Ana Adriana Ramirez Marin

Expediente 1236/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1236/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
30/08/2023

Partes del expediente

  • Ana Adriana Ramirez Marin

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, treinta de agosto de dos mil veintitrés. Causa estado auto de sobreseimiento fuera de audiencia. Visto el estado procesal de los presentes autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa no recurrió el auto de ocho de agosto de dos mil veintitrés, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional el presente juicio de amparo; con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA QUEDADO FIRME. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se acuerda lo siguiente. Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en la fracción I, artículo 20 del Acuerdo General de referencia, que establece: ""Artículo 20. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: I. Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; (...)" Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Digitalización. Previo a su transferencia, en cumplimiento al párrafo tercero, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaria para que verifique la digitalización de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos. Toda vez que este asunto es destruible, y la parte quejosa no exhibió documentos originales, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 del Acuerdo en comento, notifíquese el presente a dicha parte mediante lista. Notifíquese.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, ocho de agosto de dos mil veintitrés. Califica cumplimiento. Parte quejosa desahogó vista. Vistos los autos, se advierte que la parte quejosa realizó manifestaciones respecto del cumplimiento dado a la sentencia dictada en el presente juicio, por escrito recibido en acuerdo de siete de junio pasado, del que se reservó acordar lo conducente; en ese sentido, se levanta la reserva decretada y se provee: Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tienen por hechas sus manifestaciones y, por tanto, este juzgado procede a calificar el cumplimiento dado a la sentencia de amparo. Sentencia. Ahora, se precisa que mediante sentencia de veintidós de enero de dos mil veintiuno, por una parte se sobreseyó el juicio y, por la otra, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal para los efectos siguientes: "IX. DECISIÓN (.) Por otra parte, respecto de los actos reclamados a la Contraloría y la Autoridad Substanciadora de ésta, del Municipio de Teopantlán, Puebla, consistentes en la resolución de ocho de julio de dos mil veinte dictada en el procedimiento de responsabilidad administrativa ASCMT/***, por virtud de la cual se le separó del cargo de policía municipal, así como su ejecución; ante lo fundado de los conceptos de violación esgrimidos por el quejoso, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados para los efectos siguientes: Que se pague la indemnización correspondiente a la parte quejosa, consistente en tres meses de salario y veinte días por cada año de servicio, quien al momento de los hechos tenía el cargo de policía municipal de Teopantlán, Puebla, la cual deberá de calcularse conforme a la ley aplicable; de igual forma, proceda a realizar el pago correspondiente a las demás prestaciones a que tiene derecho, las cuales son las de remuneración diaria ordinaria, así como los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que percibía como funcionario por la prestación de sus servicios, desde que se concretó su separación y hasta que se realicen los pagos correspondientes. La institución que, por ley o convenio, otorgaba el servicio de salud a la quejosa deberá reanudarle los servicios de salud que le correspondía, así como a sus familiares hasta en tanto no transcurra el plazo que por ley debe transcurrir. En consecuencia, las autoridades responsables ordenadoras, por conducto del área administrativa competente, deberá de demostrar que a la institución que otorga el aludido servicio de salud han pagado las cuotas y aportaciones que corresponda a la quejosa hasta el día de su liquidación total. Por su parte, dicha institución deberá requerir a la autoridad responsable ordenadora o al ente gubernamental que corresponda el pago de las cuotas y aportaciones que debieron entregarse a favor del peticionario de amparo como si hubiese estado laborando, con el objeto de que exista una base sólida para el otorgamiento de los servicios en materia de salud, aunado a que dichas cuotas realicen las afectaciones que correspondan a las subcuentas respectivas. Ordenar la anotación en el expediente personal del quejoso, así como en el Registro Nacional de Seguridad Pública, en el sentido de que fue separado o destituido de manera injustificada, pero que derivado de la restricción constitucional establecida en la fracción XIII, apartado B, del artículo 123 de la Constitución Federal, no fue posible reinstalarlo en su cargo." Cumplimiento Inconforme, la parte quejosa interpuso recurso de revisión, del cual correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, quien mediante ejecutoria pronunciada el veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, en el amparo en revisión 176/2021 tuvo a la parte quejosa desistiéndose