Ana Belen Rodríguez Ramírez
Expediente 1004/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 10 actuaciones registradas, la última del 8 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1004/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 08/08/2019
Partes del expediente
- Ana Belen Rodríguez Ramírez
- Décima Segunda Junta Especial de la Local de Conciliacion En el Estado de Jalisco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
De la certificación de cuenta y del estado procesal de autos, se advierte que transcurrió el plazo que la ley concede a las partes interesadas, para inconformarse, si a su derecho convenía, contra la determinación pronunciada el doce de julio de dos mil diecinueve, a través de la cual, se tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en autos; por tanto, envíense materialmente las actuaciones al archivo. Con apego al citado numeral 196 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto concluido. Háganse las anotaciones correspondientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, en sus artículos XX y XXI, en el que se establecen los lineamientos para depuración y destrucción de los juicios de amparo se considera que el presente expediente es susceptible de depuración, bajo los lineamientos precisados en la fracción IV del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General en cita, toda vez que se concedió el amparo de la Justicia Federal. Se advierte que la parte quejosa no manifestó oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Hágase saber para los efectos establecidos en dicho acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. De conformidad con lo dispuesto por el artículo Décimo Primero, del referido Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existe documento alguno, en original, pendiente de devolución a la parte promovente.
- Principal
Zapopan, Jalisco, doce de julio de dos mil diecinueve. I. Relación de estado procesal de autos. De la certificación de cuenta se desprende que transcurrió el plazo de tres días concedido a la parte quejosa, por auto de veintiocho de junio de dos mil diecinueve, para desahogar la vista ordenada respecto del cumplimiento que las autoridades responsables adujeron dar a la ejecutoria de amparo. Consecuentemente, con fundamento en el párrafo cuarto de la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional, de oficio, procede a pronunciarse respecto al cumplimiento aludido, tomando en consideración las constancias que obran en este expediente. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que informa, la jurisprudencia siguiente: "Novena Época Registro: 192174 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Marzo de 2000 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 26/2000 Página: 243 INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Antecedentes. A efecto de estar en posibilidad de pronunciarse sobre el cumplimiento de la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Ana Belén Rodríguez Ramírez, deben tomarse en consideración los siguientes antecedentes: Se tuvo como acto reclamado. A la Décimo Segunda Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, la omisión de ordenar emplazar a la parte demandada dentro del juicio laboral 1906/2018-E, y al Actuario Notificador adscrito a dicha Junta, la falta de emplazamiento y notificación a la parte demandada dentro del juicio laboral de origen. Sentencia de amparo. Mediante sentencia treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, se determinó, por un lado sobreseer respecto al acto de la Décimo Segunda Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, y por otro conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a Ana Belén Rodríguez Ramírez, contra el acto reclamado del Actuario Notificador adscrito. Solicitud de cumplimiento. Sentencia que causó ejecutoria en auto de diecinueve de junio de dos mil diecinueve, por lo que se requirió a la autoridad responsable para que realizara lo siguiente: "1. Emplace y notifique inmediatamente a la parte demandada; o en su defecto, acredita la causa legal que le impida hacerlo." Información de cumplimiento. En proveído de veintiocho de junio de dos mil diecinueve, se dio vista a las partes con el oficio de registro 11103, y con sus anexos, por medio del cual, se comunicó la forma en que se dio cumplimiento al fallo protector por parte de la autoridad responsable, lo cual realizó de la siguiente forma: Mediante oficio de registro 11103, informó haber realizado los emplazamientos respectivos a la parte demandada en el juicio laboral de origen, y remitió copia certificada de los mismos, en apoyo al cumplimiento. Con lo anterior, se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés legal conviniera; sin