Ana Alicia Pérez Manrrero

Expediente 1910/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Campeche. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de enero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1910/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
30/01/2019

Partes del expediente

  • Ana Alicia Pérez Manrrero y Otros.
  • Ana Alicia Pérez Manrrero

Actuaciones

  1. Principal

    se DECLARA FIRME el proveído en el que se desechó la demanda de amparo, para todos los efectos legales consiguientes. Hágase las anotaciones en el libro de gobierno. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. este expediente es susceptible de destrucción, ***

  2. Principal

    Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta de la promovente del amparo *********************, por medio del cual da cumplimiento a la prevención formulada en proveído de veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho, acreditando la representación con la cual promueve también el presente juicio de amparo en representación de la menor A.B.R.P., contra actos de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad. Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de garantías, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial I.1º.A. J/4, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, Mayo 1998, Tomo VII, visible a página 890, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes". Esencialmente la tesis en cuestión refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de garantías, es necesario que se advierta un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando deviene en forma patente y absolutamente clara, de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En el caso a estudio, el quejoso señala como acto reclamado la resolución de veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, en la que se declaró impedido el tribunal responsable para conocer del recurso de apelación promovido por la aquí quejosa, en el toca número 131/18-2019 S.C., ordenándose a la secretaría recabe informes con relación al amparo número 1177/2018, promovido por Luis Herrera Rocha, parte demandada, así como el estado que guarde el recurso de revocación interpuesto por la aquí quejosa, en contra del auto de veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho y, obtenida dicha información, se diera trámite al recurso de apelación. Lo anterior permite advertir que en la especie, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, a contrario sensu, de la Ley de Amparo, en atención a los siguientes razonamientos. El citado numeral 61, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte, el diverso 107, fracción V, reza: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . "V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; ". Para llegar a dicha conclusión, es fundamental dejar en claro que por actos de imposible reparación, para fines de la procedencia del juicio de amparo indirecto, se debe entender a aquellos que tengan una ejecución de carácter irreparable para las personas, sus derechos personales, reales o del estado civil, esto es, en lo relativo a los derechos sustantivos, y no en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales. Es decir, cuando se afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal, y no en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, salvo las excepciones establecidas cuando causan una afectación predominante que ya no se pueda reparar en el curso del procedimiento del que derivan tales actos procesales, verbigracia, el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, etcétera; esto en razón de los daños y perjuicios que puedan revestir los particulares con esa clase de actos y que no se les puedan resarcir en ninguna actuación posterior dentro del procedimiento de que trate, puesto que la privación de esos derechos ya no se puede reparar posteriormente, lo que impide la posibilidad de que las violaciones cometidas en el procedimiento queden reparadas en la resolución que llegue a pronunciarse. Ahora bien, ese acto no constituye un acto dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, pues sus efectos sólo se traducen en violaciones procesales que, en su caso, afectan derechos adjetivos susceptibles de ser reparados al dictarse la resolución que ponga fin al juicio natural, si éste es favorable a los intereses de la parte quejosa, y en caso contrario, si éste resultara contrario a sus intereses, puede reclamarlo en el juicio de amparo directo que se promueva en contra de la misma, impugnando el auto reclamado como violación procesal, en términos del artículo 172, fracción VII, de la ley de la materia, que establece: "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: [.] XII. Se trate de casos análogos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los árganos jurisdiccionales de amparo; [.]." Esto es así, toda vez que el acto impugnado, sólo podría tratarse de una violación a derechos adjetivos y no a los sustantivos que busca proteger el juicio de amparo biinstancial. Por tanto, queda de manifiesto que la violación procesal en comento, dada su naturaleza, no es de modo alguno irreparable, siendo que es precisamente la irreparabilidad el único supuesto en que sería procedente el juicio de amparo indirecto, en términos de lo previsto en el artículo 107, fracción V de la citada ley de la materia. Luego, el acto reclamado no afecta de manera inmediata los derechos sustantivos de la parte quejosa, y no impiden ser reparados en la sentencia que se pronuncie en el juicio respectivo, en tanto que el mismo resulte favorable a sus intereses, y en tal caso, la afectación de que se queja en la demanda de garantías habrá desaparecido sin incidir en sus derechos sustantivos. En caso contrario, como ya se precisó, el promovente estará en condiciones de hacer valer los medios de defensa que estime pertinentes. Por lo anterior, al no encuadrarse el juicio propuesto dentro de los supuestos establecidos por el artículo 107 de la Ley de Amparo, el mismo resulta improcedente, al actualizarse de forma manifiesta e indudable, la hipótesis prevista en el citado artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, en sentido contrario, todos de la citada ley. Tiene aplicación al caso, la tesis 189 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 154, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, correspondiente a la Octava Época, cuyo contenido es el siguiente: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.- El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Asimismo, la jurisprudencia 3a./J. 40 26/89, de la otrora Tercera Sala de nuestro máximo Tribunal de control constitucional, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo IV, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1989, página 280, a la letra dice: "AMPARO POR VIOLACIONES PROCESALES. CUÁNDO Y CÓMO PROCEDE.- La Constitución y la Ley de Amparo no establecen que el amparo proceda contra todas las violaciones que se puedan dar en el procedimiento judicial; por el contrario, la Constitución en el artículo 107, fracción III, inciso a), señala que para que proceda el amparo por violaciones en el procedimiento, éstas deben afectar "las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo". La Ley de Amparo, con las mismas palabras repite esta orden constitucional en su artículo 158, para determinar la procedencia del amparo directo. La propia Constitución señala a la anterior regla general, las excepciones: contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan y contra actos que afecten a personas extrañas a juicio. Así, para las violaciones en el procedimiento hay una regla general establecida en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución y 158 de la Ley de Amparo y en estos casos procede el amparo directo; y una serie de excepciones que señala la propia Constitución en el artículo 107, fracción III, incisos b) y c) y que precisa el artículo 114, fracciones III, IV y V de la Ley de Amparo, procediendo en estos casos el amparo indirecto." En mérito de lo expuesto, con fundamento en lo previsto por los artículos antes invocados y en el diverso 113, de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de garantías que se estudia, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia antes invocada.

  3. Principal

    NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA.- Visto el escrito de demanda promovido por *****************, por sí y en representación de la menor A.B.R.P., contra actos de la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1910/2018. Ahora bien, antes de proveer sobre la admisión de la demanda de garantías que nos ocupa, se ACUERDA: Toda vez que la quejosa **************, promueve el presente juicio de amparo también en representación de la menor ****, sin embargo, omitió anexar documento alguno que acredite dicha representación, para que, en su caso, pudiese ser admitida en este juicio de amparo, tal y como dispone el artículo 10 de la Ley de Amparo. En tales condiciones, a fin de estar en aptitud de acordar sobre la admisión de la presente demanda de amparo, con fundamento en los artículos 6 y 10, 108, fracción I y 114, fracción III, todos de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, PREVÉNGASE A LA PROMOVENTE para que, dentro del término de CINCO DÍAS, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que se le practique de este auto, para que dé cumplimiento a lo siguiente: Exhiba la documentación correspondiente que lo acredite como representante de la menor *****. Se apercibe a la promovente que de no cumplir con lo señalado en líneas arriba, se tramitará la demanda de garantías únicamente por lo que respecta a ella por propio y personal derecho.

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