del recurso de revisión que interpuso, por lo que quedó firme la sentencia que obra en autos y se requirió a las autoridades responsables para que dieran cumplimiento a la ejecutoria de amparo y remitieran las constancias relativas para acreditarlo. Luego, mediante resolución interlocutoria de treinta y uno de agosto de dos mil veintidós se declaró procedente el incidente de liquidación planteado por el quejoso Erik Martínez Trejo y se reguló la planilla de liquidación de sentencia. En desacuerdo, el Contralor del Municipio de Teopantlán, Puebla, interpuso recurso de queja, cuya resolución correspondió al Primer Tribunal Colegiado en Materia del Administrativa del Sexto Circuito, el cual, por ejecutoria de trece de abril del año en curso, dictada en el recurso de queja Q. 421/2022, declaró infundado. Por lo anterior, se requirió el cumplimiento a la sentencia de amparo y a la interlocutoria derivada del incidente de liquidación, la cual se aprobó en los siguientes términos: "... En estas condiciones, se declara fundado el presente incidente de liquidación de sentencia y, por tanto, se requiere a las autoridades responsables para que, una vez que cause ejecutoria la presente interlocutoria y en el plazo de quince días, paguen al quejoso *** la cantidad de $*** (*** pesos con cuarenta y un centavos), por concepto de indemnización constitucional y demás prestaciones previstas en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución; menos las obligaciones tributarias que deba retener. ...". Gestiones autoridades: Ahora, las responsables en cumplimiento a la ejecutoria de amparo se advierte realizaron lo siguiente: El seis de enero de dos mil veintidós, el Contralor Municipal de Teopantlán, Puebla remitió copia certificada de la constancia que acreditó la anotación en el expediente personal de la parte quejosa ***, en el sentido de que fue separado o destituido de manera injustificada. En acuerdo de trece de enero de dos mil veintidós, se tuvo al citado contralor informando lo siguiente en relación al servicio de salud de la parte quejosa: "... Que el quejoso *** mientras laboró para dicho municipio como policía, contaba con servicio médico particular, así como de los servicios de medicina tradicional que el Ayuntamiento brindaba de manera gratuita a los trabajadores y su familia. Que tiene vigentes dichos servicios, ya que en el momento que el quejoso o sus familiares lo requieran pueden acudir al médico particular o con la persona especialista en medicina tradicional. Que de conformidad con el artículo 45 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública se deja a acuerdo del municipio, a sus necesidades y con cargo a los presupuestos, la normatividad de seguridad social. Que el quejoso no contaba con servicio de salud social puesto que debía acreditar que estaba registrado en el Registro Nacional de Seguridad Publica, lo que no ocurrió, ya que en ese momento no había realizado el examen de control y confianza para registrarlo como integrante de la Institución de Seguridad Pública Municipal ..." Luego, el veintiuno de enero siguiente, la referida autoridad responsable remitió copia certificada de las constancias relativas a los profesionistas que prestan el servicio médico particular y servicios de medicina tradicional que brinda el Ayuntamiento de Teopantlán, Puebla, e indicó que continuaban vigentes dichos servicios, ya que en el momento que la parte quejosa o sus familiares lo requirieran, podían acudir al médico particular o con la persona especialista en medicina tradicional. Continuando con la ejecución, el treinta de mayo de dos mil veintitrés, se tuvo al Presidente Municipal de Teopantlán, Puebla, informando que a través del contador municipal se llegó a un acuerdo con la parte quejosa, ***, respecto del pago determinado en resolución interlocutoria de liquidación de sentencia, consistente en la cantidad de $*** (*** pesos con cuarenta y un centavos), por concepto de indemnización constitucional y demás prestaciones previstas en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución; menos las obligaciones tributarias que deba retener, cantidad que se pagará en tres exhibiciones (veinticinco de mayo, veinte de junio y veinte de julio, todos de dos mil veintitrés), y exhibió copia certificada del convenio respectivo. Asimismo, adjuntó copia certificada del recibo de pago correspondiente al mes de mayo. El veintiséis de junio del año en curso, el presidente municipal responsable informó que el veinte de junio del presente año se hizo entrega del segundo pago pactado por la cantidad de $*** (*** pesos 00/100 m.n.), y remitió la constancia conducente. Finalmente el veintiocho de julio pasado, el presidente municipal responsable informó que se hizo entrega del tercer pago pactado por la cantidad de $***(*** pesos 54/100 m.n.), por concepto del tercer pago por indemnización constitucional y demás prestaciones contenidas en el artículo 123, apartado B, fracción XII de la Constitución, menos obligaciones tributarias retenidas por la cantidad de $***(*** pesos 87/100 m.n.), el cual fue entregado a la parte quejosa el veinte de julio de los actuales, y remitió la constancia conducente. Conclusión Por tanto, se estima que se colmaron los alcances del fallo protector; por lo que, sin decidir sobre