que se hubiese manifestado al respecto. Consideraciones sobre el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Previo a determinar si la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida o existe exceso o defecto en el cumplimiento, debe atenderse a los argumentos con los que se concedió la protección constitucional, que fueron los siguientes: Se estimó que la autoridad responsable violó en perjuicio de la parte quejosa, el derecho humano consagrado en el artículo 17 de la Constitución General de la República, en virtud a que no se atendió el plazo establecido por el precepto 750 de la Ley Federal del Trabajo, para realizar las notificaciones, citaciones o emplazamientos ordenadas en los juicios laborales. Sentado lo anterior, tenemos que el artículo 77 de la Ley de Amparo estable: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: --- I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y --- II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. --- En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. --- (REFORMADO, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 2016) --- En asuntos del orden penal en que se reclame una orden de aprehensión o autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad con motivo de delitos que la ley no considere como graves o respecto de los cuales no proceda la prisión preventiva oficiosa conforme la legislación procedimental aplicable, la sentencia que conceda el amparo surtirá efectos inmediatos, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión; salvo que se reclame el auto por el que se resuelva la situación jurídica del quejoso en el sentido de sujetarlo a proceso penal, en términos de la legislación procesal aplicable, y el amparo se conceda por vicios formales. --- En caso de que el efecto de la sentencia sea la libertad del quejoso, ésta se decretará bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional estime necesarias, a fin de que el quejoso no evada la acción de la justicia. --- En todo caso, la sentencia surtirá sus efectos, cuando se declare ejecutoriada o cause estado por ministerio de ley." Del texto del artículo citado se desprende que el objeto de la concesión de la protección constitucional al quejoso, es para restituirlo en el goce de sus garantías individuales violadas, para lo cual distingue la naturaleza del acto en dos hipótesis: Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se ordenará restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Ahora bien, en el presente caso, la naturaleza del acto reclamado fue de carácter negativo, por implicar una omisión de las responsables; por lo que el objeto de la concesión fue obligar a la autoridad a respetar el derecho de que se trate y a que se realice lo que el mismo mande. Pronunciamiento sobre exceso o defecto en el cumplimiento. Luego, en el presente asunto, se desprende que se estableció como lineamientos en la concesión de amparo, el realizar, de manera inmediata, el emplazamiento de las demandadas en el juicio laboral de origen. Lineamientos que fueron acatados por las responsables, según se aprecia de las constancias remitidas, recibidas en auto de veintiocho de junio de dos mil diecinueve, en que se realizaron los emplazamientos ordenados en el juicio natural; por lo que, de esa forma, se considera que se ha cumplido el núcleo esencial de la protección constitucional. Orienta a lo anterior, por las razones que informa, la jurisprudencia siguiente: "Novena Época Registro: 165807 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXX, Diciembre de 2009 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 201/2009 Página: 301 EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto, y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes, ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente si no se conforma con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación oficiosa y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." De ahí que esta juzgadora considere que no existe exceso o defecto en la forma de cumplimiento al fallo protector, toda vez que se realizaron los lineamientos que se precisaron a la autoridad responsable. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que expone, la tesis siguiente: "Décima Época Registro: 2008717 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 16, Marzo de 2015, Tomo II Materia(s): Común Tesis: 1a. CX/2015 (10a.) Página: 1115 SENTENCIAS DE AMPARO. PARÁMETROS QUE DEBERÁN SATISFACER LAS AUTORIDADES RESPONSABLES PARA SU CUMPLIMIENTO A PESAR DE QUE SE LES HAYA CONCEDIDO PLENITUD DE JURISDICCIÓN. A consideración de esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el término plenitud de jurisdicción no puede entenderse en un sentido literal, pues si bien cuando se decreta la misma en una sentencia de amparo se está concediendo a la autoridad responsable un amplio margen de apreciación del caso, a efecto de que resuelva el asunto en cuestión, dicho uso del arbitrio judicial no puede interpretarse como absoluto o carente de límites. Cuando en una sentencia de amparo se concede plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, en efecto no se trata de una resolución que deje sin margen alguno de apreciación a la autoridad, pues implica la posibilidad de ejercer un arbitrio para adoptar una decisión, pero tampoco podría llegarse al extremo de aceptar que dentro de dicho margen se puede arribar a cualquier tipo de decisión. A pesar de que en una sentencia de amparo se hubiese concedido plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, lo cierto es que el acto que emita en cumplimiento de tal determinación deberá respetar ciertos límites. Así, el límite directo e inmediato de la llamada plenitud de jurisdicción consiste en los lineamientos contenidos en la sentencia de amparo, es decir, el acto que se emita con motivo del cumplimiento deberá emitirse acorde a lo señalado en la concesión de amparo, a pesar de que dicha autoridad goce de un amplio margen de discrecionalidad. En consecuencia, el acto que emita la autoridad responsable, a pesar de la plenitud de jurisdicción que se le haya concedido, deberá satisfacer un parámetro de razonabilidad en torno a los argumentos contenidos en la sentencia de amparo, a la naturaleza de la violación que fue examinada y decretada en la misma, y a la secuela procesal que le precedió y en cuya lógica se puede conocer el verdadero alcance de la protección constitucional. Lo anterior resulta así, pues si en una sentencia de amparo se contienen determinados argumentos a partir de los cuales se establecen ciertos alcances para reparar una violación a un derecho fundamental, y se concede plenitud de jurisdicción a la autoridad responsable, lo cierto es que el acto que se emita deberá guardar una armonía con los elementos que desembocaron en la emisión de la referida concesión de amparo. Aceptar la postura contraria, implicaría reconocer que al conceder un amplio margen de discrecionalidad a la autoridad responsable, si el acto que se emite carece de conexión lógica alguna con la secuela procesal y la sentencia de amparo, se deba tener por cumplimentada la misma, no obstante su lógica sea incluso contraria a las razones que motivaron la protección constitucional." En ese orden, en atención al fallo protector dictado en actuaciones, y con fundamento en el artículo 196, de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional declara que se ha cumplido la ejecutoria de mérito y se tiene a las autoridades responsables dando cumplimiento a los lineamientos sustentados en el fallo protector, restituyendo con ello a la parte quejosa en el goce de sus derechos constitucionales. Lo anterior, sin perjuicio del derecho que reviste a las partes interesadas para inconformarse en términos de la Ley de Amparo aplicable. VIII. Del archivo del expediente. Se reserva pronunciarse sobre el destino del expediente de amparo, hasta en tanto transcurra el plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de la Materia. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Ángela Teresita de Jesús Estrada Esparza, Juez Decimoquinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, ante Juan Alberto González Peregrina, secretario que autoriza y da fe.JAGP-GRFD
- Principal
AGRÉGUESE A LAS PRESENTES ACTUACIONES DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 3 DE LA LEY DE AMPARO, EL COMUNICADO Y ANEXO, SUSCRITO POR EL PRESIDENTE AUXILIAR Y SECRETARIO, ADSCRITOS A LA DÉCIMO SEGUNDA JUNTA DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE JALISCO, MEDIANTE EL CUAL DESAHOGAN EL REQUERIMIENTO EFECTUADO POR ESTE ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL EN AUTO DE DIECINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, EN RELACIÓN A LA EJECUTORIA DE AMPARO EMITIDA EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. EN CONSECUENCIA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 196 DE LA LEY DE AMPARO, SE ORDENA DAR VISTA A LA PARTE QUEJOSA CON DICHAS CONSTANCIAS POR EL TÉRMINO DE TRES DÍAS CONTADO A PARTIR DEL SIGUIENTE AL EN QUE SURTA EFECTOS LA NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE ACUERDO, PARA QUE EXPRESE LO QUE A SU DERECHO CONVENGA, CON EL APERCIBIMIENTO DE QUE EN CASO DE NO REALIZAR MANIFESTACIÓN ALGUNA, ESTE TRIBUNAL DE AMPARO RESOLVERÁ SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA, CON BASE EN LOS ELEMENTOS QUE OBREN EN EL EXPEDIENTE Y LOS DATOS APORTADOS POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE.
