Amparo López Aranda

Expediente 284/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 21 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
284/2016
Año
2016
Actuaciones
21
Última actuación
03/10/2016

Partes del expediente

  • Amparo López Aranda
  • Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Primer Distrito, Guadalupe, Zacatecas.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    El término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió del diecinueve al treinta de septiembre del año en curso, sin contar los días veinticuatro y veinticinco de dicho mes y año, por corresponder a sábados y domingos; sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra el auto dictado el seis de septiembre de la presente anualidad, dentro del juicio de amparo número 284/2016-4; Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; En el incidente de suspensión relativo al juicio que nos ocupa, se negó la medida cautelar definitiva solicitada por el amparista; por lo que ninguna de las partes exhibió billete de depósito para garantizar alguna suspensión. Sí existen documentos por devolver a la autoridad responsable. Doy fe. En la misma fecha la secretaria da cuenta a la Juez con estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, tres de octubre de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación asentada por la secretaria adscrita a este tribunal federal, en el sentido de que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el proveído dictado por este juzgado el seis de septiembre de la presente anualidad (fojas 166 a 171), en la que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en lo previsto por los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme. En consecuencia, y en atención a que la resolución de mérito no requiere ejecución material, en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia en consulta, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el presente expediente es susceptible de destrucción; por lo tanto, una vez que transcurra el término de tres años que establece el primer párrafo del referido punto vigésimo primero, deberán realizarse las gestiones necesarias para su destrucción. Por otra parte, agréguese el cuaderno original del incidente de suspensión, en virtud de que se negó la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa, a fin de que sea destruido junto con el expediente en que se actúa; lo anterior en cumplimiento a lo ordenado en la fracción III, del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; y el duplicado guárdese por separado para que atendiendo a lo dispuesto en la fracción III, del diverso punto vigésimo del citado acuerdo, una vez que transcurra el término de seis meses; se destruya. Por otro lado, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del citado Acuerdo, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; de la misma manera, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Por último, devuélvase a la autoridad responsable Tribunal Unitario Agrario del Primer Distrito, con residencia en Guadalupe, Zacatecas, que remitió en apoyo a su informe con justificación, toda vez que resulta innecesario retenerlo en el presente juicio. Notifíquese; y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante la licenciada Alva Miranda Ramírez, Secretaria que autoriza y da fe. Josué.

  2. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, a trece de septiembre de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos únicamente para que obre como legalmente corresponda el escrito de cuenta signado por el autorizado de la parte quejosa, mediante el cual informa a este juzgado el domicilio actual del tercero interesado Elías Aranda Niño, toda vez que mediante proveído de seis del mes y año en curso, se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia el presente juicio (fojas 166 a 171). Notifíquese por medio de lista. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante la licenciada Rebeca Isabel Medina Becerra, Secretaria que autoriza y da fe. Josué

