Amory Espinosa Coca

Expediente 647/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 10 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
647/2023
Año
2023
Actuaciones
10
Última actuación
12/07/2023

Partes del expediente

  • AMORY ESPINOSA COCA y Otros.
  • Ezequiel Espinosa Coca
  • Amory Espinosa Coca

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, doce de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, con en el que contaban las partes para recurrir la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, así como los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la citada ley de la materia, por disposición de su artículo 2º, se declara que la citada resolución que sobreseyó en el juicio, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. Atento a lo anterior, notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que en virtud de que se sobreseyó en el juicio de amparo, no se encuentra en alguno de los supuestos de relevancia documental, ni cuenta con documentos determinados como información reservada, es susceptible de destrucción, lo que se podrá realizar una vez transcurrido el plazo de conservación de tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Por otro lado, atendiendo a que en el incidente derivado del presente juicio, se negó la suspensión definitiva por todos los actos reclamados; en tal virtud, de conformidad con lo previsto en el artículo 20, fracción III, del Acuerdo antes citado, se determina que el incidente de suspensión derivado del presente expediente, es susceptible de destrucción en un plazo de tres años. De igual forma, se hace notar que éste expediente no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes. En términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán estar digitalizadas de conformidad con el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. De conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación en la carátula del presente expediente, en el sentido de que este asunto es destruible. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las diez horas con veinticinco minutos del veintidós de junio de dos mil veintitrés, hora y día señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional, en el juicio de amparo III-647/2023, promovido por ******************** contra actos que reclama del Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, con sede en esta ciudad y de otras autoridades, estando en audiencia pública Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe, se procede a celebrarla sin la asistencia de las partes. Por tanto, la Jueza declara abierta la audiencia. La Secretaria da lectura de las constancias existentes en autos y da cuenta con los informes justificados rendidos por los Jueces de Control adscritos a los Juzgados Primero y Segundo, ambos de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral del Estado, por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, por el Encargado del Departamento Jurídico de la Policía Estatal de Investigación, Vicefiscal de Investigación y Control de Procesos, por sí, y por suplencia del Fiscal General, y el Fiscal Investigador de la Unidad de Investigación y Litación Periférica 3 del Ministerio Público del Fuero común, y Director de Investigación y Atención Temprana de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, así como por el rendido por el Director de la Policía Municipal, todos con sede en esta ciudad, los cuales ya obran agregados en autos. Seguidamente, la Jueza, acuerda: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tienen por rendidos en tiempo y forma los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, para ser relacionado y tomado en consideración como corresponda. Abierto el período de pruebas, se hace relación del oficio ********************de fecha veintiséis de mayo del año en curso, signado por la Jueza del Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en esta ciudad, al cual adjuntó copias certificadas de las constancias del expedientillo CAT-5/2023, de su índice, así como con las documentales que anexó la parte quejosa a su demanda de amparo. A lo que la Jueza acuerda: con fundamento en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las probanzas de mérito, las cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza, para ser tomadas en consideración como corresponda, y no habiendo pruebas pendientes por desahogar se declara cerrado este período. En el período de alegatos, no se da cuenta con promoción alguna, por lo que se cierra dicha etapa. A continuación, no habiendo diligencias pendientes por desahogar, ni alegato ministerial del Ministerio Público Federal de la adscripción, la Jueza declara visto el expediente y procede a dictar la siguiente resolución. Vistos, para resolver el presente juicio de amparo III-647/2023, promovido por ********************, contra actos que reclama del Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, con sede en esta ciudad y de otras autoridades, por violación a los artículos 1°, 14, 16, y 20 Constitucionales; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. La demanda de amparo fue presentada el veinte de abril de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, y turnada al día siguiente a este Juzgado Tercero de Distrito, en la que ********************, reclamaron de las autoridades señaladas como responsables, Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, con sede en esta ciudad y de otras autoridades, la orden de aprehensión, detención y presentación dictada en su contra, así como la ejecución de la misma, y el cateo ejecutado en el bien inmueble ubicado en la calle 3, entre 24 y 24 letra "A" del fraccionamiento Bugambilias de esta ciudad. SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO. Por auto de veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo; se ordenó dar a la representante social de la Federación adscrita a este Juzgado, la intervención legal que le compete; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; todo lo cual se hizo en sus términos; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, tuvo verificativo este día, al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Esta Juzgadora Federal, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 33, fracción IV, 35, 37, 61, fracción XVIII, inciso b) de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número y jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, modificado por el 8/2013 del propio Pleno del Consejo citado, ya que en la especie los actos reclamados tienen eficacia jurídica dentro de la demarcación territorial en la que esta Juzgadora de Distrito ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Con el objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados que se desprenden del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con el criterio sostenido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XI, abril de 2000, visible en la página 32, que en su rubro señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.". Así como la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Unión, visible en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO.". Así, se estima que el acto que aquí reclama la parte quejosa consiste en: La orden de aprehensión, detención y presentación dictada en su contra, así como la ejecución de la misma, y el cateo ejecutado en el bien inmueble ubicado en la calle 3, entre 24 y 24 letra "A" del fraccionamiento Bugambilias de esta ciudad. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. De la lectura de los informes justificados rendidos por las autoridades señaladas como responsables, se advierte que éstas negaron la existencia del acto que se le reclama, consistente en la orden de aprehensión, detención y presentación, así por cuanto a la orden de cateo reclamada; todo ello, a excepción del último acto por cuanto al Fiscal Investigador de la Unidad de Investigación y Litación Periférica 3 del Ministerio Público del Fuero común y al Juez en turno del Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal, Acusatorio y Oral del Estado, ambos con sede en esta ciudad; lo anterior sin que exista prueba en contrario aportada por la parte quejosa; por ende, procede sobreseer en este juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: .IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional." Apoya lo anterior la jurisprudencia bajo el rubro y texto siguientes siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. " CUARTO.- EXISTENCIA DEL ACTO. El Fiscal Investigador de la Unidad de Investigación y Litación Periférica 3 del Ministerio Público del Fuero Común, al rendir su informe justificado, aceptó el acto consistente en la orden de cateo reclamada por los directos quejosos, pues de su referido informe se aprecia que la citada autoridad, el dieciocho de abril del año en curso, solicitó una orden de cateo respecto de un predio referido en la carpeta de investigación ********************misma que fue otorgada por la Juez en Turno del Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en esta ciudad, dentro del expedientillo número CAT-5/2023. Por su parte, el Juez del Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en esta ciudad, fue omiso en pronunciarse respecto de la existencia o no del acto reclamado consistente en la orden de cateo reclamada por los quejosos; sin embargo, del contenido del informe justificado del Fiscal Investigador de la Unidad de Investigación y Litación Periférica 3 del Ministerio Público del Fuero Común, con sede en esta ciudad, así como de las constancias que remitió el citado Juez con su oficio ********************de fecha veintiséis de mayo del año en curso, se advierte que la citada autoridad investigadora, el dieciocho de abril