America Selene Ortiz Rodriguez

Expediente 570/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 6 actuaciones registradas, la última del 2 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
570/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
02/02/2023

Partes del expediente

  • America Selene Ortiz Rodriguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    México, Ciudad de México, a dos de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese al presente cuaderno de antecedentes el oficio proveniente del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, mediante el cual comunica el contenido del proveído de treinta de enero de dos mil veintitrés, dictado en el expediente D.C. 665/2021, del que se advierte que asumió el conocimiento del asunto y mediante proveído de nueve de mayo de dos mil veintiuno, y sesión pública de nueve de junio del mismo año, concedió la protección y amparo solicitado por *****, derivado del conocimiento planteado. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y remítase el expediente de que se trata como concluido al ARCHIVO de este órgano jurisdiccional para su resguardo en la remesa correspondiente al quince de febrero de dos mil veintitrés. De igual manera, se hace del conocimiento de las partes que el presente expediente no es considerado de relevancia documental, ya que no cumple con los lineamientos expresados en el Capítulo Quinto del último párrafo del artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En este sentido, también se comunica a las partes que conforme a lo señalado en el Capítulo Octavo, artículo 21, inciso d) del referido Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este juzgado durante el plazo de tres años, ya que después de ese lapso, se procederá a la destrucción de las constancias que integran el presente expediente. Finalmente, de conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, artículo 25 del multicitado Acuerdo y al Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se hace constar que el presente cuaderno concuerda fielmente con el expediente electrónico que se encuentra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese por lista a la parte quejosa.

  2. Principal

    México, Ciudad de México, a veinticinco de enero de dos mil veintitrés. Como del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en proveído de diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, se tuvo al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, acusando recibo del juicio constitucional del que deriva el presente cuaderno e informando las gestiones que se encontraba realizando para proveer respecto de la demanda de amparo, misma que radicó con el número de expediente D.C. 665/2021, sin que a la fecha se tenga conocimiento del cauce que dio a la demanda respectiva; en tales condiciones, a efecto de proveer respecto del destino del asunto en que se actúa, se solicita atentamente al Tribunal citado para que de no existir inconveniente legal alguno, se sirva informar lo relativo a dicha demanda de garantías. Notifíquese por oficio al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y por lista a la parte quejosa.

  3. Principal

    México, Ciudad de México, a diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el oficio de cuenta del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, mediante el cual transcribe el auto de siete de diciembre de dos mil veintiuno, de que se advierte las gestiones que está realizando a efecto de proveer respecto del conocimiento planteado por este órgano jurisdiccional. Notifíquese por lista a los quejosos.

  4. Principal

    En la Ciudad de México, a treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno. Visto el escrito de cuenta de la quejosa *****************, presentado por propio derecho, mediante el cual desahoga la prevención formulada en autos; por lo que se procede acordar la demanda de garantías en los siguientes términos: ...ACUERDO DE INCOMPETENCIA Atendiendo a que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual debe analizarse antes de resolver cuestiones de fondo planteadas en la demanda, se estima que este Juzgado federal CARECE DE COMPETENCIA LEGAL para resolver el juicio de amparo respecto del acto reclamado, ya que sin poner fin al juicio constituye una resolución definitiva y, por ende, corresponde conocer a un Tribunal Colegiado, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción V, inciso c), ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 34, 47 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo; y 37, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En efecto, los preceptos legales invocados, establecen: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: "Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite. I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. (.) Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) V. El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes: (.) c) En materia civil, cuando se reclamen sentencias definitivas dictadas en juicios del orden federal o en juicios mercantiles, sea federal o local la autoridad que dicte el fallo, o en juicios del orden común. En los juicios civiles del orden federal las sentencias podrán ser reclamadas en amparo por cualquiera de las partes, incluso por la Federación, en defensa de sus intereses patrimoniales, y (.)". Ley de Amparo: "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido". Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación: "Artículo 37. Con las salvedades a que se refieren los artículos 10 y 21 de esta ley, son competentes los tribunales colegiados de circuito para conocer: I. De los juicios de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o contra resoluciones que pongan fin al juicio por violaciones cometidas en ellas o durante la secuela del procedimiento, cuando se trate: (.) c) En materia civil o mercantil, de sentencias o resoluciones respecto de las que no proceda el recurso de apelación, de acuerdo a las leyes que las rigen, o de sentencias o resoluciones dictadas en apelación en juicios del orden común o federal, y (.)". Del marco legal trascrito, se desprende que los Tribunales Colegiados de Circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo promovido contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio, las cuales son aquellas que deciden el juicio en lo principal, o sin resolverlo, lo dan por concluido, y respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso o medio ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas. Además, que cuando se presente ante un Juzgado de Distrito una demanda de amparo contra alguna sentencia definitiva, laudo o resolución que pongan fin al juicio, se debe declarar legalmente incompetente y remitir la demanda al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente. Por su parte, el artículo 245, párrafo último, de la Ley de Concursos Mercantiles, establece: "Artículo 245.- [.] El concurso mercantil de las instituciones de crédito se regirá por lo dispuesto para la liquidación judicial y demás normas aplicables de la Ley de Instituciones de Crédito." El artículo 268 de la Ley de Instituciones de Crédito, dispone: "Artículo 268.- El recurso de revocación procede en contra de la sentencia que resuelva sobre la declaración de la liquidación judicial, la sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de créditos y contra la sentencia que declare la terminación de la liquidación judicial. El juez desechará de plano los recursos de revocación por los que se controviertan resoluciones diversas a las señaladas en este artículo." De los artículos transcritos, se advierten las normas que establecen que el concurso mercantil de las instituciones de crédito se regirá por lo dispuesto para la liquidación judicial y demás normas aplicables de la Ley de Instituciones de Crédito y que el recurso de revocación procede en contra de la sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de créditos. Así, respecto a la naturaleza de la sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de créditos, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 78/2001, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Diciembre de 2001, página 140, registro digital 188077, que es del tenor y rubro siguientes: "SUSPENSIÓN DE PAGOS. LA SENTENCIA DE RECONOCIMIENTO, GRADUACIÓN Y PRELACIÓN DE CRÉDITOS, ES IMPUGNABLE MEDIANTE EL AMPARO DIRECTO. La sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de créditos resuelve en definitiva si se reconoce o no el crédito presentado por los presuntos acreedores, así como la prelación y graduación en que éstos deberán ser pagados por la suspensa, poniendo fin a la contienda judicial entre la pretensión de cada uno de los acreedores y la suspensa, por lo que al resolver esta sentencia cuestiones principales y no meramente accesorias del juicio de suspensión de pagos, la misma reviste un carácter de definitiva, puesto que dichas cuestiones ya no podrán ser modificadas con posterioridad, en virtud de que se constituyen diversos derechos a favor de los acreedores, y en caso de que esta sentencia resultara contraria a los intereses de algún acreedor, originaría un perjuicio directo e inminente a su esfera jurídica, que podrá controvertir mediante el recurso de apelación y posteriormente, en su caso, acudir al amparo directo." Determinó que lo siguiente: "[.] 