Amos Benoni Martínez Guzmán
Expediente 302/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún. 8 actuaciones registradas, la última del 17 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 302/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 17/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún · Quintana Roo
Partes del expediente
- Amos Benoni Martínez Guzmán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
:: Visto el estado que guarda el presente sumario y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido la sentencia dictada el treinta y uno de mayo de dos mil veintidós; por tanto, se declara que la resolución de mérito ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. En atención a lo anterior, háganse las anotaciones en el libro de control correspondiente y archívese como asunto concluido. Ahora, con fundamento en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización transferencia y resguardo, de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé dicho numeral, del Acuerdo General citado. De igual forma, se destaca que en el presente expediente, se negó el amparo solicitado; por tanto, es susceptible su depuración, debiéndose hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en el libro de control respectivo, esto con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), del aludido acuerdo general. Por otra parte, toda vez que la autoridad responsable Magistrado adscrito a la Novena Sala Especializada en Materia Penal Oral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, remitió un disco compacto certificado que contienen constancias relativas al toca penal 141/2018 de su origen, los cuales ya no resultan necesario; por tanto, se ordena su devolución a la citada autoridad.
- Principal
::En Cancún, Quintana Roo, siendo las once horas con cuarenta minutos del treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional relativa al juicio de amparo indirecto 302/2022-IV, Darío Alejandro Villa Arnaiz, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, ante Osvaldo Hernández Romero, secretario que autoriza y da fe, declara abierta la misma, sin la comparecencia de las partes, ni representante de ellas. Abierta la audiencia, el secretario da lectura a la demanda y demás constancias que obran en autos, entre las que se encuentran los informes justificados de las autoridades responsables; en consecuencia; el Juez acuerda: téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período de pruebas, el secretario hace constar que la parte quejosa ofreció la instrumental de actuaciones y la presuncional; por su parte, la autoridad responsable Magistrado adscrito a la Novena Sala Especializada en Materia Penal Oral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo ofreció pruebas documentales, así como un disco compacto certificado que contiene constancias relativas al toca penal 141/2018 de su índice; a lo que el Juez provee: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas relacionadas, las cuales se desahogan por sí mismas dada su propia y especial naturaleza; por tanto, téngase por concluida la fase probatoria de esta audiencia. Abierto el período de alegatos, el secretario hace constar que el quejoso y el fiscal del ministerio público de la adscripción formularon manifestaciones a manera de alegatos, no así las demás partes; luego, el Juez acuerda: téngase por formulados los alegatos del quejoso y del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y dese por concluida esta etapa de la audiencia. Enseguida, el secretario certifica que no hay promociones pendientes de acordar. El Juez acuerda: toda vez que no hay promoción pendiente de acuerdo, téngase por celebrada la presente audiencia y con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo procédase al dictado de la resolución correspondiente. V I S T O S los autos del juicio de amparo indirecto 302/2022-IV, promovido por Amos Benoni Martínez Guzmán, por derecho propio, contra actos del Magistrado adscrito a la Novena Sala Especializada en Materia Penal Oral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veinticinco de marzo de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, remitido por razón de turno el veintiocho de marzo siguiente a este juzgado de distrito, Amos Benoni Martínez Guzmán, por derecho propio, solicita el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del 1] Magistrado adscrito a la Novena Sala Especializada en Materia Penal Oral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo y 2] Director del Centro de Reinserción Social de Benito Juárez, Quintana Roo, por considerarlos violatorios de los artículos 1º, 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; que hace consistir en: "IV.- ACTOS RECLAMADOS. - - - -a).- DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE ORDENADORA, reclamo la resolución emitida en fecha 03 de marzo de 2022, dictada por el MTRO. CARLOS ALEJANDRO LIMA CARVAJAL, Magistrado de la Novena Sala Especializada en Materia Penal Oral, con sede en la Ciudad de Cancún, Quintana Roo, en el Toca Penal 141/2018, con motivo del Incidente de Reconocimiento de Inocencia, interpuesto por el suscrito sentenciado AMOS BENONI MARTINEZ GUZMAN, en contra de la sentencia de condena de fecha El 26 de julio de 2018, emitida por el Juez de Control y Tribunal de Juicio Oral Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, con residencia en Cancún, por el delito de FEMINICIDIO, en agravio de la víctima ZENOBIA GOMEZ PEREZ, la cual fue confirmada en fecha 08 de octubre de 2018, la Novena Sala Especializada en Materia Penal Oral con sede en Cancún, Quintana Roo, dentro del Toca Penal 141/2018, resolución la cual se impugna en la demanda de amparo, por considerar que se violaron mis derechos humanos y mis garantías contempladas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al inobservar que el suscrito no tuve una defensa adecuada. - - - b).