  3. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, a seis de septiembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación asentada por la secretaria adscrita a este tribunal federal, de la que se advierte que ha transcurrido el término de veinte días concedido al quejoso en auto de veinticinco de julio del año en curso (fojas 156 y 157), a fin de que acreditara ante este juzgado que había entregado para su publicación los edictos mediante los cuales se ordenó el emplazamiento del tercero interesado Elías Aranda Niño, el cual transcurrió del dos al veintinueve de agosto del presente año, sin que de autos se advierta que haya dado cumplimiento a lo ordenado, no obstante que mediante comparecencia de cinco de agosto del año en curso (foja 165), se hizo entrega al autorizado de la parte quejosa Juan Antonio Sifuentes Pérez, de los edictos por los que se ordenó el emplazamiento de mérito; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de veinticinco de julio de la presente anualidad y se procede al análisis del presente juicio de garantías, conforme a las consideraciones que enseguida se expondrán. En efecto, el estado de autos advierte que durante la tramitación del presente juicio, se actualiza la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 27, fracción III, inciso b) y 5°, fracción III, inciso b), todos de la Ley de Amparo, así como con el dispositivo 14, párrafo segundo, de la Constitución General de la República, que permite sobreseer el presente juicio de amparo fuera de audiencia, con apoyo en la Jurisprudencia número 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, surgida con motivo de la Contradicción de Tesis número 26/2002, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Se llega a tal determinación por las razones que a continuación se exponen: De las actuaciones practicadas en el expediente en que se actúa, se destacan las siguientes: En auto de veintidós de febrero de dos mil dieciséis, se ordenó el emplazamiento del tercero interesado Elías Aranda Niño; y para tal efecto se giró despacho al Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Loreto, Zacatecas (foja 26 a 28). El quince de marzo de año en curso, se recibió en la Oficialía de Partes de este juzgado federal el oficio signado por la Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Loreto, Zacatecas, mediante el cual devolvió sin diligenciar el despacho 138/2016 y de origen 75/2016, toda vez que la secretaria auxiliar en funciones de oficial notificador de ese órgano jurisdiccional, al constituirse en el domicilio referido por la parte quejosa, señaló que los vecinos de éste no conocen a nadie con ese nombre, asimismo, señala que le informaron que el tercero interesado Elías Aranda Niño, vive en la comunidad de General Lauro G. Caloca (antes el Rascón) del municipio de Noria de Ángeles, Zacatecas (fojas 44 a 51). Por lo que en auto de dieciséis de marzo de este año, se ordenó girar nuevo despacho para al Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Loreto, Zacatecas, a fin de que éste ordenara a quien correspondiera, que se constituyera en la citada comunidad y emplazara a juicio al tercero interesado Elías Aranda Niño (foja 52). En proveído de quince de abril de la presente anualidad, se tuvo por recibido el oficio signado por la Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Loreto, Zacatecas, mediante el cual devolvió sin diligenciar el despacho 229/2016 y de origen 135/2016, del que se advertía que no fue posible llevar la notificación encomendada, en virtud a que quien dijo ser la esposa del citado tercero interesado Elías Aranda Niño, manifestó que éste ya no vivía en ese domicilio desde hace aproximadamente dos años ya que se fue a radicar a la ciudad de Guadalajara, Jalisco; en consecuencia, se requirió a la parte quejosa a efecto de que dentro del término de tres días proporcionara a este juzgado el domicilio actual y correcto del tercero interesado en cita (fojas 60 a 94). Mediante auto de veintiocho de abril de la presente anualidad, y sin que la parte quejosa hubiera dado cumplimiento con lo requerido en el auto que antecede, se ordenó iniciar el procedimiento de investigación, a fin de obtener el domicilio del tercero interesado Elías Aranda Niño; y, en consecuencia, se giró exhorto al Juez de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo, en el Estado de Jalisco en Turno, con residencia en la ciudad de Zapopan, a efecto de que fuera dicho órgano exhortado, quien en auxilio a los labores de este juzgado girara los oficios correspondientes a las dependencias gubernamentales en esa ciudad, con el fin de que informaran si en sus respectivas bases de datos obraba algún domicilio del tercero interesado Elías Aranda Niño (foja 100). Por auto de treinta de junio del año en curso, se tuvo por recibido el oficio signado por el Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con sede en Zapopan, mediante el cual devolvió sin diligenciar el exhorto con número de orden 362/2016 y de origen 159/2016 del que se advertía que en las respectivas bases de datos de las dependencia gubernamentales Comisión Federal de Electricidad, Sistema de Agua Potable y Alcantarillado, Instituto Nacional Electoral, Teléfonos de México y Registro Público de la Propiedad, no existía domicilio alguno vinculado a nombre de Elías Aranda Niño; asimismo, se giraron los oficios correspondientes a TELCEL (Radio Móvil DIPSA Sociedad Anónima de Capital Variable), con sede en la Ciudad de México y al Régimen Estatal de Protección Social en Salud, con residencia en Guadalajara, Jalisco, a fin de que informaran si contaban con algún domicilio relacionado al referido tercero interesado; igualmente, se proporcionó al Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en Guadalajara, Jalisco, la información que solicito (foja 112 a 142). En proveído de veinte de julio de la presente anualidad, se tuvo a la apoderada y representante legal del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, informando que en la base de datos de la citada dependencia no tenía registrado algún domicilio particular a nombre de Elías Aranda Niño (foja 148 y 149). Mediante auto de veintidós de julio del presente, año, se tuvo informando al apoderado y representante legal de Radiomóvil Dipsa, Sociedad Anónima de Capital Variable, con residencia en la Ciudad de México, que en la dependencia que representa no existe ningún registro vinculado a nombre del tercero interesado Elías Aranda Niño(fojas 152 a 154). Asimismo en oficio acordado en proveído de veinticinco de julio del año en curso, el Director General del Organismo Público Descentralizado, Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Jalisco, informó que en su respectiva base de datos no obraba información