Ana Angelica López Gonzalez
Expediente 1372/2019 tramitado ante el Juzgado Decimosexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1372/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 09/10/2019
Partes del expediente
- Ana Angelica López Gonzalez
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, con apoyo en los artículos 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la ley de la materia, en razón de que la parte quejosa no recurrió en queja el acuerdo de veinte de septiembre de la presente anualidad, por medio del cual se desechó la demanda de amparo, se declara que el mismo ha causado estado. Orden de archivo.
- Principal
AVISO. POR MEDIO DE LISTA, NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA EL CONTENIDO DEL AUTO DE VEINTE DE LOS CORRIENTES, QUE DICE: Téngase por recibido el oficio que remite el Secretario del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al cual adjunta los autos originales del presente juicio de amparo, así como copia certificada del testimonio de la ejecutoria dictada en la queja 313/2019, mediante la cual, en sesión de cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, se declaró fundado el citado recurso interpuesto contra el acuerdo de veintiuno de junio de la citada anualidad , que desechó la demanda de amparo. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. II. Glósense. En vista de lo anterior, agréguese el cuaderno de antecedentes a la pieza de autos, sin embargo, exceptúese de lo anterior las copias certificadas que obran en el mismo, por ser copia de lo actuado en el juicio de amparo, debiendo únicamente conservarse las posteriores al acuerdo dictado el veintiocho de junio de dos mil diecinueve, y todas aquellas actuaciones originales; lo anterior, para evitar una duplicidad innecesaria de constancias. III. Cumplimiento a los lineamientos de la resolución del superior. Atento a la resolución de la superioridad, se deja insubsistente el acuerdo de veintiuno de junio de dos mil diecinueve , y en cumplimiento a las disposiciones de la ejecutoria se provee lo siguiente. IV. Decisión sobre la instancia constitucional. Analizada que es la demanda de amparo, se advierte que es improcedente y, por tanto, deberá desecharse, como se verá a continuación. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Este precepto autoriza a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Cobra aplicación a lo previo, la tesis identificada con número de registro 221353, emitida por Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, tomo XIII, noviembre de 1991, Materia Común, página 198, que dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Siempre que la causa de improcedencia no sea evidente en sí misma, debe el juzgador admitir y tramitar la demanda de garantías a efecto de dar oportunidad a las partes en el juicio de rendir los elementos de prueba que, por un lado, justifique el ejercicio de la acción y, por otro, que permitan al juez, en su momento procesal oportuno, pronunciar la resolución que en derecho corresponda, pues cuando el artículo 145 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la misma, la desechará de plano, se está refiriendo a que el motivo de improcedencia de la demanda de amparo, debe ser tan claro y tan evidente que no deje lugar a dudas, es decir, tan notorio e indiscutible que sin necesidad de ulterior comprobación, surja a la vista haciendo inejercitable la acción constitucional." Partiendo de ello, cabe mencionar que, de oficio, este órgano de control constitucional advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción III, inciso b), este último interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, por los motivos que se expondrán. La porción normativa aludida en primer término, dispone: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte, el numeral 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo establece que: "ARTÍCULO 107. El amparo indirecto es procedente: (.) III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. (.)" En atención a lo que establece el numeral transcrito en líneas anteriores, se evidencia que el juicio de amparo será procedente contra actos provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio cuando se trate de la resolución definitiva del mismo y, excepcionalmente, contra actos dictados en la secuela procesal que sean de imposible reparación, es decir, que afecten materialmente derechos sustantivos. Se afirma que tal procedencia es excepcional en virtud de que mediante una fórmula legal, el legislador estableció que los actos intra-procesales, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionado bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Partiendo de ello -sostuvo la Suprema Corte de Justicia de la Nación-, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no resulta procedente el juicio de amparo indirecto cuando se impugnen violaciones procesales consideradas de afectación en grado predominante o exorbitante. Criterio que se encuentra visible en la jurisprudencia identificada con la nomenclatura P./J. 37/2014 (10a.), visible en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 7, junio de 2014, tomo I, página 39, que dice: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Por su parte, del análisis de la demanda de protección de derechos fundamentales y sus anexos, se advierte que los actos reclamados que derivan del procedimiento administrativo 0028/2019-PI-M2, consisten en: La denuncia que dio origen a la investigación administrativa de responsabilidades, en contra de la quejosa. La propia investigación. Acuerdo de veinte de mayo de dos mil diecinueve. Notificación de veintisiete de mayo de dos mil diecinueve. Acta de comparecencia de veintiocho de mayo de dos mil diecinueve. Actuaciones que, se considera, no constituyen la resolución definitiva con la que culmine el procedimiento administrativo incoado en contra de la quejosa, así como tampoco se trata de actos de imposible reparación, al no ubicarse en la hipótesis de procedencia establecida en el ordinal 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, ya que no afectan irremediablemente algún derecho sustantivo. En todo caso, únicamente tienen el alcance de afectar derechos adjetivos o de índole procesal, al haberse emitido dentro del procedimiento en cita; de ahí que, sólo generan la posibilidad de afectar derechos sustantivos, en la medida en que influyan para el dictado de un fallo adverso a los intereses de la promovente. Lo anterior es así, pues existe la posibilidad de