- DE LA AUTORIDAD EJECUTORA, reclamo el cumplimiento que pretenden dar a la resolución emitida en fecha 03 de marzo de 2022 dictada por el MTRO. CARLOS ALEJANDRO LIMA CARVAJAL, Magistrado de la Novena Sala Especializada en Materia Penal Oral, con sede en la Ciudad de Cancún, Quintana Roo, en el Toca Penal 141/2018, con motivo del Incidente de Reconocimiento de Inocencia, interpuesto por el suscrito sentenciado AMOS BENONI MARTINEZ GUZMAN, en contra de la sentencia de condena de fecha El 26 de julio de 2018, emitida por el Juez de Control y Tribunal de Juicio Oral Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, con residencia en Cancún, por el delito de FEMINICIDIO, en agravio de la víctima ZENOBIA GOMEZ PEREZ, la cual fue confirmada en fecha 08 de octubre de 2018, la Novena Sala Especializada en Materia Penal Oral con sede en Cancún, Quintana Roo, dentro del Toca Penal 141/2018, resolución la cual se impugna en la demanda de amparo, por considerar que se violaron mis derechos humanos y mis garantías contempladas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al inobservar que el suscrito no tuve una defensa adecuada.." SEGUNDO. Radicación y admisión de la demanda. Recibida que fue la demanda de amparo el veintiocho de marzo de dos mil veintidós en este juzgado de distrito, por auto de veintinueve de ese mismo mes y año se radicó con el número 302/2022-IV y se admitió a trámite; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación de esta adscripción la intervención legal que le compete, quien formuló el pedimento 261/2022, en el sentido de negar el amparo solicitado; se requirió a las autoridades responsables su informe con justificación y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Se reconoce terceros interesados y se ordena emplazarlos. En auto de cinco de abril de dos mil veintidós se reconoció el carácter de terceros interesados al Agente del Ministerio Público del fuero común adscrito a la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Libertad Sexual y el Libre Desarrollo de la Personalidad, así como a la ofendida María Reyes Pérez Pérez y a la víctima que en vida respondía al nombre de iniciales Z.G.P., quienes en su oportunidad fueron emplazados a juicio. Finalmente, la audiencia constitucional se desahoga al dictar esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este juzgado de distrito es competente para resolver el presente juicio, en términos de lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues en el caso concreto se reclama un acto de una autoridad jurisdiccional en materia penal, que carece de ejecución material y la demanda se presentó en esta ciudad. SEGUNDO. Jurisprudencias y tesis aisladas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y las tesis aisladas invocadas en el presente asunto, que fueron integradas conforme a la Ley de Amparo anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables dado que no se oponen a la legislación vigente, de conformidad con el Artículo Sexto Transitorio de la actual ley de la materia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, y que entró en vigor al día siguiente. TERCERO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, dada la obligatoriedad del juez de distrito de analizar la demanda de amparo en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y fijar la materia de la litis constitucional, se procede a precisar el acto reclamado en el presente asunto, que de acuerdo con el examen integral practicado al libelo constitucional y demás constancias de autos, se hace consistir en: Del 1] Magistrado adscrito a la Novena Sala Especializada en Materia Penal Oral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo: a) La resolución de tres de marzo de dos mil veintidós emitida en el toca penal 141/2018 de su índice, en que se tuvo por desistido al quejoso y a su defensa del incidente de reconocimiento de inocencia planteado. Del 2] Director del Centro de Reinserción Social de Benito Juárez, Quintana Roo: b) La ejecución de la resolución señalada en el inciso a). Es aplicable al caso concreto la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto se transcriben a continuación: Novena Época No. Registro: 192097 Instancia: Pleno Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Toda vez que se han precisado los actos reclamados por la parte quejosa en este juicio de amparo, debe abordarse a continuación el estudio sobre su certeza. CUARTO. Certeza de los actos reclamados. El Magistrado adscrito a la Novena Sala Especializada en Materia Penal Oral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo al rendir su informe justificado convino en la existencia del acto reclamado. Por su parte, el Director del Centro Penitenciario de Benito Juárez, Quintana Roo, al rendir informe justificado negó la existencia del acto de ejecución que se le reclama; sin embargo, la autoridad responsable ordenadora convino en la existencia del acto que se le imputa. Por tanto, lo procedente es hacer extensiva la a la autoridad ejecutora la existencia del acto reclamado afirmada por la autoridad ordenadora. Además, la existencia de los actos reclamados se corrobora con la fotocopia certificada de las constancias que integran el toca penal de origen, que remitió la autoridad responsable como apoyo a su informe con justificación tanto en forma impresa como en el disco compacto certificado; documentales que cuentan con valor probatorio pleno en términos de los artículos 197, 202 y 210-A, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2º. En efecto, de dichas constancias se aprecia que el tres de marzo de dos mil veintidós se llevó a cabo audiencia en el toca penal 141/2018 del índice de la Novena Sala Especializada en Materia Penal Oral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, en la que se emitió resolución declaró improcedente el incidente de reconocimiento de inocencia planteado por el ahora quejoso. QUINTO. Causas de improcedencia. Este órgano de control constitucional estima que el presente juicio es procedente en relación a los actos reclamados precisados en el considerando tercero de este fallo, al no haber invocado las partes al una causa de improcedencia ni advertirse de oficio que se actualice alguna. Por lo tanto, al no existir dispositivo legal que ordene plasmar en la sentencia, las consideraciones y razones por la que no se surte alguno de los supuestos previstos en las diversas fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo, es evidente que no se tiene la obligación de hacer un análisis exhaustivo de todas y cada una de las causas de inejercitabilidad de la acción constitucional que hipotéticamente pueden concurrir en un juicio de esta índole. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto son: No. Registro: 205800 Instancia: Pleno Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación VII, Junio de 1991 Materia(s): Común Tesis: P./J. 22/91 Página: 60 IMPROCEDENCIA. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A ESTUDIAR OFICIOSAMENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Si el Juez de Distrito no encuentra causal de improcedencia que amerite su estudio oficioso para sobreseer en el juicio, no está obligado a hacerse cargo del estudio de todas y cada una de las contempladas en el artículo 73 de la Ley de Amparo, ya que el último párrafo de dicho precepto no lo obliga a que analice todos y cada una de los supuestos de improcedencia contenidos en la ley, bastando que estudie y se pronuncie sobre las causales específicamente invocadas por las partes y las que oficiosamente considere aplicables, para tener por satisfecho el precepto en comento." En consecuencia, procede abordar el análisis de los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa. SEXTO. Conceptos de violación. La parte quejosa expresa como conceptos de violación los que se encuentran contenidos en su escrito inicial de demanda, que se tienen por reproducidos sin necesidad de transcribirlos. