Ana Arancibia Luna y Otros.
Expediente 46/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de febrero de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 46/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 26/02/2016
Partes del expediente
- Ana Arancibia Luna y Otros.
Actuaciones
- Principal
Hago efectivo el apercibimiento del aviso de veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, dejado en el domicilio procesal de la parte quejosa, por lo que se ordena la notificación del auto de veintiséis de febrero de dos mil dieciséis, por lista y por lista en una página electrónica a la PARTE QUEJOSA ANA ARANCIBIA LUNA, POR PROPIO DERECHO Y COMO MADRE DE LA MENOR YEDIDIAH ARANCIBIA, publicada el tres de marzo de dos mil dieciséis, en el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, con fundamento en el artículo 27 fracción I inciso b, de la nueva Ley de Amparo, que dice: ista la certificación que antecede, de la que se advierte que el término cinco días para que la parte quejosa recurriera el acuerdo de once de febrero de dos mil dieciséis, en el que se desechó la demanda de amparo ya feneció, sin que se haya interpuesto recurso; por lo que con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha quedado firme el acuerdo que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, si existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo. 3. Devolución de documento. Toda vez que en autos consta documento en original exhibido por la parte quejosa, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del punto décimo primero del aludido Acuerdo General conjunto, requiérase para que comparezca en un plazo de noventa días naturales, ante este Juzgado, a recogerlo, apercibida que de no hacerlo, podrá ser destruido junto con el expediente. Indicándole que a fin de no distraer al personal de apoyo de sus labores sustantivas, el horario establecido para lo acordado es de nueve a doce horas, de lunes a jueves."
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que el término cinco días para que la parte quejosa recurriera el acuerdo de once de febrero de dos mil dieciséis, en el que se desechó la demanda de amparo ya feneció, sin que se haya interpuesto recurso; por lo que con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha quedado firme el acuerdo que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, si existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo. 3. Devolución de documento. Toda vez que en autos consta documento en original exhibido por la parte quejosa, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del punto décimo primero del aludido Acuerdo General conjunto, requiérase para que comparezca en un plazo de noventa días naturales, ante este Juzgado, a recogerlo, apercibida que de no hacerlo, podrá ser destruido junto con el expediente. Indicándole que a fin de no distraer al personal de apoyo de sus labores sustantivas, el horario establecido para lo acordado es de nueve a doce horas, de lunes a jueves.
- Principal
Siendo las nueve horas del día diecisiete de febrero de dos mil dieciséis, en términos del 27 fracción I inciso b, de la nueva Ley de Amparo, el suscrito actuario Fernando Priorio Nagel, notifico a la parte quejosa el auto de once de febrero de dos mil dieciséis, por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada, y por lista en una página electrónica del Poder Judicial de la Federación, que dice: "Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por Ana Arancibia Luna, por propio derecho y como madre de la menor Yadidiah Arancibia, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento de cinco de febrero del actual, realiza lo siguiente: a) Exhibe copia certificada del acta de nacimiento de su menor hija Yedidiah Arancibia; b) Señala la denominación correcta de la autoridad responsable Subprocuradora para la Defensa de los Menores y la Familia en Ensenada, licenciada Gloria Anaya Montero; c) Señala como autoridad responsable al Agente Procurador para la Defensa de los Menores y la Familia, licenciado Alberto Martínez Crisci; y d) Manifiesta que sí compareció, el cuatro de febrero del año en curso, ante la Subprocuraduría para la Defensa de los Menores y la Familia; ello, en cumplimiento al citatorio de tres de febrero del año en curso. En consecuencia, se tiene a la quejosa, dando cumplimiento a la prevención contenida en el auto de cinco de febrero del año en curso, por lo que se le tiene promoviendo el presente juicio por propio derecho y en representación de la menor Yadidiah Arancibia, en contra de las autoridades responsables siguientes: 1. DIF Estatal, con sede en esta ciudad. 2. Procuraduría para la Defensa de los Menores y la Familia en Ensenada. 3. Subprocuradora Gloria Anaya Montero. 