que la parte quejosa obtenga una resolución favorable a sus intereses y, en tal evento, ninguna huella quedaría en sus derechos de las posibles violaciones procesales que ahora reclama. En ese orden de ideas, debe concluirse que los actos reclamados derivados del procedimiento administrativo de origen, tienen manifiestamente efectos intraprocesales que no causan una afectación inmediata en la esfera jurídica de la quejosa, que hagan procedente la acción constitucional indirecta, pues no la limitan a obtener una resolución favorable a sus intereses, en razón de que ello trascendería, en su caso, al emitirse la resolución que ponga fin al referido procedimiento, siempre y cuando el fallo que se llegue a emitir resulte contrario a sus intereses con motivo de que las citadas violaciones procesales hubiesen trascendido en su perjuicio, pues de no ser así, los actos que se reclaman se extinguirían, sin haber causado afectación alguna a sus derechos sustantivos. Cobra aplicación al respecto, la jurisprudencia, con registro 1004061, en el apéndice 1917-septiembre 2011, dentro del tomo II, procesal constitucional 1, segunda parte TCC séptima sección - Procedencia del amparo directo, el cual es consultable en la página 2534, y que se cita a continuación: "VIOLACIONES PROCESALES. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMAN ANTES DE QUE SE DICTE LA SENTENCIA DEFINITIVA, Y NO SE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS. La lectura integral de los artículos 158, primer párrafo, 161 y 166, de la Ley de Amparo, pone de relieve que los planteamientos relativos a cuestiones de índole procesal deben formularse a través de los conceptos de violación que se hagan valer en la demanda de amparo que en su caso y oportunidad se promueva en contra de la sentencia definitiva, lo que quiere decir que no pueden reclamarse en forma autónoma, ya que lo que da procedencia al juicio de garantías en la vía directa es precisamente la reclamación en contra del fallo que decidió el juicio en lo principal, respecto del cual no haya en la ley ordinaria ningún recurso o medio de defensa mediante el cual pueda ser modificado o revocado, razonamientos todos estos que cobran fuerza si se tiene en cuenta que es hasta dicho momento cuando se conocerá si la infracción trascendió o no, afectando las defensas del quejoso, pues casos hay en que aun ante la violación más inicua, si la sentencia definitiva es favorable a aquél en contra de quien se cometió, no tendrá legitimación para acudir al juicio; en consecuencia, al reclamar únicamente la violación procesal el juicio deviene improcedente en términos de lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 158 y 166, fracción IV, de la Ley de Amparo, criterio éste que tendrá aplicación siempre y cuando no se esté frente a infracción de derechos sustantivos, que como excepción la Corte Suprema ha considerado para dar procedencia al juicio de garantías". En consecuencia, se reitera, los actos que por esta vía se combaten, no inciden materialmente en los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. Lo que implica, que no se actualice la hipótesis contemplada por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, para poder ser impugnados de inmediato a través del juicio de amparo indirecto, configurando la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la ley de la materia, en relación con la porción normativa recién aludida. Ante las anteriores consideraciones, al actualizarse de manera notoria e indudable la causal de improcedencia prevista en el dispositivo 61, fracción XXIII, esta última en relación con el diverso numeral 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar la demanda, de conformidad con el precitado artículo 113 del mismo ordenamiento legal.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, se advierte que el ocurso de cuenta corresponde al incidente de suspensión en que se actúa, no obstante de que se encuentra dirigido al juicio de garantías 523/2019, del índice de este juzgado; en consecuencia, con base en lo dispuesto por el artículo 79 de la Ley de Amparo, se corrige, de oficio, el error numérico y se procede a proveerlo en los siguientes términos. Téngase por recibido el escrito presentado a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, por Ismael Luna González, autorizado de la parte quejosa, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, mediante el cual en atención a lo requerido en auto de diecinueve de junio pasado, realiza diversas manifestaciones. Al respecto, reitérese al ocursante que en proveído de dieciséis de mayo del año en curso, se ordenó dar vista al fiscal de la federación adscrito a este órgano de control constitucional con las conductas desplegadas por las responsables, el cual le fue notificado a dicha autoridad mediante el oficio 12033/2019, el cual fue entregado el diecisiete del mes y año en cita. Por lo anterior y atento a lo solicitado, de conformidad con lo previsto en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídanse a su costa las copias certificadas que solicita del acuse de recibo correspondiente, previo recibo y razón que se otorgue en autos. Por otro lado, con relación al requerimiento contenido en el auto de veinticuatro de junio del año en curso, el ocursante manifiesta que la parte solicitante de amparo se encuentra adscrito al sector y/o grupo operativo denominado "Cenpo 8", el cual es ahora conocido como "Sector 2". Por tanto, requiérase a la Comisaría General de Seguridad Pública de Tonalá, Jalisco, para que dentro del plazo de veinticuatro horas, informe el cumplimiento dado a la suspensión definitiva otorgada en autos, debiendo remitir copias certificadas de los documentos que así lo acrediten, como pudieran ser, a guisa de ejemplo: el rol de turno o cualquier otro en el cual se advierta la asignación de funciones a la aquí quejosa conforme al cargo que ostenta en el citado grupo operativo. Bajo apercibimiento que de no cumplir con lo requerido o de no manifestar su imposibilidad para ello, dentro del plazo para ello otorgado, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad a lo establecido por los artículos 237 y 259 de la Ley de Amparo; y en atención a los transitorios segundo y tercero del Decreto publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación, que entre otros, reformó la fracción VI, apartado A del artículo 123 Constitucional.
- Principal
Causa ejecutoria sentencia. Se requiere por cumplimiento y se apercibe.
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