Ana Abigail Torres Guzmán
Expediente 362/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 6 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 362/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 17/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Ana Abigail Torres Guzmán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Vista la segunda certificación de cuenta y tomando en consideración que la parte quejosa, dentro del plazo que establece el artículo 86, en relación con el 81, fracción I, inciso d) de la Ley de Amparo, no recurrió el proveído de veintidós de septiembre de dos mil veinte, por virtud del cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, y toda vez que es a ésta a quien pudiera causarle perjuicio, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. Ante esa virtud, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente juicio como asunto total y definitivamente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el artículo 21, primer párrafo e inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transparencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se instruye lo siguiente: Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis contenida en el inciso a), del artículo 21, del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo donde se sobreseyó el asunto; lo cual deberá realizarse dentro de los treinta días siguientes transcurridos tres años contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente susceptible de destrucción la cual deberá ser remitida a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal como lo dispone el tercer párrafo del numeral antes precisado. Notifíquese.
- Principal
Agréguese a los presentes autos el oficio signado por Claudia Jiménez Arana, apoderada general para la defensa jurídica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en representación de la Dirección General de Administración de Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, por el que rinde informe justificado en relación a la ampliación de demanda, señala domicilio para oír y recibir notificaciones, designa delegados y ofrece pruebas. Con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, para que manifieste lo que a su derecho convenga. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9° de la ley de la materia, se tienen como delegados de la autoridad oficiante, a las personas que menciona; y, con apoyo en el artículo 28, fracción I, de la citada ley, como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas y admitidas como pruebas de la autoridad responsable, las documentales que exhibe anexas al oficio de cuenta, la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto legal y humana, las que se desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación en el momento procesal oportuno. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo, en específico, la demanda de amparo que dio origen a esta contienda constitucional, promovida por Ana Abigail Torres Guzmán, contra actos del Oficial Mayor de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en la Ciudad de México, mismo que hizo consistir básicamente en la falta de respuesta del escrito que le presentó el tres de septiembre de dos mil diecinueve. En ese sentido, al rendir su informe justificado la autoridad responsable informó que el escrito de la quejosa fue returnado a la Dirección General de Administración de Personal, para que fuera dicha autoridad quien atendiera el mismo, por lo que en auto de seis de agosto del año en curso se dio vista a la parte quejosa para ampliar su demanda de amparo. Hecho lo anterior, la quejosa manifestó que sí era su deseo señalar a la citada autoridad como responsable, y le reclamó la falta de contestación al escrito que presentó el tres de septiembre de dos mil diecinueve. Ahora bien, la autoridad responsable al rendir su informe justificado negó los actos que se le atribuyen el acto reclamado, pues indicó, que mediante oficio -, de cinco de septiembre de dos mil diecinueve, dio respuesta de la petición formulada por Ana Abigail Torres Guzmán, en relación al escrito que presentó la misma el tres de septiembre de dos mil diecinueve, misma que notificó por instructivo el catorce de abril de dos mil veinte, esto es, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, tal como se aprecia de las documentales que acompañó a su informe justificado, a las cuales se les otorga valor probatorio pleno en términos del artículo 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. De lo anterior, es claro advertir que en el caso en particular, cobra vigencia la causal de sobreseimiento contemplada en la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción XXI del numeral 61, de la misma ley, en cuanto dispone el primero, que procede el sobreseimiento cuando durante el juicio apareciere o sobreviniese alguna de las causas de improcedencia a que se refiere el ordinal citado en segundo término, mismo que establece la improcedencia del juicio de amparo, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. En efecto, si bien al diecisiete de febrero de dos mil veinte, fecha de presentación de la demanda de amparo que dio origen a esta controversia constitucional, la parte quejosa refirió que la autoridad responsable no había dado contestación a su petición mediante escrito de treinta de julio de dos mil diecinueve, lo cierto es que de las constancias de cuenta se advierte que el cinco de septiembre de dos mil diecinueve se dio respuesta a su petición, misma que notifico por instructivo el catorce de abril de dos mil veinte, esto es, durante la secuela procedimental del presente juicio de amparo, desapareciendo así el fin pretendido al tramitarse este juicio de amparo. En consecuencia, al haber cesado los efectos del acto reclamado y actualizarse la causal de improcedencia invocada, prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que sobrevino durante la tramitación de este expediente, lo que procede en términos del numeral 63, fracción V, de la misma legislación, es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en esta instancia constitucional... Como consecuencia de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional programada en autos, sin que ello implique dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, pues en el caso en estudio surgió una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia en este juicio de amparo, de suerte que ni celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada dicha causal con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, por lo que, resultaría ocioso e innecesario celebrar dicha audiencia y resolver mediante una sentencia lo que aquí se ha determinado; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución General de la República... Sin que sea aplicable a este Juzgado de Distrito el segundo párrafo del artículo 64, de la Ley de Amparo, en razón de que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión celebrada el dieciocho de septiembre de dos mil catorce, resolvió la contradicción de tesis 426/13, en que determinó que la hipótesis prevista en el párrafo del precepto en cita solo aplica a la segunda instancia... Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Visto el estado procesal de autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo concedido a la autoridad responsable, mediante proveído de veintiuno de agosto de dos mil veinte (fojas 37 a 40), a fin de que rinda su informe justificado. Para dar tiempo a lo anterior, procede diferir de oficio la audiencia constitucional señalada para esta fecha y en su lugar se fijan las catorce horas con once minutos del veintidós de septiembre de dios mil veinte. Notifíquese.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio por el que el Oficial Mayor de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México rinde informe justificado, señala domicilio para oír y recibir notificaciones, designa delegados y ofrece pruebas. Determinación. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe de mérito, y con éste, dése vista a las partes a fin de que manifiesten lo que a su interés y derecho convenga. En términos de lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley de la Materia, se tienen como delegados a las personas que menciona; y, de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la citada ley, como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Pruebas. Con apoyo en el artículo 119 de la ley de la materia, ténganse como pruebas su parte, la documental que anexa al oficio de cuenta; la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto legal y humana, las que se desahogan por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ellas en la audiencia constitucional y de ser tomadas en consideración al momento de dictar sentencia. Requerimiento. En otro contexto, toda vez que del informe justificado se advierte que la autoridad responsable indicó que el escrito de petición del justiciable fue returnado a una diversa autoridad, a saber, Dirección General de Administración de Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, a fin de que le diera oportuna respuesta. Por tanto, con fundamento en los artículos 111 y 117 de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de quince días contados a partir de la legal notificación de este proveído, indique si es su deseo señalar como autoridad responsable a la mencionada en el párrafo anterior; en el entendido que, de ser así, deberá ajustar su escrito de ampliación a los requisitos establecidos en el ordinal 108 de la legislación en comento. Con el apercibimiento que de no desahogar dicho requerimiento, se continuará el presente asunto en los términos en que inicialmente fue planteado. Finalmente, se reitera a las partes que se encuentran señaladas las catorce horas con diez minutos del uno de septiembre de dos mil veinte, para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.
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