Amparo Ramírez Hernández
Expediente 303/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 35 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 303/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 35
- Última actuación
- 17/11/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Amparo Ramírez Hernández
- Juez de Control del Proceso Y Procedimiento Penal Oral, Ciudad
Actuaciones
Las 4 más recientes de 35.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos del juicio de amparo 303/2018, así como la certificación secretarial de cuenta se advierte que las partes quejosa y tercero interesada no desahogaron la vista concedida mediante auto de cinco de agosto de dos mil veinte, para que manifestaran lo que a sus intereses conviniera, respecto a la pretensión de cumplimiento de la autoridad responsable, al fallo aquí dictado; en consecuencia, este órgano de control constitucional procede a calificar el cumplimiento de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, a fin de dilucidar si la ejecutoria fue cumplida en su totalidad, es decir, sin excesos ni defectos y en términos del artículo 214 del mismo ordenamiento legal que dispone que no podrá archivarse ningún juicio de amparo sin que se haya cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional o no exista materia para la ejecución. En primer término, debe destacarse que este auto supone el análisis de la ejecutoria de amparo, así como la precisión de sus alcances y efectos, pues el cumplimiento exige la interpretación del fallo protector a partir de la naturaleza de la violación examinada, a fin de determinar si fue exacta y cabalmente acatada; con la finalidad de lograr el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de la citada violación. Sustenta lo expuesto, la jurisprudencia 1a./J. 76/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el doce de noviembre de 2014, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de la Décima Época, con número de registro 2008030, intitulada: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO." Mediante sentencia autorizada el treinta de septiembre de dos mil veinte, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Amparo Ramírez Hernández, para el efecto de que el Juez de Control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Séptimo Distrito Judicial, con sede en esta ciudad: "1. Celebre una nueva audiencia en la que se cerciore que Jorge Gómez Fuentes e Israel Martínez Linares, personas que se tuvieron como defensores particulares de la imputada Amparo Ramírez Hernández en la audiencia inicial de diecisiete de mayo de dos mil dieciocho y que son los mismos que asistieron a la quejosa en la continuación de dicha audiencia que tuvo lugar el veintitrés del mismo mes y año en la que se resolvió su situación jurídica dentro del proceso penal 32/2018, son licenciados en derecho, para lo cual deberá realizar las gestiones necesarias para corroborar tal circunstancia, como podría ser ordenar al personal que corresponda, que efectúe el registro de sus respectivas cédulas profesionales, previa validación y cotejo que de las mismas se realice, a fin de que obre constancia en la carpeta relativa a dicho proceso penal, lo anterior, tomando en consideración que al momento de su individualización exhibieron los originales de sus respectivas cédulas profesionales. En caso de acreditarse lo anterior, el juez responsable dejará subsistente la audiencia inicial en sus dos etapas, imputación y vinculación y continuará con la secuela procesal. Por el contrario, de no acreditarse la calidad de licenciado en derecho respecto de los defensores particulares nombrados por la quejosa, el Juez de Control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con residencia en esta ciudad, deberá dejar insubsistente la referida audiencia inicial tanto en su primera etapa que tuvo lugar el diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, como la segunda realizada el veintitrés siguiente (toda vez que en dicha fecha también comparecieron como defensores particulares de la imputada, Jorge Gómez Fuentes e Israel Martínez Linares; debiendo señalar nueva fecha para su desahogo, en la cual deberán respetarse las formalidades esenciales del procedimiento y los derechos fundamentales de la imputada Amparo Ramírez Hernández, incluido el de adecuada defensa, en la forma establecida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 69/2019 (10ª) invocada en esta sentencia, de lo que deberá dejar constancia fehaciente en la videograbación que al efecto se realice. Para lo cual, se precisa que si al momento de requerir a la imputada para que designe defensor ésta decide no hacerlo, el Juez de Control respecto de la persona que le designe, también deberá verificar que el profesionista propuesto para tal efecto, acredite fehacientemente contar con la autorización correspondiente para ejercer la profesión de licenciado en derecho, debiendo observar las reglas ya establecidas en la referida jurisprudencia 69/2019, y hecho lo anterior, una vez constatada su calidad, exprese si acepta y protesta el cargo conferido. De existir imposibilidad para exhibir cualquiera de los documentos idóneos para acreditarlo (original o duplicado de la cédula profesional expedida por la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública o bien, copia certificada de la misma por Notario Público), se significa al juez responsable que deberá indagar ante las autoridades competentes sobre su existencia. 