del año en curso, solicitó una orden de cateo respecto de un predio referido en la carpeta de investigación ********************misma que fue otorgada el dieciocho de abril de dos mil veintitrés, por la Juez en Turno del Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en esta ciudad, dentro del expedientillo número CAT-5/2023. Es por lo anterior, que debe tenerse por cierto el acto reclamado al referido Juez del Juzgado Primero de Control. Tiene aplicación al caso en lo conducente, la tesis consultable en la página 391, Tomo XIV, Julio de 1994, Octava Época, Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo tenor es el siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Tiene aplicación al caso, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página 56, Tomo III, Segunda Parte-1, Enero a Junio de 1989, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ACTO RECLAMADO NEGADO POR AUTORIDADES EJECUTORAS Y ADMITIDO POR LA AUTORIDAD ORDENADORA. DEBE TENERSE POR CIERTO. Si las autoridades ejecutoras en su informe justificado, negaron la existencia del acto reclamado, pero aquellas a quienes se les atribuye haberlo ordenado lo aceptan, indudablemente que las autoridades ejecutoras por razón de jerarquía tienen obligación de darle cumplimiento a tal orden, por lo tanto, debe tenerse como cierto el acto a ellas reclamado". En tales condiciones, se tiene plenamente probada la existencia del acto reclamado a la autoridad responsable, en términos de la jurisprudencia 278, consultable en la página 231, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo anterior se corrobora con las copias certificadas que remitieron en apoyo a su informe justificado y al oficio ********************de fecha veintiséis de mayo del año en curso, las aludidas responsables, a las cuales se les otorga el carácter de documentos públicos de conformidad con el artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, entendiéndose por éstos, aquéllos cuya formación está encomendada por la ley dentro de los límites de su competencia, a un funcionario público investido de fe pública y los expedidos por funcionarios en el ejercicio de sus funciones, la calidad de públicos se demuestra por la existencia regular sobre los documentos de los sellos, firma y otros signos exteriores que, en su caso, provengan de las leyes; en esa virtud, al tener el carácter de documentos públicos se les confiere eficacia demostrativa plena atento a lo dispuesto por los artículos 197 y 202, del Código Procesal invocado. Al respecto tiene aplicación la tesis de jurisprudencia número 226, publicada en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, bajo el rubro y tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena QUINTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. No obstante la certeza del acto reclamado, en el caso resulta innecesario hacer referencia y análisis de los conceptos de violación expuestos en la demanda de amparo por la parte quejosa, así como abordar el estudio de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los mismos, porque se actualiza una causa de improcedencia del juicio de amparo, la cual es de orden público y estudio preferente al fondo del asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia 228, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 186 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS.- La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucional." Este órgano de control constitucional estima que en el caso concerniente al acto reclamado consistente en la orden de cateo de fecha dieciocho de abril de dos mil veintitrés, y su ejecución reclamados del Juez del Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, y del Fiscal Investigador de la Unidad de Investigación y Litación Periférica 3 del Ministerio Público del Fuero Común, se actualiza la causal de improcedencia a que alude la fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: [...] XVI. Contra actos consumados de modo irreparable;" [.] Para la correcta actualización de la causal de improcedencia de mérito, es menester precisar lo que se ha de entender por acto consumado, así, la doctrina y la jurisprudencia señala como actos consumados aquellos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquellos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Sin embargo, para la procedencia del juicio de amparo se deben diferenciar los actos consumados de modo reparable, de aquéllos que lo son de modo irreparable. En efecto, los actos consumados de modo reparable son aquéllos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que su ejecución o consumación puede ser restituida o reparada con el dictado de una sentencia de garantías favorable, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, de ahí, que en éste tipo de actos, sea procedente la vía constitucional. Mientras que los actos consumados de modo irreparable son aquéllos que al realizarse en todos sus efectos y consecuencias, la sentencia de amparo no puede restituirlos ni física ni materialmente al estado en que se encontraban antes de la violación alegada, pues la restitución del acto reclamado ya no es factible en un tiempo y momento distinto. Lo que significa que la naturaleza de los actos consumados para efectos del juicio de amparo debe atender a la reparabilidad física y material de los mismos. Es aplicable a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que establece: "ACTOS CONSUMADOS. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los actos consumados se entienden por la doctrina y la jurisprudencia como aquéllos que han realizado en forma total todos sus efectos, es decir, aquéllos cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Para efectos de la procedencia del juicio de amparo los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos los podemos clasificar en: a) actos consumados de modo reparable y b) actos consumados de modo irreparable. Los primeros son aquéllos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable (artículo 80 de la Ley de Amparo), de ahí el que proceda el juicio de amparo en contra de actos consumados de modo reparable. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas, razón por la cual resulta improcedente el juicio de garantías en términos de la fracción IX del artículo 73 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales. En esta tesitura, para determinar si se está en presencia de un acto consumado de modo reparable o irreparable, se debe de atender a los efectos y consecuencias de su ejecución. Así tenemos que los efectos y consecuencias del acto reclamado ya ejecutado no pueden circunscribirse al tiempo o momento de su ejecución para determinar la procedencia del juicio de amparo, porque llegaríamos al extremo de que cualquier acto por el solo hecho del transcurso del tiempo en su realización, por no retrotraerse éste, es un acto consumado de modo irreparable, cuando la restitución del acto ejecutado es factible aun cuando sea en otro tiempo y momento. Esto resulta así, si consideramos que los actos consumados de modo irreparable hacen improcedente el juicio de amparo porque ni física ni materialmente, puede obtenerse la restitución de los actos reclamados. Lo que significa que la naturaleza de los actos consumados para efectos del juicio de amparo debe atender a la reparabilidad física y material de los mismos, es decir, al hecho de que el gobernado pueda gozar jurídica y nuevamente del derecho que tiene tutelado, y que le fue transgredido, igual que antes de las violaciones cometidas, pero no por cuestiones de tiempo o del momento de su ejecución porque el tiempo no rige la materialización física y restituible de los actos ejecutados (actos consumados)." Así como la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, cuyo rubro y texto es: "ACTOS CONSUMADOS, QUE DEBE ENTENDERSE POR. La fracción IX del artículo 73 de la Ley de Amparo establece que el juicio de garantías es improcedente contra actos consumados de modo irreparable; pero no basta que el acto se consume de manera material para que por ese sólo hecho se tenga como irreparable, ya que sólo tienen ese carácter, de acuerdo con la doctrina y la jurisprudencia, aquellos actos en que físicamente sea imposible que vuelvan las cosas al estado que guardaban antes de la violación; pero no lo son los que, en virtud del amparo, pueden quedar insubsistentes y sin efecto alguno, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la violación." En el caso particular, el acto reclamado mencionado se ha ejecutado de forma irreparable toda vez que de las constancias que remitió el Juez del Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, se advierte que el dieciocho de abril de dos mil veintitrés, en autos de expedientillo CAT-5/2023, se obsequió una orden de cateo en los siguientes términos: ".UN PREDIO URBANO, UBICADO EN LA CALLE 3, ENTRE CALLES 24 Y 24-A DEL FRACCIONAMIENTO BUGAMBILIAS DE ESTA CIUDAD DE MÉRIDA, YUCATÁN, MISMO QUE ES DE UNA SOLA PLANTA, CON EL FRENTE HACIA EL NORTE, MISMO QUE TIENE UNA FACHADA DE APROXIMADAMENTE 10 METROS DE FRENTE. DE IGUAL FORMA, SE APRECIA QUE LA FACHADA ESTÁ PINTADA DE COLORES BLANCO, AZUL Y GRIS, Y QUE LA MISMA, TANTO EN LA PARED ORIENTE, COMO EN LA PARED SUPERIOR DE LA FACHADA EN EL COSTADO PONIENTE, SE ENCUENTRA LA LEYENDA "CARFLEEX" EN COLORES AZUL Y ROJO. SE APRECIA TAMBIÉN QUE EN EL FRENTE TIENE UN LETRERO CAFÉ CON EL NÚMERO "404", TAMBIÉN DICHO PREDIO, CUENTA CON ACCESOS DELIMITADOS POR REJA BLANCA DE HERRERÍA ARTÍSTICA, Y VENTANAS DEL MISMO ESTILO. CUENTA TAMBIÉN CON UNA PALMERA DE TAMAÑO MEDIANO EN MEDIO DEL FRENTE DEL REFERIDO PREDIO. ASÍ MISMO, AL ORIENTE COLINDA CON EL PREDIO 382, Y AL PONIENTE CON E PREDIO 406, Y AL NORTE CON EL PREDIO 380, DEL OTRO LADO DE LA CALLE 