Amilcar Méndez Hernández

Expediente 1089/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1089/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
30/08/2019

Partes del expediente

  • Amilcar Méndez Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, treinta de agosto de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo en el que se desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese este juicio como asunto concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.

  2. Principal

    CON ESTA FECHA SE LE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE QUINCE DE AGOSTO DEL EÑO AN CURSO, QUE DICE: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; quince de agosto de dos mil diecinueve. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por *********** contra actos que le reclama a: 1. Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado, con domicilio en esta ciudad. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 1089/2019-XII. DESECHAMIENTO Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo, este juzgador advierte que la misma es notoriamente improcedente, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo vigente, que establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato". "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De los numerales transcritos se observa, que dentro de las veinticuatro horas siguientes a partir de que fue recibida la demanda de amparo por el Órgano de Control Constitucional, dictará el auto de desechamiento, en su caso, cuando concurran los siguientes requisitos: a) Que exista un motivo de improcedencia y b) Que sea manifiesto y también indudable. Lo manifiesto, se materializa cuando se advierte en forma patente, absolutamente y clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios, de ampliación a la misma cuando los haya y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable, es la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en la hipótesis de estudio. Analizada que es la demanda de amparo de referencia, se aprecia que el promovente del amparo reclama en esta vía constitucional: " a).- LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA AL ESCRITO DE SUBSANACIÓN CON PROMOCIÓN *********** INGRESADO A LA DELEGACIÓN DEL REGISTRO AGRARIO NACIONAL EL 25 DE JULIO DE 2019, CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD DE TRAMITE************ Lo cual, de los antecedentes del acto reclamado se traduce en la omisión de dar contestación al escrito de fecha de veinticinco de julio de dos mil diecinueve. Ahora bien, en el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 8, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley"Artículo 8o. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." Del artículo 8 Constitucional, deriva el derecho humano de petición, cuyo titular es el gobernado en general, o sea cualquier persona física o moral que tenga tal carácter, lo que deriva como derecho subjetivo público individual consagrado en el artículo 8º de la Carta Magna; esto es, cualquier gobernado tiene el derecho de acudir ante cualquier autoridad a formular determinada petición, siempre y cuando ésta se haga como sigue: a) Por escrito; y, b) De una manera pacífica y respetuosa. Solicitud que deberá ser contestada en breve término por la autoridad ante la cual se haya presentado. Por cuanto hace a la referencia de que tal contestación debe ser emitida y notificada al solicitante dentro de un breve término, si bien es cierto el precepto en estudio no especifica qué se debe entender por breve término, también es verdad que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en reiteradas ocasiones, ha sustentado que dicha disposición se infringe si transcurren cuatro meses desde que la autoridad haya recibido la petición escrita del gobernado, sin que aquélla se hubiese contestado. Ese lapso no debe entenderse como invariable, es decir, aplicable en todo caso, pues la misma Corte ha considerado que el "breve término" a que el mencionado precepto constitucional alude, debe ser aquel en que racionalmente pueda conocerse una petición y contestarse. Respecto a ese concepto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que dicha disposición se infringe si transcurren cuatro meses desde que la autoridad haya recibido la petición escrita del gobernado, sin que hubiese contestado, pero además, la misma Corte ha considerado que el "breve término" a que el mencionado precepto constitucional alude, debe ser aquel en que racionalmente pueda conocerse una petición y acordarse; es decir, queda claro que no es posible dar una definición de lo que debe entenderse por "breve término", de manera que se comprendan todas las posibles peticiones elevadas a la autoridad, pues la naturaleza de lo solicitado y los estudios o trámites que la contestación requiera, hacen variable el periodo de lo que sería un término razonablemente breve para dar respuesta, de modo tal que no queda más que ser casuista en este aspecto, atendiendo a las peculiaridades del caso y a lo que razonablemente se puede llamar un término breve para dar respuesta a la petición de que se trate. Es aplicable a lo anterior, la