Amparo Elizabeth Gomez Tagle Hidalgo

Expediente 938/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
938/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
24/06/2022

Partes del expediente

  • Amparo Elizabeth Gomez Tagle Hidalgo

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, veinticuatro de junio de dos mil veintidós. Estado procesal de autos Visto el estado procesal de los autos, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja, dentro del término legal contra la determinación de ocho de junio del año en curso, por la que se desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado estado. Archivo Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como concluido. Destino del expediente En acatamiento al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como, el diverso arábigo 8.1.2 numeral 4 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, ambos ordenamientos establecen las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurran tres años de archivado este expediente es susceptible de destrucción, ya que se desechó la demanda y carece de relevancia documental.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México, ocho de junio de dos mil veintidós. REGISTRO Vista la demanda que promueve **********, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, admítase y regístrese bajo el número 938/2022-IV-B. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO Previo a determinar la procedencia o no del juicio de amparo, es menester efectuar un estudio integró de la demanda de amparo, incluso de la totalidad de las constancias existentes en ella, pues constituye un todo, con la finalidad de precisar lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente lo que apariencia señaló como tal, acorde con la jurisprudencia de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." y la tesis de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO.", conforme a lo anterior se sigue que la quejosa reclama lo siguiente: El Convenio de Cooperación celebrado entre el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y el Presidente de la República de Cuba, en materia de salud, que incluye la contratación de más de quinientos médicos cubanos para trabajar en la República Mexicana. La omisión de publicar dicho convenio en el Diario Oficial de la Federación. La omisión de enviar al Senado de la República el Convenio de Cooperación celebrado entre el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y el Presidente de la República de Cuba, en materia de salud, que incluye la contratación de más de quinientos médicos cubanos para trabajar en la República Mexicana. La contratación de quinientos médicos cubanos para brindar servicio público en México. La asignación de dinero de una partida del presupuesto público para pago de salarios y cumplimiento del Convenio de Cooperación celebrado entre el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y el Presidente de la República de Cuba, en materia de salud, que incluye la contratación de más de quinientos médicos cubanos para trabajar en la República Mexicana. La omisión de verificar el cumplimiento de los requisitos para el ejercicio profesional establecidos en la Ley Reglamentaria del artículo 50 Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México en relación con la calidad académica y homologación de estudios de medicina de los quinientos médicos de Cuba. Ingreso a México de medicamentos y vacunas provenientes de la República de Cuba, sin el proceso de análisis d medicamentos y patente al Secretario de Salud. DESECHAMIENTO En esas condiciones, este juzgado de Distrito, considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, toda vez que la aquí quejosa carece de interés legítimo para impugnar los actos que tilda de inconstitucionales. Es así, porque su pretensión la sustancia con base en un interés legítimo; sin embargo, a juicio del suscrito la quejosa sólo tienen un interés simple, como se verá a continuación: En principio, se impone destacar que el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, prevé lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)" Por su parte, el artículo 5°, fracción I, de la ley de la materia dispone lo siguiente: "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.) Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa." De la lectura de dichos preceptos se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten el interés jurídico o legítimo del quejoso, así como contra normas de carácter general que, por su sola vigencia, no causen perjuicio a quien promueve, sino que se necesite de un acto posterior de aplicación que genere la afectación. Conforme a lo expuesto en el párrafo que precede, resulta factible establecer que la Constitución Federal no posibilita a cualquier individuo o colectividad para combatir cualquier acción u omisión del Estado que pueda resultar violatoria del referido derecho, sino que exige, al menos, una afectación cualificada, es decir, que se distinga del interés con el que cuenta el resto de la población respecto del mandato de lograr la plena eficacia del referido derecho fundamental. Así tomando como base que el acto reclamado lo constituye el convenio de cooperación celebrado entre México y Cuba, que incluye la contratación de quinientos médicos cubanos para trabajar en este país y sus consecuencias, para ser exigible en la vía jurisdiccional, debe atenerse a las bases y lineamientos que establece la propia Constitución Federal para ello, que en el caso particular del juicio de amparo, conforme lo prevé el artículo 107, se traducen en que dicho medio de control de constitucionalidad se siga siempre "a instancia de parte agraviada", teniendo tal carácter "quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico". Al respecto, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó, al resolver la contradicción de tesis 111/2013, entre otras consideraciones, consideró que el interés simple implica el reconocimiento de una legitimación para cualquier individuo, por el solo hecho de ser miembro de la comunidad -situación que comúnmente se ha identificado con las denominadas "acciones populares"-, es decir, dicho interés es el "concerniente a todos los integrantes de la sociedad, por lo que el grado de intensidad en la esfera jurídica no resulta cualificado, personal o directo". Mientras que el interés legítimo "requiere de una afectación a la esfera jurídica entendida en un sentido amplio", ya sea porque dicha intromisión es directa, o porque el agravio deriva de una situación particular que la persona tiene en el orden jurídico. Esto es, el interés legítimo "implica un vínculo entre una persona y una pretensión, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica", ya sea actual o futuro pero cierto. De ahí que esta titularidad potencial de una ventaja o utilidad jurídica, "requiere de un interés actual y real", no hipotético, pues ello se encontraría referido a un interés simple. Así, el Pleno del Máximo Tribunal de Justicia de la República, determinó que, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de cierta afectación en la esfera jurídica de la persona, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, "el cual no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse". Habida cuenta que el referido parámetro de razonabilidad se refiere a que "debe ser razonable la existencia de tal afectación". Por tanto, dicho término se refiere a la lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida. Por ello, consideró que mediante el interés legítimo, el demandante "se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal", y si bien la misma es diferenciada al interés del resto de la sociedad, tal situación goza de una lógica jurídica propia e independiente de alguna conexión o derivación con derechos subjetivos. Cabe destacar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que aun cuando el interés legítimo se relaciona esencialmente con la protección de intereses colectivos y, por tanto, ha resultado adecuado para justificar la legitimación a entidades de base asociativa, lo cierto es que tal función no resulta exclusiva, sino que "la posición especial en el ordenamiento jurídico, también puede referirse a una persona en particular". Esto es, si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo y el interés legítimo, lo cierto es que "tal asociación no es absoluta e indefectible". Por lo anterior, estimó posible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual, "existe un interés legítimo individual, en virtud de que la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no solo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo". Incluso, acotó, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. Las anteriores consideraciones se encuentran plasmadas en la jurisprudencia P./J. 50/2014 (10a.) del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I., página: 60. Décima Época, cuyos título y subtítulo son los siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas". Así, es dable colegir que de acuerdo a la naturaleza del acto reclamado y los derechos fundamentales que estima violentados la quejosa, de manera alguna puede traducirse en una apertura absoluta para que, por cualquier presunta violación a los derechos que asisten a los trabajadores a la salud, se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante. Dicha consideración se adiciona con diversas reglas especiales contenidas en el resto de fracciones de la misma norma constitucional y con las reglas establecidas por el legislador secundario en la Ley de Amparo. Así, las causales de improcedencia y sobreseimiento que impiden el análisis del fondo de un asunto, delimitan el