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto son: Registro No. 164618 Novena Época Instancia: Segunda Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXXI, Mayo de 2010 Página: 830 Tesis: 2a./J. 58/2010 Jurisprudencia Materia(s): Común CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SÉPTIMO. Estudio de fondo. Los conceptos de violación son infundados, sin que se advierta queja deficiente que suplir en términos del artículo 79 de la Ley de Amparo. En efecto, la parte quejosa reclama en esta instancia del Magistrado adscrito a la Novena Sala Especializada en Materia Penal Oral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, la resolución de tres de marzo de dos mil veintidós emitida en el toca penal 141/2018 de su índice, en que se tuvo por desistido al quejoso y a su defensa del incidente de reconocimiento de inocencia planteado. Al respecto, la parte quejosa expresa como conceptos de violación -en suma- los siguientes: 1. Que la resolución reclamada fue emitida en contravención a la garantía de legalidad, pues carece de una adecuada fundamentación y motivación, como lo dispone el numeral 16 constitucional. 2. Además, refiere que la resolución reclamada resulta ilegal porque el magistrado responsable pasó por algo que el ahora quejoso careció de una defensa técnica adecuada, motivo por el cual se vio obligado a desistir del trámite del incidente de reconocimiento de inocencia. En ese sentido, el quejoso aduce que basta observar la videograbación de la audiencia respectiva para apreciar que el defensor público que le fue asignado no contaba con la técnica de litigación penal adecuada para representarlo en dicha audiencia, además de que no expresó argumentos jurídicos en su favor. Como se dijo, los conceptos de violación planteados por la parte son infundados y serán estudiados en el orden enunciado. Ahora, para analizar el primer concepto de violación, es necesario tener en cuenta el contenido del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo.." De la lectura de la norma constitucional en cita, se advierte que todo acto de molestia, además de emitirse por escrito y encontrarse debidamente fundado y motivado, debe provenir de autoridad competente, con la excepción de que en los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento al derecho fundamental de legalidad. En efecto, de conformidad con el primer párrafo del artículo 16 constitucional, para que se cumpla el imperativo constitucional de fundamentación y motivación, los actos de la autoridad deben cumplir los siguientes requisitos: - Emitirse por escrito salvo que se origine en juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, en los que bastará que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido. - Expresar con precisión el precepto legal aplicable al caso (fundamentación). - Señalar con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto (motivación). - Existir adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables (relación entre la fundamentación y la motivación). Cobra aplicación la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: No. Registro: 910,973 Jurisprudencia Materia(s): Administrativa Séptima Época Instancia: Segunda Sala Fuente: Apéndice 2000 Tomo III, Administrativa, Jurisprudencia SCJN Tesis: 40 Página: 46 Genealogía: APÉNDICE AL TOMO XXXVI NO APA PG. FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.- De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." Por otra parte, existe una indebida fundamentación cuando en el acto de autoridad sí se invoca el precepto legal, sin embargo, resulta inaplicable al asunto por las características específicas de éste que impiden su adecuación o encuadre en la hipótesis normativa; y una incorrecta motivación, en el supuesto en que sí se indican las razones que tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas están en disonancia con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia siguiente: Época: Novena Época Registro: 170307 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVII, Febrero de 2008 Materia(s): Común Tesis: I.3o.C. J/47 Página: 1964 FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR. La falta de fundamentación y motivación es una violación formal diversa a la indebida o incorrecta fundamentación y motivación, que es una violación material o de fondo, siendo distintos los efectos que genera la existencia de una u otra, por lo que el estudio de aquella omisión debe hacerse de manera previa. En efecto, el artículo 16 constitucional establece, en su primer párrafo, el imperativo para las autoridades de fundar y motivar sus actos que incidan en la esfera de los gobernados, pero la contravención al mandato constitucional que exige la expresión de ambas en los actos de autoridad puede revestir dos formas distintas, a saber: la derivada de su falta, y la correspondiente a su incorrección. Se produce la falta de fundamentación y motivación, cuando se omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista en esa norma jurídica. En cambio, hay una indebida fundamentación cuando en el acto de autoridad sí se invoca el precepto legal, sin embargo, resulta inaplicable al asunto por las características específicas de éste que impiden su adecuación o encuadre en la hipótesis normativa; y una incorrecta motivación, en el supuesto en que sí se indican las razones que tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas están en disonancia con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso. De manera que la falta de fundamentación y motivación significa la carencia o ausencia de tales requisitos, mientras que la indebida o incorrecta fundamentación y motivación entraña la presencia de ambos requisitos constitucionales, pero con un desajuste entre la aplicación de normas y los razonamientos formulados por la autoridad con el caso concreto. La diferencia apuntada permite advertir que en el primer supuesto se trata de una violación formal dado que el acto de autoridad carece de elementos ínsitos, connaturales, al mismo por virtud de un imperativo constitucional, por lo que, advertida su ausencia mediante la simple lectura del acto reclamado, procederá conceder el amparo solicitado; y en el segundo caso consiste en una violación material o de fondo porque se ha cumplido con la forma mediante la expresión de fundamentos y motivos, pero unos y otros son incorrectos, lo cual, por regla general, también dará lugar a un fallo protector, sin embargo, será menester un previo análisis del contenido del asunto para llegar a concluir la mencionada incorrección. Por virtud de esa nota distintiva, los efectos de la concesión del amparo, tratándose de una resolución jurisdiccional, son igualmente diversos en uno y otro caso, pues aunque existe un elemento común, o sea, que la autoridad deje insubsistente el acto inconstitucional, en