2. Hecho lo anterior, prosiga con el trámite respectivo." La citada sentencia causó ejecutoria por ministerio de ley, al resolverse el recurso de revisión 323/2019 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, que interpuso el tercero interesado en contra de ese fallo, en sesión pública de veinticuatro de enero de dos mil veinte; en consecuencia, se requirió a la autoridad responsable para que justificara haber dado cumplimiento al fallo protector. En acuerdo de cinco de agosto del presente año, se tuvo por recibido el oficio 575/2020, signado por el juez responsable, con el que informó el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y anexó la constancia con la que pretende acreditarlo (un disco versátil digital). Ahora, de un análisis comparativo general o básico que se realiza a la constancia remitida, con los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo, se pone de manifiesto que la autoridad responsable realizó lo siguiente: 1. El día seis de julio de dos mil veinte, a las diecisiete horas con veinticinco minutos, el Juez de Control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con residencia en esta ciudad, celebró audiencia inicial en la cual, ante la incomparecencia de los defensores particulares de la imputada-quejosa, Jorge Gómez Fuentes e Israel Martínez Linares, se aprecia que determinó los siguiente: -Videograbación minuto 13:42 a 17:39- "Juez: Como venía diciendo, en el juicio de amparo indirecto 303/2018 del índice del Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Veracruz, se establece que le requiera señorita Amparo Ramírez Hernández, sobre el nombramiento de abogado defensor, le informo que no comparecieron los abogados de nombres Jorge Gómez Fuentes e Israel Martínez Linares, mismos que la representaron en la audiencia pasada, le pregunto sobre su ausencia, si revoca usted el nombramiento de ellos. Imputada: ¿Perdón? Juez: Sobre los abogados que le acabo de decir ¿los revoca usted? Imputada: Ajá. Juez: ¿Sí? Imputada: Sí. Juez: Le pregunto sobre el nombramiento de abogado defensor, ¿tiene usted otro abogado que nombrar, o desea que la represente el abogado que está sentado de su lado izquierdo? Imputada: Así es. Juez: Muy bien. El licenciado Manuel Eduardo Vidal Alor, que está sentado de su lado izquierdo, pertenece al Instituto Veracruzano de la Defensoría Pública, tiene cédula profesional de licenciado en Derecho, y tiene la calidad y capacidad técnica garantizada ante este órgano jurisdiccional para ser su abogado defensor; le pregunto su conformidad de que sea su abogado defensor en el expediente C32/2018. Imputada: Sí. Juez: ¿Está de acuerdo? Imputada: Claro. Juez: Muy bien, lo nombro a usted como su abogado defensor. Imputada: Sí señor juez. Juez: Muy bien licenciado Vidal, le voy a tomar la protesta al referirme la señorita Amparo Ramírez, que es su deseo que usted sea su abogado defensor y después le voy a pedir que se individualice. Licenciado Manuel Eduardo Vidal Alor (comienza a reproducirse en pantalla la identificación como defensor público expedida por el Instituto Veracruzano de la Defensoría Pública a favor del citado abogado), protesta cumplir fiel y lealmente el encargo de abogado defensor en actuaciones del expediente C32/2018 le establece la señorita Amparo Ramírez Hernández. Abogado defensor: Así es señor juez, acepto y protesto que se acaba de conferir en este acto. Juez: Muy bien. Le voy a pedir que se individualice abogado por favor. Abogado defensor: Sí, el de la voz Manuel Eduardo Vidal Alor, soy defensor público adscrito a este Séptimo Distrito Judicial de Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, con cédula profesional 9981646, debidamente registrada en la página de Poder Judicial del Estado de Veracruz, con número de folio 2374, señalando como domicilio para recibir todo tipo de notificaciones el ubicado en este mismo edificio al cual nos encontramos constituidos que pertenece al Instituto Veracruzano de la Defensoría Pública del Estado de Veracruz, es cuanto. Juez: Gracias, le voy a pedir que se descubra unos segundos por favor (Abogado defensor se retira el cubre bocas). Gracias, puede continuar con el cubre bocas. Una vez individualizadas las partes, declaro abierta la audiencia que refieren los numerales 307, 310 y 311 todos del Código Nacional de Procedimientos Penales, dejo constancia en este momento que dejo sin efecto las audiencias que se celebraron el día diecisiete de mayo de dos mil dieciocho y la secuela del veintitrés del mismo mes y año, esto es, la audiencia de imputación y vinculación a proceso en la cual se actuó en el expediente C32/2018, ello toda vez que ante la incomparecencia de los abogados defensores originales es necesario reponer todo el proceso al comparecer un nuevo abogado defensor, dejando constancia en este momento y le pido a mi compañero que me informe si el licenciado Manuel Eduardo Vidal Alor, independientemente que de manera personal tenemos conocimiento que se encuentra debidamente registrado en el Instituto Veracruzano de la Defensoría Pública, si cuenta con la cédula de licenciado en Derecho. Asistente: Sí señor, la cédula 9981646, sí se encuentra registrada en la base de datos que cuenta la Secretaría de Educación Pública desde el año 2016, además de estar registrada en la base de datos del Poder Judicial del Estado bajo el folio de registro número PJVERACRUZ-2374 y tiene una fecha de registro de veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete. Juez: Muy bien. Ahora toda vez que se dejan sin efecto las audiencias anteriores en cumplimiento a la sentencia de amparo y declarada abierta la audiencia inicial reponiendo el proceso C32/2018, observando todos los derechos que tiene la señorita Amparo Ramírez Hernández, continúo con su trámite." 