Ameth Aguilar De los Santos
Expediente 593/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de enero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 593/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 28/01/2019
Partes del expediente
- Ameth Aguilar De los Santos
Actuaciones
- Principal
Agréguese únicamente el oficio de cuenta; toda vez que en proveído de veintidós de junio de dos mil dieciocho, se ordenó archivar el presente juicio (foja 39). Por otra parte, toda vez que a partir del uno de octubre de dos mil dieciocho, el titular de este órgano jurisdiccional es el licenciado EDUARDO GARIBAY ALARCÓN, comuníquese lo anterior a las partes para los efectos legales correspondientes.
- Principal
SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO EL AUTO QUE SOBRESEYO FUERA DE AUDIENCIA EL JUICIO DE GARANTÍAS, ARCHÍVESE EL ASUNTO COMO ASUNTO CONCLUIDO.- SE HACE LA INDICACIÓN QUE EL PRESENTE ASUNTO ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN , AL SER UN JUICIO DE AMPARO SOBRESEIDO FUERA DE AUDIENCIA.
- Principal
Agréguese a los autos el informe justificado de cuenta y con fundamento en el numeral 119 de la ley de la materia, se tienen por exhibidas las documentales que anexa. Ahora, de dichas constancias, específicamente del acuerdo de veinticuatro de mayo del actual (fojas 28 y 29), se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que para mayor claridad se trascribe: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Lo anterior, toda vez que del estudio integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa, señaló como acto reclamado la omisión de la autoridad responsable de señalar fecha y hora para el verificativo de la audiencia inicial en los autos juicio laboral J/O/73/2017 (conciliación, demanda y excepciones). Y del aludido acuerdo -veinticuatro de mayo del actual (fojas 28 y 29)- se extrae que la Junta del conocimiento se pronunció respecto de dicha circunstancia, señalando fecha y hora para la celebración de la aludida audiencia; por tanto, es inconcuso que el acto reclamado en el presente juicio cesó en sus efectos, actualizándose la causa de improcedencia referida, al haber desaparecido el motivo que concreta y específicamente originó el presente juicio. En ese sentido, se concluye que al destruirse los efectos del acto reclamado resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo efectos ni los surtirá en virtud de que el acto omisivo atribuido a la responsable dejó de existir, pues la misma señaló fecha y hora para el desahogo de la audiencia de ley en los autos del expediente laboral J/O/73/2017; lo anterior, como si se hubiera concedido la protección constitucional. Tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia número 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, junio de 1999, novena época, página 38, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". De igual forma, la Jurisprudencia número 2ª./J.9)98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, Tomo VII, febrero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO, CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.- Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo tal, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo" Consecuentemente, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo; pues constituye un caso específico de causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, por lo que ningún objeto tiene continuar la tramitación del juicio y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas, si el sentido del fallo sería el mismo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis 2ª./J.10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que señaló: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En consecuencia, se deja sin efecto la hora y fecha de la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con treinta y seis minutos del veinte de junio del año en curso (foja 3 vuelta). Finalmente, no pasa desapercibido para quien resuelve, que en el presente juicio de amparo no ha transcurrido el término de ocho días para que las puedan imponerse del informe justificado rendido por la Junta responsable; sin embargo, se procedió a resolver este asunto, tomando en consideración que la presente determinación, lejos de causarle un perjuicio a la parte quejosa, garantiza su derecho constitucionalmente reconocido a que se le administre justicia en forma pronta y expedita.
