ANA BELEN MARTINEZ HERNANDEZ y Otros.
Expediente 71/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 71/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 22/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- ANA BELEN MARTINEZ HERNANDEZ y Otros.
- JOSE JUAN ALVARADO y Otros.
- Ana Belen Martinez Hernandez
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que en el libro de registro de correspondencia que se lleva en este juzgado no se encuentra registrada promoción alguna que indique que las partes recurrieron el proveído dictado por este órgano jurisdiccional el uno de febrero dos mil veintidós, dentro del término previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, considerando que éstas fueron notificadas el dos de febrero del año actual, quedando comprendido dicho plazo del cuatro siguiente (siete inhábil) al dieciocho de febrero de la presente anualidad. Sentado lo anterior, se declara que el auto dictado en el presente sumario HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y, en su oportunidad, archívese el presente juicio como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; procede hacer la indicación en el sentido de que este expediente es destruible, toda vez que se decretó el sobreseimiento en el mismo.
- Principal
Téngase recibido el oficio sin número, signado por el Coordinador de Asuntos Jurídicos, en representación del Secretario de Seguridad Pública Municipal, con sede en esta ciudad, por medio del cual rinde informe en relación a la suspensión de plano; en atención a su contenido, únicamente agréguese a los autos para que obre como corresponda, en razón de que por acuerdo de uno de febrero del año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto.
- Principal
Vista la razón levantada por el actuario judicial adscrito a este juzgado de distrito, de la que se advierte que los directos agraviados Ana Belén Martínez Hernández y José Juan Alvarado, ratificaron la demanda promovida en su favor por Carla Martínez Hernández; en consecuencia, con fundamento en el párrafo tercero del arábigo 15 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo, misma que se ordena proseguir en todos sus trámites. Recepción de informe relativo a suspensión de plano Con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo se tiene recibido el oficio número JCM/070/2022, signado por el Juez y Coordinador de Jueces adscritos al Juzgado Cívico del Ayuntamiento de Mazatlán, con sede en esta ciudad, por medio del cual rinden conjuntamente su informe a la suspensión de plano. Lo que se hace del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar. Por lo que respecta al domicilio señalado por las autoridades responsables, deberá estar a lo acordado en proveído de treinta de enero pasado, en el que se proveyó al respecto. Asimismo, con fundamento en el numeral 119 del citado ordenamiento legal, se reciben las pruebas documentales que anexan las autoridades responsables señaladas en el párrafo que antecede. Sobreseimiento fuera de audiencia. El Informe conjunto rendido por las autoridades responsables, en relación con las documentales anexas, evidencian la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVI de la Ley de Amparo, establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVI. Contra actos consumados de modo irreparable; Del precepto transcrito, se colige que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos consumados de modo irreparable; entendiéndose como tales cuando han producido todos sus efectos, de manera que no es posible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual violada, lo cual hace improcedente la acción de amparo porque de otorgarse la protección constitucional, la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Del precepto transcrito, se colige que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos consumados de modo irreparable; entendiéndose como tales cuando han producido todos sus efectos, de manera que no es posible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual violada, lo cual hace improcedente la acción de amparo porque de otorgarse la protección constitucional, la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Lo anterior, en términos de las razones dadas en la jurisprudencia 2a./J. 171/2007 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 171537, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: ARRESTO. SI YA SE EJECUTÓ, EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, ES IMPROCEDENTE, POR CONSTITUIR UN ACTO CONSUMADO DE MODO IRREPARABLE. De los artículos 73, fracción IX y 80 de la Ley de Amparo se advierte que son actos consumados de modo irreparable los que han producido todos sus efectos, de manera que no es posible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual violada, lo cual hace improcedente la acción de amparo porque de otorgarse la protección