Amilcar Mendoza Castañeda

Expediente 8/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 29 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
8/2023
Año
2023
Actuaciones
29
Última actuación
10/10/2023

Partes del expediente

  • Amilcar Mendoza Castañeda

Actuaciones

Las 4 más recientes de 29.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, diez de octubre de dos mil veintitrés. CAUSA EJECUTORIA. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente de la certificación que antecede de la que se advierte ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido de la sentencia, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de trece de septiembre del año en curso, en la que se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha resolución, para todos los efectos legales procedentes. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO Por otra parte del estado que guardan los presentes autos, específicamente la segunda parte de la certificación que obra al rubro, se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE En ese orden de ideas, tomando en consideración que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el expediente en que se actúa, encuadra en la hipótesis contenida en el artículo 20, fracción I del aludido acuerdo, en razón de haberse sobreseído en este juicio; por lo que una vez transcurridos tres años del periodo de conservación que prevé el aludido numeral, dentro de los treinta días naturales siguientes, destrúyase el juicio. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza.- Doy fe.

  2. Principal

    V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo 8/2023-V promovido por ********************, por propio derecho, contra actos de la Comisión Municipal de Seguridad Ciudadana de Morelia, Michoacán, y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Mediante escrito presentado el tres de enero de dos mil veintitrés, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, remitido el mismo día, por razón de turno, a este Órgano Jurisdiccional, ********************, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la Comisión Municipal de Seguridad Ciudadana de Morelia, Michoacán, así como de los actos que precisó en el propio ocurso, en los términos siguientes: "(.) IV.- ACTO RECLAMADO. De la autoridad señalada como responsable, reclamo la imposición y cobro de una multa de infracción excesiva e inconstitucional a todas luces bajo la observación de los numerales 21 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tal y como se expondrá dentro del propio contenido. (.)." Actos que consideró violatorios en perjuicio de sus garantías y derechos fundamentales consagrados en los artículos 21 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De esa demanda tocó conocer por razón de turno a este Órgano Jurisdiccional, el que previas prevenciones y sus cumplimientos, mediante acuerdo de nueve de febrero de dos mil veintitrés, la admitió a trámite; ordenó requerir su informe justificado a la citada autoridad responsable; dio la intervención debida al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Mediante escrito presentado el quince de mayo de dos mil veintitrés, la parte quejosa amplió su demanda de amparo en contra del Juez Cívico de Morelia, Michoacán, al que le reclamó el siguiente auto: "(.) IV. ACTO RECLAMADO. De la autoridad señalada como responsable, reclamó la imposición de una multa excesiva, tal y como quedó demostrado y expuesto en mi escrito de demanda de amparo inicial. (.)." Acto que estimó violó en su perjuicio las garantías y derechos fundamentales establecidos en los numerales 1°, 21 y 22 de la Constitución Federal. Así, previa prevención y su cumplimiento, por acuerdo de veintinueve de junio de dos mil veintidós, se tuvo al quejoso ampliando su demanda de amparo en los términos precisados en párrafos precedentes, por lo que se solicitó su informe justificado al Juez Cívico de Morelia, Michoacán. Posteriormente, el once de septiembre de dos mil veintitrés, tuvo lugar la audiencia constitucional en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado es legalmente competente por materia, grado y territorio para conocer del presente asunto y resolverlo, por tratarse de una demanda de amparo promovida contra actos de naturaleza administrativa (boleta de infracción y la multa derivad de ésta) emitidos por autoridades con ejecución dentro del territorio en donde tiene jurisdicción mixta este órgano federal. Ello de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de amparo, su ampliación, cumplimientos de prevención, así como demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona sobre su causa de pedir, ya que solo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende, además, a la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "Tesis: P./J. 40/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 192097 Pleno Tomo XI, Abril de 2000 Página 32 Jurisprudencia (Común) DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo, su ampliación, cumplimientos de prevención, así como de las constancias que obran en autos, se advierte que los actos reclamados en la presente instancia constitucional a las autoridades responsables consisten en: De la Comisión Municipal de Seguridad Ciudadana de Morelia, Michoacán: 1. La boleta de infracción número de folio ******************** de veintiséis de diciembre de dos mil veintidós. Del Juez Cívico Municipal de Morelia, Michoacán: 2. La multa impuesta con motivo de la calificación de la boleta de infracción precisada en el numeral anterior, por el equivalente a 10 unidades de medidas y actualización (UMA). TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Contrario a la apreciación del Agente del Ministerio Público adscrito, son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables. Lo que se sostiene porque la Comisión Municipal de Seguridad Ciudadana de Morelia, Michoacán, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto que la parte quejosa le atribuyó. Mientras que el Juez Cívico Municipal de Morelia, Michoacán, si bien negó el acto impugnado, también lo es que realizó diversas manifestaciones en cuanto a su existencia, lo que es suficiente para tener por cierta la actuación atribuida a éste. Tiene aplicación la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de texto y rubro siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Máxime que de las constancias que obran en el sumario, a las que se otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, al tratarse de actuaciones emitidas por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones, se advierte su participación en los actos que se les cuestiona. Resulta aplicable la tesis que se reproduce enseguida: "Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de ********************5 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153. DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, procede el estudio oficioso de las causales de improcedencia del juicio constitucional, sea que lo aleguen las partes o no, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. Este Juzgado federal advierte de oficio que dentro de la presente instancia constitucional se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que señala que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en los artículos 5°, fracción I, y 6° de la citada legislación, así como del diverso 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De los últimos numerales citados se desprenden dos de los principios rectores del juicio de amparo, consistentes en la afectación personal y directa, y que el juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Esto es, el interés jurídico para impugnar mediante el juicio de amparo un acto de autoridad resulta del perjuicio que ocasione en uno o varios derechos legalmente reconocidos, lo que faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico que la Ley de Amparo toma en consideración para la procedencia del juicio. De acuerdo con lo anterior, en el caso, los actos reclamados indicados no generan un perjuicio a la parte quejosa, pues a efecto de demostrar la existencia del derecho tutelado que señala transgredido por la actuación de las autoridades con motivo de la boleta de infracción con número de folio ******************** de veintiséis de diciembre de dos mil veintidós, y su posterior calificación, que derivó en una multa por el equivalente a 10 UMA, no la facultan para acudir a solicitar la protección constitucional, ello porque de los documentos que anexó a su demanda de amparo y los obran en el presente sumario, se advierte que no acredita la afectación en su esfera jurídica o patrimonial. Se explica. 