2. En consecuencia de lo anterior, continuó con el trámite respectivo. De un análisis comparativo realizado entre los efectos de la tutela constitucional otorgada y la actuación llevada a cabo por la autoridad responsable, se aprecia que la ejecutoria de amparo sí fue cumplida en sus términos, tal como aprecia de lo narrado anteriormente. Es así, porque el Juez de Control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, residente en esta ciudad, debido a que no fue posible acreditar la calidad de licenciado en derecho respecto de los defensores originales, Jorge Gómez Fuentes e Israel Martínez Linares, nombrados por la quejosa, porque no comparecieron a la audiencia relativa, dejó insubsistente la audiencia inicial de diecisiete de mayo de dos mil dieciocho, así como la segunda realizada el veintitrés siguiente; por tanto ordenó reponer el procedimiento y celebró la audiencia inicial y de vinculación a proceso con respeto a las formalidades esenciales del procedimiento y los derechos fundamentales de la imputada-quejosa Amparo Ramírez Hernández, incluido el de adecuada defensa, pues para tal efecto, el Juez de Control verificó que el defensor que se le asignó, contara fehacientemente con la autorización correspondiente para ejercer la profesión de licenciado en derecho, observando las reglas establecidas en la referida jurisprudencia "DEFENSA ADECUADA EN LA AUDIENCIA INICIAL DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO. LA CALIDAD DE LICENCIADO EN DERECHO DEL DEFENSOR DEBE ACREDITARSE CON EL REGISTRO PREVIO DE LA CÉDULA PROFESIONAL EN LOS SISTEMAS DE REGISTRO O ANTE LOS EMPLEADOS JUDICIALES DESIGNADOS PARA TAL EFECTO, Y CON LA SIMPLE MENCIÓN QUE DE ESOS DATOS SE HAGA EN LA AUDIENCIA RESPECTIVA.", aceptando y protestando el cargo conferido; y, hecho lo anterior, continuó con el trámite respectivo. Sirve de apoyo a esta conclusión, las jurisprudencias y tesis siguientes: "Época: Novena Época Registro: 192174 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Marzo de 2000 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 26/2000 Página: 243 INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." "Época: Décima Época Registro: 2008030 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 76/2014 (10a.) Página: 605 RECURSO DE INCONFORMIDAD. ALCANCES Y LÍMITES EN SU ESTUDIO. El artículo 107, fracción XVI, párrafo último, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que no podrá archivarse juicio de amparo alguno sin que la sentencia relativa quede enteramente cumplida; por ello, el análisis que se emprenda en el recurso de inconformidad para determinar si fue correcta o no la determinación que la tuvo por cumplida, no debe limitarse a los argumentos planteados por el recurrente, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuenta con facultades amplias para analizar oficiosamente si la ejecutoria de amparo fue o no acatada. Ahora, si bien es cierto que en la legislación de amparo abrogada, para dicho análisis bastaba con realizar un estudio comparativo general o básico entre lo ordenado en la ejecutoria y lo ejecutado por la autoridad responsable, también lo es que ello obedecía a que en esa legislación se contemplaba al recurso de queja como un medio para combatir el exceso o defecto en el cumplimiento; de ahí que para tener por cumplida la sentencia protectora, era suficiente con que la autoridad acreditara haber realizado lo ordenado, sin que al respecto debiera analizarse si había incurrido en exceso o defecto pues, de ser así, las partes podían interponer el recurso de queja; no obstante, éste ya no se contempla para ese fin en la Ley de Amparo vigente, en tanto que ahora el exceso o defecto puede combatirse a través del recurso de inconformidad. En efecto, aunque el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, sólo señala que el recurso de inconformidad procede contra la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, sin especificar que en él puedan combatirse los excesos o defectos en que incurra la responsable en el cumplimiento, de una interpretación armónica de ese numeral con los artículos 192, párrafo primero, 196 y 197 de la propia ley, se concluye que en este medio de impugnación pueden combatirse esos vicios, pues para que una ejecutoria pueda declararse cumplida es preciso que la responsable acate puntualmente lo ordenado sin incurrir en exceso o defecto. Atento a ello, si la materia del recurso de inconformidad, vista en relación con la anterior Ley de Amparo, ha sido ampliada, entonces para resolver este recurso ya no basta con realizar un examen comparativo general o básico entre las conductas señaladas por el órgano