- Principal
AVISO PRINCIPAL.- POR MEDIO DE LA PRESENTE SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE EN SINTÉSIS DICE: VISTO EL ESTADO PROCESAL DE AUTOS, SE ADVIERTE QUE MEDIANTE AUTO DE CATORCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, SE REQUIRIÓ AL PROMOVENTE CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 108 Y 114 DE LA LEY DE AMPARO, A EFECTO QUE CUMPLIERA CABALMENTE CON LOS REQUISITOS A QUE SE REFIERE EL PRIMERO DE ESTOS PRECEPTOS, EN LOS ASPECTOS DESTACADOS EN DICHO ACUERDO. TALES PRECEPTOS LEGALES ESTABLECEN: ARTÍCULO 108. LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO DEBERÁ FORMULARSE POR ESCRITO O POR MEDIOS ELECTRÓNICOS EN LOS CASOS QUE LA LEY LO AUTORICE, EN LA QUE SE EXPRESARÁ: I. EL NOMBRE Y DOMICILIO DEL QUEJOSO Y DEL QUE PROMUEVE EN SU NOMBRE, QUIEN DEBERÁ ACREDITAR SU REPRESENTACIÓN; II. EL NOMBRE Y DOMICILIO DEL TERCERO INTERESADO, Y SI NO LOS CONOCE, MANIFESTARLO ASÍ BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD; III. LA AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES. EN CASO DE QUE SE IMPUGNEN NORMAS GENERALES, EL QUEJOSO DEBERÁ SEÑALAR A LOS TITULARES DE LOS ÓRGANOS DE ESTADO A LOS QUE LA LEY ENCOMIENDE SU PROMULGACIÓN. EN EL CASO DE LAS AUTORIDADES QUE HUBIEREN INTERVENIDO EN EL REFRENDO DEL DECRETO PROMULGATORIO DE LA LEY O EN SU PUBLICACIÓN, EL QUEJOSO DEBERÁ SEÑALARLAS CON EL CARÁCTER DE AUTORIDADES RESPONSABLES, ÚNICAMENTE CUANDO IMPUGNE SUS ACTOS POR VICIOS PROPIOS; IV. LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME; V. BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, LOS HECHOS O ABSTENCIONES QUE CONSTITUYAN LOS ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O QUE SIRVAN DE FUNDAMENTO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN; VI. LOS PRECEPTOS QUE, CONFORME AL ARTÍCULO 1O DE ESTA LEY, CONTENGAN LOS DERECHOS HUMANOS Y LAS GARANTÍAS CUYA VIOLACIÓN SE RECLAME; VII. SI EL AMPARO SE PROMUEVE CON FUNDAMENTO EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 1O DE ESTA LEY, DEBERÁ PRECISARSE LA FACULTAD RESERVADA A LOS ESTADOS U OTORGADA AL DISTRITO FEDERAL QUE HAYA SIDO INVADIDA POR LA AUTORIDAD FEDERAL; SI EL AMPARO SE PROMUEVE CON APOYO EN LA FRACCIÓN III DE DICHO ARTÍCULO, SE SEÑALARÁ EL PRECEPTO DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA QUE CONTENGA LA FACULTAD DE LA AUTORIDAD FEDERAL QUE HAYA SIDO VULNERADA O RESTRINGIDA; Y VIII. LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. ARTÍCULO 114. EL ÓRGANO JURISDICCIONAL MANDARÁ REQUERIR AL PROMOVENTE QUE ACLARE LA DEMANDA, SEÑALANDO CON PRECISIÓN EN EL AUTO RELATIVO LAS DEFICIENCIAS, IRREGULARIDADES U OMISIONES QUE DEBAN CORREGIRSE, CUANDO: I. HUBIERE ALGUNA IRREGULARIDAD EN EL ESCRITO DE DEMANDA; II. SE HUBIERE OMITIDO ALGUNO DE LOS REQUISITOS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 108 DE ESTA LEY; III. NO SE HUBIERE ACOMPAÑADO, EN SU CASO, EL DOCUMENTO QUE ACREDITE LA PERSONALIDAD O ÉSTE RESULTE INSUFICIENTE; IV. NO SE HUBIERE EXPRESADO CON PRECISIÓN EL ACTO RECLAMADO; Y V. NO SE HUBIEREN EXHIBIDO LAS COPIAS NECESARIAS DE LA DEMANDA. SI NO SE SUBSANAN LAS DEFICIENCIAS, IRREGULARIDADES U OMISIONES DE LA