1. La autoridad responsable Juez Cívico Municipal de Morelia, Michoacán, al rendir su informe justificado exhibió copia certificada de la boleta de infracción antes citada, signada por el agente de la Policía de Morelia de nombre Gamaliel Cortés Color, dependiente de la Comisión Municipal de Seguridad Ciudadana, en el que hizo constar que el veintiséis de diciembre de dos mil veintidós, en el lugar ubicado en "calle o avenida Profesor Rafael Ortiz Equihua No. ********************. fraccionamiento ********************, Municipio de Morelia", levantó la boleta de infracción número ********************, por "obstrucción de cochera reporte de ciudadano", respecto del vehículo siguiente: "(.) Marca VW, línea no visible, tipo sedán, modelo ----- (sic), color negro, placas CNC00/668, del Estado de Organisación (sic), tipo de servicio . privado, No. de serie no visible. No obstante, en el apartado denominado "infractor", no asentó dato alguno y en el rubro de "firma de notificación al probable infractor", señaló únicamente: "ausente". Esto es, se advierte que tal boleta de infracción no se encuentra dirigida a nombre del quejoso, dado que únicamente se observan los datos del vehículo, mas no del conductor o propietario y, como más adelante se precisará, tampoco existe acreditado el vínculo de propiedad y/o posesión entre éste y dicha boleta. 2. Ahora, la parte quejosa allegó con su demanda de amparo un recibo oficial de pago con número 9414469, de veintisiete de diciembre de dos mil veintidós, por la cantidad de $577.00 (quinientos setenta y siete pesos 00/100 moneda nacional), en el que se asentó que derivaba de la boleta de infracción citada en el párrafo anterior. Sin embargo, en el apartado respectivo al nombre del contribuyente únicamente se asentó: "ausente", esto es, tal documento no precisa quién erogó la cantidad que ampara tal recibo de pago. En ese sentido, no es apto para acreditar que fue la parte quejosa quien pagó dicha cantidad con motivo de la infracción antes citada, por ende, tampoco es suficiente para probar que sufrió en su perjuicio una afectación en su esfera jurídica o patrimonial. 3. De igual manera, se observa que el promovente anexó a su demanda de amparo, una copia simple de un documento en idioma inglés, con número de identificación "CA 130360560", de rubro: "STATE OF CALIFORNIA CERTIFICATE OF TITLE", a nombre de "Gómez Juan M" y también se advierten en la parte frontal los siguientes datos: "(.) AUTOMOBILE VEHICLE ID NUMBER WVWSL61J94W002326, BODY TYPE MODEL SW, YR MODEL 2004, MAKE VOLK, PLATE NUMBER 6RKL574 . REGISTERED OWNER (S) GOMEZ JUAN M 1742 W 252ND ST #A LOMITA CA 90717 (.)." Pero, sin datos específicos llenados en la parte posterior, ni acompañados de una traducción al español. Luego, dicha prueba es insuficiente para acreditar que el quejoso es propietario del vehículo motivo de la infracción, incluso, el que aparece señalado en dicho documento, primero, porque fue exhibido en copia fotostática simple, y se observa que no contiene el nombre del aquí quejoso, ni endoso alguno en su favor, por esas razones, no es susceptible de producir convicción sobre la veracidad de su contenido, a más de que no está concatenada con algún elemento de prueba idóneo que pudiera generarle validez jurídica. Lo anterior se dice con apoyo en la jurisprudencia número 32/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 127, Tomo XI, abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro 192109, que en su rubro y texto dicen: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIN CERTIFICAR. SU VALOR PROBATORIO QUEDA AL PRUDENTE ARBITRIO JUDICIAL COMO INDICIO. La jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, Volumen II, página 916, número 533, con el rubro: "COPIAS FOTOSTÁTICAS. SU VALOR PROBATORIO.", establece que conforme a lo previsto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, el valor de las fotografías de documentos o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicio. La correcta interpretación y el alcance que debe darse a este criterio jurisprudencial no es el de que las copias fotostáticas sin certificar carecen de valor probatorio, sino que debe considerarse que dichas copias constituyen un medio de prueba reconocido por la ley cuyo valor queda al prudente arbitrio del juzgador como indicio. Por tanto, no resulta apegado a derecho negar todo valor probatorio a las fotostáticas de referencia por el solo hecho de carecer de certificación, sino que, considerándolas como indicio, debe atenderse a los hechos que con ellas se pretende probar y a los demás elementos probatorios que obren en autos, a fin de establecer como resultado de una valuación integral y relacionada de todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe otorgárseles." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia número 21/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 213, Tomo VII, abril de ********************8, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro 196457, que establece lo siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. LAS COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES, POR SÍ SOLAS, NO LO ACREDITAN. Conforme a lo dispuesto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el valor probatorio de las fotografías de documentos, o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicios. Esta Suprema Corte, en diversas tesis de jurisprudencia, ha sostenido que el quejoso debe probar fehacientemente su interés jurídico, por ello debe estimarse que las copias fotostáticas sin certificación son insuficientes para demostrarlo, si no existe en autos otro elemento que, relacionado con aquéllas, pudiera generar convicción de que el acto reclamado afecta real y directamente los derechos jurídicamente tutelados del quejoso." Máxime que se observa que es un documento expedido en el extranjero, el cual se encuentra en idioma inglés y no cuenta con su traducción al español, a más de que no anexó la apostilla necesaria para poder informarse de su autenticidad. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3° de dicha Convención, que exige que los documentos de procedencia extranjera deben contener la apostilla correspondiente, para su eficacia probatoria en el país en que deban presentarse; la cual carece el documento presentado en copia simple por la parte quejosa para acreditar su interés jurídico. Se cita como apoyo a lo anterior la tesis siguiente: "Registro digital: 200916 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Civil Tesis: XV.1o.21 C Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IV, Noviembre de ********************6, página 431 Tipo: Aislada DOCUMENTOS PÚBLICOS PROVENIENTES DEL EXTRANJERO. PARA QUE TENGAN VALIDEZ EN EL PAÍS REQUIEREN DE LA "APOSTILLA" QUE EXIGE LA CONVENCIÓN PROMULGADA EN EL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE FECHA CATORCE DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO. La sola traducción del documento público proveniente del extranjero, es insuficiente para darle valor probatorio, pues si bien es cierto que fue derogado el artículo 131 del Código Federal de Procedimientos Civiles que exigía su legalización por la Secretaría de Relaciones Exteriores, no menos cierto resulta que en el Diario Oficial de la Federación de fecha catorce de agosto de mil novecientos noventa y cinco se publicó la "Convención por la que se suprime el requisito de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros", aprobado por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, la cual en su artículo 1o., establece cuáles son considerados documentos públicos y en el artículo 2o., dispone: "Cada Estado contratante eximirá de legalización a los documentos a los que se aplique la presente Convención y que deban ser presentados en su territorio. La legalización, en el sentido de la presente Convención, sólo cubrirá la formalidad por la que los agentes diplomáticos o consulares del país en cuyo territorio el documento deba surtir efecto certifiquen la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre que el documento ostente." En su artículo 3o., prevé: "La única formalidad que pueda exigirse para certificar la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento esté revestido, será la fijación de la apostilla descrita en el artículo 4o., expedida por la autoridad competente del Estado del que dimane el documento. Sin embargo, la formalidad mencionada en el párrafo precedente no podrá exigirse cuando las leyes, reglamentos o usos en vigor en el Estado en que el documento deba surtir efecto, o bien un acuerdo entre dos o más Estados contratantes, la rechacen, la simplifiquen o dispensen de legalización al propio documento." Atento a lo anterior, en nuestro sistema, para certificar la autenticidad de un documento público proveniente del extranjero, se requiere de la fijación de la "apostilla" descrita en el artículo 4o. de la referida Convención, pues no existe precepto que rechace, simplifique o dispense de legalización al propio documento." Por esa razón, se reitera, tal documento no es susceptible de producir convicción en este Juzgador sobre la veracidad de su contenido, menos para acreditar la propiedad del vehículo a nombre del quejoso, por ende, tampoco alguna afectación en su esfera patrimonial. 4. Asimismo, se advierte que el promovente de derechos fundamentales exhibió un recibo de nómina con serie y folio interno "********************, el cual contiene sello digital, código QR y cadena original del complemento de certificación digital del Servicio de Administración Tributaria, a su nombre, por la cantidad total de $******************** pesos; sin embargo, tal documento no aporta dato alguno sobre la propiedad del vehículo materia de la boleta de infracción antes citada, ni contiene relación alguna con la multa impuesta por el Juez Cívico responsable. 5. También se observa la manifestación "bajo protesta de decir verdad", del quejoso en su demanda de amparo, en el sentido que es propietario del vehículo infraccionado, sin embargo, su dicho aislado tampoco logra justificar la titularidad de éste. Ello porque las afirmaciones solemnes que ahí se contienen, no pueden desvirtuar los principios reguladores de la carga de la prueba, especialmente, el contenido en el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2º de este último ordenamiento, que señala que quien afirma está obligado a probar. Por tanto, la sola manifestación de los hechos en la demanda de amparo, en cuanto a que los actos reclamados le causan un perjuicio, no puede considerarse demostrada con su sola expresión, a pesar de que haya sido formulado bajo protesta de decir verdad, dado que ello no releva al agraviado de demostrar debidamente los hechos narrados con elementos de convicción que evidenciaran su certeza. En todo caso, la expresión efectuada por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, solo genera un indicio o presunción sobre los hechos que se narraron con esa formalidad; sin embargo, ese indicio es insuficiente para acreditar la lesión a su esfera de derechos, ya que ha sido criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el interés jurídico en el juicio de amparo debe probarse fehacientemente y no inferirse con base en presunciones, lo que hace imposible tenerlo por acreditado en este caso. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 27/90, emitida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 229, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de ********************0, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro 207221, de rubro y texto: "INTERÉS JURÍDICO. NO LO DEMUESTRA LA MANIFESTACIÓN DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. La circunstancia de que todo lo declarado en el juicio de amparo promovido por el quejoso, se haya hecho bajo protesta de decir verdad, no acredita el interés jurídico que se tiene para el ejercicio de la acción de amparo, ya que es necesario que se aporten pruebas fehacientes de ese interés." Bien, del análisis de los elementos de juicio narrados, se desprende que aún adminiculado el valor probatorio que pudiera otorgarse a los documentos exhibidos, no tienen el alcance de probar afectación alguna en la esfera jurídica o patrimonial del quejoso, en virtud de que no acredita la propiedad del vehículo materia de la boleta de infracción o que la multa recayera directamente en él. Por lo que es inconcuso que al quejoso ********************, no le causa afectación alguna la expedición de la citada boleta de infracción o la multa que reclama derivada de ésta, puesto que el carácter de infractor de las normas de tránsito representa un concepto cuyo contenido debe determinarse en función de la falta que se considere cometida, por tanto, no recae necesariamente en el conductor de un vehículo, sino también en el propietario. En efecto, la infracción de referencia, es aplicable tanto el conductor como al propietario del vehículo y, en todo caso, ambos están obligados a responder de forma solidaria por el pago de la sanción correspondiente, luego, el quejoso debe demostrar que se encuentra en tales supuestos, lo que no aconteció, dado que, como se dijo, no lo acredita con prueba idónea y pertinente alguna. Es aplicable al respecto la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 17, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a ********************4, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." En consecuencia, como el perjuicio a que se refieren los artículos 5°, fracción I, y 6° de la Ley de Amparo, es necesario para acudir al juicio constitucional, entonces, si un acto de autoridad no genera ese daño susceptible de apreciarse objetivamente, en algún derecho perteneciente a la esfera jurídica de la parte quejosa, ésta carece de interés jurídico para impugnarlo en esa vía, lo que, se reitera, acontece en el caso a estudio, pues con los medios de pruebas exhibidos por éste, no se advierte que los actos reclamados le generen un perjuicio, esto es, la existencia de un derecho legítimamente tutelado que haya sido transgredido por la actuación de las autoridades responsables y que lo faculten para acudir a solicitar el amparo. Sin que pase inadvertido para este Juzgador, que al rendir su informe justificado, el