7. En la sentencia de reconocimiento de créditos, el Juez establecerá el grado y la prelación que se le reconoce a cada crédito, clasificando a los acreedores según la naturaleza de sus créditos en acreedores singularmente privilegiados, acreedores hipotecarios, acreedores con privilegio especial, acreedores comunes por operaciones mercantiles y acreedores comunes por derecho civil. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que la sentencia dictada por el Juez de lo Concursal, referente al reconocimiento, graduación y prelación de los créditos, resuelve en definitiva si se reconoce o no el crédito presentado por el presunto acreedor, poniendo fin a la contienda judicial entre la pretensión de cada uno de los acreedores y la suspensa, resolviéndose una cuestión principal, que en caso de resultar contraria a los intereses de algún acreedor, originaría un perjuicio directo e inminente a su esfera jurídica, que podrá controvertir mediante el recurso de apelación y posteriormente a esta sentencia definitiva de la segunda instancia, acudir al amparo directo." Es decir, otorgó a la sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de créditos, el carácter de una resolución definitiva porque en definitiva se reconoce o no el crédito presentado por el presunto acreedor, poniendo fin a la contienda judicial entre la pretensión de cada uno de los acreedores y la suspensa, resolviéndose una cuestión principal, que en caso de resultar contraria a los intereses de algún acreedor, originaría un perjuicio directo e inminente a su esfera jurídica, la que se podría combatir a través del recurso correspondiente y posteriormente acudir al amparo directo. Con base en la jurisprudencia referida diversos Tribunales Colegiados han aplicado de manera analógica a la Ley de Concursos Mercantiles la naturaleza de la sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de créditos, establecida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para determinar que constituye la sentencia definitiva en tal procedimiento. Así, se deprende de la tesis IV.2o.C.82 C, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIX, Enero de 2009, página 2671, registro digital: 168180, que establece: "CONCURSO MERCANTIL. LOS ACTOS DICTADOS EN LA ETAPA DE QUIEBRA SON IMPUGNABLES EN AMPARO INDIRECTO HASTA LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN QUE DECLARE CUMPLIDA O INOBSERVADA LA SENTENCIA DE RECONOCIMIENTO, GRADUACIÓN Y PRELACIÓN DE CRÉDITOS. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 74/2002-PS, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 29/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, junio de 2003, página 11, cuyo rubro es: "AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA SU PROCEDENCIA, RESPECTO DE ACTOS DICTADOS DENTRO DEL JUICIO, DESPUÉS DE CONCLUIDO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA.", determinó categóricamente que existen dos reglas genéricas y una específica para la procedencia del juicio de garantías en la vía indirecta, y que atendiendo a que tales medidas tienen aplicación en distintas etapas del juicio natural, según la naturaleza y finalidad de cada uno de los actos dictados durante su prosecución, es inconcuso que cada una de las aludidas reglas es aplicable a hipótesis diferentes, por lo que no pueden adminicularse entre sí, pues de actuar en ese sentido existe el grave riesgo de desnaturalizar el juicio de garantías. En ese contexto, si se reclama una resolución dictada en un concurso mercantil, durante la etapa procesal de quiebra, y con posterioridad a la emisión de la sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de créditos, la cual constituye la sentencia definitiva en tal procedimiento de conformidad con la diversa jurisprudencia 1a./J. 78/2001, emitida por la referida Primera Sala del más Alto Tribunal del país, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, diciembre de 2001, página 140, de rubro: "SUSPENSIÓN DE PAGOS. LA SENTENCIA DE RECONOCIMIENTO, GRADUACIÓN Y PRELACIÓN DE CRÉDITOS, ES IMPUGNABLE MEDIANTE EL AMPARO DIRECTO.", es indudable que en ese caso debe atenderse a la regla específica que prevé el artículo 114, fracción III, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, consistente en que el juicio de garantías en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, la cual consiste, según lo estableció el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 32/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 31, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA.", en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Lo