida, debe estimarse cierto ese hecho, si no hay prueba que acredite lo contrario." De igual manera, tampoco resulta óbice lo manifestado en el segundo concepto de violación, en el que se esgrime, que en el proveído de veintiséis de septiembre de dos mil catorce, se manejó que se le emplazaba a un juicio sobre petición de herencia, no así sobre la nulidad de alguna escritura; que tampoco se especificó que promovía Vianey Lizette Ávila Maryn (no Santín), tampoco se asentó que lo hacía también por propio derecho. Que por ello, la sentencia definitiva debió ocuparse única y exclusivamente de la litis, eso era, de declarar procedente o improcedente la acción de petición de herencia y no ocuparse de la nulidad de escritura de la cual no se proporcionó número de fecha, en qué dependencia se inscribía no con qué registro, además de que no se precisó la personalidad y personería de las partes. Lo anterior, porque el acuerdo de veintiséis de septiembre de dos mil catorce, sí señala que la promovente es Vianey Lizette Ávila Santín; y si bien en la diligencia de emplazamiento se asentó un apellido incorrecto -Marin- ello ningún perjuicio le ocasiona, en atención a que se le dio lectura íntegra de aquél proveído y se le entregó copia de la demanda y de sus anexos, de los que deriva el nombre de los promoventes, carácter y las prestaciones demandadas. Por ello, es que si estima ilegal la acción que se intentó, así como la personalidad y personería de la accionante, es que estuvo en posibilidad de contestar la demanda y en su caso inconformarse de la sentencia definitiva. En las condiciones apuntadas, ante lo infundado de los conceptos de violación propuestos, lo que se impone es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados por Ana Belia Patino Ramírez, toda vez que no demostró que el acto reclamado infrinja en su perjuicio, los derechos fundamentales consignados en los artículos 1º, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dicha negativa se hace extensiva al diverso acto, consistente en las consecuencias legales del juicio aludido; dado el impedimento técnico para su análisis, pues, al advertir que la quejosa no es extraña al procedimiento, la falt o indebida defensa que tuvo durante ésta sólo le es imputable a ella. De ahí, al determinarse la legalidad del emplazamiento impugnado, debe considerarse que la quejosa estuvo en posibilidad legal de hacer valer los medios de defensa procedentes en contra de las resoluciones que le causaron algún perjuicio, las cuales además, no combate en este juicio de amparo por vicios propios. Sexto. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 33, 35, 37, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo; y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se: R E S U E L V E Primero. Por los motivos expuestos en la consideración quinta de esta resolución, la Justicia de la Unión no ampara ni protege a Ana Belia Patino Ramírez, por su propio derecho contra los actos reclamados a las responsables que quedaron especificadas en el considerando segundo del propio fallo. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese personalmente y por oficio a las responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Karla Martínez Arenas, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
En Morelia, Michoacán, a las once horas del dieciséis de octubre de dos mil veintitrés, el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Karla Martínez Arenas, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 186/2023. Enseguida, la secretaria da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, la secretaria da cuenta con la documental allegada por el quejoso y con las exhibidas por las autoridades responsables. Al respecto, el juez acuerda: Con apoyo en los artículos 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas descritas. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria hace constar que ninguna de las partes formuló alegatos. El juez acuerda: Vista la cuenta precedente, se tiene por perdido el derecho de las partes para formularlos. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar sentencia. Maestro en Amparo José Ramón Rocha González Juez Séptimo de Distrito en el Estado (FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE) Licenciada Karla Martínez Arenas Secretaria de Juzgado (FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE)
- Principal
Morelia, Michoacán, siete de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que el veintiocho de agosto del presente año, se ordenó enviar el exhorto 348/2023 al Juez de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en turno, en el Estado de México, con residencia en Toluca, para que realice el emplazamiento de los terceros interesados Vianey Lizette Ávila Santín, por sí y en representación de Lilia Patricia Santín Castrejón, Jaime, Wendy Elizabeth, Brenda Karina y Laura Janeth, de apellidos Ávila Santín; comunicación que le correspondió conocer al Juzgado Tercero. Por tanto, para dar margen a lo anterior, con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día hoy y en su lugar se fijan para su verificativo las once horas del dieciséis de octubre de dos mil veintitrés. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
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