Juez Cívico Municipal de Morelia, Michoacán, indicó que: "(.) A mayor referencia, el suscrito realizó la audiencia de calificación correspondiente en razón de que el quejoso el día 26 de diciembre de 2022, a las 07:34 hrs., cometió una falta administrativa por encontrarse estacionado un vehículo de la marca ********************, tal como se constata en la boleta de infracción con folio ********************, al encontrarse su vehículo automotor estacionado en un lugar prohibido al obstruir la cochera ubicada en la calle ********************, frente al numeral ********************, esquina con ********************, en la colonia ******************** de esta ciudad capital. incurriendo el quejoso en lo previsto en el artículo 87, fracción II, del Reglamento de Tránsito y Vialidad del municipio de Morelia. (.) .al caso concreto este servidor determinó sancionar a la parte quejosa con el MONTO MÍNIMO que es 10 UMAS, a la que fue descontado un 40% de descuento como lo establece el artículo 157 del multicitado Reglamento de Tránsito. " Sin embargo, tales manifestaciones son insuficientes para acreditar que dicha autoridad efectivamente impuso una multa al aquí quejoso, dado que prevalece la carga procesal de este último consistente en que debe demostrar fehacientemente su interés jurídico, de la cual no se libera por el hecho de que la responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la última mencionada en sí misma, y otra el perjuicio que ésta pueda deparar a la persona en concreto. Los anteriores argumentos se apoyan en la jurisprudencia 1/2002, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XV, febrero de 2002, registro electrónico 187777, que se cita: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto." También sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 23/94, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava época, tomo 84, diciembre de ********************4, registro electrónico 206321, de rubro y texto siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. OBLIGACIÓN DE PROBARLO AUNQUE OPERE PRESUNCIÓN DE CERTEZA DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO POR FALTA DE INFORME. La presunción de existencia del acto reclamado por falta de informe justificado de las autoridades responsables, prevista por el artículo 149 de la Ley de Amparo, no exime al quejoso de la obligación que tiene de acreditar que el acto que reclama afecta su interés jurídico, ya que de no hacerlo el juicio de garantías resulta improcedente y debe sobreseerse en términos de la fracción V del artículo 73, y fracción III del artículo 74 de la Ley de Amparo". A más que si bien la referida responsable allegó un disco compacto que no contiene un video, de su reproducción se advierte que no tiene registro de audio, lo que incluso así confirmó el Juez Cívico responsable; también se observa la presencia de dos personas, sin embargo, no existe otro elemento de prueba que acredite la identidad de éstas, ni lo ahí tratado, por lo que, por sí solo, es insuficiente para probar que se trate del quejoso. Por tanto, en el presente juicio no quedó demostrado que la infracción de tránsito y posterior multa, atribuidas a las autoridades responsables, provoquen un menoscabo directo en la esfera jurídica de derechos del peticionario del amparo, como lo pretende hacer ver. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 5°, fracción I, y 6° de la citada legislación, así como 107, fracción I, Constitucional, lo que procede es sobreseer en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. En ese orden, atento a los razonamientos expuestos en la presente resolución, este órgano jurisdiccional se encuentra jurídicamente impedido para realizar el estudio de los conceptos de violación con relación a la inconstitucionalidad que se aduce de los actos reclamados. Lo anterior conforme a la jurisprudencia 509, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 394465, visible en la página 335 del Apéndice de ********************5, tomo VI, Séptima época, materia común, que prevé lo siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". Finalmente, tocante a las manifestaciones que realizó el agente del Ministerio Público adscrito, a manera de alegatos, es innecesario plasmar en la presente ejecutoria lo ahí argumentado, debido a que se advierte que no existe alguna cuestión que tenga que tomar en cuenta este Juzgado de Distrito para hacer un cambio de criterio. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica, la jurisprudencia de contenido siguiente: " Registro digital: 2018276 Instancia: Pleno Décima Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 26/2018 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 60, Noviembre de 2018, Tomo I, página 5, Tipo: Jurisprudencia. ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SI BIEN LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN ESTUDIARLOS, NO NECESARIAMENTE DEBEN PLASMAR ALGUNA CONSIDERACIÓN AL RESPECTO EN LA SENTENCIA. En términos del artículo 181 de la Ley de Amparo, después de que hayan sido notificadas del auto admisorio de la demanda, las partes tendrán 15 días para formular alegatos, los cuales tienen como finalidad que quienes no ejercieron la acción de amparo directo puedan ser escuchados, al permitírseles formular opiniones o conclusiones lógicas respecto de la promoción del juicio de amparo, por lo que se trata de una hipótesis normativa que garantiza un debido proceso en cumplimiento a las formalidades esenciales del procedimiento que exige el párrafo segundo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De esa forma, el debido proceso se cumple con brindar la oportunidad de manifestarse y el correlativo deber del tribunal de estudiar las manifestaciones, sin que ello pueda traducirse en una obligación de un pronunciamiento expreso en la sentencia, en tanto que no todo ejercicio analítico que realiza un órgano jurisdiccional respecto del estudio de las constancias debe reflejarse forzosamente en una consideración. Por todo lo anterior, el órgano jurisdiccional es el que debe determinar, en atención al caso concreto, si plasma en la resolución el estudio de los alegatos formulados por las partes, en el entendido de que en cumplimiento a la debida fundamentación y motivación, si existiera alguna incidencia o cambio de criterio a partir del estudio de dichos argumentos, sí resultaría necesario referirlo en la sentencia, como por ejemplo, el análisis de una causal de improcedencia hecha valer. Así, el ejercicio de esta facultad debe darse en cumplimiento al artículo 16 constitucional que ordena a las autoridades fundar y motivar sus actos, así como al diverso artículo 17 constitucional que impone una impartición de justicia pronta, completa e imparcial." Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************, contra los actos precisados en el considerando segundo, y por los motivos expuestos en el último de la presente sentencia. Notifíquese personalmente. Así, lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, secretario que autoriza y da fe, hasta hoy trece de septiembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado.- Doy fe.gabk

  3. Principal

    POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA, LA SIGUIENTE RESOLUCION: V I S T O S los autos para resolver el juicio de amparo 8/2023-V promovido por ********************, por propio derecho, contra actos de la Comisión Municipal de Seguridad Ciudadana de Morelia, Michoacán, y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Mediante escrito presentado el tres de enero de dos mil veintitrés, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, remitido el mismo día, por razón de turno, a este Órgano Jurisdiccional, ********************, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la Comisión Municipal de Seguridad Ciudadana de Morelia, Michoacán, así como de los actos que precisó en el propio ocurso, en los términos siguientes: "(.) IV.- ACTO RECLAMADO. De la autoridad señalada como responsable, reclamo la imposición y cobro de una multa de infracción excesiva e inconstitucional a todas luces bajo la observación de los numerales 21 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tal y como se expondrá dentro del propio contenido. (.)." Actos que consideró violatorios en perjuicio de sus garantías y derechos fundamentales consagrados en los artículos 21 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De esa demanda tocó conocer por razón de turno a este Órgano Jurisdiccional, el que previas prevenciones y sus cumplimientos, mediante acuerdo de nueve de febrero de dos mil veintitrés, la admitió a trámite; ordenó requerir su informe justificado a la citada autoridad responsable; dio la intervención debida al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Mediante escrito presentado el quince de mayo de dos mil veintitrés, la parte quejosa amplió su demanda de amparo en contra del Juez Cívico de Morelia, Michoacán, al que le reclamó el siguiente auto: "(.) IV. ACTO RECLAMADO. De la autoridad señalada como responsable, reclamó la imposición de una multa excesiva, tal y como quedó demostrado y expuesto en mi escrito de demanda de amparo inicial. (.)." Acto que estimó violó en su perjuicio las garantías y derechos fundamentales establecidos en los numerales 1°, 21 y 22 de la Constitución Federal. Así, previa prevención y su cumplimiento, por acuerdo de veintinueve de junio de dos mil veintidós, se tuvo al quejoso ampliando su demanda de amparo en los términos precisados en párrafos precedentes, por lo que se solicitó su informe justificado al Juez Cívico de Morelia, Michoacán. Posteriormente, el once de septiembre de dos mil veintitrés, tuvo lugar la audiencia constitucional en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado es legalmente competente por materia, grado y territorio para conocer del presente asunto y resolverlo, por tratarse de una demanda de amparo promovida contra actos de naturaleza administrativa (boleta de infracción y la multa derivad de ésta) emitidos por autoridades con ejecución dentro del territorio en donde tiene jurisdicción mixta este órgano federal. Ello de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de amparo, su ampliación, cumplimientos de prevención, así como demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona sobre su causa de pedir, ya que solo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende, además, a la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "Tesis: P./J. 40/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 192097 Pleno Tomo XI, Abril de 2000 Página 32 Jurisprudencia (Común) DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo, su ampliación, cumplimientos de prevención, así como de las constancias que obran en autos, se advierte que los actos reclamados en la presente instancia constitucional a las autoridades responsables consisten en: De la Comisión Municipal de Seguridad Ciudadana de Morelia, Michoacán: 1. La boleta de infracción número de folio ******************** de veintiséis de diciembre de dos mil veintidós. Del Juez Cívico Municipal de Morelia, Michoacán: 2. La multa impuesta con motivo de la calificación de la boleta de infracción precisada en el numeral anterior, por el equivalente a 10 unidades de medidas y actualización (UMA). TERCERO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Contrario a la apreciación del Agente del Ministerio Público adscrito, son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables. Lo que se sostiene porque la Comisión Municipal de Seguridad Ciudadana de Morelia, Michoacán, al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto que la parte quejosa le atribuyó. Mientras que el Juez Cívico Municipal de Morelia, Michoacán, si bien negó el acto impugnado, también lo es que realizó diversas manifestaciones en cuanto a su existencia, lo que es suficiente para tener por cierta la actuación atribuida a éste. Tiene aplicación la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de texto y rubro siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Máxime que de las constancias que obran en el sumario, a las que se otorga pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, al tratarse de actuaciones emitidas por funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones, se advierte su participación en los actos que se les cuestiona. Resulta aplicable la tesis que se reproduce enseguida: "Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de ********************5 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153. DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, procede el estudio oficioso de las causales de improcedencia del juicio constitucional, sea que lo aleguen las partes o no, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. Este Juzgado federal advierte de oficio que dentro de la presente instancia constitucional se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que señala que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en los artículos 5°, fracción I, y 6° de la citada legislación, así como del diverso 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De los últimos numerales citados se desprenden dos de los principios rectores del juicio de amparo, consistentes en la afectación personal y directa, y que el juicio se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Esto es, el interés jurídico para impugnar mediante el juicio de amparo un acto de autoridad resulta del perjuicio que ocasione en uno o varios derechos legalmente reconocidos, lo que faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico que la Ley de Amparo toma en consideración para la procedencia del juicio. De acuerdo con lo anterior, en el caso, los actos reclamados indicados no generan un perjuicio a la parte quejosa, pues a efecto de demostrar la existencia del derecho tutelado que señala transgredido por la actuación de las autoridades con motivo de la boleta de infracción con número de folio ******************** de veintiséis de diciembre de dos mil veintidós, y su posterior calificación, que derivó en una multa por el equivalente a 10 UMA, no la facultan para acudir a solicitar la protección constitucional, ello porque de los documentos que anexó a su demanda de amparo y los obran en el presente sumario, se advierte que no acredita la afectación en su esfera jurídica o patrimonial. Se explica. 1. La autoridad responsable Juez Cívico Municipal de Morelia, Michoacán, al rendir su informe justificado exhibió copia certificada de la boleta de infracción antes citada, signada por el agente de la Policía de Morelia de nombre Gamaliel Cortés Color, dependiente de la Comisión Municipal de Seguridad Ciudadana, en el que hizo constar que el veintiséis de diciembre de dos mil veintidós, en el lugar ubicado en "calle o avenida Profesor Rafael Ortiz Equihua No. ********************. fraccionamiento ********************, Municipio de Morelia", levantó la boleta de infracción número ********************, por "obstrucción de cochera reporte de ciudadano", respecto del vehículo siguiente: "(.) Marca VW, línea no visible, tipo sedán, modelo ----- (sic), color negro, placas CNC00/668, del Estado de Organisación (sic), tipo de servicio . privado, No. de serie no visible. No obstante, en el apartado denominado "infractor", no asentó dato alguno y en el rubro de "firma de notificación al probable infractor", señaló únicamente: "ausente". Esto es, se advierte que tal boleta de infracción no se encuentra dirigida a nombre del quejoso, dado que únicamente se observan los datos del vehículo, mas no del conductor o propietario y, como más adelante se precisará, tampoco existe acreditado el vínculo de propiedad y/o posesión entre éste y dicha boleta. 