Ana Belem García Rojas Morales
Expediente 386/2022 tramitado ante el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 20 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 386/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 07/09/2023
Partes del expediente
- Ana Belem García Rojas Morales
- Esher Ruiz Pérez
- 2. Secretario de Salud del Gobierno Federal.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Juicio de Amparo Directo
Archivo y valoración. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo, previas anotaciones que se hagan en el libro de control. En la sentencia dictada en el presente asunto, se resolvió: "ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a."
- Juicio de Amparo Directo
Sentencia de amparo En sesión de veinte de abril de dos mil veintitrés, este tribunal colegiado concedió a la parte quejosa el amparo y la protección de la Justicia Federal en contra de la sentencia dictada por la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Nueve, con sede en Toluca, Estado de México, para los efectos jurídicos siguientes: 1. Deje insubsistente la sentencia que constituye el acto reclamado. 2. Dicte una nueva sentencia, en la que se encargue nuevamente de la valoración de las pruebas documental y pericial, así como de la confesión ficta de la demandada; y las aprecie de acuerdo a su contenido íntegro, tomando en cuenta las consideraciones que sustentan al presente estudio, así como la conducta procesal de la parte demandada, Comisariado Ejidal de Núcleo denominado San Pedro Totoltepec, Municipio de Toluca, Estado de México, y CEFERINA RUFINA SOLARES LUNA; y con absoluta plenitud de jurisdicción resuelva la controversia sometida a su potestad, como en derecho corresponda. 3. Actuaciones tendentes al cumplimiento de la ejecutoria de amparo Ahora bien, una vez que la responsable recibió el testimonio de dicha ejecutoria constitucional procedió en los términos siguientes: Por oficio UAJ-1368/2023 de veintidós de mayo de dos mil veintitrés, la autoridad responsable informó a este tribunal que en esa fecha dejó insubsistente la sentencia de veintitrés de marzo de dos mil veintidós, y turnó los autos para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente. Por oficio UAJ.1620/2023 de ocho de junio de dos mil veintitrés, remitió copia certificada de la sentencia dictada el cinco de ese mes y año, en la que se advierte lo siguiente: En el resultando 8, informa que por acuerdo de veintidós de mayo de dos mil veintitrés, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, dejó insubsistente la sentencia que constituye el acto reclamado, y ordenó turnar el expediente para el dictado de una nueva resolución -se cumple el primer efecto del fallo protector13/03/24 11:06:46 En el considerando tercero de la citada resolución estableció el método de valoración de pruebas que obran en el procedimiento agrario de origen, las cuales, refiere, fueron aportadas por las partes, por terceros o en su caso, los recabados de oficio por ese unitario. En el considerando cuarto (página 18), expresó, en lo que interesa, que el análisis de las pretensiones planteadas por la ahora quejosa debía abordarse desde la postura procesal adoptada por la demandada Ceferina Rufina Solares Luna, quien durante la audiencia jurisdiccional se allanó a la demanda; así como desde la óptica de las consecuencias legales derivadas de los artículos 180 y 185, fracción V, dada la falta de comparecencia del codemandado núcleo agrario San Pedro Totoltepec, municipio de Toluca, Estado de México; y con plenitud de jurisdicción procedió a resolver lo que en derecho corresponda -se cumple el segundo efecto del fallo protector4. Vista a las partes con lo actuado por la autoridad responsable a fin de dar cumplimiento. Con la resolución dictada en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, mediante proveído de trece de junio de dos mil veintitrés, se dio vista a la parte quejosa y tercero interesada, a fin de que expresaran lo que a su interés conviniera, una vez notificadas y transcurrido el plazo otorgado, ninguna de las partes realizó manifestaciones en ese sentido. 5. Análisis del cumplimiento Analizada la resolución de cinco de junio de dos mil veintitrés, remitida en copia certificada por la autoridad responsable, la Presidencia de este Tribunal Colegiado advierte que sí se cumplió debidamente con los efectos establecidos en la ejecutoria que recayó al presente juicio de amparo directo, en virtud de que se atendieron puntualmente los efectos de la sentencia relativa. Se afirma lo anterior, toda vez que la autoridad responsable, en proveído de veintidós de mayo de dos mil veintitrés, dejó insubsistente el acto reclamado y ordenó turnar el expediente para el dictado de una nueva resolución en cumplimiento al fallo protector. El cinco de junio de dos mil veintitrés la magistrada titular del unitario responsable, dictó la sentencia correspondiente, en la que se destaca lo siguiente: ?En el considerando tercero, estableció el método de valoración de pruebas que obran en el procedimiento agrario de origen, las cuales, refiere, fueron aportadas por las partes, por terceros o en su caso, los recabados de oficio por ese unitario. ?En el considerando cuarto procedió al estudio y resolución del caso, (página 16), y lo que aquí interesa destacó que, el análisis de las pretensiones planteadas por la ahora quejosa debía abordarse