3", INCLUYENDO LOS INMUEBLES QUE SE ENCUENTREN DENTRO DEL PREDIO, ASÍ COMO LAS ESTANCIAS, RECAMARAS Y GENERAL TODA LA EXTENSIÓN QUE COMPRENDE DICHO PREDIO." Lo anterior con la finalidad de asegurar cualquier tipo de documento, que pueda considerarse como elemento material usado por los sujetos activos, al momento de realizar la conducta considerada como delito (fraude), o en los que se hayan apoyado para planear, cometer o encubrir dicha conducta; tales como CONTRATOS DE CRÉDITO, RECIBOS DE DINERO, SOLICITUDES DE CRÉDITO, FOLLETOS O TRIPTICOS PUBLICITARIOS; así como también EQUIPOS DE CÓMPUTO, UNIDADES DE ALMACENAMIENTO, que pudieran contener información relevante como investigación. De igual forma, recabar indicios que hagan posible la identificación de los sujetos activos del delito a estudio.." Ahora, de las constancias que obran en autos se advierte la constancia relativa al desahogo de la diligencia de cateo obsequiada, misma que se llevó a cabo el propio dieciocho de abril de dos mil veintitrés, respecto del predio urbano ubicado en la calle tres, entre las calles veinticuatro y veinticuatro letra "A" del Fraccionamiento Bugambilias de esta ciudad, por cuando al inmueble que tiene el número cuatrocientos cuatro, de esta ciudad, misma que dio inicio a las dieciocho horas, y que llevó a cabo el Licenciado en Derecho JOSÉ FERNANDO FRÍAS LARA, Fiscal Investigador del Ministerio Público de la Unidad de Investigación y Litigación Periférica Tres, en compañía de la Licenciada en derecho TERESITA DE JESÚS CHUC PREN Fiscal Investigador del Ministerio Público de la Unidad de Investigación y Litigación Periférica Tres, así como de los peritos criminalistas ALONSO RENÉ HAU CHAN Y RAÚL ALBERTO ABREU GUTIÉRREZ; ambos integrantes del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado así como de los ciudadanos FRANCISCO JESÚS QUEJ AMALFI, HEYDER JESÚS FLORES NOH, PEDRO PABLO RODRÍGUEZ CANUL, JOSÉ RICARDO MEDINA ITZA, MARCO ANTONIO BALAM CABALLERO y que finalizó a las veintiún horas de esa propia fecha, como se advierte del acta circunstanciada levantada para tal efecto. De lo anterior, se estima que el acto que se reclama es considerado un acto consumado de modo irreparable, pues la orden de cateo obsequiada, actualmente se encuentra ejecutada. Por tanto, al haberse ejecutado la dicha medida precautoria el dieciocho de abril pasado, es claro que se actualiza la causal de improcedencia por haberse consumado irreversiblemente el acto de molestia causado a la parte quejosa, dado que está fuera del alcance de los instrumentos jurídicos restituir a los quejosos en el goce de ese derecho; pues de otorgarse la protección constitucional a los peticionarios, la sentencia dictada carecería de efectos prácticos, dado que no sería factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Del análisis antes realizado se desprende de forma manifiesta e indubitable que se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XVI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que con apoyo en el artículo 63, fracción V, de esa misma ley, lo procedente es sobreseer el presente juicio de amparo, por lo que respecta al cateo y su ejecución tachados de inconstitucionales. También se advierte de oficio, que respecto del acto reclamado consistente en la orden de cateo y su ejecución, que apareció probado en autos, imputable al Juez del Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en esta ciudad, sobreviene de modo indudable y manifiesto la diversa causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XII, en relación con el 5º, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, éste último interpretado a contrario sensu, porque se advierte que el referido acto no afecta los intereses jurídicos o legítimos de los quejosos, requisito indispensable para que el referido acto sea examinado en esta vía constitucional. En primer lugar, para demostrar la materialización de dicha hipótesis jurídica es necesario subrayar, que los invocados artículos 61 y 5º de la ley de la materia establecen en las referidas porciones normativas: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación presente al orden jurídico." En segundo lugar, se destaca a título de premisa fáctica, que de la demanda origen del juicio de amparo que ahora se resuelve, se advierte que los quejosos reclama la orden de cateo realizada en el domicilio que aduce ocupa, ubicado en el predio número cuatrocientos cuatro de la calle tres del Fraccionamiento Bugambilias de esta ciudad, pues exhibió como anexo a su demanda, un recibo por duplicado por la cantidad de diecisiete mil quinientos pesos, moneda nacional, en concepto de "deposito por la ocupación del predio" antes referido. De lo anterior, se puede advertir que los quejosos carecen de interés jurídico e interés legítimo para cuestionar en la presente vía de amparo la orden de cateo emitida por la Juez