el primer supuesto será para que subsane la irregularidad expresando la fundamentación y motivación antes ausente, y en el segundo para que aporte fundamentos y motivos diferentes a los que formuló previamente. La apuntada diferencia trasciende, igualmente, al orden en que se deberán estudiar los argumentos que hagan valer los quejosos, ya que si en un caso se advierte la carencia de los requisitos constitucionales de que se trata, es decir, una violación formal, se concederá el amparo para los efectos indicados, con exclusión del análisis de los motivos de disenso que, concurriendo con los atinentes al defecto, versen sobre la incorrección de ambos elementos inherentes al acto de autoridad; empero, si han sido satisfechos aquéllos, será factible el estudio de la indebida fundamentación y motivación, esto es, de la violación material o de fondo." Entonces, para respetar el derecho fundamental de legalidad tutelado en el artículo 16 de la Constitución General de la República, resulta necesario que en principio se emita un mandamiento por escrito por autoridad competente que contenga el acto de autoridad, así como que se invoquen las normas legales que prevén el supuesto concreto para el cual sea procedente realizar el acto de autoridad y se expongan las razones tomadas en cuenta para dicho efecto, pues de no ser así el gobernado queda en estado de indefensión, porque se traduciría en que éste ignorara los dispositivos jurídicos y los motivos en que se apoyó la autoridad para dictar ese acto y, en consecuencia, si está o no conforme a derecho. Estimar lo contrario, pugnaría con el derecho fundamental de legalidad establecida en el artículo 16 de la Constitución General de la República, lo cual resulta inadmisible desde cualquier perspectiva, porque tal derecho fundamental no tiene excepción alguna, pues toda autoridad debe, al dictar un acto de molestia, fundarlo y motivarlo adecuadamente, lo cual, se insiste, constituye las exigencias de tal artículo constitucional. En el particular, como se advierte de la videograbación de la audiencia en que se emitió la resolución reclamada, contenida en el archivo de audio y video remitido por el magistrado responsable y que fue valorado previamente, se decretó el desistimiento en el incidente de reconocimiento de inocencia hecho valer por el quejoso, en los siguientes términos: Magistrado [1:28] "Bien, buenas tardes, ya estamos de vuelta, este, señor Martínez, ¿ha platicado con su defensor sobre la conveniencia procesal, han decidido algo sobre qué es lo que le conviene al señor Martínez, licenciado Espinoza?" Quejoso "Pues sí, ya platicamos y ya vimos cual es la mejor opción porque creo que estoy muy desubicado en lo que conlleva a este reconocimiento de inocencia, estoy muy perdido y ya platiqué con mi defensor y bueno, pues me desisto del incidente para poder plantearlo mejor y poder presentarle ante usted un mejor incidente con lo que corresponde, con lo que conlleva, para poder demostrar fidedignamente mi inocencia." Magistrado "Bien, licenciado Espinoza, ¿ha sido una recomendación de usted, para efecto de que en este caso verificar que le dio la asesoría técnica debida?" Defensor público "Es correcto, Señoría. Se le ha recomendado que se desista de este incidente tomando en consideración que no existen elementos subjetivos suficientes para efecto de que sean motivo de análisis de su parte y en su momento emitir la determinación correspondiente; sin embargo, se desprende que existen indicios de datos de prueba que pueden ser recabados y en su momento aportados para ser analizados en su conjunto." Magistrado "Muy bien, entonces vamos a suspender ante esta manifestación del señor Martínez y de su defensor, vamos a suspender el debate en esta audiencia en lo que aquí corresponde en este momento y en virtud precisamente de esas declaraciones, este Tribunal, toda vez que programó precisamente para las diez horas del día de hoy, tres de marzo, para que tuviese verificativo esta audiencia y consecuentemente se resolviera el incidente que interpuso el sentenciado y aun encontrándose las condiciones de legalidad reunidas para el desahogo de esta audiencia, el sentenciado conjuntamente con su defensor de propia voz han externado que es su deseo desistirse de este incidente, encontrándose ya enterado por el propio defensor de los alcances y consecuencias que conlleva tal acción, es que con fundamento en lo que dispone el artículo 460 del Código Nacional de Procedimientos Penales tengo por formalmente desistido al sentenciado el señor Amos Benoni Martínez Guzmán y a su defensor público, licenciado Antonio Espinoza Sotero, de sus pretensiones contenidas en el propio escrito de incidente de reconocimiento de inocencia que ha sido ya glosado a este toca 141/2018 y en consecuencia se tienen por formalmente desistidos y se ordena su archivo por lo que hace al incidente como un asunto totalmente concluido." De lo anterior, se desprende que en cuanto a la obligación del magistrado responsable de expresar con precisión el precepto legal aplicable al caso (fundamentación), tomó en consideración para tener por desistidos al sentenciado -ahora quejoso- y a su defensor, del incidente de reconocimiento de inocencia de origen, el artículo 460 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dispone: "Artículo 460. Pérdida y preclusión del derecho a recurrir y desistimiento - - - Se tendrá por perdido el derecho a recurrir una resolución judicial cuando se ha consentido expresamente la resolución contra la cual procediere. - - - Precluye el derecho a recurrir una resolución judicial cuando, una vez concluido el plazo que la ley señala para interponer algún recurso, éste no se haya interpuesto. - - - Quienes hubieren interpuesto un recurso podrán desistir de él antes de su resolución. - - - En todo caso, los efectos del desistimiento no se extenderán a los demás recurrentes o a los adherentes del recurso. - - - El Ministerio Público podrá desistirse del recurso interpuesto mediante determinación motivada y fundada en términos de las disposiciones aplicables. Para que el desistimiento del Defensor sea válido se requerirá la autorización expresa del imputado." Del precepto legal invocado, contenido en el capítulo I, del Título XII, del Código Nacional de Procedimientos Penales, relativo a las disposiciones comunes de los recursos, se desprende que quienes presentaran un recurso, podrán desistir del mismo, siempre y cuando no se hubiera dictado resolución. Luego, por lo que hace al diverso requisito relativo a señalar con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que el magistrado responsable haya tenido en consideración para la emisión del acto (motivación), destaca lo siguiente: 1. Que previo a emitir resolución en el incidente de origen, el magistrado responsable decidió suspender el debate. 