desde la postura procesal adoptada por la demandada Ceferina Rufina Solares Luna, quien durante la audiencia jurisdiccional se allanó a la demanda; así como desde la óptica de las consecuencias legales derivadas de los artículos 180 y 185, fracción V, dada la falta de comparecencia del codemandado núcleo agrario San Pedro Totoltepec, municipio de Toluca, Estado de México (página 18). ?Determinó que Ceferina Rufina Solares Luna, cuenta con legitimación pasiva ad causam, en el asunto agrario y en consecuencia, puede asumir cualquiera de las posturas procesales permitidas por la ley, en relación con la acción ejercida por la accionante, siendo que en el caso decidió allanarse (página 21). ?Por otra parte, destacó que se actualiza en el juicio de origen agrario la legitimación pasiva ad causam del núcleo agrario denominado "San pedro Totoltepec", municipio de Toluca, Estado de México, toda vez que la Constitución y la Ley Agraria, les reconoce personalidad jurídica y patrimonio propio a los núcleos agrarios; así como la protección de su propiedad sobre la tierra, tanto para el asentamiento humano como para actividades productivas. Por tanto, puede asumir cualquiera de las posturas procesales permitidas por la ley, en relación con la acción ejercida por el actor, es decir, contestar o no demanda, allanarse, confesar la demanda o los hechos, e incluso interponer reconvención, dependiendo de lo que a su derecho e interés convenga. ?Por lo que al no comparecer al juicio agrario de origen el núcleo agrario demandado, resulta ajustado a derecho determinar que ese tribunal pueda tener por ciertas las afirmaciones de la parte actora, única y exclusivamente en lo que se refiere a hechos propios del citado poblado, pues aun cuando se trate de una confesión ficta, ésta no tiene el alcance de tener por cierto hechos que no son atribuibles a quien fue declarado confeso. ?Respecto del allanamiento de la parte demandada estableció que aún y cuando se haya allanado a las pretensiones de la actora, si no obra en autos algún documento en el que conste el acto pro el que la accionante adquirió la posesión del bien que reclama, no se puede tener por demostrado que esa fracción de terreno ejidal fuese una parcela autónoma e independiente desde antes del veinticuatro de marzo de mil novecientos noventa y seis, fecha en que se celebró en el poblado del caso, la asamblea de delimitación, destino y asignación de terrenos ejidales, impugnada en el juicio agrario, ni que desde antes de esa fecha estuviera en posesión la accionante; así como que su posesión sea originaria y no derivada (página 30) ?Que el allanamiento formulado por la demandada no puede por sí solo generar la procedencia de la acción intentada por la accionante, pues, carece de la fuerza probatoria suficiente para acreditar la fecha cierta de adquisición del bien, materia del juicio por parte de la actora, ni la calidad en que posee ésta [originaria o derivada] (página 31) ?En relación a la valoración de la prueba documental consistente en el acta de asamblea celebrada en segunda convocatoria de veintiuno de febrero de dos mil veinte, en el ejido "San Pedro Totoltepec", municipio de Toluca, Estado de México; en principio manifestó que ésta carece de valor probatorio, en virtud de que fue exhibida en copia simple, refiere, que aún y cuando la asamblea general es el órgano suprema del ejido, sus determinaciones no pueden ser arbitrarias, ya que deben estar sustentadas conforme a derecho; que advierte que la asamblea de dicho ejido, no tuvo una base jurídica para tomar sus determinaciones, ya que no se aprecia que haya tenido a la vista algún contrato u otro medio de pruebas que comprobase fehacientemente que la actora realmente es la posesionaria de la superficie que reclama; que esa posesión es anterior a la asamblea impugnada; y que, además, se trata de una posesión originaria y no derivada. ?Refiere, que el reconocimiento que se haya hecho en el acta de asamblea que se analiza, al no estar apoyado en elementos probatorios, no puede ser vinculante para ese Unitario, aún cuando provenga del órgano supremo ejidal, toda vez que el tribunal tiene el deber de analizar de oficio si los elementos de la acción se encuentran satisfechos, con independencia de la postura que asuman las partes, pues a la parte actora le corresponde la carga de demostrar los elementos constitutivos de sus pretensiones. ? Del análisis del referido acta, la responsable determina que al tomar la asamblea general de ejidatarios, decisiones sin tener elementos suficientes que le permitan conocer a ciencia cierta si la superficie que reclama la accionante era una parcela autónoma, antes de la celebración de la asamblea que regularizó sus tierras, implícitamente pretende permitir, de manera indebida la división de una parcela ejidal perfectamente delimitada en los trabajos del Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos, situación que es contraria a derecho. ?En relación al estudio de la prueba pericial en materia de topografía, señala que ese documento no constituye propiamente un dictamen, en virtud de que se elaboró fuera del proceso, toda vez que el profesionista responsable de su elaboración se constituyó en la parcela objeto del juicio el doce de octubre de dos mil diecinueve, mientras que la demanda agraria se recibió en la oficialía de partes de ese órgano jurisdiccional, el veintinueve de