Amparo Yuriri Zamora Villarreal
Expediente 391/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 18 actuaciones registradas, la última del 29 de diciembre de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 391/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 29/12/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- Amparo Yuriri Zamora Villarreal
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos, se aprecia que ha transcurrido el término que se concedió a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés conviniera respecto al cumplimiento dado por las autoridades responsables a la ejecutoria de amparo. Toda vez que el cumplimiento de las sentencias de amparo es una cuestión de orden público, ya que la sociedad está interesada en que las resoluciones judiciales sean acatadas, es procedente pronunciarse respecto si la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo. Ahora bien, previo al análisis en cuestión, es necesario puntualizar al momento de estudiar las constancias por medio de las cuales las autoridades responsables dan a conocer el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, si se ajusta a los lineamientos de la concesión de amparo y la lógica jurídica. Para llevar a cabo lo anterior, se habrá de dejar asentado el sentido en que fue amparada la parte quejosa en la ejecutoria de que se trata, ya sea que se haya otorgado la protección para ciertos efectos, o bien, liso y llano; posteriormente confrontar esos efectos con el informe y constancias que lo apoyen, que corresponden a las que rinden las responsables al dar a conocer el cumplimiento que afirman dar a la ejecutoria de amparo; y la conclusión a que se llegue de ese análisis. En esa línea de pensamiento, es preciso fijar los efectos de la sentencia, que se transcriben a continuación: deberá concederse a la impetrante el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que las autoridades responsables: a) Dejen insubsistente los recibos de pagos contenidos en los formatos con número de referencia 755746473 y 755746477, el primero por la cantidad de $14,972.00 (catorce mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 moneda nacional) y el segundo por la cantidad de $11,329.00 (once mil trescientos veintinueve pesos 00/100 moneda nacional), con motivo de la inconstitucionalidad de los artículos 79 fracción II, y 82, fracción IV, ambos de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila, vigente en el dos mil quince; b) En congruencia con lo procedentemente considerado, se aplique el pago de $1,600.00 (mil seiscientos pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de inscripción de documento (transmisión de propiedad), y de $69.00 por hoja (sesenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional) por concepto de inscripción de crédito y, en relación con los artículos 186, 187 y Tercero Transitorio de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila, que prevén el pago por fomento a la educación y seguridad, así como el impuesto adicional, le sea aplicado proporcionalmente, atendiendo las cantidades antes anotadas; y, c) Devuelvan a la quejosa lo excedentemente pagado en los recibos de pagos contenidos en los formatos con número de referencia 755746473 y 755746477, debidamente actualizados, tanto lo relativo a la inscripción de documentos, así como las cantidades que fueron aplicadas como consecuencia directa e inmediata de dichos pagos (fomento a la educación y seguridad e impuesto adicional), por ser violatorios del principio de proporcionalidad y equidad tributaria. En el entendido que la concesión del amparo, es únicamente respecto a los actos de aplicación reclamados en esta instancia constitucional y no para la aplicación futura de la norma, ya que esta no se reclamó . Se Explica: La quejosa no reclamó los artículos 79, fracción II, 82, fracción IV, 186, 187 y tercero transitorio de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, vigente en el dos mil quince, ni señaló como responsables las autoridades que intervinieron en la creación de la ley; sino, que únicamente señaló como actos reclamados, la aplicación de dichos artículos y su ejecución. Por ello, este órgano jurisdiccional no tuvo como acto reclamado la ley antes mencionada, ni se llamó a juicio a las autoridades que intervinieron en la creación de la mencionada ley, sino que a fin de hacer prevalecer la supremacía de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suplió la queja deficiente al existir jurisprudencia temática sobre inconstitucionalidad de leyes, respecto a la aplicación reclamada. De ahí que la ley no pueda ser un acto destacado en el presente juicio de amparo. En ese sentido, los efectos del amparo, como se especificó en líneas que anteceden, únicamente pueden consistir en obligar a la responsable a