poder de los jueces constitucionales sólo para resolver casos o controversias reales, y no aquellas afectaciones generales e hipotéticas que pueda corresponder a los órganos políticos. De ahí que, para poder impugnar acciones u omisiones federales que puedan considerarse como violatorias al derecho laboral, el particular deberá contar con un interés cualificado que se distinga del que tiene el resto de la población respecto a la exigencia general de sujetar al Estado a la obligación constitucional de cumplimentar con la plena eficacia del referido derecho fundamental; esto es es necesaria la existencia de una verdadera afectación a la esfera jurídica, ya sea directa -interés jurídico- o en virtud de la especial situación frente al orden jurídico -interés legítimo-, pero siempre real y jurídicamente relevante, ya sea de índole profesional, de salud pública, de seguridad pública o de cualquier otra. En efecto, para cualquier ciudadano tiene especial relevancia que el Estado mexicano lleve a cabo todas las medidas necesarias, hasta el máximo de los recursos, para cumplimentar con el derecho a una adecuada seguridad pública, en tanto de ello depende poder contar con un verdadero estado de bienestar completo, sin embargo, conforme al criterio expresado del Alto Tribunal, a menos de que cuente con alguna afectación que lo distinga y cualifique al resto de la población, tal interés simple es insuficiente para acceder al juicio de amparo. Así, la celebración del convenio del Estado de Mexicano con la Republica de Cuba, a fin de contratar a quinientos médicos cubanos para trabajar en nuestro país, no es motivo suficiente para que cualquier persona o grupo pueda acceder al juicio de amparo para reclamar esa violaciones, ya que debe acreditarse un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. Ante dicho panorama se estima que la aquí quejosa carece de un interés legítimo, pues no puede señalarse, razonablemente, que sufre una afectación que los hiciera tener un interés cualificado, actual y jurídicamente relevante, y en especial, pues el carácter de habitante del Estado de México no le otorga esa nota especial de sufrir un agravio diferenciado, por lo que no existe un vínculo entre el derecho afectado y la quejosa. En efecto, se considera que el interés que la hoy quejosa dice tener no resulta cualificado, pues si bien aduce que con la contratación de los médicos cubanos se deja en estado de indefensión a los médicos egresados del país, sin tomar en consideración la calidad académica, lo cierto es que no se aprecia que se encuentren en una especial situación frente al derecho que cuestiona, en tanto alega una defensa al referido derecho fundamental de manera abstracta, con un interés genérico de obligar a las autoridades para que cumplan con los mandatos constitucionales en materia laboral. Así, la pretensión que se plantea no se refiere a una defensa específica que se encuentra estrechamente relacionada con la esfera jurídica de la quejosa, sino a la protección abstracta del derecho laboral, tal y como lo pudiese hacer valer cualquier miembro de la sociedad en general, en tanto que de su demanda no se advierte que le asista una situación diferenciada que la faculte para acudir al juicio. Es decir, no se advierte que la justiciable cuente con un interés cualificado tal como ser médico cirujano, con cédula profesional para su ejercicio expedido por autoridad competente, o bien, que sea integrante de una asociación de médicos que la distinga del resto de la población respecto a la exigencia general de sujetar al Estado mexicano a la obligación constitucional de garantizar los derechos laborales; de ahí que en el presente caso se actualice únicamente un interés simple, pues únicamente basa su argumentación en violaciones lejanamente derivadas o genéricas de sus derechos fundamentales. De esa forma, este Juzgado no logra identificar, bajo un parámetro de razonabilidad, un vínculo concreto entre la constitucionalidad del convenio reclamado y la quejosa, por el contrario, el interés que le asiste es genérico, tal y como lo tendría cualquier ciudadano interesado en verificar la constitucionalidad y legalidad de los actos de autoridad. Además, aun considerando la existencia de un vínculo entre el referido derecho y las gobernados, lo cierto es que tampoco se logra identificar un agravio diferenciado, sino que, se reitera, se observa un interés similar al de cualquier otro ciudadano del Estado de México de llevar a cabo una defensa abstracta de la legalidad en el actuar de las autoridades, respecto de sus deberes de salud pública. Por tanto, no se actualiza un interés cualificado para poder hacer valer esos reclamos mediante el juicio de protección de derechos fundamentales. De estimarse lo contrario, esto es, que cualquier persona por el simple hecho de aducir presuntas afectaciones