Amparo Elizabeth García Sanchez
Expediente 1489/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 14 actuaciones registradas, la última del 8 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1489/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 08/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en La Laguna · La Laguna
Partes del expediente
- Amparo Elizabeth García Sanchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; ocho de agosto de dos mil veintidós. Oficio. Se tiene por recibido el oficio remitido por la apoderada legal de la Delegación Estatal en Coahuila del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en Saltillo, Coahuila, mediante el cual hace del conocimiento la imposibilidad de dar cumplimiento al proveído de dieciocho de marzo del año en curso, por los motivos que expone, el cual se agrega a los autos para efectos de control, en virtud de que en auto de once de julio de dos mil veintidós, causó estado el auto por el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente sumario porque cesaron los efectos del acto reclamado. Notifíquese.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; once de julio de dos mil veintidós. Ejecutoria. Vista la certificación puesta en esta fecha por la secretaria de este juzgado, en el sentido de que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto el recurso de revisión que establece el artículo 81, fracción I, inciso d), de la propia ley, en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de Amparo, se declara que el auto mediante el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo ha causado estado. Documentos originales. No existen. Relevancia documental. En virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los relativos a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; asimismo, aquellos que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia, los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Depuración o destrucción. Este expediente es susceptible de destrucción, conforme al artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Incidente. No se solicitó. Anotaciones y archivo. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE"; y, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, envíese el presente expediente al archivo. Expediente electrónico. En el entendido que en términos del artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el secretario de la adscripción certificó que el expediente electrónico coincide en su integridad con el expediente físico. Notifíquese.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; veinte de junio de dos mil veintidós. Informe. Se recibe el informe con justificación rendido por la autoridad responsable apoderado general para pleitos y cobranzas y para actos de Administración en Materia Laboral del Instituto de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, con residencia en Saltillo, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. Vista. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe de que se trata. Pruebas. De conformidad con el numeral 119 de la ley de la materia, se tiene por ofrecida la prueba documental que acompaña a su informe consistente en copia certificada de las constancias que integran el expediente de solicitud de pensión, las que se tienen por desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza, las cuales serán valoradas y tomada en consideración en el momento procesal oportuno, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional respectiva. Domicilio. No señaló. Delegados. No designó. Causal de improcedencia. En este caso, el suscrito considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]." Al respecto, cabe mencionar que la cesación de los efectos del acto reclamado, significa que la autoridad que lo realiza deja de afectar la esfera jurídica del quejoso al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia misma del acto, pues el motivo que justifica la improcedencia aludida no es sólo la paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y, que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De acuerdo con lo anterior, de la interpretación relacionada de lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio constitucional, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Tiene aplicación al presente asunto la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Sistematización del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 1002264, con rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso concreto, la quejosa se duele de la omisión de la autoridad responsable de dar contestación a la petición formulada por escrito de fecha veintitrés de septiembre de dos mil veinte, respecto al pago de una pensión por viudez por la muerte de Ezequiel Flores Aranda quien era trabajador de la Fiscalía General del Estado de Coahuila de Zaragoza y la Secretaría de Finanzas. Sin embargo, de las constancias que remite el Instituto de Pensiones responsable, se advierte que mediante acuerdo de pensión número 09659 de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, declaró procedente la solicitud de pensión por muerte de empleado, con pago retroactivo a partir del uno de enero de dos mil veinte, cuya omisión de resolver en este contradictorio constitucional reclama, acompañando al efecto dicha actuación, por consiguiente se evidencia, sin lugar a dudas, que cesaron los efectos del acto de reclamo. En atención a lo anterior, se actualiza la hipótesis de improcedencia en comento, pues al momento en que se resuelve este juicio de amparo, las cosas se encuentran como si se hubiera concedido a la promovente del amparo la protección de la Justicia Federal que pretendía, pues la autoridad responsable ha dictado el acuerdo correspondiente a la solicitud de pensión por viudez, solicitada por la quejosa, ello en actuación de veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno, posteriormente el cinco de enero del año en curso, fue notificada la quejosa de tal respuesta, haciéndole de su conocimiento que la pensión estaba autorizada y su fecha de pago sería el treinta de noviembre de dos mil veintiuno, firmando de recibido; y, precisamente, la omisión de dictar el acuerdo a la referida solicitud fue materia de reclamo en la litis del presente asunto. Apoya lo anterior, la tesis aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 197367, publicada en la Sistematización del Semanario Judicial de la Federación, con rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". No es obstáculo a lo anterior, el hecho de que se esté resolviendo fuera de audiencia, toda vez que no se irroga ningún agravio a la parte quejosa ni se le priva de defensa, virtud que la causa es notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como sucede en el presente asunto. Es aplicable a la anterior consideración, por su contenido jurídico, la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su página 386, que en su rubro dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." En congruencia con lo anterior lo conducente en el caso es, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, lo que imposibilita a este juzgador para abordar el fondo del asunto, justamente, porque la principal consecuencia del sobreseimiento es, sin duda, poner fin al juicio sin analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado en el propio juicio de amparo; por lo que se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cuarenta minutos del veintiocho de junio de dos mil veintidós. Por su aplicación, es de invocarse la tesis sustentada por la entonces integración del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochenta y ocho del Semanario Judicial de la Federación, Volumen 187-192 Primera Parte, que establece lo siguiente: "SOBRESEIMIENTO, EFECTOS DEL. El sobreseimiento en un juicio de amparo, por alguna de las causas que la ley señala, impide a la autoridad judicial federal entrar al estudio del fondo de la cuestión planteada, por estar cumplida una condición de improcedencia del amparo, cuestión que debe ser examinada previamente a las violaciones constitucionales atribuidas al acto reclamado, aun en el supuesto de que efectivamente hayan sido cometidas las violaciones de garantías que se señalan." Anotaciones. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese personalmente.
- Principal
Torreón, Coahuila de Zaragoza; veintiséis de mayo de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos del juicio en el que se actúa, se advierte que el presente no está plena y debidamente integrado porque la autoridad responsable Encargado del Instituto de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado, con sede en Saltillo, Coahuila, no ha rendido su informe justificado, pese a encontrarse debidamente notificada del oficio por medio del cual se les realizó la solicitud del mismo. Requerimiento. En ese sentido, requiérase por última ocasión a la autoridad responsable Encargado del Instituto de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Coahuila, con sede en Saltillo, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de la notificación de este proveído, remita su informe justificado y las constancias que sean necesarias para corroborar su dicho. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no rendir su informe dentro del término conferido, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, y con fundamento en el artículo 260, fracción II, en relación con el 38 de la Ley de Amparo, se le impondrá en lo particular una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización. Audiencia constitucional. A fin de dar margen a lo anterior, se señalan las nueve horas con cuarenta minutos del veintiocho de junio de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese.
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