dejar insubsistente el acto de aplicación, así como emitir uno nuevo en el que no aplique la norma general relativa, lo que significa que puede ser aplicada nuevamente contra el agraviado en el futuro en diversos procedimientos, al no haber sido la ley materia de un pronunciamiento específico sobre concesión o negativa de la protección federal. Enseguida, se procede a reseñar los antecedentes del cumplimiento del fallo protector, que se advierten del sumario: En auto de seis de octubre del año en curso (fojas 123 a 125), causó ejecutoria la sentencia y se requirió el cumplimiento a la responsable Administrador Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a través del oficio 25038/CO. El dieciséis de octubre del año en curso, fue recibido en la Oficialía de Partes de este Juzgado, el oficio signado por el Administrador Local de Recaudación, con residencia en esta ciudad, en suplencia de la autoridad mencionada en el párrafo que antecede (foja 133), mediante el cual informó que en cumplimiento a la sentencia de amparo, el veinticinco de septiembre del año en curso, se hizo entrega a la quejosa Amparo Yuriri Zamora Villarreal, de un cheque a su favor por la cantidad de $24,632.00 (veinticuatro mil seiscientos treinta y dos pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de Derechos por Servicios de la Dirección General de Registro Público, más actualizaciones, anexando copia certificada del documento correspondiente en la que aparece una leyenda de recibido y copia simple de la credencial para votar con fotografía de la promovente. Por lo anterior, con el citado oficio y anexos, mediante auto de diecinueve de octubre del mismo año (foja 136), se ordenó dar vista a la parte quejosa, para que en el término de tres días expresara lo que a su derecho conviniera, el que se le notificó por medio de lista de acuerdos el veinte siguiente (foja 137); sin que manifestara nada al respecto. En auto de veintiocho de octubre del año en curso (fojas 139 a 141), se requirió nuevamente a la autoridad responsable, para que diera total cumplimiento al fallo protector, al haber sido omiso en dejar sin efectos los recibos de pagos contenidos en los formatos con número de referencia 755746473 y 755746477, el primero por la cantidad de $14,972.00 (catorce mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 moneda nacional) y el segundo por la cantidad de $11,329.00 (once mil trescientos veintinueve pesos 00/100 moneda nacional). El treinta de octubre del año en curso, fue recibido en la Oficialía de Partes, el oficio signado por el Administrador Local de Recaudación, con residencia en esta ciudad, y anexos (fojas 145 a 150), a través del cual informó que en cumplimiento a la sentencia de amparo, mediante oficio AGJ/5034/2015 de siete de septiembre de este año, se procedió a dejar insubsistentes los recibos de pago oficiales 755746473 y 755745477, a nombre de la quejosa; así como a desincorporar de la esfera jurídica de la misma, los artículos 79 fracción II y 82 fracción IV, de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila, anexando constancias de ello, en copia certificada. Con lo anterior, mediante auto de tres de noviembre del mismo año (foja 151), se ordenó dar vista a la parte quejosa; sin que manifestara nada al respecto. Luego, por auto de trece de noviembre del año en curso (fojas 153 a 156), y atento a la confrontación de los efectos de la concesión del amparo, con lo informado por la responsable, se estimó que el Administrador Local de Recaudación, con residencia en esta ciudad, incurrió en exceso en el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, pues en su oficio sin número recibido en este Juzgado el treinta de octubre de este año (foja 145), informó que desincorporó para casos futuros de la esfera jurídica de la misma, los artículos 79 fracción II y 82 fracción IV, de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila; sin embargo, en el particular, tal desincorporación de normas no constituyó los efectos del fallo protector, pues en este se dejó claramente establecido: En el entendido que la concesión del amparo, es únicamente respecto a los actos de aplicación reclamados en esta instancia constitucional y no para la aplicación futura de la norma, ya que esta no se reclamó . Se Explica: La quejosa no reclamó los artículos 79, fracción II, 82, fracción IV, 186, 187 y tercero transitorio de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, vigente en el dos mil quince, ni señaló como responsables las autoridades que intervinieron en la creación de la ley; sino, que únicamente señaló como actos reclamados, la aplicación de dichos artículos y su ejecución. Por ello, este órgano jurisdiccional no tuvo como acto reclamado la ley antes mencionada, ni se llamó a juicio a las autoridades que intervinieron