Amira Concepcion Solis
Expediente 201/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 201/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 01/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Amira Concepcion Solis
Actuaciones
- Principal
MESA II.- Agréguese el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que fue admitido el recurso de inconformidad interpuesto contra del acuerdo de treinta de noviembre de dos mil veinte, dictado en los presentes autos, formándose el toca 3/2021.
- Principal
MESA III.- Mérida, Yucatán, diez de febrero de dos mil veintiuno. Promoción. Se tiene por recibida la demanda de amparo, promovida por ***, contra actos del Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán y otra autoridad, ingresada en línea y recibida en la oficialía de partes de este Juzgado de Distrito el día de ayer, con anexos. Radicación Con el original de la demanda, fórmese expediente, regístrese en el Libro de Gobierno bajo el número 201/2021-III y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora, previo a estar en aptitud de pronunciarse sobre la admisión, prevención, desechamiento o incompetencia de la demanda de amparo, es menester puntualizar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 19, publicada en la página 17, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, con el rubro: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS", ha sustentado el criterio que el libelo de amparo debe considerarse un todo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable que haga improcedente el juicio, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. En este tenor, es claro que el órgano de control constitucional puede desechar la demanda, cuando de su contexto, se adviertan los siguientes elementos: a) Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; b) Que ese motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, y c) Que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Entendiéndose por tales extremos, que el motivo es patente y absolutamente claro del contexto de la demanda; y, que se tiene la certeza plena de que esa circunstancia que motivó la improcedencia no puede variar en modo alguno, durante la secuela del juicio. Al caso es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa Del Primer Circuito, publicada en la página 890, del tomo VII, mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta (registro 196196), que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTAE INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Improcedencia de la demanda de amparo. Así, en el caso, la suscrita juzgadora federal estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 5°, ambos de la Ley de Amparo, así como el diverso 107 fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El primero de los numerales prevé una causa genérica de improcedencia del juicio de amparo, que bien pueden derivar de la Constitución Federal o de la propia Ley de Amparo. Por su parte, el artículo 5° de la Ley de Amparo prevé que el amparo únicamente puede promoverse por la parte que aduzca ser titular de un derecho subjetivo o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de ese ordenamiento y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por su parte, el artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, dice que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esa Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. De esos preceptos se desprende que uno de los principios que rige el juicio de amparo es el de instancia de parte agraviada, que consiste en que el procedimiento constitucional se seguirá únicamente a instancia de la parte a quien le perjudique o le cause agravio el acto o ley que reclame y puede seguirse únicamente por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado, por sí, por su representante legal, por su apoderado o por cualquier otra persona en los casos previstos en la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, para cumplir el citado principio y como una de las formalidades indispensables para la procedencia del juicio de amparo es necesario que la demanda de amparo contenga la firma autógrafa o electrónica de quien promueve o bien de quien promueva a nombre de una diversa persona, al constituir el signo gráfico o criptográfico con el que externa la voluntad de instar la vía del amparo, de conformidad con el artículo 3 de la ley de la materia, en relación con los ordinales 2°, fracción XVI, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 y 41, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. En el presente asunto, del análisis de la demanda de amparo que nos ocupa, se desprende que la misma fue enviada a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y remitida a este Órgano Jurisdiccional, por lo que debe contar con la evidencia criptográfica respectiva; sin embargo, no fue firmada electrónicamente mediante el uso de la FIREL e.firma por la parte promovente, pues en la evidencia criptográfica aparece el nombre de Yibram Gustavo Borges Solís; por consiguiente, tal situación se considera como la ausencia de manifestación de voluntad del quejoso de instar el juicio constitucional, lo que hace improcedente el mismo, ya que tal deficiencia (falta de firma electrónica) no puede subsanarse mediante prevención, pues no es una de las irregularidades descritas en el numeral 114 de la precitada ley en la materia, tampoco se trata de la omisión de alguno de los requisitos referidos en el artículo 108 de la Ley de Amparo, sino del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, 26 de abril de 2019, Décima Época, Registro: 2019715, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida." Además, los actos reclamados en el presente juicio, no se encuentran en alguna de las hipótesis contenidas en el artículo 15 de la Ley de Amparo, en cuyo caso sería innecesaria la firma autógrafa o electrónica. En efecto, si bien de conformidad con los artículos 42, 43 y 44 del referido ACUERDO General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, cuenta con una opción para presentar demandas de amparo electrónicas en los que se señalen como reclamados actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo, lo cierto es que en el caso, de la lectura integral de la demanda de amparo, no se aprecia que los actos reclamados encuadren en dichos supuestos, esto es, no se trata de un caso urgente, que amerite su tramitación de esa manera. No pasa inadvertido que de la lectura integral de la demanda, se advierte en copia una firma autógrafa y en la evidencia criptográfica el nombre de Yibram Gustavo Borges Solís; sin embargo, como se expuso, resulta necesaria la firma electrónica de la promovente por cuanto es un requisito para la procedencia del juicio de