acerca del tercero interesado Elías Aranda Niño; por lo que al haberse agotado el procedimiento de investigación a que se refiere el último párrafo del inciso b), de la fracción II, del artículo 27, de la Ley de Amparo, se ordenó el emplazamiento del aludido tercero interesado por medio de edictos a costa del quejoso y se le apercibió que en caso de no acreditar la publicación de los mismos dentro del término de veinte días, posteriores a que se hiciera la notificación del proveído en mención, se decretaría el sobreseimiento del presente juicio (fojas 155 a 157). Posteriormente, el cinco de agosto de la presente anualidad, compareció ante el personal de este juzgado el autorizado de la parte quejosa licenciado Juan Antonio Sifuentes Pérez, a recoger los edictos derivados del juicio de amparo en que se actúa (foja 165). Conforme a los antecedentes narrados en párrafos que anteceden, se considera que en la especie cobra vigencia la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 27, fracción III, inciso b) y 5°, fracción III, inciso b), todos de la Ley de Amparo, así como con el dispositivo 14, párrafo segundo, de la Constitución General de la República; habida cuenta este tribunal federal agotó la investigación conducente a obtener el domicilio del tercero interesado Elías Aranda Niño, a fin de emplazarlo al presente juicio, sin que se lograra por los motivos precisados en parágrafos que anteceden; aunado a la circunstancia de que el cinco de agosto de la presente anualidad, compareció ante el personal de este Juzgado el autorizado de la parte quejosa, a fin de recoger los edictos mediante los cuales se ordenó el emplazamiento del referido tercero interesado, sin que a la fecha haya acreditado la publicación de los mismos; lo que genera la paralización del juicio en que se actúa al arbitrio del propio impetrante, con lo que se contraviene lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 17 constitucional, que establece: "Artículo 17 [.] Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Asimismo, el precepto 14 de la Constitución General de la República, en su párrafo segundo, dispone: "ARTICULO 14.-. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho". Por su parte, el numeral 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo vigente, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: " XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". En tanto que el ordinal 27, fracción III, inciso b) de la citada Ley Reglamentaria, consigna: "Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: [.] III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto: [.] b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen. Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo.". El artículo 5°, fracción III, inciso b) del propio ordenamiento legal en consulta, señala: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: ... III. El tercero interesado, pudiendo tener tal carácter: b) La contraparte del quejoso cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia del orden judicial, administrativo, agrario o del trabajo; o tratándose de persona extraña al procedimiento, la que tenga interés contrario al del quejoso; ...". Finalmente, el diverso numeral 63, del cuerpo de leyes invocado, en su fracción V, señala: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior.". Pues bien, en el presente juicio se tuvo como tercero interesado a Elías Aranda Niño y no obstante que se requirió a la peticionaria de amparo a fin de que proporcionara el domicilio actual y correcto del antes nombrado, no se logró su emplazamiento, a pesar de que este tribunal federal gestionó ante distintas dependencias su localización, sin obtener resultados positivos, con lo que se cumplió con el procedimiento señalado en la fracción III, inciso b), del artículo 27 de la Ley de Amparo, concretamente el relativo a la investigación de su paradero, siendo por ello que en auto de veinticinco de julio de la presente anualidad, se ordenó emplazarlo por medio de edictos a costa del quejoso; y como se dijo en párrafos que anteceden, compareció ante el personal de este juzgado el autorizado de la parte quejosa a fin de recoger los edictos mediante los cuales se ordenó el emplazamiento del referido tercero interesado, sin que haya acreditado la publicación de los mismos, lo que pone de relieve que ha incumplido con un presupuesto procesal que se rige como la formalidad esencial del procedimiento prevista por el artículo 14 de la Ley Suprema de la Nación; situación que conlleva a la imposibilidad de pronunciarse sobre el fondo de la litis constitucional planteada en el presente juicio. En tales condiciones, debe concluirse que en el caso se ha concretizado la causal de improcedencia materia de análisis, dado que la apuntada omisión de la promovente del amparo genera la paralización del juicio en que se actúa, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, dado que se obstaculiza la administración de justicia, en la medida en que se retarda de manera injustificada la substanciación y conclusión de este juicio, sin que ello sea atribuible a este órgano jurisdiccional, sino a la propia quejosa, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por el precepto constitucional en cita, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que señale la ley, sin que pueda quedar su resolución al arbitrio de una de las partes, como en el caso lo es la propia impetrante. En este orden de consideraciones, toda vez que en la especie se surte la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 27, fracción III, inciso b) y 5°, fracción III, inciso b), todos de la Ley de Amparo, en concordancia con el dispositivo 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, con fundamento en el ordinal 63, fracción V, de la propia Ley Reglamentaria en consulta, SE DECRETA EL SOBRESEIMIENTO fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, por lo que se dejan sin efectos la fecha y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional en este asunto. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial número 2a./J. 64/2002, resultado de la Contradicción de tesis 16/2000-PL, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Cuarto Circuito y Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 211, tomo XVI, Julio de 2002, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y texto siguientes: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACION Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5o., fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30, fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso". Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFIQUESE POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y PERSONALMENTE A LA PATE QUEJOSA.