anterior es así, en razón de que los actos dictados en ejecución de sentencia, no pueden ser regulados por la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto que rige para los actos dictados en el juicio, como lo prevé la jurisprudencia citada en primer término." De igual forma, de la tesis III.5o.C.121 C, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Junio de 2007, página 1047, registro digital 172239, que dice: "CONCURSO MERCANTIL. LA SENTENCIA QUE CONFIRMA LA DIVERSA QUE DECLARÓ LA QUIEBRA, ES IMPUGNABLE MEDIANTE EL AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 2o., 43, 122, 135, 175 y 265 de la Ley de Concursos Mercantiles, el juicio consta de dos etapas sucesivas denominadas de conciliación y de quiebra en las que se dictan diversas sentencias, como son: a) la que declara el concurso; b) la de reconocimiento, graduación y prelación de créditos; c) la de quiebra, y d) la de terminación. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 78/2001, de rubro: "SUSPENSIÓN DE PAGOS. LA SENTENCIA DE RECONOCIMIENTO, GRADUACIÓN Y PRELACIÓN DE CRÉDITOS, ES IMPUGNABLE MEDIANTE EL AMPARO DIRECTO.", la cual es aplicable por analogía a los concursos mercantiles, estableció que la resolución en la que se hace el reconocimiento, graduación y prelación de créditos es la que debe entenderse como definitiva para los efectos de la procedencia del juicio de amparo directo, por ser ésta la determinación que pone fin a la contienda judicial entre la pretensión de cada uno de los acreedores y la concursada, resolviendo las cuestiones principales. Luego, si en todo juicio sólo puede haber una sentencia definitiva contra la que proceda amparo directo; consiguientemente, contra la resolución que confirma la declaración de quiebra el que cabe es el amparo indirecto, tanto por haber sido dictada en el concurso mercantil con posterioridad a la de reconocimiento, graduación y prelación de créditos, de acuerdo a las reglas del artículo 114 de la ley de la materia, como debido a que no resuelve el juicio en lo principal; máxime que sus efectos son similares a los de la sentencia que declara el concurso mercantil (es decir, no definitivos), conforme lo establece el precepto 176 de la Ley de Concursos Mercantiles, que dice: "Sujeto a lo que se establece en este capítulo, las disposiciones sobre los efectos de la sentencia de concurso mercantil son aplicables a la sentencia de quiebra." Por otra parte, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 51/2004, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, Agosto de 2004, página 21, registro digital 180958, estableció que el auto en el que se desecha un recurso interpuesto contra una sentencia definitiva, laudo o resolución que pongan fin al juicio, dada su especial naturaleza y los efectos que produce, debe considerase que pone fin al juicio, pues sin decidir el fondo de la instancia, lo dan por terminado, al dejar firme la sentencia dictada en el juicio natural. Dicha jurisprudencia es el rubro y texto siguientes: "APELACIÓN, AUTO DE DESECHAMIENTO. PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en los numerales 46 y 158 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo procede únicamente en contra de las sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio. Por estas últimas se han entendido todas aquellas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido para todos los efectos legales, ya que impiden su prosecución o continuación. Consiguientemente el auto en el que se desecha el recurso de apelación resulta ser, dada su especial naturaleza y los efectos que produce, de aquellos que ponen fin al juicio, pues sin decidir el fondo de la instancia, lo dan por terminado, al dejar firme la sentencia dictada en el juicio natural." Así las cosas, se estima que la resolución reclamada se encuentra en la hipótesis del artículo 170 de la Ley de Amparo, puesto que se trata de la determinación emitida en la liquidación judicial expediente 227/2020, en el que se desechó el recurso de revocación interpuesto contra la sentencia de reconocimiento graduación y prelación de crédito, cuya naturaleza se estima es definitiva para efectos del mencionado procedimiento, y cuyo conocimiento corresponde a un Tribunal Colegiado de Circuito, en términos de la fracción V del artículo 107 Constitucional, por lo que con fundamento en el numeral 47 de la Ley de Amparo, este Juzgado Noveno de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, se declara carente de competencia legal para conocer de la demanda de garantías y se ordena remitirla al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en turno; SOLICITÁNDOLE DE LA MANERA MÁS ATENTA