en la creación de la mencionada ley, sino que a fin de hacer prevalecer la supremacía de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suplió la queja deficiente al existir jurisprudencia temática sobre inconstitucionalidad de leyes, respecto a la aplicación reclamada. De ahí que la ley no pueda ser un acto destacado en el presente juicio de amparo. En ese sentido, los efectos del amparo, como se especificó en líneas que anteceden, únicamente pueden consistir en obligar a la responsable a dejar insubsistente el acto de aplicación, así como emitir uno nuevo en el que no aplique la norma general relativa, lo que significa que puede ser aplicada nuevamente contra el agraviado en el futuro en diversos procedimientos, al no haber sido la ley materia de un pronunciamiento específico sobre concesión o negativa de la protección federal. Por lo que se requirió a la autoridad responsable de que se trata, para que procediera a dar estricto cumplimiento a la ejecutoria de amparo. El veinte y veintitrés de noviembre del año en curso, fueron recibidos en la Oficialía de Partes, los oficios signados por el Administrador Local de Recaudación, con residencia en esta ciudad, y anexos (fojas 171 a 175), de los que se advierte que nuevamente determinó que se dejará de aplicar en lo futuro a la quejosa, la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila, específicamente en sus artículos 79, fracción II y 82, fracción IV, 184 y 3° transitorio; razón por la cual, el nueve de diciembre del año en curso (fojas 171 a 175), se estimó que el Administrador Local de Recaudación, esta ciudad, incurrió nuevamente en exceso en el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, y se le requirió una vez más que acatara el fallo protector. Finalmente, el quince de diciembre del año en curso, fue recibido en la Oficialía de Partes, el oficio del Administrador Local de Recaudación, con residencia en esta ciudad, y anexos (fojas 179 a 184), del que se advierte concretamente del anexo exhibido en copia certificada, el cumplimiento al fallo protector a favor de la parte quejosa, en los términos indicados. Por lo anterior, con el citado oficio y anexo, mediante auto de dieciséis de diciembre de este año (foja 185), se ordenó dar vista a la parte quejosa, para que en el término de tres días expresara lo que a su derecho conviniera, el que se le notificó por medio de lista de acuerdos el diecisiete de diciembre del año en curso (foja 186); sin que realizara pronunciamiento alguno. Conforme al texto de la ejecutoria de amparo, la protección de la Justicia Federal se otorgó para los efectos fijados anticipadamente. Ahora, de la confrontación de los destacados datos, se procede determinar si se cumplió el núcleo esencial para el cual fue otorgado el amparo a la parte quejosa, haciendo el examen de las constancias que obran en autos las cuales tienen valor probatorio pleno en términos de lo previsto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Luego entonces, se estima que los efectos para el cual fue concedido el amparo, están cumplidos, ya que el Administrador Local de Recaudación, con residencia en esta ciudad, dejó insubsistentes los recibos de pagos contenidos en los formatos con número de referencia 755746473 y 755746477, y reintegró a la impetrante de amparo lo excedentemente pagado, con su respectiva actualización, tanto lo relativo a la inscripción de documentos, así como las cantidades que fueron aplicadas como consecuencia directa e inmediata de dichos pagos (fomento a la educación y seguridad e impuesto adicional). Por tanto, es evidente que se cumplió con los efectos de la concesión del amparo; en consecuencia, se declara cumplida en su totalidad la ejecutoria de amparo, para todos los efectos legales a que haya lugar; por tanto, de conformidad con el artículo 196, de la Ley de Amparo; archívese este Juicio de Amparo, y háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno. Toda vez que se concedió el amparo solicitado en el presente juicio, como lo establece la fracción IV del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de depuración, no se encuentran documentos originales que devolver a las partes, y además carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo anterior, es clasificado como archivo reciente y por tanto, el mismo será conservado en este Órgano Jurisdiccional por el término de tres años, por lo que una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio signado por la autoridad responsable: Administrador Local de Recaudación. Ciudad, y anexos. Por medio del cual informa el cumplimiento al fallo protector otorgado a la quejosa Amparo Yuriri Zamora Villarreal. En consecuencia, dése vista a la parte quejosa, para que en el término de tres días manifieste lo que a su interés legal convenga en relación con el cumplimiento dado a la sentencia dictada, con el apercibimiento que de no hacerlo, se resolverá en torno con las constancias y elementos con que se cuente para ello.