2. Tomó en cuenta lo manifestado por el sentenciado y su defensor, quienes conjuntamente externaron que era su deseo desistir de ese incidente. 3. Tuvo en consideración que el sentenciado ya se encontraba enterado por el propio defensor de los alcances y consecuencias que conlleva el desistimiento. 4. Con apoyo en el ya invocado artículo 460 del Código Nacional de Procedimientos Penales tuvo por formalmente desistidos al sentenciado y a su defensor público de las pretensiones contenidas en el escrito por el que se planteó el incidente de reconocimiento de inocencia de origen. En ese sentido, se estima que existe adecuación entre los motivos aducidos por el magistrado para tener por desistido al quejoso y a su defensor del incidente de reconocimiento de inocencia y la norma aplicable; en el caso, el numeral 460 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues tanto el quejoso, como su defensor, expresaron su intención de desistir de la prosecución de dicha incidencia, en los siguientes términos: Quejoso "Pues sí, ya platicamos y ya vimos cual es la mejor opción porque creo que estoy muy desubicado en lo que conlleva a este reconocimiento de inocencia, estoy muy perdido y ya platiqué con mi defensor y bueno, pues me desisto del incidente para poder plantearlo mejor y poder presentarle ante usted un mejor incidente con lo que corresponde, con lo que conlleva, para poder demostrar fidedignamente mi inocencia." Defensor público "Es correcto, Señoría. Se le ha recomendado que se desista de este incidente tomando en consideración que no existen elementos subjetivos suficientes para efecto de que sean motivo de análisis de su parte y en su momento emitir la determinación correspondiente; sin embargo, se desprende que existen indicios de datos de prueba que pueden ser recabados y en su momento aportados para ser analizados en su conjunto." Por tanto, como se anticipó, se estima que el primer concepto de violación hecho valer por la parte quejosa es infundado, pues la determinación reclamada se encuentra debidamente fundada y motivada. Luego, respecto al segundo concepto de violación, es conveniente tomar en cuenta lo dispuesto en el artículo 20, apartado A, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 20.- En todo proceso de orden penal, el inculpado, la víctima o el ofendido, tendrán las siguientes garantías: A. Del inculpado: [.] IX.- Desde el inicio de su proceso será informado de los derechos que en su favor consigna esta Constitución y tendrá derecho a una defensa adecuada, por sí, por abogado, o por persona de su confianza. Si no quiere o no puede nombrar defensor, después de haber sido requerido para hacerlo, el juez le designará un defensor de oficio. También tendrá derecho a que su defensor comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de hacerlo cuantas veces se le requiera; [.] Sobre dicha prerrogativa, Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los juicios de amparo directo 8/2008, 9/2008, 10/2008 y 33/2008, así como en la facultad de atracción 275/2011, analizó la garantía de defensa adecuada en relación con la asistencia que debe otorgarse al inculpado, y concluyó que dicha garantía consiste en dar oportunidad a todo inculpado de que tenga defensor y éste, a su vez, tenga la oportunidad de aportar pruebas, promover medios de impugnación, exponer argumentos de derecho y utilizar los beneficios procesales que la legislación correspondiente establezca para la defensa. En atención a estas características, arribó al criterio de que la asistencia legal que debe proporcionar el defensor, a la cual se refiere la Constitución y que se encuentra estrechamente relacionada con la garantía de defensa adecuada, no sólo debe estar relacionada con la presencia física del defensor, sino que debe interpretarse en el sentido de que exista una efectiva ayuda del asesor legal. De esta manera, la garantía de defensa adecuada implica que el defensor debe contar con tiempo y con los medios suficientes y necesarios para la preparación de la defensa; también debe contar con la posibilidad de alegar en la audiencia y ofrecer pruebas, por lo que la participación efectiva del defensor es un elemento imprescindible para considerar satisfecho el derecho en cuestión. Luego, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 207/2012, respecto a dicha garantía de defensa adecuada estableció que el artículo 1° constitucional obliga de forma expresa, a partir de su publicación, a todas las autoridades y, en especial, a los jueces mexicanos, a preferir aquellas interpretaciones que sean más favorables a los derechos fundamentales de las personas, así como aquellas que optimicen el respeto y garantía de estos derechos. De lo anterior, se desprende un mandato constitucional de armonización entre las diferentes normas de rango constitucional sobre derechos humanos con base en el principio pro personae. Una vertiente de este principio, es el de "preferencia interpretativa". Esta vertiente implica que, ante la posibilidad de que, de una disposición, inclusive constitucional, se deriven dos o más interpretaciones posibles, el juzgador deberá optar por aquella que optimice los derechos fundamentales en cuestión. En segundo lugar, el principio pro personae implica una "preferencia de normas", esto es, que frente a una aparente antinomia entre dos diferentes disposiciones de rango constitucional que resulten aplicables en el caso concreto, el intérprete deberá preferir aquella disposición que resulte más favorable a la persona. De este modo, el Alto Tribunal estimó que, de una interpretación armónica del Artículo 20, apartado A, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008), con base en el principio de interpretación pro personae previsto en el artículo 1° constitucional, a la luz del artículo 8.2. d) y e) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como del artículo 14.3. d) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, es posible concluir que la defensa adecuada dentro de un proceso penal es una defensa efectiva, la cual se garantiza cuando es proporcionada por una persona que posea los conocimientos técnicos en derecho, suficientes para actuar de manera diligente con el fin de proteger las garantías procesales del acusado y evitar así que sus derechos se vean lesionados. Ahora bien, debe aclararse que la facultad del juzgador para analizar los casos en los que se invoque la vulneración a la garantía de defensa adecuada, se limita a asegurar que las condiciones que posibilitan la defensa adecuada sean satisfechas durante el proceso. Esto es así, pues tal como lo sostuvo la Primera Sala en los asuntos referidos líneas atrás, si bien el juzgador se encuentra constreñido a velar por el respeto a las condiciones que permitan la defensa adecuada, no cuenta con facultades para calificar el grado de diligencia con que se conduce un defensor al momento de realizar su labor, pues revisar la forma en que los defensores efectivamente