noviembre dos mil diecinueve. Por ello, refiere, en la audiencia de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, dicha prueba se admitió como informe técnico. ?En relación con el alcance probatorio de dicho documento, señala que carece de la literosuficiencia necesaria para demostrar la fecha cierta en que la parte accionante adquirió la posesión de la superficie que reclama en el juicio agrario, como para demostrar la calidad en que adquirió dicha posesión; por lo que con ese documento no se puede tener por acreditada que la fracción del terreno ejidal materia del juicio constituye una parcela autónoma e independiente desde antes del veinticuatro de marzo de mil novecientos noventa y seis, fecha en que se celebró la asamblea de delimitación, destino y asignación de terrenos ejidales impugnada, tampoco acredita que desde antes de esa fecha la estuviera poseyendo; ni puede demostrar que su posesión sea originaria y no derivada. ?Que la opinión pericial es dogmática, toda vez que el profesionista refirió que analizó los documentos con los que la actora acredita su posesión; sin embargo, no los adjuntó a su informe, tampoco éstos obran en autos, aunado a que no expresa en su opinión técnica los razonamientos que lo llevaron a concluir que la superficie que reclama la accionante es una parcela autónoma, desde antes del veinticuatro de marzo de mil novecientos noventa y seis, cuando se celebró , en el poblado del caso, la asamblea de delimitación, destino y asignación de tierras ejidales. Por tanto, concluye, que en términos de lo dispuesto por el artículo 189 de la Ley Agraria, el elemento analizado carece de fuerza vinculante para este tribunal. ?Finalmente, destaca que a pesar de haber quedado demostrado que el allanamiento formulado por la demandada fue hecho por quien tenía legitimación para ello y que cumple con los aspectos formales y legales para que surta efectos; y de que la confesión ficta declarada en contra del núcleo agrario demandado, dada su incomparecencia al juicio, tiene por efecto tener por ciertos los hechos de la demanda inicial presentada por la actora; sin embargo, dice, estos elementos no son suficientes para acreditar la procedencia de la acción intentada por la actora, en virtud de que dichas confesiones no se encuentran apoyadas con otros elementos probatorios, lo cual es fundamental para la procedencia de la acción, en términos de lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 180 de la Ley Agraria. Analizadas que fueron las citadas probanzas, la autoridad responsable con plenitud de jurisdicción procedió a resolver como en derecho corresponda. De ahí que este órgano colegiado observe que la autoridad responsable, dio cumplimiento total a lo ordenado en la ejecutoria de amparo. Por otra parte, cabe precisar que el cercioramiento del exceso o defecto en el acatamiento del fallo amparador tiene por objeto determinar la materia del cumplimiento y el alcance del efecto restitutorio; en esa tesitura, se estima que existe defecto en la ejecución del fallo protector siempre que la autoridad responsable se abstiene de realizar todos los actos necesarios para que la sentencia que concedió el amparo resulte íntegramente cumplida; en cambio, hay exceso en la ejecución de la resolución amparadora cuando la responsable, además de efectuar todos los actos conducentes para lograr que las cosas queden restituidas al estado que guardaban antes de la violación advertida, ejecuta u ordena actos distintos o ajenos a la sentencia de amparo, los cuales tampoco son efecto inmediato de lo decidido en la mencionada resolución. Partiendo de tales hipótesis la Presidencia de este Tribunal Colegiado no aprecia que la autoridad responsable, hubiese incurrido en exceso o defecto alguno; pues únicamente llevó a cabo los actos conducentes y necesarios para lograr que las cosas quedaran restituidas al estado que guardaban antes de la violación advertida. 5. Decisión Con base en lo anterior, la Presidencia de este tribunal colegiado observa que la autoridad responsable atendió las directrices de la ejecutoria al dejar insubsistente la sentencia reclamada, dictó otra en la cual consideró fundado el incidente de nulidad de notificaciones y al estimarlo procedente, ordenó la reposición del procedimiento en el juicio agrario de origen, para finalmente resolver con plenitud de jurisdicción lo que en derecho corresponda. En tal virtud, se declara que el fallo protector ha quedado cumplido para los efectos legales a que haya lugar, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo. 6. Medio de impugnación en contra de la presente resolución Infórmese a las partes, que conforme a los artículos 201, fracción I, y 202 de la Ley de Amparo, cuentan con el plazo de quince días para interponer, si lo estiman pertinente, recurso de inconformidad en contra de la presente resolución, el que será del conocimiento de este órgano colegiado. Una vez que transcurra el término para la interposición del recurso de inconformidad, acuérdese lo conducente con relación al archivo del expediente acorde con lo previsto en el artículo 214 de la ley en cita. 7. Notificaciones Para los fines antes indicados, notifíquese personalmente a la parte quejosa y por oficio a la parte tercero interesada. Finalmente, hágase del conocimiento de esta determinación a la autoridad responsable, por medio de oficio, para los efectos legales procedentes.