QUE, DE NO EXISTIR INCONVENIENTE LEGAL ALGUNO, SE SIRVA ACUSAR EL RECIBO RESPECTIVO Y, ASIMISMO, SE SIRVA COMUNICAR SI ACEPTA O NO LA COMPETENCIA PLANTEADA. Con copia autógrafa de este acuerdo y con copia simple de la demanda de amparo, que se obtenga por este juzgado, fórmese por separado el toca de antecedentes respectivo. Por otra parte, agréguese para que obre como corresponda la razón actuarial de cuenta, de la que se advierten los motivos por los cuales la Fedataria judicial adscrito a este órgano jurisdiccional, no pudo notificar a la quejosa **************, el auto de nueve de agosto de dos mil veintiuno, toda vez que las veces que se constituyó al domicilio, nadie acudió a su llamados, y algunos vecinos le manifestaron que el departamento quinientos dos, tiene más de un mes que no se presenta ningún habitante. En esas condiciones, se ordena notificarle el auto de referencia, el presente, así como las subsecuentes notificaciones, incluso las personales, POR MEDIO DE LISTA que se fije en los estrados de este juzgado. Lo anterior en términos del artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Notifíquese por oficio al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en turno y por lista a la parte quejosa. *AUTO DE 09/08/2021.- "En la Ciudad de México, a nueve de agosto de dos mil veintiuno. ...PREVENCIÓN. A efecto de acordar lo que proceda sobre la admisión o inadmisión de la demanda, SE PREVIENE a la parte quejosa, para que dentro del término de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del auto que se dicta, con fundamento en los artículos 112, 114, fracción I, II y IV, con relación al 108, fracción IV, así como el 110, todos de la Ley de Amparo, bajo protesta de decir verdad, realice lo siguiente: PRIMERO. Se sugiere a la quejosa, para que en lo sucesivo firme los escritos con los que comparezca a la presente instancia constitucional, con el mismo tipo de bolígrafo con el que se firmó la demanda de amparo. SEGUNDO. Narre de manera precisa, ordenada, cronológica y breve los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes del juicio 227/2020, desde el inicio del mismo y hasta la sentencia de reconocimiento de graduación y prelación de créditos. TERCERO. Transcriba o exhiba copia escaneada o fotostática o fotografiada claramente, de la sentencia de reconocimiento graduación y prelación de créditos. Lo anterior, porque del contenido de la demanda de amparo no se advierten los antecedes del acto reclamado, aunado de que es un requisito de ésta, de conformidad con el artículo 108, fracción V de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad, el criterio número VI.1o.19 K, registro 208347, sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, tomo XV-II, Febrero de 1995, página 301, cuyos rubro y texto son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. LA CARENCIA DEL REQUISITO DE FORMA CONSISTENTE EN LA NARRACIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE CONSTAN AL QUEJOSO Y QUE CONSTITUYAN LOS ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO, NO ES CAUSA DE SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO. Conforme a lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley de Amparo, la omisión en el escrito de demanda del requisito señalado en el diverso artículo 116, fracción IV, de la propia ley, esto es, en cuanto a la narración de los hechos y abstenciones que consten al quejoso y que constituyan los antecedentes del acto reclamado, es motivo para que se prevenga al promovente que le dé cumplimiento, con el apercibimiento de tener por no interpuesta dicha demanda en caso de no hacerlo; por lo cual es evidente que esta irregularidad no constituye una causa de improcedencia o sobreseimiento del juicio." De igual forma, por identidad y en lo conducente, el criterio número I.7o.A.100 K, registro 175345, sustentado por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXIII, Abril de 2006, página 990, cuyos rubro y texto son los siguientes: "DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Conforme al precepto legal aludido, la parte quejosa debe manifestar los hechos y abstenciones descritos con antelación; sin embargo, en la hipótesis de que no sea satisfecha dicha carga procesal, el Juez Federal debe requerir para que sea subsanada la irregularidad. Ahora bien, en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, página mil ciento noventa y dos, vigésima segunda edición, Editorial Espasa Calpe, Sociedad Anónima, dos mil uno, Madrid, España, se establecen distintas acepciones de la palabra "hecho", entre ellas, las siguientes: "hecho, cha. [...] 5. Cosa que sucede. 