Ana Areli Pedroza Martínez
Expediente 491/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 491/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 25/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Ana Areli Pedroza Martínez
Actuaciones
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veinticinco de junio de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos y advirtiéndose de los mismos que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la promovente hubiera recurrido el auto dictado el seis de junio del año actual, a través del cual se desechó de plano la demanda de amparo con que se formó el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 355 y 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del diverso numeral 2º ibídem, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y con apoyo en el artículo 214 de la referida Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. De conformidad con la fracción I, del capítulo relativo a "Expedientes que corresponde clasificar como depurables o destruibles por los Juzgados de Distrito, de conformidad con el punto vigésimo primero" del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobado el diez de diciembre de dos mil doce, en relación con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del diverso punto Vigésimo Primero, ambos del Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo; además a juicio de este órgano de control constitucional no tiene relevancia documental para su conservación.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA A LA PARTE PROMOVENTE LA RESOLUCION QUE DICE: Boca del Río, Veracruz, seis de junio de dos mil dieciocho. RADICACIÓN Visto el escrito de demanda de amparo promovido por Ana Areli Pedroza Martínez, contra actos del Juez Cuarto de Primera Instancia, con sede en Tierra Blanca, Veracruz; fórmese juicio de amparo y regístrese en el libro de gobierno con el número 491/2018-V, que es el que le correspondió. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador de amparo la obligación de revisar, ante todo, el escrito de demanda y, en el caso de que encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, a desecharla de plano. Además, el análisis de las causales de improcedencia del juicio de amparo debe hacerse previamente y de oficio, con independencia de que las hayan invocado las partes, o no, dada su naturaleza de orden público y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al estudio de la que, a juicio de este órgano jurisdiccional, se actualiza en el presente asunto. El artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte, el diverso artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo, prevé lo siguiente: "Artículo 107. El amparo indirecto procede:V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ." De las porciones normativas transcritas, es factible colegir que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, o la propiedad, que no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener un fallo favorable en el juicio respectivo. Por lo que, de acuerdo a las citadas disposiciones, se desprende que, como excepción, procede el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, cuando los actos en el juicio tengan una ejecución de imposible reparación, o sea, cuando afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por los derechos humanos, de modo tal que esa afectación no sea susceptible de repararse, con el hecho de obtener una resolución favorable en el juicio, por haberse consumado la violación del derecho fundamental de que se trate. De la demanda de amparo, se desprende que la solicitante del amparo señala como acto reclamado, el siguiente: La negativa a resolver sobre la excusa y/o impedimento para conocer del expediente 214/2018 debido a que se le solicitó por escrito y debido a que existe impedimento por parte de la responsable para conocer del aludido juicio, pedimento previsto en el artículo 127 fracción XII, ya que lo denuncié ante el Consejo de la Judicatura del Estado de Veracruz, y dentro del citado juicio por escrito con copia de la denuncia se lo hice saber; La negativa a resolver el derecho de petición que se le formuló por escrito a la responsable, pidiéndole que declare impedido por excusa y/o por recusación, debido a que esto lo debió acordar dentro de los veinticuatro horas a partir de que le hice de su conocimiento la denuncia que existe en su contra por parte de la suscrita, violación que hace al artículo 128 del Código de Procedimiento Civiles del Estado de Veracruz, que señala "ARTICULO 128. Los magistrados y jueces deben excusarse del conocimiento de los negocios en que ocurra alguna de las causas expresadas en el artículo anterior o cualquiera otra análoga, aun cuando las pares no los recusen. Sin perjuicio de las providencias que conforme a este Código deben dictarse, tienen la obligación de inhibirse inmediatamente que se avoquen el conocimiento de un negocio de que no deben conocer por impedimento , o dentro de las veinticuatro horas siguientes de que ocurra el hecho que origina el impedimento o de que tengan conocimiento de el" La resolución que llegue a dictar de abstenerse de declararse impedido para conocer del expediente 214/2018 del índice de la responsable, ya que por fuentes dignas de fe, me he enterado que no se va a excusar, y va declarar infundada la recusación que se le formuló por escrito en el juicio 214/2018 ya que por fuentes dignas de fe, me he enterado que externó que seguirá conociendo del asunto para así seguir siendo parcial; y, Señalo como acto reclamado la violación del artículo 61 del Código de Procedimiento del Estado, debido a que las promociones deben acordarse más tardar dentro de los tres días de haberse presentado, y la promoción donde se le pidió a la responsable que se excuse del aludido o declare impedido para conocer del asunto, tiene más del aludido termino; y Finalmente señalo como acto reclamado que la responsable sigue actuando en el aludido expediente a pesar de que existe un impedimento legal por parte de la responsable para seguir conociendo del expediente antes aludido, por los hechos narrados en los actos que he dejado señalados con anterioridad. Asimismo, de la lectura integral del ocurso inicial demanda se desprende que la solicitante del amparo, es parte en el juicio de origen, el cual, se encuentra en trámite, de igual manera, que denunció ante el Consejo de la Judicatura del Estado de Veracruz al titular del Juzgado Cuarto de