en Turno del Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en esta ciudad, dentro del expedientillo número CAT-5/2023; porque por una parte, no acredita contar con un derecho subjetivo legítimamente tutelado respecto del bien inmueble ubicado en el predio cuatrocientos cuatro de la calle tres entre las calles veinticuatro y veinticuatro letra "A" del fraccionamiento "Bugambilias", en esta ciudad, que hubiere sido vulnerado, ni tampoco su ubicación frente al orden jurídico con motivo de la citada determinación demuestra que hubiere sufrido un daño en alguno de los derechos que le reconoce el artículo 1º de la Ley de Amparo, y que le faculte a reclamar el referido acto. Para demostrar ese aserto se trae a cuenta, que conforme a lo dispuesto en el artículo 5º fracción I, de la Ley de Amparo, la procedencia del juicio de amparo está condicionada a que el acto u omisión que se reclame afecte el interés jurídico o legítimo del quejoso, ya que uno de los principios que rigen la institución del juicio de amparo es el de instancia de parte agraviada, considerándose con ese carácter de agraviado al que aduce ser titular de un derecho subjetivo que ha sido vulnerado o desconocido, o aquél que, no teniendo esa titularidad, resiente una afectación directa o indirecta en alguno de sus derechos fundamentales en virtud de su ubicación frente al ordenamiento jurídico. Por consiguiente, y según lo determinado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho; en tanto que los componentes del interés legítimo, son: a) que exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; sin embargo, esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, que demuestra que los quejosos pertenecen a ella. Lo expuesto tiene apoyo en las tesis de jurisprudencia 2a. XVIII/2013 (10a.) y aislada 2a. LXXX/2013 (10a.), ambas de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "INTERÉS LEGÍTIMO. ALCANCE DE ESTE CONCEPTO EN EL JUICIO DE AMPARO. La redacción de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, dispone qué debe entenderse por parte agraviada para efectos del juicio de amparo, y señala que tendrá tal carácter quien al acudir a este medio de control cumpla con las siguientes condiciones: 1) aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; 2) alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la propia Constitución; 3) demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; y, 4) tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, aduzca la titularidad de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Ahora, para explicar el alcance del concepto "interés legítimo individual o colectivo", ante todo, debe señalarse que tanto el jurídico como el legítimo suponen que existe una tutela jurídica del interés en que se apoya la pretensión del promovente, a diferencia del interés simple que no cuenta con esa tutela, en tanto que la ley o acto que reclama no le causa agravio jurídico, aunque le cause alguno de diversa naturaleza como puede ser, por ejemplo, uno meramente económico. Por otra parte, debe entenderse que al referirse el precepto constitucional a la afectación de un derecho, hace alusión a un derecho subjetivo del que es titular el agraviado, lo cual se confirma con la idea de que en materia de actos de tribunales necesariamente se requiere que cuente con un derecho subjetivo, es decir, tenga interés jurídico. Sentado lo anterior, el interés legítimo no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su "especial situación frente al orden jurídico", lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo que supone la demostración de que el quejoso pertenece a ella." "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." Criterios interpretativos que clarifican que en tratándose de interés jurídico, el agravio debe ser personal y directo y debe recaer en un derecho subjetivo legítimamente tutelado; en cambio, para el legítimo, no se requiere dicha exigencia, pues la afectación a la esfera jurídica puede ser directa o indirecta en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico y recaer en la esfera jurídica de aquél, lo que significa que aunque el acto de autoridad no esté específicamente dirigido a la parte quejosa, éste le produce de modo reflejo una afectación o daño en su esfera jurídica; salvo los actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en los que continúa exigiéndose que el quejoso acredite ser titular de un derecho subjetivo (interés jurídico) que se afecte de manera personal y directa, como incluso lo sostiene la tesis de jurisprudencia XXVII.1o.