6. [...] Acción que se ha llevado a cabo, adelantándose a cualquier evento que pudiera dificultarla o impedirla [...]". Por su parte, en la página ciento sesenta y dos de la obra consultada, es definido el vocablo "antecedente" de diferentes maneras, entre las cuales destaca la que se reproduce a continuación: "[...] 2. m. Acción, dicho o circunstancia que sirve para comprender o valorar hechos posteriores.". De la misma manera, en la página veintiuno del diccionario mencionado se establecen los conceptos de la palabra "acción", entre otros, los que se transcriben enseguida: "[...] Ejercicio de la posibilidad de hacer. 2. Resultado de hacer". En la página catorce se define el vocablo "abstención" de la manera siguiente: "[...] Acción y efecto de abstenerse". En esas condiciones se concluye que para dar cumplimiento al requisito previsto en la fracción IV del artículo 116 de la Ley de Amparo, concerniente a la manifestación bajo protesta de decir verdad sobre los hechos o abstenciones que le constan al gobernado y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, es necesario realizar una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al último párrafo del artículo 73 de la citada ley." CUARTO. Informe sI dentro del juicio de origen con antelación a la sentencia de reconocimiento, graduación y prelación de crédito, SE HA PROMOVIDO DIVERSO JUICIO DE AMPARO INDIRECTO; en caso afirmativo, informe el número de expediente que le fue asignado y el juzgado de distrito ante el cual se tramitó. Asimismo, de la lectura de la demanda, se advierte que, en apariencia, la parte quejosa es parte en el juicio de origen, ya que manifiesta lleno el formato proporcionado por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario e interpuso el recurso de revocación que ahora reclama fue desechado; por lo que no se encuentra imposibilitada para la consulta de dichas actuaciones y dar cumplimiento a la presente prevención. En la inteligencia que el desahogo deberá realizarlo el propio quejoso, Y NO POR CONDUCTO DE AUTORIZADO, ya que al realizarse bajo protesta, constituye un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien promovió la demanda, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad, la Jurisprudencia número 2a./J. 88/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXIV, Julio de 2006, página 348, del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA. El artículo 116 de la Ley de Amparo establece, en sus fracciones I y IV, que la demanda de amparo deberá formularse por escrito, en la que se expresarán el nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre, así como la ley o acto que de cada autoridad se reclama, manifestando aquél, bajo protesta de decir verdad, cuáles son los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe ser realizado forzosamente, en términos de la fracción I señalada, por quien promueve la demanda, dada la responsabilidad penal que de dicha protesta pudiera derivarse, motivo por el cual el autorizado por el quejoso en los términos amplios a que se refiere el artículo 27 de la ley citada, no puede desahogar la prevención relativa a que se exprese la protesta de decir verdad omitida en la demanda, pues ello se traduciría en hacer suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a la mencionada presentación de la demanda; además de que los derechos y obligaciones procesales que conlleva su autorización, son a partir de esa presentación y no antes." También sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 1a./J. 50/2014 (10a.), registro 2007285, al resolver contradicción de tesis, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I, Página 210, cuyos texto y rubro dicen: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." QUINTO. Su escrito de desahogo deberá presentarlo con SIETE copias a fin de estar en aptitud de correr traslado a las partes, a saber: UNA para las autoridades responsables, UNA para el Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, TRES para los terceros interesados y DOS más para el incidente de suspensión que de conformidad con el artículo 128 de la citada ley, se debe formar por separado y duplicado. Se apercibe a la parte quejosa que de no dar cumplimiento a lo anterior, es decir, desahogar la prevención respecto a los puntos SEGUNDO al QUINTO, SE TENDRÁ POR NO PRESENTADA SU DEMANDA, con fundamento en el artículo 114 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y en caso de que sólo exhibiere las copias necesarias para correr traslado a las partes y sea omisa en presentar las relativas al incidente de suspensión, se acordará su demanda de garantías, sólo en caso de que se llegue a admitirse, sin proveer con relación a la medida cautelar