- Juicio de Amparo Directo
Vista a las partes. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa y tercera interesada, haciendo entrega de copia íntegra de las constancias que ha remitido la autoridad responsable con las que manifiesta dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, para que, en el plazo de diez días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que se les practique de este acuerdo, manifiesten a este tribunal lo que a su interés convenga, en la inteligencia que, una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este órgano jurisdiccional de amparo dictará la resolución que en derecho corresponda, base en los elementos que obren en el expediente. Resulta aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 63/2015 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. AL RESOLVERSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO, DEBEN ANALIZARSE LOS ARGUMENTOS DEL QUEJOSO DESAHOGADOS EN LA VISTA. El artículo 196 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, establece que la ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos, y que en los casos de amparo directo se le dará vista al quejoso para que dentro del plazo de diez días manifieste lo que a su derecho convenga y alegue, en caso de ser necesario, el defecto o exceso en el cumplimiento. En ese sentido, los argumentos que haga valer el quejoso deberán tomarse en consideración por el órgano jurisdiccional y éste debe pronunciarse al respecto, de lo contrario, se le causaría un agravio y la vista se convertiría en una formalidad inútil. Por tanto, para cumplir cabalmente con lo señalado en el referido precepto, es necesario que el tribunal colegiado se pronuncie sobre lo manifestado en la vista desahogada y así poder pronunciarse íntegramente sobre el total cumplimiento de la ejecutoria de amparo." Comisiónese al actuario para que notifique a la parte quejosa y tercero interesada la sentencia con que se pretende dar cumplimiento, en la inteligencia de que; si se le tuvo como domicilio para oír y recibir notificaciones en los autos del presente asunto, deberá constituirse en el mismo (reglas establecidas en el artículo 27 de la Ley de Amparo) o, de lo contrario; deberá hacer de conocimiento a la parte quejosa que, de conformidad con el artículo 21 del Acuerdo General de referencia, la sentencia con la que se pretende dar cumplimiento quedará a su disposición en el área designada por el tribunal para la revisión de las listas de acuerdo y de sesión, esto es, en la entrada del piso que ocupa el órgano jurisdiccional (piso 4 del inmueble ubicado en la calle 16 de septiembre, número 784, Naucalpan de Juárez), pudiendo acudir sin cita previa.
- Juicio de Amparo Directo
Agréguense a los autos, para que obren como corresponda, el oficio de cuenta, mediante el cual la autoridad responsable informa las medidas tendentes a dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente amparo directo. Acúsese recibo. Conocimiento y solicitud de informe. Téngase a la autoridad responsable informando las medidas tendentes a cumplir la ejecutoria dictada por el Pleno de este órgano. En virtud de que la autoridad responsable manifiesta que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento, con fundamento en los artículos 237, fracción I y 258 en relación con los diversos 192 y 193, de la Ley de Amparo, se le impone la obligación en esta etapa de informar cada veinte días hábiles sobre los avances que tenga en materia de cumplimiento de la sentencia constitucional, lo cual deberá ser racional y objetivo, esto es, que no den pauta a obtener evasivas o retraso, en la inteligencia de que si no presenta oportunamente esos informes, se le sancionará, por cada ocasión que incurra en ello, con multas, las que se impondrán en la correspondiente resolución donde este tribunal declare si la ejecutoria constitucional fue o no cumplida.
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