Primera Instancia, con residencia en Tierra Blanca, Veracruz, para que dejara de conocer del asunto 214/2018 de su índice, agregando que ejerció su derecho de petición mediante ante escrito en el que le solicitó a la responsable dejara de conocer del citado asunto; en términos del artículo 8 Constitucional; sin embargo, aduce que han pasado más de cuatro días hábiles, sin que el aludido juez haya pronunciado auto al respecto, aun cuando debía acordar en las veinticuatro horas siguientes. Luego, resulta claro que en el caso concreto, los actos reclamados contenidos en los incisos a), b), d), y e) únicamente tiene efectos intraprocesales, es decir constituyen una violación procesal y por lo tanto no tiene una consecuencia inmediata de afectación sobre alguno de los derechos fundamentales de la quejosa, tales como la vida, la integridad humana, la libertad, la propiedad, la posesión, etcétera, sino únicamente da lugar a la conculcación de derechos adjetivos que sólo producen efectos intraprocesales y que, por tanto, no pueden ser reclamados en la vía del amparo biinstancial, precisamente en razón de que el acto reclamado en el caso concreto no tiene una ejecución de imposible reparación. Lo anterior es así, toda vez que cuando los particulares se duelen exclusivamente de una afectación al derecho de petición, cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, el actuar de la autoridad se rige por lo dispuesto tanto en los artículos 14 y 17 constitucionales, como en los plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria. En razón de ello, si el reclamo se da dentro de un procedimiento, como en el caso, no se cumple con el requisito de procedencia del amparo indirecto consistente en la transgresión a un derecho sustantivo o que el acto hubiese dejado sin defensa a la quejosa, pues no se trata de una afectación autónoma al procedimiento en el que se encuentran los particulares, sino que se da en dicho contexto, por lo que tiene un carácter adjetivo y tiene que atender a las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a dar respuesta a la petición realizada. Sin que pase inadvertido para el suscrito, que si bien uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la omisión de dar respuesta a una petición formulada a una autoridad; sin embargo, ello por sí solo no es suficiente para considerar procedente el amparo; lo anterior, en virtud de que dicha afectación no puede verse de forma autónoma, sino dentro del procedimiento en razón de los artículos constitucionales y su desarrollo en la legislación secundaria de los derechos de debido proceso y acción, por lo que no actualiza el caso de excepción que se prevé para acudir al juicio de amparo. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal de Justicia del país, página 1086, Libro 30, Mayo 2016, Tomo II de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Así como también, la jurisprudencia 1a./J. 8/2015 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 478, Libro 17, Abril de 2015, Tomo I de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, cuyo rubro y texto dice: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMA UNA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO (LEY DE AMPARO ABROGADA). De acuerdo con lo establecido en el artículo 114, fracciones II, III y IV, de la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013, se desprende que en contra de actos dictados dentro de procedimientos jurisdiccionales, como dentro de procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, será procedente el amparo indirecto de forma excepcional cuando los actos tengan el carácter de "imposible reparación"; o cuando el quejoso hubiese quedado sin defensa o privado de los derechos que la ley de la materia le conceda. En esas condiciones, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación al derecho de petición, cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional o seguido en forma de juicio, el actuar de la autoridad se rige por lo dispuesto tanto en los artículos 14 y 17 constitucionales, como en los plazos y términos desarrollados por el legislador ordinario en la norma secundaria. En razón de ello, por regla general, el amparo indirecto sería improcedente, pues si se trata exclusivamente de un reclamo dentro de un procedimiento respecto al derecho de petición, el cual no deja sin defensa al quejoso ni puede verse de forma autónoma, debe considerarse que se trata de una violación de carácter adjetivo conforme a la cual tienen que atenderse las reglas establecidas en la legislación ordinaria para el efecto de obligar a la autoridad a dar respuesta a la petición realizada." También robustece la conclusión alcanzada, la jurisprudencia 1a./J. 7/2015 (10a.), emitida por la Primera Sala del Más Alto Tribunal del país, localizable en la foja 480, tomo I, libro 17, Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación de abril de dos mil quince, de rubro y texto siguientes: "DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA. El artículo 8o. constitucional impone a la autoridad la obligación de dar respuesta, en breve término, a la solicitud formulada por un particular; por su parte los artículos 14 y 17 constitucionales regulan el debido proceso, así como el derecho de acción, a través de los cuales se busca obtener una decisión en la que se resuelvan de forma completa las pretensiones deducidas, mediante el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento. En razón de ello, los procedimientos ventilados ante organismos jurisdiccionales o aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo las garantías previstas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, resulta jurídicamente inadmisible que se pueda reclamar de manera autónoma la omisión de dar respuesta a una petición en términos del artículo 8o. constitucional, cuando el particular eleva una solicitud a un funcionario público dentro de un juicio o dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, puesto que las reglas que rigen estos procedimientos son tanto las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como las que desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria. No obstante ello, la autoridad está obligada a analizar, conforme a los principios de indivisibilidad e interdependencia previstos en el artículo 1o. constitucional, los derechos como una unidad, no de forma aislada, sino como una totalidad indisociable y exenta de jerarquía. Así, al concebirse de forma