solicitada, hasta en tanto las exhiba, de conformidad con la última parte, del último párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Apoya a la anterior consideración, por identidad, la Jurisprudencia 86/2002 emitida en contradicción de tesis por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resuelta el veintiuno de julio del dos mil dos, cuyo rubro y texto a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO CUANDO SE OMITE PRESENTAR LAS COPIAS NECESARIAS PARA LA FORMACIÓN DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, EL INCUMPLIMIENTO A LA PREVENCIÓN DE EXHIBIRLAS NO DA LUGAR A TENER POR NO INTERPUESTA AQUELLA, SINO EXCLUSIVAMENTE A POSTERGAR LA APERTURA DE DICHO INCIDENTE. el artículo 146 de la ley reglamentaria de los artículos 106 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en lo que interesa, que si no se exhiben las copias que señala el artículo 120, el Juez de Distrito mandará prevenir al promovente para que las presente dentro del términos de tres días, y si no lo hace así, tendrá por no interpuesta la demanda, cuando el acto reclamado sólo afecte al patrimonio o derechos patrimoniales del quejoso, y que fuera de esos casos, transcurrido el término señalado sin haberse dado cumplimiento a la providencia relativa, dicho juez mandará correr traslado al ministerio público, por veinticuatro horas, y en vista de lo que éste exponga, admitirá o desechará la demanda, dentro de otras veinticuatro horas, según sea procedente. ahora bien, el objeto de la prevención a que alude el precepto referido, es auxiliar al quejoso en el planteamiento y exposición de su demanda, a fin de procurar su acceso a la justicia, por lo que dicho artículo no se debe de interpretar en forma aislado, sino de manera sistemática y acorde con lo dispuesto por los numerales 120 y 141 de la Ley citada, que establece, respectivamente, que con la demanda de amparo deben exhibirse copias en número suficiente para emplazar a las autoridades responsables, al tercero perjudicado, si lo hubiere, y al Ministerio Público, así como dos copias más para formar el incidente de suspensión, si ésta se pidiere, y no debiera otorgarse de plano, conforme a la ley, y que si cuando al presentarse la demanda no se hubiere promovido el incidente de suspensión, el quejoso podrá promoverlos en cualquier tiempo, mientras no se dicte sentencia ejecutoria. en congruencia con lo anterior, si al promoverse el juicio de garantías se solicita la suspensión del acto reclamado y el Juez de Distrito que conoce del asunto requiere a la parte quejosa para que presente dos copias más del escrito inicial de demanda, debe concluirse que las copias que se solicitan son las necesarias para la formación del incidente de suspensión, por lo que el efecto jurídico que produce la falta de desahogo de dicha prevención, será el de postergar la apertura del incidente de suspensión hasta en tanto se exhiban las copias requeridas, sin que el desacato constituya obstáculo para tramitar el juicio de garantías en lo principal cuando con los copias presentadas con la demanda sea posible emplazar a las autoridades responsables, al tercero o terceros perjudicados, si los hubiere, y al Ministerio Público." Asimismo, se hace del conocimiento de la parte quejosa, las sanciones contempladas en la fracción I del artículo 261 de la Ley de Amparo, que textualmente dice: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. (.)" Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad, el criterio número P./J. 35/2001, registro 189979, sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver por contradicción de tesis, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIII, Abril de 2001, página 79, cuyos rubro y texto son los siguientes: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL ESCRITO INICIAL Y SU ACLARACIÓN NO PUEDEN DESVINCULARSE NI ANALIZARSE POR SEPARADO, YA QUE AMBOS INTEGRAN AQUÉLLA. Al tener el escrito aclaratorio de una demanda de amparo indirecto su origen en una irregularidad del escrito inicial, ya sea porque éste no cumplió con todos los requisitos previstos en el artículo 116 de la Ley de Amparo, o bien, porque con él no se exhibió el número de copias a que se refiere el artículo 120 de tal ordenamiento legal, y que su propósito es el de subsanar tales vicios, puede concluirse que no pueden desvincularse, analizarse o considerarse por separado, pues ambos escritos integran la demanda de amparo y, consecuentemente, deben ser considerados indefectiblemente como un solo documento." HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS Desde este momento SE AUTORIZA para que CUALQUIER DILIGENCIA que se ordene en el presente