constitucional, la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En ese tenor, resulta que esa causa de improcedencia se actualiza cuando se promueve el juicio de amparo contra un arresto que ya se ejecutó, por haberse consumado irreversiblemente la violación a la libertad personal, dado que está fuera del alcance de los instrumentos jurídicos restituir al quejoso en el goce de ese derecho, al ser físicamente imposible reintegrarle la libertad de la que fue privado, sin que el hecho de que sea factible reparar los daños y perjuicios que tal acto pudo ocasionar haga procedente el juicio de garantías, pues al tratarse de un medio de control constitucional a través del cual se protegen las garantías individuales, la sentencia que se dicte tiene como único propósito reparar la violación, sin que puedan deducirse pretensiones de naturaleza distinta a la declaración de inconstitucionalidad de un acto, como podría ser la responsabilidad patrimonial. Lo anterior no prejuzga en cuanto a la legalidad de dicho acto o la responsabilidad que, en su caso, pueda atribuirse a las autoridades que tuvieron participación en el mismo, ni limita el derecho que pudiera asistir al particular para demandar, a través de las vías correspondientes, la reparación de los daños que ese acto le pudo ocasionar Expuesto lo anterior, en la especie Carla Martínez Hernández, promovió la demanda de amparo que nos ocupa en representación de los directos quejosos Ana Belén Martínez Hernández y José Juan Alvarado, contra actos del Coordinador de Jueces del Tribunal de Barandilla, con sede en esta ciudad, y otra autoridad, consistente en lo siguiente: ACTO RECLAMADO La detención e incomunicación de los quejosos, sin mediar orden de aprehensión, ni haber cometido delito alguno, y menos aún existir flagrancia de hechos delictuosos Así, en auto de treinta de enero de dos mil veintidós, se concedió a los directos quejosos la suspensión de oficio y de plano de los actos reclamados para efecto de que de manera inmediata cesara su detención, y las responsables (i) los pusieran en libertad o (ii) a disposición del Agente del Ministerio Público respectivo sin dilación, para que éste último determinara lo que en derecho corresponda respecto de su libertad o retención. Posteriormente, mediante el oficio de cuenta, el Juez y Coordinador de Jueces adscritos al Juzgado Cívico del Ayuntamiento de Mazatlán, con sede en esta ciudad, rindieron su informe respecto de la suspensión de oficio y de plano decretada, y ofrecieron, entre otras, copia certificada de las siguientes pruebas documentales: Acta de remisión de detenido a las nueve horas con quince minutos del veintinueve de enero del año en curso, al Encargado del Área de Celdas, respecto a los quejosos, por Infracciones contra la tranquilidad y seguridad de las personas. Alterar el orden público Informe policial homologado en el que se puso a los quejosos a disposición del Juez en turno del Juzgado Cívico del Ayuntamiento de Mazatlán, Sinaloa. Examen médico practicado a los quejosos por el doctor Ricardo Bautista Scott (cédula profesional 1209091). Boletas con folios 482047 y 482046, en las que se asentó que a las diecinueve horas con cincuenta y nueve minutos del treinta de enero de dos mil veintidós, los quejosos Ana Belén Martínez Hernández y José Juan Alvarado obtuvieron su libertad, por haber cumplido su arresto; y, Así, dela valoración conjunta de las documentales públicas de mérito ?las cuales merecen valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo conforme a su numeral 2°? se desprende que los quejosos Ana Belén Martínez Hernández y José Juan Alvarado fueron detenidos a las nueve horas con quince minutos del veintinueve de enero del año en curso, por "Infracciones contra la tranquilidad y seguridad de las personas. Alterar el orden público"; y que fueron puestos en libertad a las diecinueve horas con cincuenta y nueve minutos del treinta de enero de dos mil veintidós. En esa tesitura, la obtención de libertad por parte de los directos quejosos, pone de manifiesto la consumación irreparable de la detención reclamada, lo cual hace improcedente la acción de amparo porque incluso de otorgarse la protección constitucional, por la propia naturaleza de esos actos, la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, ni restituir a los quejosos en el pleno goce del derecho violado. Apoya lo anterior, por las razones que informa, la tesis del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, volumen 75, sexta parte, página 16, registro 254735, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: ACTO RECLAMADO, CESACION DEL. E IRREPARABILIDAD. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. Sostiene el quejoso haber sido detenido e incomunicado con motivo de la investigación de probables hechos delictuosos, pero a la fecha se encontraba gozando de su libertad, en estas condiciones debe considerarse que los actos reclamados han dejado de producir sus efectos, así como que se consumaron en forma irreparable, puesto que, por la propia naturaleza de esos actos, sería imposible restituir al quejoso en el gozo de las garantías que se hubieran violado y volver las cosas al estado que guardaban con anterioridad. De ninguna manera puede considerarse que dicha restitución consistiría en la explicación por parte de las autoridades responsables sobre los motivos que tuvieron para ejecutar esos actos, porque lógicamente, ella no eliminaría en forma retroactiva la detención y la incomunicación sufridas por el quejoso. Al expresar el recurrente que su representado goza de una libertad precaria, plena de incertidumbre que lo imposibilita para defenderse, claramente revela el temor de que ese mismo quejoso sea perturbado en el futuro, pero la existencia de dicho estado emocional no se opone a considerar que la detención y la incomunicación en sí mismas han concluido definitivamente. Si con motivo de nuevos actos de las autoridades responsables, el quejoso fuere perturbado y estimare que se violan las garantías individuales en su perjuicio, esos actos serían distintos de los reclamados en esta controversia y, en todo caso, podrían ser reclamados en diverso juicio constitucional; pero debe reiterarse que los que en este amparo reclama, definitivamente han dejado de producir efectos y se han consumado en forma irreparable En tales condiciones, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA el juicio de amparo promovido por Carla Martínez Hernández en favor de Ana Belén Martínez Hernández y José Juan Alvarado, contra actos del Juez y el Coordinador de Jueces, ambos del Juzgado Cívico del Ayuntamiento de Mazatlán (denominación correcta), con sede en esta ciudad y otra autoridad.
- Principal
Téngase recibida la demanda de amparo presentada por Carla Martínez Hernández, en favor de Ana Belén Martínez Hernández y José Juan Alvarado, contra los actos que reclama del Secretario de Seguridad Pública Municipal, con sede en esta ciudad, y otras autoridades, por violación a diversos preceptos constitucionales, el Juez acuerda: REGISTRO DE LA DEMANDA. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 71/2022 y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y se reserva proveer en torno a la admisión de la demanda, hasta en tanto esta sea ratificada. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La orden de detención librada por las responsables en contra de sus representados Ana Belén Martínez Hernández y José Juan Alvarado, quienes los mantienen detenidos e incomunicados. SUSPENSIÓN DE PLANO. Del contenido integral del libelo constitucional, se desprende lo siguiente: 1. La demanda de amparo es promovida por conducto de una tercera persona. 2. Se reclama que los directos quejosos Ana Belén Martínez Hernández y José Juan Alvarado se encuentran privados de su libertad fuera de procedimiento e incomunicados en los separos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, con sede en esta ciudad. En consecuencia, atendiendo a las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad formuló la promovente, se presume la privación de la libertad fuera de procedimiento, así como la incomunicación de que son objeto los directos agraviados; actos que se encuentran comprendidos en el artículo 15, primer párrafo, de la Ley de Amparo y 22 constitucional; por tanto, con fundamento en el numeral 126 de la Ley de Amparo, SE DECRETA DE OFICIO Y DE PLANO LA SUSPENSIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS, por lo que las autoridades responsables deberán SUSPENDER INMEDIATAMENTE la ejecución de los aludidos actos. Asimismo, de encontrarse Ana Belén Martínez Hernández y José Juan Alvarado, en calidad de detenidos en relación con la comisión de un delito, deberá cesar su detención, (i) poniéndolos en libertad o (ii) a disposición del Agente del Ministerio Público respectivo sin dilación, para que éste último determine lo que en derecho corresponda respecto de su libertad o retención, dentro del plazo y en los términos que el párrafo décimo del numeral 16 constitucional lo permite; o bien, sean consignados a las autoridades judiciales competentes para la incoación del proceso criminal relativo, dejándolos a su disposición en las instalaciones del centro penitenciario que corresponda. De lo contrario, si la detención de los directos quejosos no tiene relación con la comisión de un delito, las responsables deberán ponerlos en INMEDIATA LIBERTAD, de conformidad con el ordinal 164 de la Ley de Amparo. En el entendido de que si su detención deriva de un acto emitido en un proceso penal y/o ejecución de pena de prisión, la suspensión únicamente tendrá por efecto que cesen la incomunicación de que pudieran ser objeto los directos quejosos. SOLICITUD DE INFORME DE SUSPENSIÓN DE PLANO. Como lo establece