  4. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, a veinticinco de julio de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, suscrito por el Director General del Organismo Público Descentralizado, Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Jalisco, mediante el cual informa a este Juzgado que en la base de datos de la dependencia que representa no existe ningún registro vinculado a nombre del tercero interesado Elías Aranda Niño, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a los que haya lugar. Ahora, visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que mediante auto de treinta de junio del año el curso, el Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, devolvió sin diligenciar el exhorto con número de orden 362/2016 y el diverso de origen 159/2016, por del cual se le encomendó iniciar el procedimiento de investigación respecto del domicilio del citado tercero interesado Elías Aranda Niño. Y toda vez que de autos de veintisiete y treinta y uno de mayo del año en curso, dictados por dicho Juez exhortado se advierte que el Director Jurídico y de Comercio del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Jalisco, la Subdirectora Jurídica del Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado, Ricardo Juárez Magaña (dependiente de Teléfonos de México), la Comisión Federal de Electricidad y el Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, todos con residencia en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, manifestaron que no localizaron dato alguno a nombre del tercero interesado Elías Aranda Niño. Asimismo, en proveídos de veinte y veintidós de julio del presente año, se tuvo a la apoderada y representante legal del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en Guadalajara, Jalisco y al apoderado y representante legal de Radiomóvil DIPSA, Sociedad Anónima de Capital Variable, con sede en la Ciudad de México; manifestando que en sus respectivas bases de datos no se cuenta con información que revele algún domicilio vinculado al tercero interesado Elías Aranda Niño. Por otro lado, como se advierte del estado que guardan los presentes autos, ya se agotó el procedimiento de investigación del domicilio del referido tercero interesado; en consecuencia, con fundamento en el último párrafo del inciso b), fracción III, del artículo 27, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 315, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del ordinal 2° del cuerpo de leyes invocado en último término, se ordena realizar el emplazamiento del tercero interesado Elías Aranda Niño, por medio de edictos a costa de la parte quejosa, los que se publicarán por tres veces, de siete en siete días, en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos diarios de mayor circulación en la República a elección de la quejosa; haciéndosele saber que debe presentarse dentro del término de treinta días contado a partir del siguiente al de la última publicación, ante este Juzgado de Distrito en el Estado de Zacatecas; apercibido que de no comparecer dentro del plazo concedido, las posteriores notificaciones se le harán por medio de lista que se fije y publique en los estrados de este órgano jurisdiccional, en términos del citado numeral 27, fracción III, inciso b), de la ley de la materia; asimismo, se fijará una copia de este acuerdo en los estrados de este Juzgado por todo el tiempo del emplazamiento. Hágase saber a la parte quejosa que los edictos referidos quedan a su disposición en la Secretaría de este Juzgado y con fundamento en lo establecido en el último párrafo del inciso b), fracción III del artículo 27 y la fracción II del artículo 63 ambos de la Ley de Amparo, en caso de que el solicitante de amparo no acredite haber entregado los edictos para su publicación dentro del plazo de veinte días posteriores a que se haga la legal notificación del este auto, se sobreseerá el presente juicio de garantías. Sustenta a lo anterior, los referidos normativos que disponen: "Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: . III. . b) . Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo." Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: . II. El quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de esta Ley una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó; .". Por último, se deja sin efecto la fecha prevista para la celebración de la audiencia constitucional que se encuentra fijada para las nueve horas con quince minutos del veintiocho de julio del año en curso y se reserva señalar nueva fecha hasta en tanto la parte quejosa acredite la publicación de los edictos. Notifíquese mediante oficio a la autoridad responsable, personalmente a la parte quejosa y por lista a las demás partes. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria que autoriza y da fe. Josué

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