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos, se aprecia que ha transcurrido el término que se concedió a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés conviniera respecto al cumplimiento dado por las autoridades responsables a la ejecutoria de amparo. Toda vez que el cumplimiento de las sentencias de amparo es una cuestión de orden público, ya que la sociedad está interesada en que las resoluciones judiciales sean acatadas, es procedente pronunciarse respecto si la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo. Ahora bien, previo al análisis en cuestión, es necesario puntualizar al momento de estudiar las constancias por medio de las cuales las autoridades responsables dan a conocer el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, si se ajusta a los lineamientos de la concesión de amparo y la lógica jurídica. Para llevar a cabo lo anterior, se habrá de dejar asentado el sentido en que fue amparada la parte quejosa en la ejecutoria de que se trata, ya sea que se haya otorgado la protección para ciertos efectos, o bien, liso y llano; posteriormente confrontar esos efectos con el informe y constancias que lo apoyen, que corresponden a las que rinden las responsables al dar a conocer el cumplimiento que afirman dar a la ejecutoria de amparo; y la conclusión a que se llegue de ese análisis. En esa línea de pensamiento, es preciso fijar los efectos de la sentencia, que se transcriben a continuación: "...deberá concederse a la impetrante el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que las autoridades responsables: a) Dejen insubsistente los recibos de pagos contenidos en los formatos con número de referencia 755746473 y 755746477, el primero por la cantidad de $14,972.00 (catorce mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 moneda nacional) y el segundo por la cantidad de $11,329.00 (once mil trescientos veintinueve pesos 00/100 moneda nacional), con motivo de la inconstitucionalidad de los artículos 79 fracción II, y 82, fracción IV, ambos de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila, vigente en el dos mil quince; b) En congruencia con lo procedentemente considerado, se aplique el pago de $1,600.00 (mil seiscientos pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de inscripción de documento (transmisión de propiedad), y de $69.00 por hoja (sesenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional) por concepto de inscripción de crédito y, en relación con los artículos 186, 187 y Tercero Transitorio de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila, que prevén el pago por fomento a la educación y seguridad, así como el impuesto adicional, le sea aplicado proporcionalmente, atendiendo las cantidades antes anotadas; y, c) Devuelvan a la quejosa lo excedentemente pagado en los recibos de pagos contenidos en los formatos con número de referencia 755746473 y 755746477, debidamente actualizados, tanto lo relativo a la inscripción de documentos, así como las cantidades que fueron aplicadas como consecuencia directa e inmediata de dichos pagos (fomento a la educación y seguridad e impuesto adicional), por ser violatorios del principio de proporcionalidad y equidad tributaria. En el entendido que la concesión del amparo, es únicamente respecto a los actos de aplicación reclamados en esta instancia constitucional y no para la aplicación futura de la norma, ya que esta no se reclamó . Se Explica: La quejosa no reclamó los artículos 79, fracción II, 82, fracción IV, 186, 187 y tercero transitorio de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, vigente en el dos mil quince, ni señaló como responsables las autoridades que intervinieron en la creación de la ley; sino, que únicamente señaló como actos reclamados, la aplicación de dichos artículos y su ejecución. Por ello, este órgano jurisdiccional no tuvo como acto reclamado la ley antes mencionada, ni se llamó a juicio a las autoridades que intervinieron en la creación de la mencionada ley, sino que a fin de hacer prevalecer la supremacía de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suplió la queja deficiente al existir jurisprudencia temática sobre inconstitucionalidad de leyes, respecto a la aplicación reclamada. De ahí que la ley no pueda ser un acto destacado en el presente juicio de amparo. En ese sentido, los efectos del amparo, como se especificó en líneas que anteceden, únicamente pueden consistir en obligar a la responsable a dejar insubsistente el acto de aplicación, así como emitir uno nuevo en el que no aplique la norma general relativa, lo que significa que puede ser aplicada nuevamente contra el agraviado en