la legalidad del cumplimiento dado por las autoridades a la ejecutoria pronunciada en esta instancia constitucional, se declara que el fallo protector ha quedado cumplido en su totalidad, sin excesos ni defectos, en términos del tercer párrafo del artículo 196 de la ley de amparo, pues se acató en sus términos la resolución en la que por una parte, se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal. Sirve de fundamento, la jurisprudencia: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO." Manifestaciones parte quejosa. Ahora, se advierte que la parte quejosa realizó manifestaciones en torno al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, en relación a que si bien accedió a celebrar convenio con las autoridades responsables respecto del pago determinado en resolución interlocutoria de liquidación de sentencia, consistente en la cantidad de $*** (*** pesos con cuarenta y un centavos), el cual debía pagarse en tres exhibiciones (veinticinco de mayo, veinte de junio y veinte de julio, todos de dos mil veintitrés), indicó que no se podía tener por cumplida la sentencia hasta en tanto se efectuaran los pagos señalados; lo que ya aconteció, por lo que se reitera se tiene por cumplida la sentencia de amparo. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento a las partes esta determinación, a efecto de que, de convenir a sus intereses, en el término de quince días siguientes puedan interponer recurso de inconformidad. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, uno de agosto de dos mil veintitrés. Autoridad informa El Director del Archivo Judicial del Estado de Puebla, en atención al requerimiento formulado en auto de veinticuatro de julio de dos mil veintitrés, informa que mediante oficio número 23539 de treinta y uno de julio del año en curso, remitió al Juzgado responsable los autos originales que integran el expediente 65/2003, de su índice, Requerimiento a la autoridad responsable. En consecuencia, requiérase al Juzgado Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla, para que en el plazo de tres días, realice lo siguiente: Informe si ya cuenta con los autos originales que integran el expediente 65/2003, de su índice, y de ser así, si ya acordó el escrito presentado por la parte quejosa el diecisiete de marzo del año en curso. Apercibimiento. Se le indica que subsiste el apercibimiento de multa decretado en auto de dieciocho de julio de la presente anualidad. Notifíquese.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veinticuatro de julio de dos mil veintitrés. Causa ejecutoria sentencia. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se desprende que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para que las partes legitimadas para ello interpongan recurso de revisión en contra de la sentencia en la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con apoyo en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos de su artículo 2°, se declara que la sentencia de mérito HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se acuerda lo siguiente. Destrúyase el expediente principal, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con una sentencia en la que se determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en la fracción I, del artículo 20 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 20. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: I. Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados;". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Cuaderno incidental. Por otra parte, tomando en consideración que en el incidente de suspensión, se concedió la medida cautelar provisional y definitiva, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 17, fracción III, inciso b), del mismo Acuerdo, por tanto, el cuaderno incidental es susceptible de conservación íntegra, una vez que transcurra el citado plazo de tres años que prevé el numeral en cita, por lo tanto deberá conservarse. Háganse las anotaciones correspondientes en las carátulas de los expedientes; asimismo, insértese este acuerdo en los cuadernos del incidente de suspensión, para constancia. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo tercero, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaria para que verifique la digitalización de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de copias certificadas. No existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa que se ubiquen en el supuesto previsto en el artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, pues la parte quejoso sólo anexó copias certificadas de diversas constancias. Asimismo, se le indica a la parte quejosa que en caso de que requiera la devolución de los documentos antes precisados, deberá solicitarlo por escrito a efecto de que se acuerde lo correspondiente. Se hace del conocimiento que para poder acudir a las instalaciones de este juzgado federal, deberá atender los lineamientos de salud vigentes y aplicables para espacios cerrados, sin sana distancia y con nula o poca ventilación. Devolución de tomo de pruebas. Por otro lado, devuélvase a la autoridad responsable, las constancias que remitió, sin que haya necesidad de acusar recibo, toda vez que este lo constituirá la constancia de notificación. Notifíquese.

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