Amparo Rocha Galicia
Expediente 3417/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 3417/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 06/12/2018
Partes del expediente
- Amparo Rocha Galicia
Actuaciones
- Principal
Zapopan, Jalisco, seis de diciembre de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee: se tiene por recibido el oficio signado por el delegado de las autoridades señaladas como responsables dependientes del Ayuntamiento Constitucional de Puerto Vallarta, Jalisco, mediante el cual, en atención al requerimiento de veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho (foja 350), remite copia certificada de las documentales que le fueron requeridas, las que de conformidad con lo establecido en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza procesal. Con el anexo de mérito, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, ello en términos del artículo 66, segundo párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, en el entendido de que dar vista significa que los autos quedan a su disposición en la secretaría de este juzgado. Relaciónese en la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Luis Armando Pérez Topete, Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, ante la secretaria Alondra Betania Loza Aguilar quien autoriza y da fe, y certifica: que la presente actuación y lo que se relaciona en la cuenta coinciden en su integridad con lo que obra en el expediente electrónico. LAPT/ABLA/msm
- Principal
Zapopan, Jalisco, dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho. Visto el oficio que suscribe el Encargado de la Hacienda Municipal de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, mediante el cual se le tiene allegando copia fotostática de diversas constancias con las que pretende cumplir con la ejecutoria de amparo. En consecuencia, dese vista a la parte quejosa y córrase traslado con copia del comunicado que se recibe y sus anexos, para que dentro del término de tres días de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, manifieste lo que en derecho corresponda, respecto del cumplimiento que la responsable a la ejecutoria de amparo dice dar, en el entendido de que con o sin el desahogo de la vista otorgada, este órgano jurisdiccional emitirá pronunciamiento en el que declare si la sentencia esta o no cumplida, si incurrió en exceso o defecto, o si hay una imposibilidad para cumplirla. En el entendido de que, de declararse no cumplida en su totalidad la ejecutoria de amparo, se remitirán los autos al tribunal colegiado de circuito competente, como establece en lo conducente, el artículo 193 de la ley de la materia. Notifíquese; y, córrase traslado a la quejosa con copias simples de este acuerdo y de los anexos allegados por la autoridad responsable, debiendo asentar constancia. Así lo proveyó y firma Luis Armando Pérez Topete, Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, ante la secretaria Alondra Betania Loza Aguilar quien autoriza y da fe, y certifica: que la presente actuación y lo que se relaciona en la cuenta coinciden en su integridad con lo que obra en el expediente electrónico. LAPT/ABLA/msm
- Principal
Zapopan, Jalisco, veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos, se advierte que el siete de noviembre de dos mil dieciocho (foja 1904), se ordenó dar vista a la parte quejosa con las constancias aportadas por la responsable en cumplimiento al fallo protector, por el término de tres días, a efecto de que manifestara lo que a su interés legal conviniera; dicho acuerdo le fue notificado el trece de noviembre siguiente (folio 1907), sin que hubiera realizado manifestación alguna. Ahora bien, toda vez que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, y es obligación de los tribunales pronunciarse sobre el mismo, con fundamento en los artículos 196 y 214 de la ley de la Ley de Amparo, se procede a calificar la conducta asumida por la responsable para lograr su debido acatamiento. Al respecto, debe decirse lo siguiente: Mediante sentencia de veintiuno de septiembre de dos mil quince, se concedió el amparo y protección a la parte quejosa. Inconformes con dicha resolución la autoridad responsable Presidente de la República, mediante acuerdo de uno de marzo de dos mil dieciséis, interpuso recurso de revisión el cual correspondió conocer al Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito. En auto de tres de septiembre de dos mil dieciocho, se recibió el testimonio que resolvió el mencionado recurso de revisión y se ordenó requerir a la responsable por el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, para los efectos siguientes: ".En consecuencia, con fundamento en el artículo 78 de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, para el efecto de que no se le apliquen ni en lo presente ni en lo futuro los artículos 27, fracción XI y 28, fracción XXX, último párrafo y 39, último párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente a partir del uno de enero de dos mil catorce, para los siguientes efectos: Por lo que hace a los artículos 27, fracción XI y 28, fracción XXX, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, se le permita deducir la totalidad de aquellos pagos de previsión social referidos en el numeral citado en primer término y de aquellos realizados a sus trabajadores, que constituyan ingresos exentos para estos últimos. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia número P./J. 62/98, definida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, noviembre de 1998, página 11, cuyo rubro y texto a la letra indican: "CONTRIBUCIONES. EFECTOS QUE PRODUCE LA CONCESIÓN DEL AMPARO CUANDO SE RECLAMA UNA NORMA TRIBUTARIA. Existen mecanismos de tributación que son simples, cuyos elementos esenciales, tales como sujeto, objeto, base y tasa, requieren cálculos básicos que no necesitan una mayor pormenorización en la ley. Así, a medida que un tributo se torna complejo, para adicionarse mayores elementos que pueden considerarse al realizar su cálculo, surgen previsiones legales que son variables, es decir, que no se aplican a todos los contribuyentes, sino sólo a aquellos que se ubiquen en sus hipótesis jurídicas. En efecto, hay normas tributarias que establecen los elementos esenciales de las contribuciones y otras que prevén variables que se aplican a dichos elementos esenciales. En el caso de las primeras, de concederse el amparo, su efecto producirá que el gobernado no se encuentre obligado a cubrir el tributo al afectarse el