el futuro en diversos procedimientos, al no haber sido la ley materia de un pronunciamiento específico sobre concesión o negativa de la protección federal". Enseguida, se procede a reseñar los antecedentes del cumplimiento del fallo protector, que se advierten del sumario: En auto de seis de octubre del año en curso (fojas 123 A 125), causó ejecutoria la sentencia y se requirió el cumplimiento a la responsable Administrador Fiscal General del Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a través del oficio 25038/CO. El dieciséis de octubre del año en curso, fue recibido en la Oficialía de Partes de este Juzgado, el oficio signado por el Administrador Local de Recaudación, con residencia en esta ciudad (foja 133), mediante el cual informó que en cumplimiento a la sentencia de amparo, el veinticinco de septiembre del año en curso, se hizo entrega a la quejosa Amparo Yuriri Zamora Villarreal, de un cheque a su favor por la cantidad de $24,632.00 (veinticuatro mil seiscientos treinta y dos pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de Derechos por Servicios de la Dirección General de Registro Público, más actualizaciones, anexando copia certificada del documento correspondiente en la que aparece una leyenda de recibido y copia simple de la credencial para votar con fotografía de la promovente. Por lo anterior, con el citado oficio y anexos, mediante auto de diecinueve de octubre del mismo año (foja 136), se ordenó dar vista a la parte quejosa, para que en el término de tres días expresara lo que a su derecho conviniera, el que se le notificó por medio de lista de acuerdos el veinte siguiente (foja 137); sin que manifestara nada al respecto. En auto de veintiocho de octubre del año en curso, se requirió a la responsable el total cumplimiento al fallo protector, al estimarse que había sido omisa en dejar sin efectos los recibos de pagos contenidos en los formatos con número de referencia 755746473 y 755746477, el primero por la cantidad de $14,972.00 (catorce mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100 moneda nacional) y el segundo por la cantidad de $11,329.00 (once mil trescientos veintinueve pesos 00/100 moneda nacional). El treinta de octubre del año en curso, fue recibido en la Oficialía de Partes, el oficio signado por el Administrador Local de Recaudación, con residencia en esta ciudad, y anexos (fojas 145 a 150), mediante el cual informó que en cumplimiento a la sentencia de amparo, además de haberse entregado previamente a la quejosa un cheque a su favor por la cantidad total de $24,632.00 (veinticuatro mil seiscientos treinta y dos pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de Derechos por Servicios de la Dirección General de Registro Público, más actualizaciones, mediante determinación dictada en el oficio AGJ/5034/2015 de siete de septiembre de este año, se procedió a dejar insubsistentes los recibos de pago oficiales 755746473 y 755745477, a nombre de la quejosa; así como, a desincorporar de la esfera jurídica de la misma, los artículos 79 fracción II y 82 fracción IV, de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila, anexando constancias de ello, en copia certificada. Por lo anterior, con el citado oficio y anexos, mediante auto de tres de noviembre del mismo año (foja 151), se ordenó dar vista a la parte quejosa, para que en el término de tres días expresara lo que a su derecho conviniera, el que se le notificó por medio de lista de acuerdos el cuatro siguiente (foja 152); sin que manifestara nada al respecto. Luego, por auto de trece de noviembre del año en curso (fojas 153 a 156), y como resultado de la confrontación de lo anterior, se estimó que el Administrador Local de Recaudación, con residencia en esta ciudad, incurrió en exceso en el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, pues en su oficio sin número recibido en este Juzgado el treinta de octubre de este año (foja 145), informó que también desincorporó para casos futuros de la esfera jurídica de la quejosa Amparo Yuriri Zamora Villarreal, los artículos 79 fracción II y 82 fracción IV, de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila, anexando constancias de ello en copia certificada; sin embargo, en el particular, tal desincorporación de normas no constituyó un efecto del fallo protector, pues en este se dejó claramente establecido: (...) En el entendido que la concesión del amparo, es únicamente respecto a los actos de aplicación reclamados en esta instancia constitucional y no para la aplicación futura de la norma, ya que esta no se reclamó . Se Explica: La quejosa no reclamó los artículos 79, fracción II, 82, fracción IV, 186, 187 y tercero transitorio de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, vigente en el dos mil quince, ni señaló como responsables las autoridades que