(VIII Región) J/4 (10a.), que establece: "INTERÉS JURÍDICO O INTERÉS LEGÍTIMO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. REQUISITOS PARA ACREDITARLO A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, CONSTITUCIONAL DE 6 DE JUNIO DE 2011. Del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto vigente a partir de la entrada en vigor de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de 6 de junio de 2011, se advierte que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo. Luego, a partir de la indicada reforma, como requisito de procedencia del amparo se requiere que: a) El quejoso acredite tener interés jurídico o interés legítimo y, b) Ese interés se vea agraviado. Así, tratándose del interés jurídico, el agravio debe ser personal y directo; en cambio, para el legítimo no se requieren dichas exigencias, pues la afectación a la esfera jurídica puede ser directa o en virtud de la especial situación del gobernado frente al orden jurídico (indirecta) y, además, provenir de un interés individual o colectivo. Lo anterior, salvo los actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, en los que continúa exigiéndose que el quejoso acredite ser titular de un derecho subjetivo (interés jurídico) que se afecte de manera personal y directa." Bajo esa óptica, el examen de las premisas señaladas conduce a considerar, que respecto al acto reclamado consistente en la orden de cateo emitida el dieciocho de abril del año en curso, por la Juez en Turno del Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en esta ciudad, dentro del expedientillo número CAT-5/2023, se actualiza de modo indudable y manifiesto la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5º, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido opuesto; porque la parte quejosa no acreditó hasta la fecha en que se celebró la audiencia constitucional, contar con interés jurídico o con interés legítimo que le faculte a combatir el referido acto en la presente acción de amparo. Consideración que se basa, en que los accionantes no exhibieron documento alguno con los que acreditaran que ostentan la propiedad sobre el inmueble antes referido y motivo del cateo, lo que resultaba necesario dada su naturaleza de derecho real tutelado por el artículo 16 constitucional; tampoco aportó alguna testimonial, documental o prueba diversa con la que justificara que ostenta la posesión del indicado bien raíz bajo alguna de las formas originaria o derivada que prevé la legislación civil; lo que conduce a colegir, que no acreditaron la titularidad de alguno de tales derechos subjetivos que los facultara a reclamar en la vía constitucional su vulneración o desconocimiento por parte de la autoridad responsable, resultando así que no probó el interés jurídico que le asiste para provocar el examen de la medida cautelar que se reclama. Tampoco acreditó la parte quejosa contar con interés legítimo para acudir a la presente acción de amparo, porque sin perjuicio de que en este supuesto no está obligada a demostrar la titularidad de algún derecho subjetivo legítimamente tutelado, cierto es que debía acreditar por qué dada su ubicación frente al ordenamiento jurídico sufre con motivo de la orden de cateo reclamada una afectación o daño de manera directa o indirecta en su esfera jurídica que la legitime a demandar el cese o resarcimiento de dicha afectación. Aseveración ésta que obedece, a que el recibo por duplicado exhibido por los quejosos, por la cantidad de diecisiete mil quinientos pesos, moneda nacional, en concepto de "deposito por la ocupación del predio" motivo del cateo y que adjuntaron los promoventes a su demanda de amparo, no es idónea para los fines señalados, ya que dicho documento no es apto para tener por acreditada la propiedad o legítima posesión del inmueble, pues no puede equipararse dicho documento a un contrato de arrendamiento, que legitime la causa de su posesión. Aunado a lo anterior, debe decirse que dicha documental es de naturaleza privada, es decir, suscrito entre particulares; por tanto, para que los hechos que constan en un documento de esas características puedan tener fecha cierta, se requiere que éste se inscriba en el Registro Público de la Propiedad, se presente ante un fedatario público o muera cualquiera de los firmantes; dichas hipótesis tienen en común la misma consecuencia que es dar certeza a la materialidad del acto contenido en el instrumento privado a través de su fecha, para tener una precisión o un conocimiento indudable de que existió, con lo que se evita la realización de actos fraudulentos o dolosos, como sería que se asentara una fecha falsa. Sirve de apoyo a la consideración anterior, la jurisprudencia I.4o.C. J/20, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1279, del tomo XXI, Mayo de 2005, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, compilada bajo el Registro número 178462, cuyo rubro y texto dice: "DOCUMENTOS PRIVADOS DE FECHA CIERTA. Es verdad que conforme a lo dispuesto por el artículo 2034, fracción III del Código Civil, y las tesis de jurisprudencia emitidas, respectivamente, por la otrora Tercera Sala y la actual Primera Sala, ambas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubros son: "DOCUMENTOS PRIVADOS, FECHA CIERTA DE LOS." e "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, INEFICACIA DEL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE FECHA INCIERTA, PARA ACREDITARLO.", los hechos que hacen cierta la fecha en un documento privado, son: la inscripción en el Registro Público de la Propiedad; la entrega del documento a un funcionario público en razón de su oficio, y la muerte de cualquiera de los que lo firmen. Sin embargo, la circunstancia de que el documento privado en sí no tenga alguna de esas características, no veda a quien lo exhibe de su derecho para acreditar, por cualquier otro medio, su certeza; pero esos hechos que se invoquen y demuestren deben ser tales, que de ello surja como consecuencia necesaria la existencia del documento al tiempo en que se verificaron, es decir, deben ser capaces de eliminar la posibilidad de que sea de una fecha diversa." Sin embargo, como ya se señaló anteriormente, el recibo de pago exhibido, no puede hacer las veces de contrato de compraventa, y por ende, no es apto para acreditar ni siquiera de forma indiciaria el interés de la parte quejosa para acudir al presente juicio en defensa de la propiedad que aduce del inmueble antes referido. En esa lógica de pensamiento, al desprenderse de autos que los peticionarios de amparo no acreditaron la afectación a su interés jurídico o legítimo que la faculten para acudir a la acción constitucional de amparo, ello actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5º, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, este último interpretado en sentido opuesto; por lo que con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la ley de la misma ley de la materia, se sobresee en el juicio tocante al acto reclamado consistente en la orden de cateo y su ejecución. Al resultar improcedente la acción de amparo y ante el sobreseimiento decretado, este Juzgador Federal se encuentra legalmente impedido para estudiar los conceptos de violación, pues el sentido de este fallo imposibilita el análisis de las cuestiones del fondo del asunto. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 1027, visible en la página setecientos siete del tomo VI, materia común, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación mil novecientos diecisiete mil novecientos noventa y cinco, del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. La resolución en que se decreta el sobreseimiento en el juicio, constituye un acto procesal que termina la instancia por cuestiones ajenas al aspecto de fondo planteado. Así, no causa agravio la sentencia que no se ocupa de examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que tal cuestión constituye el problema de fondo planteado." Por lo expuesto y considerado y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, S E R E S U E L V E : ÚNICO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ******************** contra los actos que reclamó del Juez Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, con sede en esta ciudad y de otras autoridades, por los motivos expuestos en el tercer y quinto considerando de esta resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado, con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos el oficio 3738/2023, de fecha veintiséis de mayo del año en curso, signado por la Jueza del Juzgado Primero de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en esta ciudad, y anexo que adjunta, mediante el cual cumple con el requerimiento realizado en proveído de veintitrés de mayo del año en curso, en el sentido de remitir las copias certificadas de la totalidad de las constancias del expedientillo CAT-5/2023, de su índice. En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 117 en relación con el 119, ambos de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por el término de tres días, contado a partir de la notificación del presente proveído, a efecto de que manifiesten lo que su interés convenga, y relaciónense al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, treinta de mayo de dos mil veintitrés. Visto lo informado por la Secretaria en la cuenta que antecede, en el sentido de que se encuentra transcurriendo el término de tres días, concedido a la autoridad responsable Juez del Juzgado Primero de control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en esta ciudad, en auto de veintitrés de mayo del año en curso, para que remita a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, las copias certificadas de la totalidad de las constancias del expedientillo CAT-5/2023, de su índice. Por tanto, es dable diferir la audiencia constitucional señalada para tener verificativo el día de hoy y se fija como nueva hora y fecha para su celebración las DIEZ HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

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