Amira Cruz Hernandez

Expediente 83/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 7 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
83/2018
Año
2018
Actuaciones
7
Última actuación
08/02/2019

Partes del expediente

  • Amira Cruz Hernandez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Ciudad de México, ocho de febrero de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98, en relación con el diverso numeral 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que a la fecha se haya interpuesto recurso de queja en contra del proveído de veinticinco de enero de dos mil diecinueve (fojas 127 a 132), dictado en el juicio de amparo en que se actúa. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y toda vez que el expediente en que se actúa se encuentra debidamente integrado, con fundamento en el artículo 214, de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Asimismo, conforme al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos relativos a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diciembre de dos mil doce, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el punto Vigésimo Primero, fracción I, del mencionado Acuerdo General Conjunto, pues se trata de un sumario constitucional en el que se desechó la demanda de amparo 83/2018, y a consideración del suscrito, carece de relevancia documental para su conservación, ya que no se ubica en alguna de las hipótesis previstas en el último párrafo del punto y Acuerdo General Conjunto invocados; en consecuencia, procédase a su cumplimiento, una vez que haya trascurrido el plazo de cinco años a que se refiere el punto Vigésimo Primero, párrafo primero, del referido Acuerdo. Por otra parte, con apoyo en el punto Décimo Primero, último párrafo, del referido Acuerdo General Conjunto, en su caso, hágase del conocimiento de la promovente que deberá acudir al local que ocupa este Juzgado Federal con identificación oficial vigente dentro del plazo de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, a recoger los documentos que obran en autos, apercibida que de ser omisa, serán destruidos junto con el sumario constitucional en que se actúa, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto en mención. Atento lo ordenado en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del referido acuerdo, háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente en que se actúa. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Por lista Ministerio Público Federal Por lista