jurisdiccional como efecto de la concesión del amparo y las adoptadas por la autoridad responsable, pues ahora, en adición a ese examen, también debe verificarse que en el cumplimiento de la ejecutoria no haya habido exceso o defecto, para lo cual deberá tenerse presente que hay exceso, cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria y que, por el contrario, habrá defecto, cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado, o lo hace deficientemente; sin embargo, al hacer ese análisis, debe tenerse presente el límite señalado en la ejecutoria donde se otorgó la protección de la Justicia Federal, así como la libertad de jurisdicción que, en su caso, se haya otorgado a la responsable, pues a pesar de la ampliación en su materia, no es factible que a través de este medio se analice la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable, ni mucho menos introducir aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo." Asimismo, se considera que la autoridad responsable dio cumplimiento al fallo protector en sus términos, sin excesos, al no haber ido más allá del alcance de la ejecutoria que concedió la protección federal, afectando actos jurídicos de los que no se ocupó el fallo constitucional, ni defectos, pues no se advierte que hubiera omitido llevar a cabo alguna actuación de las que ordenó la ejecutoria de amparo. Al respecto, es aplicable el criterio que sigue: "Época: Novena Época Registro: 171208 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVI, Octubre de 2007 Materia(s): Común Tesis: 1a. CCXXVI/2007 Página: 186 CUMPLIMIENTO DEL FALLO PROTECTOR. SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE ASÍ LO INFORMA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PRONUNCIARSE, SUJETÁNDOSE A LOS EXTREMOS DE LA LITIS CONSTITUCIONAL QUE RESOLVIÓ. Cuando el juez de Distrito recibe el informe de la autoridad responsable, en el que manifiesta que ya cumplió con los efectos de la ejecutoria, dicho juez Federal deberá emitir el pronunciamiento correspondiente, tomando en cuenta la naturaleza de los actos concretamente reclamados, los efectos y alcances del fallo protector, y sin incluir elementos extraños a la litis constitucional ventilada ante su potestad deberá determinar si la sentencia de amparo está o no cumplida y hacer el pronunciamiento, correspondiente, teniendo presente en todo momento, la naturaleza y objeto del incidente de inejecución de sentencia, y distinguiéndolo de la inconformidad, la queja o la repetición del acto reclamado pues, con independencia de que el quejoso haga uso de estos medios de impugnación el juez de Distrito debe pronunciarse y determinar si el fallo protector está o no cumplido, dando razón fundada de dicha decisión." Por ende, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, SE DECLARA CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO. Con fundamento en los artículos 201, fracción I y 202, de la Ley de Amparo, notifíquese a la parte quejosa el presente auto y comuníquese lo anterior a las autoridades responsables, para su conocimiento y efectos legales conducentes. DILIGENCIA PERSONAL De conformidad con el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, así como en el diverso 25/2020 que lo reforma por cuanto a su vigencia, dicha diligencia deberá desahogarse en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud del servidor público que la realice y de las personas justiciables. FIRMA ELECTRÓNICA (FIREL) Con fundamento en los artículos 3 de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente acuerdo se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes.
- Principal
... agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales correspondientes y téngasele informando que admitió el recurso de revisión interpuesto por el tercero interesado en contra de la sentencia dictada en el presente asunto, radicándolo bajo el número de toca 323/2019.
- Principal
... agréguese a los autos una copia del ocurso de cuenta y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, distribúyanse las demás entre las partes, y dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que se integre debidamente el presente expediente, es decir, en cuanto obren en éste la totalidad de las constancias de notificación de la sentencia recurrida y de este proveído, remítase el cuaderno principal en que se actúa al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común, con residencia en Boca del Río, Veracruz, junto con el escrito original de agravios y un disco versátil digital.
- Principal
PARTE QUEJOSA, se notifica por lista el proveído de dieciséis de octubre de dos mil diecinueve... agréguese a los autos una copia del ocurso de cuenta y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, distribúyanse las demás entre las partes, y dentro del término de tres días, contados a partir del día siguiente al en que se integre debidamente el presente expediente, es decir, en cuanto obren en éste la totalidad de las constancias de notificación de la sentencia recurrida y de este proveído, remítase el cuaderno principal en que se actúa al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común, con residencia en Boca del Río, Veracruz, junto con el escrito original de agravios y un disco versátil digital.
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