mecanismo impositivo esencial cuya transgresión por el legislador no permite que sus elementos puedan subsistir, porque al estar viciado uno de ellos, todo el sistema se torna inconstitucional. Lo anterior no ocurre cuando la inconstitucionalidad se presenta en un elemento variable, puesto que el efecto del amparo no afectará el mecanismo esencial del tributo, dado que se limitará a remediar el vicio de la variable de que se trate para incluirla de una manera congruente con los elementos esenciales, sin que se afecte con ello a todo el sistema del impuesto." En tales condiciones, lo procedente es hacer extensiva la protección constitucional respecto de la Regla I.3.3.1.16 de la Resolución Miscelánea Fiscal para el ejercicio dos mil catorce, publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta de diciembre de dos mil trece, la cual tiene su fundamento en lo previsto en el artículo 28, fracción XXX, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, porción normativa que se ha declarado inconstitucional por las consideraciones expuestas en esta sentencia. Lo anterior es así, toda vez que la citada Regla únicamente complementa, desarrolla y armoniza el procedimiento a través del cual, para efectos del artículo 28, fracción XXX, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, pueda determinarse si en el ejercicio disminuyeron las prestaciones otorgadas en favor de los trabajadores que a su vez sean ingresos exentos para estos últimos, respecto de las otorgadas en el ejercicio fiscal inmediato anterior, a efecto de que los contribuyentes conozcan el factor que deben aplicar respecto del límite de deducción que se establece en el numeral citado; en este sentido, si la citada regla únicamente vincula y armoniza la aplicación de lo dispuesto en el referido artículo, resulta inconcuso que participa de la inconstitucionalidad del precepto legal también reclamado. Ahora bien, respecto del numeral 39, último párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el efecto de la concesión del amparo consiste en que no se aplique a la impetrante de garantías, ni en lo presente ni en lo futuro, el precepto en mención y, en consecuencia, se le permita la actualización de dichos valores hasta el momento en el que se lleve a cabo la enajenación del bien que se produzca o comercialice, si bien limitado a aquellos casos en los que la compra de la mercancía y su venta -sea que se venda el mismo artículo o incorporado en un producto terminado- tenga lugar en ejercicios distintos, de conformidad con las consideraciones expuestas con antelación. Es aplicable, por identidad de razón, la jurisprudencia 1a./J. 127/2007 definida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época Tomo XXVI, septiembre de 2007, página 298, de rubro y texto siguientes: "RENTA. EFECTOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA DEL AMPARO CONTRA EL ARTÍCULO 45-F, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, QUE ESTABLECE QUE NO SE DARÁN EFECTOS FISCALES A LA REVALUACIÓN DE LOS INVENTARIOS O DEL COSTO DE LO VENDIDO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE ENERO DE 2005). El citado precepto al establecer que en ningún caso se darán efectos fiscales a la revaluación de los inventarios o del costo de lo vendido viola el principio de proporcionalidad tributaria contenido en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, los efectos de la sentencia concesoria del amparo consisten en que se permita al causante el reconocimiento de efectos fiscales al fenómeno inflacionario que impacta el valor de la adquisición de las mercancías, materia prima, productos semiterminados o terminados que forman parte del costo de lo vendido, mediante la actualización de dichos valores, hasta el momento en que se lleve a cabo la enajenación del bien que se produzca o comercialice, limitado a aquellos casos en los que la compra de la mercancía y su venta -sea que se venda el mismo artículo o incorporado en un producto terminado- tengan lugar en ejercicios distintos." Y por el artículo 28, último párrafo, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el efecto del amparo se traduce en que no se aplique a la parte quejosa dicha disposición normativa ni en lo presente ni en lo futuro y, en consecuencia, los conceptos no deducibles que establece la citada legislación fiscal deberán ser considerados en el momento en que formen parte del costo de lo vendido, y no así cuando se realice la erogación." Luego, mediante oficio que se recibió el siete de noviembre de este año (foja 1904), el Administrador Central de Amparo e Instancias Judiciales, en suplencia por ausencia del Jefe del Servicio de Administración Tributaria, informó que no aplicará a la parte quejosa, los artículos 27, fracción XI y 39, último párrafo, de la Ley de Impuesto sobre la Renta, mientras estén vigentes y hasta que sean reformados o modificados. Por lo tanto, de conformidad con el tercer párrafo del numeral 196 de la Ley de Amparo vigente, se estima que con lo realizado por la responsable en el presente juicio constitucional, acató el fallo protector, lo que se demuestra con las documentales que remitió la autoridad responsable, que señalan en líneas arriba. En consecuencia, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, de conformidad a lo dispuesto en el cuarto párrafo del arábigo 196, en correlación con el 214 de la ley de la materia; háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Se ordena hacer del conocimiento de la parte quejosa el presente proveído, para los efectos de los artículos 201, fracción I y 202 de la ley en cita. En virtud de que el presente asunto no encuadra en ninguna de las hipótesis de destrucción previstas en alguno de los supuestos del Capítulo Quinto, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre siguiente; este órgano jurisdiccional considera, que el presente juicio de garantías es susceptible de depuración, en virtud de que en él, se otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión; asimismo, es preciso señalar que el presente asunto no es de relevancia documental. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó Luis Armando Pérez Topete, Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, quien firma ante la secretaria Ileana Cruz López, que certifica que la presente actuación y lo que se relaciona en la cuenta que precede a este acuerdo, coincide en su integridad con los que obran en el expediente electrónico. Doy fe.
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