logran su cometido, excede de las facultades conferidas para vigilar que en el proceso se garantice una defensa adecuada. En efecto, si bien se reconoce la posibilidad de que, a lo largo de cualquier proceso penal, de hecho, puedan existir deficiencias en la estrategia del defensor, ya sea particular o de oficio, tal posibilidad no conlleva a afirmar que el juzgador está obligado a subsanar tales deficiencias. Exigir lo contrario sería tanto como obligarlo a velar por los intereses del inculpado, lo cual resultaría contrario a uno de los principios básicos que deben caracterizar la actuación de todo juez; a saber, el de la imparcialidad. Por todo lo anterior, debe señalarse que, tampoco puede imponerse al juzgador la evaluación de los métodos que los defensores emplean para lograr su cometido de representación, toda vez que escapa a la función jurisdiccional el examen sobre si el defensor efectivamente llevará a cabo la estrategia más afín a los intereses de los inculpados. Precisado lo anterior, el Tribunal Pleno estimó que toda persona debe contar, durante el desarrollo del proceso al que está sujeto, con la asesoría de un profesional del derecho. Esto es, por una persona con capacidad en la materia que pueda defender con conocimiento jurídico y suficiente sus intereses, a fin de que su garantía de seguridad jurídica en el procedimiento penal se vea respetada. Estas justificaciones -esgrimidas para fundar la necesidad de la obligada intervención de un asistente técnico- responden al hecho sustancial de que, para confrontar al poder de la institución acusatoria, se precisa de una persona formada en derecho y en la práctica penal. Resulta preponderante reiterar que el concepto de defensa adecuada no debe confundirse con defensa exitosa sino que basta con que se realicen todas las gestiones jurídicas en estricto apego a Derecho y bajo los principios que establece la ley reglamentaria. En el sistema penal mexicano, la garantía de defensa no se refiere a cualquier tipo de defensa; se trata de una defensa "adecuada", prevista como una garantía de seguridad jurídica a la que está obligado el Estado y que se encuentra prevista en la fracción IX del artículo 20 constitucional. Se trata de una defensa formal que, no obstante, pretende que se realice razonablemente, agotando los recursos jurídicos y éticos. Así, para proteger la citada garantía es necesario que la labor de quien funja como defensor sea efectiva, pues aquella no puede concebirse como un mero requisito formal, sino que debe entenderse en el sentido de permitir una implementación real para tener oportunidades de descargo, que básicamente permitan al imputado una efectiva participación en el proceso. Las consideraciones señaladas dieron origen a la tesis aislada siguiente: Registro digital: 2006152 Instancia: Pleno Décima Época Materias(s): Constitucional Tesis: P. XII/2014 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, página 413 Tipo: Aislada DEFENSA ADECUADA DEL INCULPADO EN UN PROCESO PENAL. SE GARANTIZA CUANDO LA PROPORCIONA UNA PERSONA CON CONOCIMIENTOS TÉCNICOS EN DERECHO, SUFICIENTES PARA ACTUAR DILIGENTEMENTE CON EL FIN DE PROTEGER LAS GARANTÍAS PROCESALES DEL ACUSADO Y EVITAR QUE SUS DERECHOS SE VEAN LESIONADOS. De la interpretación armónica y pro persona del artículo 20, apartado A, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en relación con los diversos 8, numeral 2, incisos d) y e), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14, numeral 3, inciso d), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se concluye que la defensa adecuada dentro de un proceso penal se garantiza cuando la proporciona una persona con conocimientos técnicos en derecho, máxime que de la normativa internacional citada no deriva la posibilidad de que sea efectuada por un tercero que no sea perito en dicha materia y, por el contrario, permite inferir que la defensa que el Estado deba garantizar será lo más adecuada y efectiva posible, lo cual implica un elemento formal, consistente en que el defensor acredite ser perito en derecho, y uno material, relativo a que, además de dicha acreditación, actúe diligentemente con el fin de proteger las garantías procesales del acusado y evitar que sus derechos se vean lesionados, lo que significa, inclusive, que la defensa proporcionada por persona de confianza debe cumplir con estas especificaciones para garantizar que el procesado pueda defenderse adecuadamente. Lo anterior, sin que se llegue al extremo de imponer al juzgador la carga de evaluar los métodos que el defensor emplea para lograr su cometido de representación, toda vez que escapa a la función jurisdiccional el examen sobre si éste efectivamente llevará a cabo la estrategia más afín a los intereses del inculpado, máxime que los órganos jurisdiccionales no pueden constituirse en Juez y parte para revisar la actividad o inactividad del defensor e impulsar el procedimiento, y más aún, para declarar la nulidad de lo actuado sin el debido impulso del defensor." Ahora, el quejoso se duele -en esencia- de que la resolución reclamada resulta ilegal porque el magistrado responsable pasó por alto que el ahora quejoso careció de una defensa técnica adecuada, motivo por el cual "se vio obligado" a desistir del trámite del incidente de reconocimiento de inocencia. En ese sentido, el quejoso aduce que basta observar la videograbación de la audiencia respectiva para apreciar que el defensor público que le fue asignado no contaba con la técnica de litigación penal adecuada para representarlo en dicha audiencia, además de que no expresó argumentos jurídicos en su favor. En esas condiciones, es oportuno tomar en cuenta lo acontecido durante diversas etapas de la audiencia, como a continuación se destaca: [11:09 - 11:29] Antonio Espinoza Sotero, defensor público del ahora quejoso se identificó con cédula profesional 0909451. [16:35] En uso de la voz, el defensor público expresó que "Bajo el principio de objetividad, señoría, se informa que después de analizar en conjunto los datos y registros que fueron recibidos por la Novena Sala en relación al escrito y pruebas ofertados por mi ahora representado, se observó y se desprendió que efectivamente existían catorce pruebas de las cuales doce eran novedosas pues no se habían escuchado en juicio. Se señala lo anterior, en base a lo siguiente, que posterior a tener conocimiento de dichas circunstancias se hace visita de seguimiento a mi representado en el cual se le informa que en el caso en particular se deben cumplir formalidades procesales para efecto de dar cumplimiento a verificar en primer caso la pertinencia de la prueba. En atención al particular si bien es cierto existe un registro de testimoniales que pudieran declarar, lo cierto es que siguiendo las formalidades que establece el código no existe un registro de actos de investigación de entrevista de la testimonial citada en el escrito