tesis jurisprudencial 470, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, visible en el Apéndice de 1975, Parte III, Sección Administrativa, página 767, registro digital 395221, de rubro y texto siguientes: "PETICIÓN, DERECHO DE. TÉRMINO PARA EL ACUERDO RESPECTIVO. Atento lo dispuesto por el artículo 8º de la Constitución, que ordena que a toda petición debe recaer el acuerdo respectivo, es indudable que si pasan más de cuatro meses desde que una persona presenta un ocurso y ningún acuerdo recae a él, se viola la garantía que consagra el citado artículo constitucional." Así también, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada I.4o.A.68 K, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIII, febrero de 1994, página 390, registro digital 213551, cuyo epígrafe y texto dicen: "PETICIÓN. DERECHO DE. CONCEPTO DE BREVE TÉRMINO La expresión "breve término", a que se refiere el artículo 8o. constitucional, que ordena que a cada petición debe recaer el acuerdo correspondiente, es aquel en que individualizado al caso concreto, sea el necesario para que la autoridad estudie y acuerde la petición respectiva sin que, desde luego, en ningún caso exceda de cuatro meses." Asimismo, debe tenerse en cuenta que, si en la ley que rige el acto reclamado, se encuentra reglamentado el ejercicio del derecho de petición, de modo tal que exista disposición expresa en relación con el término en que la autoridad de que se trate, debe dar respuesta a la petición formulada, y solo se considerará que se transgrede el artículo 8º de nuestra Carta Magna, si no se observa el término que la ley que rige el acto reclamado, otorga a la autoridad para atender una petición presentada ante ella. En el caso concreto, la parte quejosa reclama a la autoridad responsable, la falta de respuesta a su petición efectuada mediante de veinticinco de julio de dos mil diecinueve, en el que solicita la inscripción de Contrato de Cesión de Derechos Parcelarios a Título Gratuito. Luego, atendiendo a los numerales 51 y 52 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional los cuales dicen lo siguiente: "Artículo 51. El Registro garantizará en sus procedimientos registrales que se salvaguarden en lo conducente, los principios registrales de rogación, buena fe, legalidad, prelación, tracto sucesivo, celeridad y publicidad. El procedimiento registral inicia con la presentación de la solicitud en las Delegaciones o en los Centros de Atención que correspondan, debiéndose invariablemente registrar el número de entrada progresivo, fecha y hora para los efectos legales correspondientes, atendiendo a los Manuales de procedimientos que correspondan.". (.) "Artículo 52. Los registradores examinarán bajo su responsabilidad, cada uno de los documentos y actos jurídicos que en ellos consten, para determinar si los mismos reúnen los requisitos de forma y fondo exigidos por la normativa que los rija, con el fin de garantizar los principios de legalidad y certeza jurídica. El registrador deberá cerciorarse de que no se ha presentado con anterioridad documento alguno que contenga actos inscribibles que se opongan al que se solicita. El Registrador no calificará la legalidad de las sentencias o resoluciones presentadas a inscripción, pero si a su juicio existe alguna imposibilidad material o legal por la que ésta no pueda practicarse, pondrá el caso en conocimiento del Delegado y del Director General de Asuntos Jurídicos, para que por su conducto se dé cuenta a la autoridad ordenadora; si a pesar de ello ésta insiste en que se cumpla su mandato, se procederá conforme a lo ordenado, tomándose razón del hecho en el asiento correspondiente. Las calificaciones positivas o negativas deberán producirse en un plazo que no excederá de sesenta días naturales, contado a partir de la fecha de presentación de la documentación de que se trate. Será positiva cuando resuelva autorizar la inscripción solicitada y será negativa cuando resuelva denegar el servicio registral." Por ello, debe decirse que, en el presente asunto se surte la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, ya que el promovente antes de acudir al juicio de amparo, debió adecuarse a los términos que establece el artículo 52 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, toda vez que dicho precepto legal es la que corresponde resolver los actos en materia agraria respecto del Registro Nacional Agrario, que corresponde a los registradores las calificaciones positivas o negativas que deberán producirse en un plazo que no excederá de sesenta días naturales, contado a partir de la fecha de presentación de la documentación de que se trate; de ahí que este juzgador estime aplicable al caso el término antes aludido para que la autoridad atienda la petición elevada ante ella. Luego, si la demanda de amparo que se estudia, fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, el trece de agosto de dos mil diecinueve, como puede apreciarse de la boleta de ingreso respectiva; en tanto que, como ya se adelantó, el escrito mediante el cual se presentó la solicitud ante la autoridad responsable, cuya falta de respuesta reclama, se realizó el veinticinco de julio del año en