intervinieron en la creación de la ley; sino, que únicamente señaló como actos reclamados, la aplicación de dichos artículos y su ejecución. Por ello, este órgano jurisdiccional no tuvo como acto reclamado la ley antes mencionada, ni se llamó a juicio a las autoridades que intervinieron en la creación de la mencionada ley, sino que a fin de hacer prevalecer la supremacía de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suplió la queja deficiente al existir jurisprudencia temática sobre inconstitucionalidad de leyes, respecto a la aplicación reclamada. De ahí que la ley no pueda ser un acto destacado en el presente juicio de amparo. En ese sentido, los efectos del amparo, como se especificó en líneas que anteceden, únicamente pueden consistir en obligar a la responsable a dejar insubsistente el acto de aplicación, así como emitir uno nuevo en el que no aplique la norma general relativa, lo que significa que puede ser aplicada nuevamente contra el agraviado en el futuro en diversos procedimientos, al no haber sido la ley materia de un pronunciamiento específico sobre concesión o negativa de la protección federal". Por lo que se requirió a la autoridad responsable de que se trata, para que procediera a dar estricto cumplimiento a la ejecutoria de amparo, evitando incurrir en excesos como ocurrió en su determinación con número de oficio AGJ/5034/2015 de siete de septiembre de este año. El veintitrés de noviembre del año en curso, se recibió en la Oficialía de Partes de este Juzgado, el oficio signado por el Administrador Local de Recaudación, con residencia en esta ciudad, y anexos (fojas 160 a 166), en el que informó que mediante oficio AGJ/6648/2015, de dieciocho de noviembre de dos mil quince, se dejó sin efectos el diverso AGJ/5034/2015, de siete de septiembre de este año, asimismo se dejaron insubsistentes los recibos de pago oficiales números 755746473 y 755746477, con lo cual pretendió dejar sin efectos el pronunciamiento sobre la desincorporación de normas en que previamente había realizado injustificadamente. Sin embargo, del anexo que acompaña consistente en la resolución de dieciocho de noviembre de dos mil quince, emitida mediante oficio AGJ/6648/2015, en el penúltimo párrafo del considerando IV, continúa apareciendo lo siguiente: "Asi mismo, en cumplimiento a lo ordenado en acuerdo de fecha 31 de Agosto del año en curso, permito hacerlo de su conocimiento que en virtud de que en la ejecutoria del Juicio de Amparo de referencia, se le concedió el amparo para el efecto de que se le dejara de aplicar en lo futuro la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila específicamente en sus artículos no le serán aplicados a la parte quejosa en lo futuro". Lo anterior resulta precisamente la parte en que la responsable incurre en excesos en cumplimiento al fallo protector, sin que haya desaparecido de su determinación. Ante ello, requiérase una vez más a la autoridad responsable de que se trata, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de la notificación del presente proveído, proceda a dar estricto cumplimiento a la ejecutoria de amparo, evitando incurrir en excesos como ocurrió nuevamente en su determinación de dieciocho de noviembre del año en curso, contenido en el oficio AGJ/6648/2015; hecho lo anterior lo informe a este Juzgado de Distrito, bajo el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal. Apoyan lo anterior, los siguientes criterios: (. . . ) A su vez, se le informa que el cumplimiento de las sentencias que se dictan en los juicios de amparo, es una cuestión de orden público que no puede quedar al arbitrio de las partes; por tanto, deberá realizar todas las gestiones necesarias para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, dado que el artículo 193 de la ley de la materia dispone que las normas establecidas para el cumplimiento de las sentencias de amparo, serán aplicables cuando se retarde el cumplimento de la ejecutoria. (. . .) Lo anterior, para que este órgano de control constitucional se encuentre en aptitud de pronunciarse sobre la cuestión del cumplimiento al fallo protector.
- Principal
Agréguense a los autos los oficios signados por la autoridad responsable: Administrador Local de Recaudación. Ciudad, y anexos. Por medio de los cuales informa el cumplimiento al fallo protector otorgado a la quejosa Amparo Yuriri Zamora Villarreal. En consecuencia, dése vista a la parte quejosa, para que en el término de tres días manifieste lo que a su interés legal convenga en relación con el cumplimiento dado a la sentencia dictada, con el apercibimiento que de no hacerlo, se resolverá en torno con las constancias y elementos con que se cuente para ello; lo anterior de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo.
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