de mi representado. En atención a esa circunstancia se hizo de conocimiento de mi representado y se le exhortó en su momento que se podía solicitar en cumplimiento al artículo 489, párrafo primero, tiempo para recabar las entrevistas respectivas y hacer los argumentos pertinentes; sin embargo, manifestó al suscrito de forma literal que había solicitado la atención de defensa pública únicamente para cumplir el requisito legal y textualmente señaló que él, mejor que nadie sabía de la carpeta y que él haría los argumentos respectivos. Atendiendo a dicha circunstancia señoría y de acuerdo al principio de objetividad el suscrito y teniendo conocimiento de como funciona y la petición que usted está haciendo en relación al desarrollo de la presente, no tiene argumentos que realizar, sin embargo, con fundamento en el artículo 8 de la Constitución Federal solicito en uso al derecho de petición se le de el uso de la voz a mi representado para efectos de que manifieste lo correspondiente. De antemano se deja el presente registro para efecto de que en su momento no dejar sentada una base de que existió una inadecuada defensa toda vez que se le exhortó el mecanismo legal para efectos de que en su caso se obtuviera un resultado que el pretende en el caso particular. Por parte del suscrito, señoría, sería cuanto." [19:28] El magistrado responsable otorga el uso de la voz al sentenciado para que exponga sobre la idoneidad, pertinencia y lo novedoso de las pruebas que pretende presentar. [38:29] El magistrado responsable interrumpe al sentenciado y le pide dé el uso de la voz al defensor público, ya que es él quien cuenta con la técnica para plantear sus pretensiones respecto al desahogo de la audiencia. Sin embargo, el sentenciado decide continuar con su exposición. [44:20] El magistrado responsable interrumpe nuevamente la exposición del sentenciado para pedirle que permita a su defensor continuar con la argumentación relativa a la idoneidad, pertinencia y lo novedoso de las pruebas que pretende presentar. Sin embargo, el sentenciado continúa con su exposición. [1:09:40] El magistrado responsable interrumpe por tercera ocasión al sentenciado para pedirle que se apoye de su defensor para efecto de que continúe con la exposición respecto a la idoneidad, pertinencia y lo novedoso de las pruebas que pretende presentar. [1:17:28] El sentenciado solicita al magistrado responsable le permita tener comunicación con su defensor para efecto de que lo asesore, pues tiene la intención de desistir del incidente. [1:18:17] El magistrado responsable otorga el uso de la voz al defensor público, quien refirió lo siguiente: "Sí, su señoría, tomando en consideración que no se ha entrado en esencia al debate medular como está planteado en el presente asunto, se solicita por parte del suscrito en atención al derecho de adecuada defensa de mi representado y tomando en consideración sobre todo que listó doce pruebas nuevas en la presente carpeta del toca penal, se solicita el desistimiento de la pretensión para efectos de hacerlo valer en el momento procesal oportuno, esto es, contar con los registros pertinentes tal y como lo señala el artículo 217 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es cuanto." [1:27:00] El magistrado responsable decretó un receso por diez minutos para que el defensor público y el sentenciado tuvieran comunicación entre sí. [1:28:27] Se levanta el receso y en uso de la voz el sentenciado refirió: "Pues sí, ya platicamos y ya vimos cual es la mejor opción porque creo que estoy muy desubicado en lo que conlleva a este reconocimiento de inocencia, estoy muy perdido y ya platiqué con mi defensor y bueno, pues me desisto del incidente para poder plantearlo mejor y poder presentarle ante usted un mejor incidente con lo que corresponde, con lo que conlleva, para poder demostrar fidedignamente mi inocencia.". [1:29:27] El magistrado responsable pregunta al defensor público si asesoró al sentenciado respecto a la decisión de desistir del incidente de reconocimiento de inocencia. [1:29:44] En uso de la voz, el defensor público expresó "Es correcto, Señoría. Se le ha recomendado que se desista de este incidente tomando en consideración que no existen elementos subjetivos suficientes para efecto de que sean motivo de análisis de su parte y en su momento emitir la determinación correspondiente; sin embargo, se desprende que existen indicios de datos de prueba que pueden ser recabados y en su momento aportados para ser analizados en su conjunto." De lo anterior, se aprecia lo siguiente: 1. Antonio Espinoza Sotero, defensor público del ahora quejoso es abogado autorizado para ejercer la profesión de licenciado en derecho, pues lo acreditó con la cédula profesional 0909451. 2. El defensor público refirió que al no haber planteado el incidente de origen, se avocó a analizar en su conjunto los datos y registros que fueron recibidos por la sala responsable en relación al escrito exhibido por el quejoso, así como de las pruebas ofrecidas. 3. Derivado de lo anterior, el defensor público observó que existían catorce pruebas ofrecidas por su representado, de las cuales doce podían ser novedosas, pues no se habían escuchado en juicio. 4. Por ello, posterior a tener conocimiento de dichas circunstancias realizó visita de seguimiento a su representado en la cual le informó sobre las formalidades que debían observarse con relación a verificar, en primer caso, la pertinencia de las pruebas y sugirió al ahora quejoso, solicitar un plazo para recabar los registros relativos a las entrevistas que pretendía desahogar en el incidente de reconocimiento de inocencia, en términos de lo dispuesto en el numeral 489, párrafo primero del Código Nacional de Procedimientos Penales y hecho lo anterior, estar en aptitud de elaborar los planteamientos jurídicos respectivos. 5. Sin embargo, fue decisión del quejoso, en primera instancia, llevar la exposición de las pruebas en el incidente y formular los argumentos tendentes a justificar su reconocimiento de inocencia. 