al derecho del trabajo-sin importar si cuenta con un grado de afectación cualificado y relevante-, pueda acceder al presente medio de control constitucional, implicaría reconocer que una persona puede lograr el escrutinio constitucional de cualquier acto que estime que afecta a la población en general -al bien común-, que es justamente lo que el principio de división de poderes pretende evitar, al delimitar en la propia Constitución Federal el poder de los jueces federales sólo para resolver casos o controversias reales, y no aquellas afectaciones generales e hipotéticas que pueda corresponder a los órganos políticos. Por consiguiente, como se dijo en párrafos anteriores, la defensa que emprendió la quejosa fue de manera abstracta, con un interés genérico -simple- de obligar a las autoridades para que cumplan con los mandatos Constitucionales en materia de trabajo, pero sin referirse a una defensa específica estrechamente relacionada con la esfera jurídica de la quejosa, dado que sólo trato de obtener la protección abstracta del derecho reclamado, tal y como lo pudiese hacer valer cualquier miembro de la sociedad en general. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 1a. CLXXXIV/2015 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, décima época, que establece: "INTERÉS LEGÍTIMO. NO SE ACTUALIZA CUANDO LA AFECTACIÓN ALEGADA, DE RESULTAR EXISTENTE, SE EXTIENDA A LA POBLACIÓN EN GENERAL. Cuando una persona acude al juicio de amparo y alega una afectación jurídica provocada por un acto de autoridad que, en todo caso, es resentida por toda la población en general -y no se involucre un derecho colectivo-, no puede dar lugar al nacimiento de un interés legítimo, por la imposibilidad lógica de identificar un agravio cualificado que surja de una especial situación del quejoso frente al orden jurídico. Por virtud del principio democrático, contenido en el artículo 40 constitucional y del principio de división de poderes, contenido en el artículo 49, debe concluirse que son los órganos democráticos los que deben resolver las inconformidades que son igualmente resentidas por toda la población". Por tanto, al no tener interés legítimo para combatir los actos de autoridad a través de este juicio de amparo, es que se corrobora la causal de improcedencia invocada; habida cuenta que el interés simple que tiene toda la población de que se respeten las disposiciones en materia de salud es insuficiente para activar el mecanismo de control constitucional; en consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo; por tanto, lo procedente es desechar de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo promovida por Amparo Elizabeth Gómez Tagle Hidalgo. DOMICILIO Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la quejosa el señalado en el proemio de su demanda. En la inteligencia que de ser incierto o inexacto ese sitio, o estar dentro de algún condominio o edificio y, no se le permita el acceso al Fedatario judicial, o bien, no se pueda ingresar por otra circunstancia, se le notificará por lista esa determinación y las subsecuentes, aún las de carácter personal, en los estrados de este Juzgado, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. AUTORIZADOS Por otra parte, en relación a las personas que designa como autorizados; con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, dígasele que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. JUICIO EN LÍNEA (ACUERDO GENERAL 21/2020) Por otra parte, conforme a lo dispuesto por el artículo 22, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a la parte quejosa para haga uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación para la tramitación del sumario mediante el esquema de juicio en línea. MEDIO ALTERNO DE COMUNICACIÓN En términos del artículo 22, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tiene como "medio de comunicación alterno" (no procesal) el correo electrónico proporcionado por la promovente en el proemio de su demanda. NOTIFICACIÓN ESPECIAL A LAS PARTES En términos del Acuerdo General 20/2021, hágase del conocimiento de las partes que el instrumento que regirá la actividad de este órgano jurisdiccional hasta el siete de agosto de dos mil veintidós o hasta que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal lo determine, será el Acuerdo General 9/2022. EXPEDICIÓN DE COPIAS Desde este momento se autoriza a las partes la reproducción de copias fotostáticas a su costa, sin que medie petición al respecto, atendiendo el derecho fundamental contenido en el artículo 17 Constitucional; en el entendido que previa entrega, deberá quedar debidamente asentado en autos su recepción, ello para su constancia legal. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHABILES. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles.

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