curso; en tal razón, el juicio constitucional fue promovido habiendo transcurrido veinte días después de haberse elevado la solicitud de mérito ante la autoridad responsable. En estas circunstancias, si se toma en cuenta que el quejoso debió adecuarse al plazo establecido en el artículo 52 del Reglamento Interior del Registro Agrario Nacional, esto es, al término específico para que las responsables, deban dar contestación a su escrito dentro del término de sesenta días (el cual no podrá exceder de dicho término), a la fecha de presentación de la demanda ese plazo no había transcurrido. En tal virtud, es indubitable que en el caso a estudio se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 8 Constitucional y 18 de la Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado de Chiapas; en tal virtud, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con apoyo en lo dispuesto por los numerales 112 y 113 de la ley de la materia. Apoya lo expuesto, por las razones que informa, la tesis aislada XIX. 1o.5 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo IV, septiembre de 1996, página 633, registro digital 201387, cuyo epígrafe y texto son los siguientes: "DERECHO DE PETICIÓN. SI NO HA TRANSCURRIDO EL TÉRMINO QUE LA AUTORIDAD TIENE PARA EL ACUERDO DE PROMOCIONES, NINGUNA VIOLACIÓN EXISTE AL. Cuando en la demanda de amparo se reclama la violación al derecho de petición por la falta de provisión de la solicitud relativa y se advierte que el promovente no dejó transcurrir ni siquiera el lapso necesario para que materialmente la autoridad pueda dar contestación a su escrito y hacerle conocer el acuerdo recaído, es indudable que no existe ningún acto de autoridad que pueda ser objeto del juicio de garantías. Por tanto, la demanda de amparo presentada en estos términos debe desecharse con fundamento en el artículo 145 de la Ley de Amparo." Sin que esta determinación constituya cosa juzgada sobre el acto negativo reclamado; por tanto, si en un plazo de sesenta días, el promovente estima que la autoridad responsable continúa con dicha omisión, hágase del conocimiento a la parte quejosa que tiene a salvo sus derechos para promover un nuevo juicio de amparo, en atención a que las omisiones en que incurren las autoridades son de tracto sucesivo. Lo anterior, para que este juzgador esté en aptitud de determinar la actualización del caso de excepción establecido en la jurisprudencia 48/2016 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, esto es, que en el caso existe una abierta dilación del procedimiento. Lo anterior es así, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, además de que no se tiene la certeza de la ejecución o realización del acto referido y se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XX, página 1631, septiembre de 2004, de la siguiente literalidad: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita". Es aplicable también, el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena época, tomo V, página 608, mayo de 1997, que dispone: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO POR CAUSA NOTORIA Y MANIFIESTA DE IMPROCEDENCIA. ÉSTA DEBE ESTAR PLENAMENTE PROBADA. Para desechar una demanda de amparo por causa notoria y manifiesta de improcedencia se requiere que la causal sea indudable, esto es, que esté plenamente demostrada, pues en caso contrario, es indispensable admitir la demanda a trámite, para que en el curso del procedimiento se dilucide si efectivamente se actualiza o no la causal, pues no debe olvidarse que las causales de improcedencia deben estar debidamente acreditadas por ser denegatorias de justicia, y si al acordar sobre la admisión de la demanda tal causal no está fehacientemente probada, y pese a ello se desecha aquélla, se estaría privando al afectado de su derecho a instar el juicio constitucional sin posibilidad de prueba al respecto". DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que al efecto indica en esta ciudad, y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que indica ya que pese a que su cedula profesional no se encuentra en el registro y consulta de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, ni registrada en este juzgado, no se hace necesario este requisito por tratarse de un asunto en materia agraria. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República; además, de que el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo impone el cuidar de que los juicios de amparo no queden paralizados, para el caso de que en este juicio de amparo deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Con fundamento en los artículos 1, 6, 8, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, referente a los criterios de clasificación y conservación de la información reservada o confidencial para garantizar el respeto a la privacidad; hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en la sentencia respectiva, en el entendido que de no realizar manifestación alguna serán omitidos y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet http://www.cjf.gob.mx/consultas.htm. o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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