6. Una vez que el sentenciado solicitó al magistrado poder tener comunicación con su defensor, en uso de la voz, la defensa manifestó que en virtud de que no se había llevado a cabo, en lo medular, el debate en el incidente de origen, pedía, atención al derecho de adecuada defensa de su representado, el desistimiento de la pretensión para efectos de hacerlo valer en el momento procesal oportuno, esto es, una vez que contaran con los registros de las doce entrevistas a que hizo referencia su representado en el escrito por el cual planteó incidente de reconocimiento de inocencia. De lo anterior emerge con meridiana claridad, que contrario a lo referido por el quejoso en la demanda de amparo, no fue obligado a desistir del trámite del incidente de origen, pues el magistrado responsable, en respeto al derecho de adecuada defensa, en diversas ocasiones le pidió se apoyara del defensor público para efecto de llevar la exposición relativa a la idoneidad, pertinencia y lo novedoso de las pruebas que pretende presentar; situación que fue ignorada, en principio por el sentenciado incidentista. Además, se advierte que, incluso previo al desahogo de la audiencia en que se emitió la resolución reclamada, el defensor público, al llevar a cabo entrevista de seguimiento con su patrocinado, le sugirió solicitar al magistrado responsable un plazo para poder recabar las entrevistas relacionadas con las testimoniales que pretendía ofrecer como prueba en el incidente de origen, como lo dispone el numeral 217 del Código Nacional de Procedimientos Penales . Además, el defensor público, al momento de exponer los motivos por los cuales consideraba oportuno desistir del trámite de ese incidente, refirió claramente que ello era con la finalidad de volver a plantear dicho incidente de reconocimiento de inocencia, pero una vez que contaran con los registros de las doce entrevistas a que hizo referencia su representado en el escrito por el cual planteó dicha incidencia. De ahí que este juzgado de distrito no advierte, en el actuar del defensor público, un desconocimiento técnico del sistema penal acusatorio y en específico, del desahogo de la audiencia relativa al incidente de reconocimiento de inocencia, mucho menos falta de pericia o habilidad en el manejo de las técnicas de litigación que haya trascendido en la emisión de la resolución reclamada. Lo anterior, pues a juicio de quien resuelve, resulta clara la intención del defensor particular de recabar en forma oportuna, pruebas que puedan ser desahogadas en un ulterior incidente de reconocimiento de inocencia, pero que cumplan con los estándares de idoneidad y pertinencia, así como que sean novedosas, lo cual resulta jurídicamente posible ya que la legislación procesal aplicable no prevé un límite en cuanto a la interposición de dicho incidente; es decir, puede ser interpuesto, tantas veces como el gobernado estime contar con pruebas, que bajo esos parámetros -novedosas, idóneas y pertinentes- demuestren fehacientemente su inocencia. Así, al tenor de lo hasta aquí expuesto, como se dijo, resulta infundado el segundo concepto de violación expresado por la parte quejosa en su demanda de amparo. Por tanto, ante lo infundado de los conceptos de violación, sin que se aprecie queja deficiente que suplir, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal a Amos Benoni Martínez Guzmán, por derecho propio, contra el acto que reclamó del Magistrado adscrito a la Novena Sala Especializada en Materia Penal Oral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo, con sede en esta ciudad, señalado en el considerando tercero, inciso a), de esta sentencia. Negativa del amparo que debe hacerse extensivo al acto de ejecución reclamado del Director del Centro de Reinserción Social de Benito Juárez, Quintana Roo, señalado en el inciso b) del considerando tercero de esta sentencia, toda vez que no se impugna por vicios propios. Ahora, no serán analizados los alegatos hechos valer por la parte quejosa, pues constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas sobre el fundamento de sus pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos Sustenta lo anterior la jurisprudencia siguiente: Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 205449 Instancia: Pleno Octava Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 27/94 Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 80, Agosto de 1994, página 14 Tipo: Jurisprudencia ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos". Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Amos Benoni Martínez Guzmán, por derecho propio, contra los acto que reclamó del Magistrado adscrito a la Novena Sala Especializada en Materia Penal Oral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo y del Director del Centro de Reinserción Social de Benito Juárez, Quintana Roo, ambos con sede en esta ciudad, señalados en el considerando tercero, por los motivos expuestos en el diverso considerando séptimo de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Darío Alejandro Villa Arnaiz, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, ante Osvaldo Hernández Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
::Agréguese a los autos para los efectos a que haya lugar la promoción de cuenta signada por Krisha Nayeli Martínez Pérez Vargas, mediante la cual pretende ofrecer pruebas y formular alegatos; sin embargo, no ha lugar a acordar de conformidad, toda vez que la promovente únicamente se encuentra autorizada para oír y recibir notificaciones en este expediente. Por otra parte, visto el estado de autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que la parte tercero interesada se imponga de las constancias de autos; en consecuencia, la audiencia constitucional señalada para esta fecha se difiere para las once horas con cuarenta minutos del treinta y uno de mayo de dos mil veintidós.
- Principal
I. Informe justificado. Agréguese a los autos la promoción con número de registro 6843, mediante la cual la autoridad responsable Director del Centro Penitenciario en Benito Juárez, Quintana Roo, rinde informe justificado; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, póngase a la vista de las partes, para los efectos legales conducentes y hágase la relación respectiva al celebrarse la audiencia constitucional. II. Pedimento ministerial. Por otro lado, agréguese a los autos para que obre como corresponda el pedimento con número de control interno 6816, signado electrónicamente por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado federal y visto su contenido, téngasele por hechas las manifestaciones ahí vertidas y con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, dese cuenta con el mismo al momento de desahogar la audiencia constitucional. Asimismo, en cuanto a la solicitud de expedir copia certificada de la resolución que se pronuncie en este juicio, dígasele que con apoyo en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, una vez que sea pronunciada la resolución respectiva, se le expedirá copia certificada de la misma. III. Diferimiento de audiencia constitucional. Finalmente, visto el estado que guardan los autos se desprende que aún no se logra el emplazamiento de las terceras interesadas María Reyes Pérez Pérez (parte ofendida) y a quien en vida correspondía al nombre de iniciales Z.G.P. (victima), por conducto de su asesor jurídico adscrito a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Quintana Roo (Edwin Alejandro Ceme Contreras y/o quien la sustituya en sus funciones). En consecuencia, con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, la audiencia constitucional señalada para esta fecha se difiere para las once horas con cuarenta minutos del doce de mayo de dos mil veintidós.
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