DEMANDA DENTRO DEL PLAZO DE CINCO DÍAS, SE TENDRÁ POR NO PRESENTADA. EN CASO DE FALTA DE COPIAS, SE ESTARÁ A LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 110 DE ESTA LEY. LA FALTA DE EXHIBICIÓN DE LAS COPIAS PARA EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, SÓLO DARÁ LUGAR A LA POSTERGACIÓN DE SU APERTURA. DE SU CONTENIDO SE ADVIERTE QUE LA PREVENCIÓN QUE REGULA EL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO SE ORIENTA, ESENCIALMENTE, A QUE LA PARTE QUEJOSA DÉ CUENTA EN EL DESAHOGO DE LOS REQUERIMIENTOS DEL ARTÍCULO 108 DE DICHA LEY REGLAMENTARIA, SIN MAYOR EXIGENCIA QUE LA DE ESTABLECER CON CLARIDAD ESOS ELEMENTOS. EN EL CASO, LA PREVENCIÓN CONTENIDA EN AUTO DE CATORCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, CONSISTIÓ EN LO SIGUIENTE: (.)1. PRECISE DE MANERA CLARA Y ESPECIFICA EL ACTO QUE RECLAMA DE TODOS Y CADA UNO DE LOS ARTÍCULOS QUE REFIERE LA PARTE QUEJOSA LE CAUSAN UN PERJUICIO Y CUYA VINCULACIÓN TIENEN CON LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO RESPONSABLES, ESTO ES, DEBERÁ DESCRIBIR DETALLADAMENTE Y DE MANERA ORDENADA LA AFECTACIÓN QUE ATRIBUYE A CADA PRECEPTO LEGAL QUE TILDA DE INCONSTITUCIONAL Y LA INTERVENCIÓN QUE EN ELLOS TUVIERON LAS REFERIDAS AUTORIDADES, Y SI LAS IMPUGNA COMO AUTOAPLICATIVOS O HETEROAPLICATIVOS.(.) Y, COMO SE VIO, EL PROMOVENTE FUE OMISO EN DESAHOGAR EL REQUERIMIENTO TRANSCRITO, EN EL PLAZO CONCEDIDO, NO OBSTANTE QUE SE ENCONTRABA EN OPORTUNIDAD DE CUMPLIR SATISFACTORIAMENTE CON LA PREVENCIÓN FORMULADA. EL INCUMPLIMIENTO EN QUE INCURRIÓ EL PROMOVENTE TRASCIENDE, EN VIRTUD DE QUE NO PROPORCIONÓ NINGUNO DE LOS ELEMENTOS DESCRITOS EN EL PUNTO DE PREVENCIÓN Y QUE ES OBLIGATORIO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 108 DE LA LEY DE AMPARO, PUES DE CONFORMIDAD CON LA NATURALEZA Y FINES DEL JUICIO DE AMPARO, SE TIENE EL DEBER DE CUIDAR QUE LA DEMANDA SE PLANTEE DE FORMA TAL QUE LA RESPONSABLE ESTÉ EN POSIBILIDADES DE CONOCER DE MANERA PRECISA EL ACTO O ACTOS QUE SE LE RECLAMA, PARA QUE PUEDA ENCONTRARSE EN APTITUD LEGAL DE RENDIR SU INFORME, INCLUSO, PORQUE ESO TAMBIÉN POSIBILITARÁ EN SU OPORTUNIDAD FIJAR LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. EN ESE ORDEN, NO ES FACTIBLE ADMITIR LA DEMANDA, EN VIRTUD DE LA OMISIÓN EN QUE INCURRIÓ EL QUEJOSO IMPOSIBILITAN UNA CORRECTA FIJACIÓN DE LA LITIS, PUES NO SE TIENE PLENA CERTEZA DE LOS ACTOS QUE PRETENDE RECLAMAR, POR TANTO SE INCURRE CON LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 108 FRACCIÓN IV DE LA LEY DE AMPARO. EN CONSECUENCIA, AL NO ENCONTRARSE ACATADA LA PREVENCIÓN FORMULADA EN AUTO DE CATORCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO CONTENIDO EN ÉSTE, ESTO ES, SE TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO INTENTADA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO, AL NO HABERSE ESTABLECIDO CON CLARIDAD LOS ELEMENTOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 108 DE ESA LEY, REQUISITOS PROCESALES CUYA FINALIDAD ES ESTABLECER EL OBJETO DEL PROCESO CONSTITUCIONAL Y CON ELLO DOTAR DE SEGURIDAD JURÍDICA A LAS PARTES A TRAVÉS DE LA LEGALIDAD.
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