  2. Principal

    Ciudad de México, veinticinco de enero de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el oficio de cuenta procedente del Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, mediante el cual remite el original del exhorto librado por este juzgado, debidamente diligenciado. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Háganse las anotaciones correspondientes y dese de baja el exhorto de mérito. En otro tenor, visto el estado procesal que guardan los autos, se procede al análisis de las constancias que obran, de las que se advierte que mediante auto de nueve de noviembre de dos mil dieciocho (folios 14 a 19) este juzgado tuvo por recibido el escrito inicial de demanda de amparo promovido por *********** y previno a la promovente a efecto de que subsanara diversas irregularidades de su ocurso inicial y en virtud de que el domicilio que señaló se encuentra fuera de la jurisdicción de este juzgado federal, ordenó notificarle vía exhorto y le requirió para que dentro del plazo de tres días señalara domicilio en esta ciudad; asimismo, se requirió a la Administración Postal de Correos de México en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, informara la fecha de recepción de la demanda de amparo promovida por la referida quejosa; requerimiento que se tuvo por desahogado en proveído de cinco de diciembre de dos mil dieciocho (folio 46) en el que informó que el veinte de septiembre de dos mil dieciocho recibió la pieza postal número RM059661936MX (folios 41 a 45) la cual corresponde a la demanda de amparo promovida por ***********. Asimismo, en esta fecha se tiene por recibido el exhorto librado por este juzgado auxiliar debidamente diligenciado, por lo que, vista la certificación de cuenta y el estado procesal de los autos, se hace efectivo el apercibimiento decretado y, con fundamento en la fracción III, inciso a), del artículo 27 de la Ley de Amparo, se ordena realizar la notificación de este proveído y las subsecuentes, aún las de carácter personal, por medio de lista que se publique en este juzgado; situación que prevalecerá hasta en tanto señale domicilio en la Ciudad de México. De igual forma, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de nueve de noviembre de dos mil dieciocho y se atiende a la literalidad del capítulo de actos reclamados y autoridades responsables de la demanda de amparo. Establecido lo anterior, del análisis integral de la demanda de amparo y documentos anexos, se tiene como autoridad responsable y acto reclamado, los siguientes: Autoridad responsable Acto reclamado Secretario de Educación Pública. La emisión de la orden de presentar y aprobar evaluación conforme a la Ley General del Servicio Profesional Docente. Desechamiento El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En relación con ello, lo manifiesto se presenta cuando el motivo de improcedencia se desprende en forma patente y clara de la lectura de la demanda de amparo y de los documentos que a ésta se anexen. Asimismo, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. En ese sentido, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Bajo esas circunstancias, quien resuelve advierte que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en atención a lo siguiente: A efecto de analizar la causa de improcedencia prevista, debe acudirse a su contenido, el cual señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;" El precepto establece la improcedencia del juicio de amparo contra normas generales o actos consentidos tácitamente, definidos como aquéllos contra los que no se promueva amparo dentro de los plazos enunciados en el numeral 17 de la ley de la materia. Dentro del segundo párrafo, se precisa que no se considera consentida una norma general autoaplicativa, sino sólo si no se promueve juicio de amparo contra el primer acto de aplicación en perjuicio. Asimismo, se prevé la opción de promover recurso o medio de defensa que pueda modificar, revocar o nulificar contra un acto de aplicación o juicio de amparo si se considera la norma general ahí aplicada inconstitucional. Se aclara que se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Finalmente, se dispone que si en contra de la resolución referida procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento. A diferencia del consentimiento expreso, para el ahora analizado no sirve de referencia el Código Civil, pues dentro de la teoría de amparo el consentimiento tácito implica la no presentación del medio extraordinario de defensa dentro del plazo establecido en la ley. El consentimiento como causa de improcedencia busca cumplir el principio de seguridad jurídica y evitar que la parte quejosa haga uso del juicio de amparo para desconocer y sustraerse ilegítimamente de su conducta externada de manera libre y espontánea, que patentiza su conformidad con los efectos del acto o norma general reclamada, por no presentar la acción de amparo dentro de los plazos previstos en la ley. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde la séptima época identificó los elementos que deben concurrir para que exista consentimiento del acto o norma reclamados. El criterio referido, tiene el registro 232527 y es de rubro y texto siguiente: "ACTO CONSENTIDO. CONDICIONES PARA QUE SE LE TENGA POR TAL. La H. Segunda Sala de este Alto Tribunal ha sustentado el criterio que este Pleno hace suyo, en el sentido de que para que se consienta un acto de autoridad, expresa o tácitamente, se requiere que ese acto exista, que agravie al quejoso y que éste haya tenido conocimiento de él sin haber deducido dentro del término legal la acción constitucional, o que se haya conformado con el mismo, o lo haya admitido por manifestaciones de voluntad." Tales requisitos son los siguientes: El primer requisito consiste en la existencia del acto o norma general reclamados. Al respecto, su existencia es necesaria, ya que no puede manifestarse la conformidad o consentimiento de un acto que no se conoce y que, por tanto, no se hayan ponderado los beneficios o perjuicios que puedan derivar de eso, así como los fundamentos y motivos expresados en el acto de autoridad. Al respecto, sirve de apoyo la tesis P. LXXVI/97 con número de registro 198696 y rubro: "ACTO CONSENTIDO, NO PUEDE TENERSE COMO TAL AQUEL QUE ES INEXISTENTE AL MOMENTO DE PRODUCIRSE LA CONFORMIDAD DEL QUEJOSO CON SU FUTURA EMISIÓN." El segundo requisito consiste en que el acto norma reclamados causen un agravio en la esfera jurídica del gobernado. Lo anterior, dado que aun y cuando existiera el acto norma y el quejoso estuviera conforme con aquéllos, ninguna relevancia tendría para la promoción del amparo que, desde luego, no sería intentado. Resultan aplicables, las jurisprudencias 2a./J. 104/2005, 2a./J. 67/99 y la tesis aislada 2a. XX/96, de la Segunda Sala de la Corte, con registros 177273, 193720 y 200624 y de rubros: "ISSSTELEÓN. LA DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA POR LOS TRABAJADORES VARONES, RECLAMANDO LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO SEXTO TRANSITORIO DE LA LEY QUE LO REGULA, REFORMADO MEDIANTE DECRETO 241, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL EL 24 DE DICIEMBRE DE 1993, DEBE PRESENTARSE EN EL PLAZO DE 15 DÍAS, CONFORME AL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE LA MATERIA, CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN." "AMPARO CONTRA LEYES CON MOTIVO DEL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN. SI ÉSTE NO CAUSA PERJUICIO AL QUEJOSO, DEBE SOBRESEERSE POR LA LEY, SIN QUE ELLO IMPIDA AL PROMOVENTE IMPUGNARLA EN LA OPORTUNIDAD EN QUE SE APLIQUE EN SU PERJUICIO." "AMPARO CONTRA LEYES. PRESUPUESTOS PARA QUE OPERE EL CONSENTIMIENTO TÁCITO." Que la parte quejosa haya tenido conocimiento de él sin haber presentado dentro del término legal la acción constitucional. Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizó diversas porciones normativas de la anterior Ley de Amparo relativas al consentimiento tácito como causa de improcedencia, además ya se pronunció en otros asuntos respecto a la ley vigente. En los casos conocidos por el Alto Tribunal se decidió en relación: a) momento que debe contarse el plazo para la presentación de la demanda de amparo, b) procedencia del amparo respecto de normas autoaplicativas y heteroaplicativas así como su oportunidad para impugnarlas y c) opción de impugnar la primera aplicación de una norma general por medio de amparo o por un recurso o medio de defensa que pueda modificarlo, revocarlo o nulificarlo. El criterio marcado con el inciso a) es el que interesa por lo que se desarrollará a continuación. Momento en que debe empezar a contarse el plazo para la presentación de la demanda a efecto de determinar si existe consentimiento tácito. Como se mencionó, la demanda de amparo debe presentarse dentro de los plazos establecidos en la ley, al respecto, el Pleno del Alto Tribunal al resolver la contradicción de tesis 57/2008, analizó cuándo inicia el cómputo para la promoción del juicio de amparo e interpretó el artículo 21 de la Ley de Amparo abrogada (que es parecido al 18 de la vigente) y sostuvo que en ese momento debía contarse a partir del día siguiente a aquél en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis, a saber: que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclama; a aquél en que haya tenido conocimiento; o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Señaló que esos plazos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno. En el caso analizado, precisó que si el quejoso conoció el contenido del acto reclamado íntegramente con anterioridad a la fecha en que la autoridad responsable se lo notificó, entonces el cómputo de los quince días debía realizarse a partir del primero, sin importar el medio por el cual lo conoció. El criterio dio origen a la jurisprudencia P./J. 115/2010, con registro 163172 y rubro: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ." Anteriormente al pronunciamiento relativo a la exclusión de los plazos, el Pleno sostuvo un criterio similar y determinó que la confesión expresa del quejoso contenida en la demanda sobre el conocimiento del procedimiento que motivó el acto reclamado, constituía prueba plena de ese hecho. Ese razonamiento se asentó en la jurisprudencia P./J. 27/96, de registro 200094 y rubro: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA INTERPONERLA (ARTÍCULO 22, FRACCION III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESIÓN EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVÓ EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO." Una vez expuesta las anteriores consideraciones, procede analizar si el acto reclamado fue consentido tácitamente por la parte quejosa. En el caso concreto, la quejosa promovió juicio de amparo contra la emisión de la orden de presentar y aprobar la evaluación conforme a la Ley General del Servicio Profesional Docente, acto que, bajo protesta de decir verdad, conoció el veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho (folio 9). En ese sentido, de conformidad con lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación la referencia para iniciar el cómputo respectivo la constituye el momento en el cual el quejoso tiene noticia del acto reclamado, de su aplicación o de su ejecución. De ahí que si la parte quejosa en su demanda de amparo señaló que tuvo conocimiento del acto reclamado el veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho, el plazo de quince días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo transcurrió de la siguiente manera: Agosto 2018 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Septiembre 2018 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 330 3 4 5 6 7 8 9 Fecha de conocimiento (foja 09). Días inhábiles, en términos de los artículos 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación ( uno, dos, ocho, nueve, catorce, quince y dieciséis de septiembre de dos mil dieciocho). Días del plazo. Presentación de la demanda (foja 42). En ese orden de ideas, si la demanda de amparo se presentó mediante correo en la Administración Postal de Correos de México en Cintalapa de Figueroa, Chiapas el veinte de septiembre de dos mil dieciocho, a la cual le correspondió la pieza postal número RM059661936MX, según se advierte del oficio número 064/2018 de cuatro de diciembre del año en curso, signado por el encargado de esa Administración Postal, debe concluirse que la presentación de la demanda de amparo es extemporánea. A mayor abundamiento, es preciso recordar que las hipótesis descritas en el artículo 18 de la Ley de Amparo, relativas al momento a partir del cual comienzan a correr los plazos para la promoción del juicio constitucional, son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno. Por tanto, aunque conforme a la primera de dichas hipótesis el plazo debe comenzar a correr desde el día siguiente al en que surte efectos la notificación del acto reclamado, la mecánica del surtimiento de efectos no es aplicable a las dos hipótesis restantes que prevé el artículo 18 de la Ley de Amparo, ya que dicho precepto es categórico y dispone que cuando el quejoso tenga conocimiento del acto o de su ejecución, o se ostente sabedor del mismo, el plazo comenzará a transcurrir a partir del día siguiente al acaecimiento de dichos sucesos, sin que en estas últimas dos hipótesis aplique la mecánica del surtimiento de efectos, como acontece en el caso concreto. Por los motivos expuestos anteriormente, y al actualizarse de manera manifiesta e indudable el motivo de improcedencia consignado en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, quien resuelve determina desechar la demanda de amparo. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Por lista Ministerio Público Federal Por lista Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas Por oficio

  3. Principal

    Ciudad de México, veinte de diciembre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio que remite el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, por medio del cual informa que toda vez que el Juzgado del Ramo Civil de Primera Instancia, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, no diligenció el despacho 314/2018, orden 428/2018, en los términos establecidos en la Ley de Amparo, solicitó nuevamente su diligenciación. De lo anterior se toma conocimiento. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Lista Autoridad responsable Lista Tercero interesado No existe Ministerio Público Federal Lista

  4. Principal

    Ciudad de México, cinco de diciembre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos la copia certificada del auto de cinco de diciembre de dos mil dieciocho, dictado en el juicio de amparo 80/2018 del índice de este juzgado, anexo al cual se acompaña la diversa promoción registrada con el número de correspondencia 9330, en la que el encargado de la Administración Postal de Correos de México en Cintalapa de Figueroa, Chiapas desahoga el requerimiento formulado en autos; en consecuencia se dejan sin efectos los apercibimientos de autos. Notifíquese. Parte Tipo de notificación Quejosa Por Lista Ministerio Público Federal Por Lista Autoridad responsable Por lista Tercero interesado No existe Administración Postal de Correos de México en Cintalapa de Figueroa, Chiapas. Por oficio

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