4. Agente Procurador para la Defensa de los Menores y la Familia, licenciado Alberto Martínez Crisci. DESECHAMIENTO Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de garantías, estudiando en su orden si es procedente o no. Para determinar la improcedencia del juicio es necesario analizar si el acto reclamado se sitúa en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara, el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En el particular, se estima que existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia respecto del acto reclamado por la parte quejosa, el cual consistente en: ? El citatorio de fecha tres de febrero de dos mil dieciséis, signado por el Agente Procurador para la Defensa de los Menores y la Familia, mediante el cual se requiere a la quejosa para que comparezca ante la Subprocuraduría para la Defensa de los Menores y la Familia, el cuatro de febrero de dos mil dieciséis, con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo, sería sancionada con multa de diez a ochenta días de salario general mínimo vigente o arresto administrativo hasta por treinta y seis horas. Así, analizada la demanda de amparo en su integridad, en relación al acto reclamado precisado en párrafos que anteceden, se tiene que en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, que señala: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVI. Contra actos consumados de modo irreparable; [.] Del reproducido precepto, atendiendo a su estricta literalidad, se colige que el juicio de amparo es improcedente, en contra de actos consumados de un modo irreparable, entendiéndose por éstos, aquéllos cuyos efectos no es posible hacer desaparecer, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la ejecución del acto tildado de violatorio de derechos fundamentales. Sostiene lo así expuesto, en lo conducente, la tesis emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 683, Tomo CXVIII, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "ACTOS CONSUMADOS DE MODO IRREPARABLE. Lo son aquéllos cuyos efectos no es posible hacer desaparecer, volviendo las cosas a su estado anterior. Por tanto, una sentencia no puede ser considerada de tal forma, por ser un acto susceptible de ser reparado a través del juicio constitucional." Así como, a contrario sensu, el criterio aislado sostenido por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 933, Tomo LXXXV, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que sobre el particular establece: ACTOS CONSUMADOS. No tienen el carácter de actos consumados, de modo irreparable los que pueden dejarse sin efecto mediante juicio constitucional, cuya finalidad es volver las cosas al estado que tenían antes de la ejecución del acto tildado de violatorio de garantías individuales." Se arriba a la conclusión que antecede, ya que para la actualización de la causal de improcedencia en comento, se requiere que el juicio de amparo, se intente en contra de actos consumados de un modo irreparable, entendiéndose por éstos, aquéllos cuyos efectos no es posible hacer desaparecer, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la ejecución del acto tildado de inconstitucional; situación que se estima se configura en el presente caso. Cabe retomar que en el presente juicio de amparo se señaló como acto reclamado el citatorio de fecha tres de febrero de dos mil dieciséis, signado por el Agente Procurador para la Defensa de los Menores y la Familia, mediante el cual se requiere a la quejosa para que comparezca ante la Subprocuraduría para la Defensa de los Menores y la Familia, el cuatro de febrero de dos mil dieciséis, con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo, sería sancionada con multa de diez a ochenta días de salario general mínimo vigente o arresto administrativo hasta por treinta y seis horas. Ahora bien, del escrito aclaratorio de demanda se advierte que la quejosa manifiesta que sí se presentó el cuatro de febrero de dos mil quince, a la diligencia señalada para esa fecha en las instalaciones de la Subprocuraduría para la Defensa de los Menores y la Familia, misma que fue llevada a cabo en sus términos. En ese sentido, se estima que el acto reclamado ha producido todos sus efectos, ejecutándose de manera plena e irreparable, máxime que la eventual concesión del amparo no podría restituir a la quejosa en el goce del derecho fundamental trastocado. Lo anterior es así, pues aun cuando la parte quejosa expuso que con el apercibimiento contenido en el citatorio de tres de febrero de dos mil dieciséis, consistente en imponerle una multa de diez a ochenta días de salario mínimo general vigente o arresto administrativo hasta por treinta y seis horas, en caso de no asistir a una diligencia, se violan sus derechos fundamentales, lo cierto es que al haber comparecido a la misma el cuatro de febrero de dos mil dieciséis, resulta evidente que la autoridad responsable no podrá hacer efectiva en su contra ninguna de las medidas de apremio. Ello, ya que las mismas dependían de la actitud contumaz de la aquí quejosa, por lo que si su intención era no acudir a la mencionada diligencia; al haber comparecido a la misma, se trata de un acto consumado de modo irreparable, en virtud de que es materialmente imposible volver las cosas al estado que guardaban antes de la violación aducida. En consecuencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por Ana Arancibia Luna, por propio derecho y como madre de la menor Yadidiah Arancibia. Por otra parte, dígasele a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Finalmente, como lo solicita la promovente, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, hágase devolución del acta de nacimiento que anexó a su ocurso de cuenta, previo cotejo y certificación de la copia que se dejen en autos. Se informa que a fin de no distraer al personal de apoyo de sus labores sustantivas, el horario establecido para lo acordado es de nueve a doce horas, de lunes a jueves."
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