2. Ahora, la parte quejosa allegó con su demanda de amparo un recibo oficial de pago con número 9414469, de veintisiete de diciembre de dos mil veintidós, por la cantidad de $577.00 (quinientos setenta y siete pesos 00/100 moneda nacional), en el que se asentó que derivaba de la boleta de infracción citada en el párrafo anterior. Sin embargo, en el apartado respectivo al nombre del contribuyente únicamente se asentó: "ausente", esto es, tal documento no precisa quién erogó la cantidad que ampara tal recibo de pago. En ese sentido, no es apto para acreditar que fue la parte quejosa quien pagó dicha cantidad con motivo de la infracción antes citada, por ende, tampoco es suficiente para probar que sufrió en su perjuicio una afectación en su esfera jurídica o patrimonial. 3. De igual manera, se observa que el promovente anexó a su demanda de amparo, una copia simple de un documento en idioma inglés, con número de identificación "CA 130360560", de rubro: "STATE OF CALIFORNIA CERTIFICATE OF TITLE", a nombre de "Gómez Juan M" y también se advierten en la parte frontal los siguientes datos: "(.) AUTOMOBILE VEHICLE ID NUMBER WVWSL61J94W002326, BODY TYPE MODEL SW, YR MODEL 2004, MAKE VOLK, PLATE NUMBER 6RKL574 . REGISTERED OWNER (S) GOMEZ JUAN M 1742 W 252ND ST #A LOMITA CA 90717 (.)." Pero, sin datos específicos llenados en la parte posterior, ni acompañados de una traducción al español. Luego, dicha prueba es insuficiente para acreditar que el quejoso es propietario del vehículo motivo de la infracción, incluso, el que aparece señalado en dicho documento, primero, porque fue exhibido en copia fotostática simple, y se observa que no contiene el nombre del aquí quejoso, ni endoso alguno en su favor, por esas razones, no es susceptible de producir convicción sobre la veracidad de su contenido, a más de que no está concatenada con algún elemento de prueba idóneo que pudiera generarle validez jurídica. Lo anterior se dice con apoyo en la jurisprudencia número 32/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 127, Tomo XI, abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro 192109, que en su rubro y texto dicen: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIN CERTIFICAR. SU VALOR PROBATORIO QUEDA AL PRUDENTE ARBITRIO JUDICIAL COMO INDICIO. La jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, Volumen II, página 916, número 533, con el rubro: "COPIAS FOTOSTÁTICAS. SU VALOR PROBATORIO.", establece que conforme a lo previsto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, el valor de las fotografías de documentos o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicio. La correcta interpretación y el alcance que debe darse a este criterio jurisprudencial no es el de que las copias fotostáticas sin certificar carecen de valor probatorio, sino que debe considerarse que dichas copias constituyen un medio de prueba reconocido por la ley cuyo valor queda al prudente arbitrio del juzgador como indicio. Por tanto, no resulta apegado a derecho negar todo valor probatorio a las fotostáticas de referencia por el solo hecho de carecer de certificación, sino que, considerándolas como indicio, debe atenderse a los hechos que con ellas se pretende probar y a los demás elementos probatorios que obren en autos, a fin de establecer como resultado de una valuación integral y relacionada de todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe otorgárseles." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia número 21/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 213, Tomo VII, abril de ********************8, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro 196457, que establece lo siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. LAS COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES, POR SÍ SOLAS, NO LO ACREDITAN. Conforme a lo dispuesto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el valor probatorio de las fotografías de documentos, o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicios. Esta Suprema Corte, en diversas tesis de jurisprudencia, ha sostenido que el quejoso debe probar fehacientemente su interés jurídico, por ello debe estimarse que las copias fotostáticas sin certificación son insuficientes para demostrarlo, si no existe en autos otro elemento que, relacionado con aquéllas, pudiera generar convicción de que el acto reclamado afecta real y directamente los derechos jurídicamente tutelados del quejoso." Máxime que se observa que es un documento expedido en el extranjero, el cual se encuentra en idioma inglés y no cuenta con su traducción al español, a más de que no anexó la apostilla necesaria para poder informarse de su autenticidad. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3° de dicha Convención, que exige que los documentos de procedencia extranjera deben contener la apostilla correspondiente, para su eficacia probatoria en el país en que deban presentarse; la cual carece el documento presentado en copia simple por la parte quejosa para acreditar su interés jurídico. Se cita como apoyo a lo anterior la tesis siguiente: "Registro digital: 200916 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Civil Tesis: XV.1o.21 C Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IV, Noviembre de ********************6, página 431 Tipo: Aislada DOCUMENTOS PÚBLICOS PROVENIENTES DEL EXTRANJERO. PARA QUE TENGAN VALIDEZ EN EL PAÍS REQUIEREN DE LA "APOSTILLA" QUE EXIGE LA CONVENCIÓN PROMULGADA EN EL DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE FECHA CATORCE DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO. La sola traducción del documento público proveniente del extranjero, es insuficiente para darle valor probatorio, pues si bien es cierto que fue derogado el artículo 131 del Código Federal de Procedimientos Civiles que exigía su legalización por la Secretaría de Relaciones Exteriores, no menos cierto resulta que en el Diario Oficial de la Federación de fecha catorce de agosto de mil novecientos noventa y cinco se publicó la "Convención por la que se suprime el requisito de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros", aprobado por la Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, la cual en su artículo 1o., establece cuáles son considerados documentos públicos y en el artículo 2o., dispone: "Cada Estado contratante eximirá de legalización a los documentos a los que se aplique la presente Convención y que deban ser presentados en su territorio. La legalización, en el sentido de la presente Convención, sólo cubrirá la formalidad por la que los agentes diplomáticos o consulares del país en cuyo territorio el documento deba surtir efecto certifiquen la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre que el documento ostente." En su artículo 3o., prevé: "La única formalidad que pueda exigirse para certificar la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento esté revestido, será la fijación de la apostilla descrita en el artículo 4o., expedida por la autoridad competente del Estado del que dimane el documento. Sin embargo, la formalidad mencionada en el párrafo precedente no podrá exigirse cuando las leyes, reglamentos o usos en vigor en el Estado en que el documento deba surtir efecto, o bien un acuerdo entre dos o más Estados contratantes, la rechacen, la simplifiquen o dispensen de legalización al propio documento." Atento a lo anterior, en nuestro sistema, para certificar la autenticidad de un documento público proveniente del extranjero, se requiere de la fijación de la "apostilla" descrita en el artículo 4o. de la referida Convención, pues no existe precepto que rechace, simplifique o dispense de legalización al propio documento." Por esa razón, se reitera, tal documento no es susceptible de producir convicción en este Juzgador sobre la veracidad de su contenido, menos para acreditar la propiedad del vehículo a nombre del quejoso, por ende, tampoco alguna afectación en su esfera patrimonial. 