el artículo 209 de la ley de la materia, las autoridades señaladas como responsables deberán informar sobre el cumplimiento dado a esta determinación, dentro del término de VEINTICUATRO HORAS, contadas a partir de que reciban el oficio que derive del presente acuerdo. Bajo apercibimiento que de no hacerlo así, se harán acreedoras a una multa equivalente a treinta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización que tenga al momento en que se emite el presente proveído, anteriormente reseñada. Asimismo, se comisiona al actuario adscrito a este juzgado, para que haga del conocimiento de los directos agraviados el presente proveído, para lo cual deberá constituirse en los separos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, con sede en esta ciudad, a fin de lograr su comparecencia y en el acto de la diligencia, los requiera para que manifiesten si es su voluntad ratificar la demanda de amparo presentada en su favor, o bien, lo hagan por escrito en el término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos su notificación, conforme a lo previsto en el artículo 15 de la misma Ley de Amparo, bajo apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por no presentada su demanda, y quedarán sin efecto las providencias dictadas, conforme a lo previsto en los propios precepto y ordenamiento legal invocados. En la inteligencia de que en caso de no encontrar a Ana Belén Martínez Hernández y José Juan Alvarado en el lugar donde se indica, el actuario deberá agotar los medios a su alcance para constatar si en los libros de gobierno internos de las autoridades responsables, existe registro a nombre de los directos quejosos, y en caso de no hallarlos, deberá constituirse en cualquier dependencia y centro de reclusión que cuente con celdas o separos dentro de esta localidad, a fin de llevar a cabo lo encomendado en este auto. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, a fin de que no queden paralizados los procedimientos, para el caso de que el presente juicio de amparo deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en él, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda practicarlas. INSTRUCCIÓN AL PERSONAL PARA INTEGRAR EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye a la Secretaria para que dé fe, que tanto en el expediente electrónico, como en el impreso, sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Y AUTORIZADOS. Con fundamento en el artículo 27 en relación con el 26, fracción I de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Justino Rubí número 1901, colonia Venustiano Carranza, de esta ciudad, y como autorizados para tal efecto al licenciado Fausto de la Paz Camacho, quien tiene su cédula profesional 3017705, registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho. Del mismo modo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 5°, fracción I y 22, fracción II del citado Acuerdo General, se exhorta a las partes propongan formas especiales y expeditas de contacto, ya sea vía telefónica y mediante herramientas tecnológicas de comunicación instantánea como mensajes por dispositivos móviles y correos electrónicos, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales que agilicen la secuela procesal en el presente juicio; ello en virtud de la emergencia sanitaria por el fenómeno de salud pública derivada del virus SARS-CoV2 (COVID 19). USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. En otro orden, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos, como cámaras fotográficas, scanner y lectores láser para copiar constancias que obren en autos del presente expediente, siempre y cuando dichas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa, ello sin necesidad de presentar solicitud por escrito. Entonces, en el momento en que alguna de las partes, sus autorizados o delegados tengan la intención de hacer uso de ese derecho, deberán informar a la Secretaría del Juzgado para que se levante acta en la que se hagan constar y describan las actuaciones reproducidas. INGRESO A LAS INSTALACIONES En otro aspecto, hágase saber a las partes que para poder ingresar a las instalaciones de este órgano jurisdiccional a efecto de consultar físicamente el expediente en que se actúa e imponerse de los informes, así como para diverso tramite que necesariamente implique que deban acudir presencialmente ante este juzgado, deberán agendar una cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el apartado "Servicios Jurisdiccionales", en términos del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales, ante la contingencia por el virus covid-19 cuando se restablezcan las labores y mientras no continúe vigente el diverso Acuerdo General 13/2020. AUTORIZACIÓN PARA LA FIRMA DE OFICIOS. Se autoriza al actuario a firmar los oficios que deriven de la tramitación de este asunto.
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