- Principal
Vista; la demanda de amparo promovida por Ameth Aguilar de los Santos contra actos de la Junta Especial número 3 de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad; fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado, con el número de expediente 593/2018-8-A. DIGITALIZACIÓN. De conformidad con los artículos 12 del Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial Federación, 89, 90, 91, 92 y 95 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, procédase a la digitalización oportunamente y de manera legible de las constancias que en su caso se presenten de manera impresa y de la impresión de las que se presenten de forma electrónica, de conformidad con el artículo 3, párrafos quinto y séptimo de la Ley de Amparo; en el entendido que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad de documentos o a datos personales o que no formen parte del expediente electrónico, quedarán a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado o en su caso se ordenará la integración de cuadernos auxiliares con dichos documentos que no se agregarán al expediente impreso respectivo ni a su versión electrónica. ADMISIÓN. Establecido lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I y XII, de la Constitución Federal, 1, fracción I, 35, 107, 108, 112, 115, 116, y demás numerales relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda en sus términos. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Sin que se tramite incidente de suspensión en virtud de no existir solicitud al respecto. INFORME JUSTIFICADO. Con fundamento en el numeral 117 de la Ley de Amparo vigente, pídase a la autoridad responsable su informe justificado, que deberá rendir en el término de quince días siguientes al en que reciba el oficio en que se le solicita, anexando copia certificada u original, en su caso, de todas y cada una de las constancias que sirvieron de apoyo para su emisión, con apercibimiento que de no hacerlo, se presumirá cierto el acto reclamado, y se le impondrá multa de cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, emitido por el Poder Ejecutivo, que entró en vigor el veintiocho de enero de dos mil dieciséis que señala el precepto 260, fracción II, de la Ley de Amparo. En caso de ser cierto el acto reclamado la responsable deberá remitir la resolución que se reclama vía correo electrónico (e-mail) a la dirección 6jdo20ctoajf@correo.cjf.gob.mx o en su caso, un disco flexible que la contenga. OBLIGACIÓN DE LA AUTORIDAD. Requiérase a la responsable para que en el momento de rendir su informe justificado comunique a este juzgado si se ha promovido diverso juicio de amparo en contra del acto aquí reclamado, en caso de ser así remita las constancias que lo acrediten; atento a lo dispuesto por los artículos 64 y 117, párrafo cuarto, de la nueva Ley de Amparo, con el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá multa de treinta Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, emitido por el Poder Ejecutivo, que entró en vigor el veintiocho de enero de dos mil dieciséis en términos de lo dispuesto en el artículo 251 de ese misma ley. Hágase saber a las partes también que conforme a lo establecido por el artículo 64 de la nueva Ley de Amparo, están obligadas a informar a este Juzgado Federal cuando hubieren cesado los efectos del acto reclamado u ocurrido causas notorias de sobreseimiento, con la prevención de que en caso de ser omisas al respecto, se les impondrá la multa señalada en el párrafo que antecede. Además, se indica a la autoridad responsable que en caso de no recibir el oficio que les sean remitidos, se tendrá por hecha la notificación y será responsable por falta de cumplimiento de la resolución que contenga, de conformidad con el artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; sin perjuicio de que se imponga multa de cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, emitido por el Poder Ejecutivo, que entró en vigor el veintiocho de enero de dos mil dieciséis que prevé el numeral 245 de la Ley de Amparo. OBLIGACIONES DE LAS PARTES. Infórmese a las partes que en caso de fallecimiento del quejoso o tercero interesado, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 16 de la Ley de Amparo, deberán informarlo a este Juzgado de Distrito, acreditando tal circunstancia o proporcionando los datos necesarios para ese efecto, bajo el apercibimiento que en caso de no comunicarlo, se les impondrá multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, emitido por el Poder Ejecutivo, que entró en vigor el veintiocho de enero de dos mil dieciséis de conformidad con el artículo 242 de la Ley de Amparo. Se apercibe a la parte quejosa, que si la denominación de la autoridad señalada como responsable en el presente juicio, resulta errónea o imprecisa, ésta se tendrá por no designada para todos los efectos legales a que haya lugar; tomando en consideración que, este juzgado no está autorizado a llamar a juicio a autoridades no señaladas directamente por la parte quejosa, porque su designación es una carga procesal que pesa sobre ésta, según se deduce del artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Acorde con los artículos 22 y 115 de la Ley de Amparo, se fijan las nueve horas con treinta y seis minutos del veinte de junio de dos mil dieciocho, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. NOTIFICACIÓN A LAS PARTES, DESIGNACIÓN DE DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le compete. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala, y como autorizadas en los términos que indica, a las personas que refiere. Respecto de la parte tercera interesada que señala, resérvese de proveer lo conducente en tanto obre en autos el informe con justificación. Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el juicio de amparo en que se actúa. PROTECCIÓN DATOS PERSONALES. Finalmente, de conformidad con los artículos 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Gubernamental; y 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace saber a las partes que en cualquier momento del juicio, incluso cuando el expediente se encuentre en archivo, podrán por sí o por representante legítimo, manifestar expresamente su oposición a que aparezcan sus datos personales cuando se presente solicitud de acceso a la información de las resoluciones públicas, pruebas y constancias que obren en el expediente. Se autoriza al secretario para que firme los oficios relativos al presente juicio.
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