amparo, el que, como se indicó, fue ingresado en línea. Desechamiento de demanda. En las relatadas circunstancias, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 5° de la Ley de Amparo, procede DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de la materia. Apoya al anterior razonamiento la jurisprudencia número XVII.2º.J/11, del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, localizable en la página 648, del Tomo IX, Enero de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA, ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado: debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que este debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Sin que lo anterior implique una negativa de acceso a la justicia para la quejosa en términos del artículo 17 Constitucional, puesto que el desechamiento de la demanda obedece a la ausencia de un requisitos de procedibilidad como lo es la expresión de la voluntad de la promovente, la cual puede subsanarse en cualquier momento mediante la presentación de una nueva demanda de amparo subsanando esa irregularidad, incluso con su firma autógrafa en caso de no contar con la firma electrónica. Domicilio y autorizados. Téngase como domicilio de la parte promovente, el que señala en su escrito de demanda; y como su autorizado a Yibram Gustavo Borges Solís, con las limitaciones a que se refiere el segundo párrafo del artículo 12 dela Ley de Amparo, esto es, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos; en virtud de que la presente demanda versa en materia administrativa, y no acreditó encontrarse legalmente autorizado para ejercer la profesión de Licenciado en Derecho, al no estar registrada su cédula profesional en el Sistema Computacional para el Registro Único de Profesionales del Derecho del Consejo de la Judicatura Federal; lo anterior hasta que acredite la inscripción de su cédula profesional en el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales de la Federación. Medios electrónicos. Por otra parte, respecto de la solicitud de que se faculte a la persona autorizada en el presente juicio el uso de cámaras, grabadoras o lectores ópticos para la reproducción electrónica de las actuaciones judiciales que emanen del presente asunto; al respecto se acuerda: tomando en consideración que a partir de la expedición de la Ley de Amparo vigente, el legislador incluyó en el trámite del juicio de garantías, la utilización de los avances de la ciencia, es decir, que el trámite del juicio de amparo podrá hacerse vía electrónica, lo que denota la apertura a las innovaciones tecnológicas, aunado a que las partes y sus autorizados tienen derecho a que se les expidan las copias que soliciten, y en aras de una administración pronta y expedita de la justicia en términos del artículo 17 constitucional, este Tribunal Federal no tiene inconveniente alguno de que la parte promovente y la persona autorizada en el presente juicio, obtengan la reproducción de actuaciones judiciales que obren en el expediente, mediante el uso de cámaras, grabadoras o lectores ópticos para la reproducción electrónica, ante la presencia del secretario a cuyo cargo se encuentra el trámite de este asunto. Apoya a lo anterior, la tesis aislada sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página 2847, Tomo XXIX, Marzo de 2009. Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Con apoyo en el numeral 21 de la Ley de la materia, habilítese al actuario de la adscripción para que incluso en días y horas inhábiles realice las diligencias de notificación inherentes a este asunto. Por otro lado, el acuerdo 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal determinó el inicio de labores con la permanencia de medidas para evitar el contagio del virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad denominada coronavirus (COVID-19); por ese motivo, se exhorta a la parte promovente: a) A que obtenga su firma electrónica FIREL; se registre como usuarios de los servicios en línea del Poder Judicial de la Federación; solicite a este órgano jurisdiccional el acceso a este expediente y la práctica de notificaciones de manera electrónica y, en la medida de lo posible, realice todas sus promociones por esa vía. b) A que en su primera comparecencia luego de este acuerdo, proporcione los datos que considere necesarios para facilitar la comunicación con el órgano jurisdiccional, tales como correos electrónicos, números telefónicos fijos o móviles y el uso de aplicaciones de mensajería instantánea; pues ante los retos que se presentan al levantar la suspensión de labores mientras todavía se encuentran vigentes medidas restrictivas para evitar la propagación del COVID-19, ha sido la postura de este Poder Judicial de la Federación, lograr una pronta y adecuada impartición de justicia, lo que implica mejorar el flujo de comunicación entre las partes y los órganos jurisdiccionales que conozcan de sus asuntos. c) A tener en cuenta que, conforme al acuerdo 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el acceso al órgano jurisdiccional para la revisión de expedientes o la práctica de diligencias presenciales se encuentra restringido; de modo que su asistencia al local que ocupa este Juzgado deberá realizarse previa cita y la obtención del código QR, en los términos establecidos en dicho acuerdo (apartado denominado "Agenda OJ" en los servicios en línea del Poder Judicial de la Federación). Transparencia. Hágase saber también que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6º. Fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 113 de Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la ley abrogada, la omisión de manifestar el consentimiento o la oposición para la publicación de sus datos personales, no exime a este Juzgado de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en el presente expediente y que, en su caso, sean requeridas vía solicitud de acceso a la información, protegiendo así la privacidad y la vida íntima de los ciudadanos. Lo anterior, conforme al criterio 1/2011, emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, en rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACION EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACION DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ORGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVA DE SU PROTECCION". Expediente electrónico. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justifica Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, se ordena efectuar la digitalización electrónica del presente juicio de amparo en el que se actúa, respecto a las promociones, determinaciones judiciales y notificaciones que, al efecto, integren el mismo. Notifíquese personalmente.
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