juicio de amparo, se realice, de ser necesario, EN DÍAS Y HORAS INHÁBILES, en términos de lo dispuesto en el artículo 21 de la ley de Amparo, ya que el suscrito lo estima pertinente para el adecuado despacho de este asunto. En la inteligencia, que en caso de encontrar cerrado el domicilio de la parte quejosa, el Actuario de la adscripción deberá actuar de conformidad con lo establecido en el artículo 27 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene al quejoso señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica y por autorizadas a las personas que menciona, únicamente, en términos de la última parte, del segundo párrafo, del artículo 12 invocado, toda vez que no proporciona sus cédulas registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Asimismo, se le tiene señalando los correos electrónicos y los números de teléfono que proporciona, para recibir comunicaciones no oficiales, en términos del artículo 5 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. PETICIÓN A LAS PARTES. Conforme a lo dispuesto en los artículos 22, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y 3o. de la Ley de Amparo, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ellos, para una mayor agilidad del asunto, continúen la tramitación del presente juicio mediante el esquema de "juicio en línea", a través del Portal de Servicios en Línea desarrollado y aprobado por el Consejo de la Judicatura Federal, ingresando para tal efecto a la liga virtual https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. De igual forma, se exhorta a las partes, con fundamento en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, para que propongan una forma especial y expedita de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, a través de los cuales se puedan implementar las comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. ATENCIÓN VÍA TELEFÓNICA. Con fundamento en el artículo 5 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y considerando el riesgo sanitario como una constante en los meses por venir, hágase del conocimiento de las partes que se encuentra a su disposición el número telefónico 55 51 33 81 00, ext. 1904, con un horario de atención de las nueve a las trece horas, de lunes a viernes, únicamente para la atención de aspectos que permitan facilitar el trámite de los juicios y procedimientos que se siguen ante este órgano jurisdiccional, no así para comunicaciones de carácter procesal. CONSULTA DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Hágase del conocimiento de las partes que en términos del oficio CJF/OM/DGEJ/J/8895/2013, suscrito por la Titular de la Dirección General de Estadística Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en congruencia con lo establecido en el artículo 3º de la Ley de Amparo, dichas partes se encuentran facultadas para que, por sí mismos, o a través de las personas que autoricen para oír y recibir notificaciones, bajo su más estricta responsabilidad, puedan consultar el expediente electrónico que se forme con motivo del presente asunto en la dirección electrónica www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx, para lo cual, las partes deberán señalar expresamente a las personas que autoricen con dichas facultades, quienes a su vez deberán satisfacer el procedimiento de registro indicado en la referida dirección electrónica, consistente en llenar el formulario respectivo, confirmar en la cuenta de correo electrónico que al efecto proporcionen que se haya concretado su registro, imprimir la solicitud que resulte y presentarla ante este órgano jurisdiccional a efecto de proveer sobre dicha autorización, toda vez que la misma solamente surtirá efectos una vez que se acuerde de conformidad. REGISTRO DE CÉDULAS Hágase saber al quejoso que conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, de veinticinco de septiembre de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintidós de noviembre de dos mil trece, y su reforma publicada por el mismo medio el diecisiete de septiembre de dos mil catorce, de acuerdo a los artículos 261 al 266, los abogados postulantes que cuenten con cédula profesional, y que así sean autorizados por las partes, tienen derecho a que en este órgano jurisdiccional, se realicen los trámites correspondientes a efecto de que sea registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, para lo cual deberán seguir el trámite señalado en los citados numerales, y presentar los documentos ahí mencionados. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en el artículo 21 de la última ley en cita. Notifíquese personalmente a la parte quejosa."

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