4. Asimismo, se advierte que el promovente de derechos fundamentales exhibió un recibo de nómina con serie y folio interno "********************, el cual contiene sello digital, código QR y cadena original del complemento de certificación digital del Servicio de Administración Tributaria, a su nombre, por la cantidad total de $******************** pesos; sin embargo, tal documento no aporta dato alguno sobre la propiedad del vehículo materia de la boleta de infracción antes citada, ni contiene relación alguna con la multa impuesta por el Juez Cívico responsable. 5. También se observa la manifestación "bajo protesta de decir verdad", del quejoso en su demanda de amparo, en el sentido que es propietario del vehículo infraccionado, sin embargo, su dicho aislado tampoco logra justificar la titularidad de éste. Ello porque las afirmaciones solemnes que ahí se contienen, no pueden desvirtuar los principios reguladores de la carga de la prueba, especialmente, el contenido en el artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2º de este último ordenamiento, que señala que quien afirma está obligado a probar. Por tanto, la sola manifestación de los hechos en la demanda de amparo, en cuanto a que los actos reclamados le causan un perjuicio, no puede considerarse demostrada con su sola expresión, a pesar de que haya sido formulado bajo protesta de decir verdad, dado que ello no releva al agraviado de demostrar debidamente los hechos narrados con elementos de convicción que evidenciaran su certeza. En todo caso, la expresión efectuada por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, solo genera un indicio o presunción sobre los hechos que se narraron con esa formalidad; sin embargo, ese indicio es insuficiente para acreditar la lesión a su esfera de derechos, ya que ha sido criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el interés jurídico en el juicio de amparo debe probarse fehacientemente y no inferirse con base en presunciones, lo que hace imposible tenerlo por acreditado en este caso. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 27/90, emitida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 229, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de ********************0, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro 207221, de rubro y texto: "INTERÉS JURÍDICO. NO LO DEMUESTRA LA MANIFESTACIÓN DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD. La circunstancia de que todo lo declarado en el juicio de amparo promovido por el quejoso, se haya hecho bajo protesta de decir verdad, no acredita el interés jurídico que se tiene para el ejercicio de la acción de amparo, ya que es necesario que se aporten pruebas fehacientes de ese interés." Bien, del análisis de los elementos de juicio narrados, se desprende que aún adminiculado el valor probatorio que pudiera otorgarse a los documentos exhibidos, no tienen el alcance de probar afectación alguna en la esfera jurídica o patrimonial del quejoso, en virtud de que no acredita la propiedad del vehículo materia de la boleta de infracción o que la multa recayera directamente en él. Por lo que es inconcuso que al quejoso ********************, no le causa afectación alguna la expedición de la citada boleta de infracción o la multa que reclama derivada de ésta, puesto que el carácter de infractor de las normas de tránsito representa un concepto cuyo contenido debe determinarse en función de la falta que se considere cometida, por tanto, no recae necesariamente en el conductor de un vehículo, sino también en el propietario. En efecto, la infracción de referencia, es aplicable tanto el conductor como al propietario del vehículo y, en todo caso, ambos están obligados a responder de forma solidaria por el pago de la sanción correspondiente, luego, el quejoso debe demostrar que se encuentra en tales supuestos, lo que no aconteció, dado que, como se dijo, no lo acredita con prueba idónea y pertinente alguna. Es aplicable al respecto la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 17, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a ********************4, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." En consecuencia, como el perjuicio a que se refieren los artículos 5°, fracción I, y 6° de la Ley de Amparo, es necesario para acudir al juicio constitucional, entonces, si un acto de autoridad no genera ese daño susceptible de apreciarse objetivamente, en algún derecho perteneciente a la esfera jurídica de la parte quejosa, ésta carece de interés jurídico para impugnarlo en esa vía, lo que, se reitera, acontece en el caso a estudio, pues con los medios de pruebas exhibidos por éste, no se advierte que los actos reclamados le generen un perjuicio, esto es, la existencia de un derecho legítimamente tutelado que haya sido transgredido por la actuación de las autoridades responsables y que lo faculten para acudir a solicitar el amparo. Sin que pase inadvertido para este Juzgador, que al rendir su informe justificado, el Juez Cívico Municipal de Morelia, Michoacán, indicó que: "(.) A mayor referencia, el suscrito realizó la audiencia de calificación correspondiente en razón de que el quejoso el día 26 de diciembre de 2022, a las 07:34 hrs., cometió una falta administrativa por encontrarse estacionado un vehículo de la marca ********************, tal como se constata en la boleta de infracción con folio ********************, al encontrarse su vehículo automotor estacionado en un lugar prohibido al obstruir la cochera ubicada en la calle ********************, frente al numeral ********************, esquina con ********************, en la colonia ******************** de esta ciudad capital. incurriendo el quejoso en lo previsto en el artículo 87, fracción II, del Reglamento de Tránsito y Vialidad del municipio de Morelia. (.) .al caso concreto este servidor determinó sancionar a la parte quejosa con el MONTO MÍNIMO que es 10 UMAS, a la que fue descontado un 40% de descuento como lo establece el artículo 157 del multicitado Reglamento de Tránsito. " Sin embargo, tales manifestaciones son insuficientes para acreditar que dicha autoridad efectivamente impuso una multa al aquí quejoso, dado que prevalece la carga procesal de este último consistente en que debe demostrar fehacientemente su interés jurídico, de la cual no se libera por el hecho de que la responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la última mencionada en sí misma, y otra el perjuicio que ésta pueda deparar a la persona en concreto. Los anteriores argumentos se apoyan en la jurisprudencia 1/2002, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XV, febrero de 2002, registro electrónico 187777, que se cita: "INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto." También sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 23/94, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava época, tomo 84, diciembre de ********************4, registro