armónica, se podrá resolver de mejor manera la omisión que reclama el particular dentro del procedimiento." Por tanto, los actos que reclama la parte quejosa en los incisos a), b), d), y e) no presentan para los efectos de la procedencia de este amparo una ejecución irreparable, pues como se dijo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo, el juicio de garantías sólo procede contra esa clase de actos, por lo que entendida esta disposición a contrario sensu, el amparo sería improcedente cuando no exista el elemento perjuicio, y de existir éste, no tenga el carácter de irreparable. Máxime que del contenido de la propia demanda no se advierte que existe una abierta dilación del procedimiento, pues la quejosa adujo que han pasado solo más de cuatro días de que presentó su escrito de petición. Sirve de apoyo la jurisprudencia 175, visible en la página 144, del tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, procede el amparo indirecto "Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación...". El alcance de tal disposición obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo." Por lo que respecta, al diverso acto reclamado contenido en el inciso c) que la solicitante del amparo lo hace consistir en la resolución que llegue a dictar de abstenerse de declararse impedido para conocer del expediente 214/2018 de su índice, sosteniendo que por fuentes dignas de fe, se enteró que no se va a excusar, y va declarar infundada la recusación que le formuló por escrito en el juicio 214/2018 y que seguirá conociendo del asunto para así seguir siendo parcial; se actualiza la diversa causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con la fracción I, del artículo 5, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, los cuales son del tenor siguiente: El artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico." Lo anterior se considera así, toda vez que, del ocurso inicial se advierte que la petición de la quejosa no ha sido acordada en algún sentido, por tanto, lo señalado por la impetrante en el sentido de que por "fuentes dignas de fe"; se enteró que la responsable no se va a excusar, resulta ser un acto futuro e incierto que puede o no llegar a ocurrir, y por tanto, la presunción de la quejosa no puede ser materia del juicio de amparo, ya que el mismo procede contra actos concretos y no futuros e inciertos. En tales condiciones, resulta evidente que no produce una afectación actual, real y directa a la promovente, por ser un acto futuro e incierto que actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia previamente invocada; por lo que hace al acto identificado como inciso c) aunado a que basta imponerse de la demanda de amparo para conocer cuál es el acto reclamado y su naturaleza, por lo que aun substanciándose el procedimiento no sería posible arribar a una convicción diversa con los elementos que pudieran aportar las partes. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la jurisprudencia por contradicción PC.I.L. J/14 L, emitida por el Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito, de la Décima Época, visible en la página 2321, Tomo III, Enero de 2016, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "MULTA. APERCIBIMIENTO DE. NO PRODUCE UNA AFECTACIÓN ACTUAL, REAL Y DIRECTA, POR SER UN ACTO FUTURO E INCIERTO, QUE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El apercibimiento de multa en caso de incumplimiento a lo ordenado por una Autoridad no produce una afectación actual, real y directa al impetrante, conforme al artículo 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, ni constituye un acto de molestia, por ser futuro e incierto, en razón de que la imposición de multa no se decreta como consecuencia inmediata del apercibimiento, sino que está condicionada a que el obligado cumpla o no con la medida, así como de que la Autoridad decida llevar a cabo lo ordenado, por lo que no es inminente, al no existir certeza de que se va a ejecutar; lo cual actualiza la causa manifiesta e indudable de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral citado, pues basta el escrito de demanda para tener conocimiento de cuál es el acto reclamado y advertir su naturaleza, por lo que, aun sustanciándose el procedimiento no sería posible arribar a una convicción diversa con los elementos que pudieran aportar las partes; lo que da lugar al desechamiento de la demanda con fundamento en el artículo 113 de la misma ley." Ante esa tesitura, en el caso se actualizan en forma manifiesta e indudable las causas de improcedencia preinvocados. En consecuencia, procede DESECHAR DE PLANO la demanda de mérito, de conformidad con lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda, y de no existir el mismo, encontrarse éste deshabitado, o manifestar quien lo ocupe que no conoce a la parte quejosa o a sus autorizados, se realizarán las notificaciones que tengan el carácter de personales, por lista, previo acuerdo que al efecto se emita, de conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo; y como sus autorizados en términos amplios de los numerales 12 y 24 de la invocada ley a los profesionistas Miguel Ángel Cortes Maulion y Margarita Pulido Castillo que designa con excepción de Miguel Ángel Cortes Loyo y Héctor Manuel Gómez García, por no tener registradas sus cédulas profesionales que los acreditan como licenciados en derecho, en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, que se lleva en los Órganos del Poder Judicial de la Federal. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte promovente, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso de scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro medio electrónico similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del consejo de la Judicatura Federal. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Hágase del conocimiento de las partes, que desde este momento se habilita la expedición de copias de las constancias que se deriven del presente asunto, sin que se requiera de previa promoción, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de esta última ley, en los términos que lo soliciten, previa constancia que por su recibo se deje en el expediente, conforme lo permitan las labores de este Juzgado, siempre y cuando obren en autos las constancias cuyas copias se soliciten, y que no preexista o sobrevenga algún impedimento material o legal para la expedición de dichas copias.
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