electrónico 206321, de rubro y texto siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. OBLIGACIÓN DE PROBARLO AUNQUE OPERE PRESUNCIÓN DE CERTEZA DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO POR FALTA DE INFORME. La presunción de existencia del acto reclamado por falta de informe justificado de las autoridades responsables, prevista por el artículo 149 de la Ley de Amparo, no exime al quejoso de la obligación que tiene de acreditar que el acto que reclama afecta su interés jurídico, ya que de no hacerlo el juicio de garantías resulta improcedente y debe sobreseerse en términos de la fracción V del artículo 73, y fracción III del artículo 74 de la Ley de Amparo". A más que si bien la referida responsable allegó un disco compacto que no contiene un video, de su reproducción se advierte que no tiene registro de audio, lo que incluso así confirmó el Juez Cívico responsable; también se observa la presencia de dos personas, sin embargo, no existe otro elemento de prueba que acredite la identidad de éstas, ni lo ahí tratado, por lo que, por sí solo, es insuficiente para probar que se trate del quejoso. Por tanto, en el presente juicio no quedó demostrado que la infracción de tránsito y posterior multa, atribuidas a las autoridades responsables, provoquen un menoscabo directo en la esfera jurídica de derechos del peticionario del amparo, como lo pretende hacer ver. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 5°, fracción I, y 6° de la citada legislación, así como 107, fracción I, Constitucional, lo que procede es sobreseer en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. En ese orden, atento a los razonamientos expuestos en la presente resolución, este órgano jurisdiccional se encuentra jurídicamente impedido para realizar el estudio de los conceptos de violación con relación a la inconstitucionalidad que se aduce de los actos reclamados. Lo anterior conforme a la jurisprudencia 509, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 394465, visible en la página 335 del Apéndice de ********************5, tomo VI, Séptima época, materia común, que prevé lo siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". Finalmente, tocante a las manifestaciones que realizó el agente del Ministerio Público adscrito, a manera de alegatos, es innecesario plasmar en la presente ejecutoria lo ahí argumentado, debido a que se advierte que no existe alguna cuestión que tenga que tomar en cuenta este Juzgado de Distrito para hacer un cambio de criterio. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica, la jurisprudencia de contenido siguiente: " Registro digital: 2018276 Instancia: Pleno Décima Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 26/2018 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 60, Noviembre de 2018, Tomo I, página 5, Tipo: Jurisprudencia. ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SI BIEN LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN ESTUDIARLOS, NO NECESARIAMENTE DEBEN PLASMAR ALGUNA CONSIDERACIÓN AL RESPECTO EN LA SENTENCIA. En términos del artículo 181 de la Ley de Amparo, después de que hayan sido notificadas del auto admisorio de la demanda, las partes tendrán 15 días para formular alegatos, los cuales tienen como finalidad que quienes no ejercieron la acción de amparo directo puedan ser escuchados, al permitírseles formular opiniones o conclusiones lógicas respecto de la promoción del juicio de amparo, por lo que se trata de una hipótesis normativa que garantiza un debido proceso en cumplimiento a las formalidades esenciales del procedimiento que exige el párrafo segundo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De esa forma, el debido proceso se cumple con brindar la oportunidad de manifestarse y el correlativo deber del tribunal de estudiar las manifestaciones, sin que ello pueda traducirse en una obligación de un pronunciamiento expreso en la sentencia, en tanto que no todo ejercicio analítico que realiza un órgano jurisdiccional respecto del estudio de las constancias debe reflejarse forzosamente en una consideración. Por todo lo anterior, el órgano jurisdiccional es el que debe determinar, en atención al caso concreto, si plasma en la resolución el estudio de los alegatos formulados por las partes, en el entendido de que en cumplimiento a la debida fundamentación y motivación, si existiera alguna incidencia o cambio de criterio a partir del estudio de dichos argumentos, sí resultaría necesario referirlo en la sentencia, como por ejemplo, el análisis de una causal de improcedencia hecha valer. Así, el ejercicio de esta facultad debe darse en cumplimiento al artículo 16 constitucional que ordena a las autoridades fundar y motivar sus actos, así como al diverso artículo 17 constitucional que impone una impartición de justicia pronta, completa e imparcial." Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************, contra los actos precisados en el considerando segundo, y por los motivos expuestos en el último de la presente sentencia. Notifíquese personalmente. Así, lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, secretario que autoriza y da fe, hasta hoy trece de septiembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado.- Doy fe.gabk

  4. Principal

    Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, declara abierta la audiencia: Secretario dé cuenta por favor. EL SECRETARIO: Juicio de amparo V 8/2023 promovido por Amilcar Mendoza Castañeda contra actos de la Comisión Municipal de Seguridad Ciudadana, con residencia en esta ciudad, y otra autoridad, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo no existe tercero interesado. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. EL SECRETARIO: Se da cuenta con los informes justificados rendidos por: Juez Cívico Municipal del H. Ayuntamiento de Morelia, con residencia en esta ciudad. Director Jurídico de la Comisión Municipal de Seguridad Ciudadana, con residencia en esta ciudad. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendidos los informes de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretario dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que obra en autos las documentales exhibidas por la parte quejosa y autoridades responsables; pruebas que en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, se tuvieron por admitidas y desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza. EL SECRETARIO: Abierta la etapa de alegatos, se hace constar con los formulados por el Agente del Ministerio Público adscrito a este juzgado, a través del escrito presentado el once de abril del año en curso. EL JUEZ: Ténganse por reproducidos los alegatos de referencia, en consecuencia, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión.JUEZ TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO. OMAR ALEJANDRO ELIZALDE HERRERA. SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO. LEONEL LÓPEZ PÉREZ.Con fundamento en el artículo 26 Bis del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19, y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, la que suscribe Secretario Leonel López Pérez CERTIFICA Y HACE CONSTAR que la presente audiencia quedó integrada, en la hora y fecha señaladas; empero, tales datos no coincidan con aquellos en que se firma electrónicamente dicha acta y la resolución correspondiente; virtud del proceso interno para la confección y firma electrónica de las actuaciones, así como la carga de trabajo de este juzgado constitucional; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.

Quedan 25 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,288 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano