America Reyes Jiménez
Expediente 511/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 511/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- America Reyes Jiménez
Actuaciones
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, diecisiete de mayo de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio remitido por la actuaria adscrita al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Los Mochis, por el cual informa que ese órgano aceptó la competencia declinada en el presente juicio de amparo. En esa virtud, háganse las anotaciones correspondientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso j), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años, toda vez que este juicio no representa relevancia documental. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, cuatro de mayo de dos mil veintitrés. Estado de autos. Vista la certificación de cuenta, así como el estado de los autos, se advierte que mediante oficio ********************, se remitió el escrito de demanda inicial promovida por ********************, contra actos atribuidos al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Mercantil del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora, y otras autoridades, por haberse declinado competencia a favor del juez de********************. Asimismo, de una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), para efecto de saber a qué órgano jurisdiccional fue turnada la demanda de amparo de referencia, arrojó como datos que dicha demanda fue turnada al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Los Mochis, siendo radicada bajo el número de expediente ********************. En consecuencia, gírese atento oficio vía interconexión al homólogo federal de referencia, para efecto de que informe a este juzgado si tuvo por recibida la demanda de amparo remitida por este Juzgado mediante oficio ******************** y en caso de ser afirmativo, informe su determinación, lo anterior, a fin de proveer lo conducente en el presente sumario. Notifíquese; y por oficio al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con residencia en Los Mochis. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, catorce de abril de dos mil veintitrés. 1. Recepción. Fórmese expediente con el escrito de demanda y anexos. Regístrese bajo el número que le corresponda. 2. Incompetencia por razón de territorio. Vista la demanda de amparo promovida por América Reyes Jiménez, contra los actos que reclama al Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Mercantil del Distrito Judicial de Hermosillo, Sonora, y otras autoridades, se advierte que este órgano jurisdiccional es incompetente por razón de territorio. Para justificar tal aserto, conviene indicar que la ley de la materia prevé diversos tipos de competencia: a) Por territorio; b) Por materia; c) Por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. De esos factores que delimitan la competencia de los tribunales de la Federación, interesa destacar el referente a la competencia por territorio. La competencia por razón de territorio se encuentra delimitada por criterios de tipo geográfico y está relacionada con la potestad soberana que tiene el Estado para administrar justicia a través de una serie de actos encaminados a la solución de un litigio o controversia, mediante la aplicación de la ley general a ese caso concreto, en una específica área, demarcación o espacio físico previamente delimitado. Criterios que se encuentran previstos en los artículos 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, al establecer que el territorio de la República se dividirá en el número de circuitos que mediante acuerdos generales determine el Consejo de la Judicatura Federal, en los que establecerá el número de tribunales colegiados de circuito, colegiados de apelación y de juzgados de distrito, así como su especialización y límites territoriales. Ahora, la competencia territorial de los jueces de distrito está prevista en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reglamentada en el artículo 37 de la Ley de Amparo, en los que se prevé lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; (.)" (énfasis añadido). "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." (Énfasis añadido). De las normas transcritas se advierten tres reglas para fijar la competencia de los jueces de distrito para conocer de juicios de amparo, a saber: Será competente el juez de distrito del lugar en que se ejecute, trate de ejecutarse, se esté ejecutando, deba tener ejecución o se haya ejecutado el acto reclamado. Será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito, o bien, si ha comenzado a ejecutarse en uno y sigue ejecutándose en otro. Será competente el juez de distrito ante el que se haya presentado la demanda cuando el acto reclamado no requiera ejecución material. Como se ve, para fijar la competencia por territorio de los jueces de distrito para conocer de un juicio de amparo es necesario establecer, en primer lugar, si el acto reclamado tiene una ejecución material, es decir, si trae aparejada alguna ejecución. En el caso, la parte quejosa reclama el lanzamiento u orden de desalojo ejercitada sobre el inmueble ubicado en Benito Juárez número trescientos cuarenta y seis, colonia Centro Guamúchil, en Guamúchil municipio de Salvador Alvarado, Sinaloa. En consecuencia, conforme a las reglas de competencia por territorio mencionadas previamente, es juez competente aquel que tiene competencia territorial en donde el acto de ejecución trate de llevarse a cabo; es decir, donde se materializan sus consecuencias o perjuicios en la esfera jurídica del justiciable con afectación a sus derechos humanos, lo cual acontece en Salvador Alvarado, lugar donde se ubica el inmueble de cuya desposesión, sin previa audiencia, se duele. Se cita al respecto, por la razón que informa, la tesis jurisprudencial 1a./J. 9/2004, sustentada por la Primera Sala de Nuestro Máximo Tribunal, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIX, Mayo de 2004, página 182, con registro 181610, de rubro y texto: "AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA ORDEN DE EMBARGO CONTENIDA EN EL AUTO DE EXEQUENDO, CUYA DILIGENCIACIÓN ES SOLICITADA POR MEDIO DE EXHORTO. SU CONOCIMIENTO COMPETE AL JUEZ DE DISTRITO DEL LUGAR DONDE AQUÉL SE EJECUTE. Conforme a las reglas de competencia contenidas en el artículo 36 de la Ley de Amparo, si en una demanda de garantías se reclama la orden de embargo contenida en el auto de exequendo, cuya diligenciación ha sido solicitada a otro Juez, por medio de exhorto, facultándolo para que dicte las medidas pertinentes para la consecución de lo ordenado, el competente para conocer de dicha demanda será el Juez de Distrito que corresponda a la jurisdicción donde se diligencie dicho exhorto, toda vez que aun cuando la autoridad exhortante, en tanto ordenadora, tiene un papel destacado, lo cierto y jurídicamente relevante es que la autoridad ejecutora desempeña una función fundamental, porque se encarga de llevar hasta sus últimas consecuencias la ejecución ordenada y, en esa condición es quien enfrenta directamente al particular afectado, pues aunque el Juez exhortante ordene la remisión del exhorto, no implica que con esa actuación comience a ejecutarse el acto reclamado, pues en todo caso la ejecución material de la orden de embargo corresponde al Juez exhortado, ya que el envío del exhorto sólo constituye una solicitud de apoyo que se dicta en una fase previa a los actos propiamente de ejecución, por esa razón será competente para conocer del juicio, el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución el acto reclamado." Asimismo, la diversa 2a./J. 17/2022 (11a.), jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 13, Mayo de 2022, Tomo IV, página 3668, Undécima época, con registro digital: 2024553, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA LA OMISIÓN DE EMPLAZAR AL JUICIO ORDINARIO A LA PARTE DEMANDADA. SE SURTE EN FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE HABRÁ DE LLEVARSE A CABO LA CORRESPONDIENTE NOTIFICACIÓN, ACORDE A LO DISPUESTO POR EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE AMPARO. Hechos: En diversos amparos indirectos se reclamó la omisión de emplazar a juicio a la parte demandada. Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron criterios distintos, pues mientras uno de ellos resolvió que si bien es un acto omisivo -por no cumplirse con una obligación determinada-, lo cierto es que genera efectos como si se tratara de un acto positivo y, por tanto, se actualiza la regla contenida en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. En cambio, el otro órgano colegiado consideró que el acto reclamado es de naturaleza omisiva, que no requiere de ejecución material y, en consecuencia, resulta aplicable la regla de competencia prevista por el párrafo tercero del invocado artículo 37. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la omisión de emplazar al juicio ordinario a la parte demandada constituye una omisión con ejecución material, que actualiza la hipótesis prevista en el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo, conforme al cual, resulta competente para conocer de la demanda el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio donde deba ser emplazada la parte demandada. Justificación: A partir de lo dispuesto por los artículos 14 y 17 de la Constitución Federal, se obtiene que en todo juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, deben cumplirse las formalidades esenciales del procedimiento acorde a las leyes expedidas con anterioridad al hecho, destacando por su relevancia, el emplazamiento; aunado a que uno de los principios que constituyen la tutela judicial efectiva es la justicia pronta. Entonces, la omisión de llevar a cabo el emplazamiento en un juicio ordinario, para los efectos del juicio de amparo, constituye un acto que genera consecuencias positivas en el plano fáctico, precisamente porque se paraliza el procedimiento en detrimento de la justicia pronta, a partir de la inobservancia de una de las formalidades esenciales del procedimiento, que representa primordial relevancia al constituir uno de los actos principales que dan paso al desarrollo del procedimiento a través del cual se desahogan las pruebas que, en su caso, aportan las partes al juicio y se oyen los alegatos que al efecto se presentan, culminando con la resolución que dicte el derecho. Por tanto, cuando en el juicio de amparo indirecto se acuda a reclamar la omisión del órgano judicial de emplazar a juicio a la parte demandada, resulta legalmente competente para conocer de la demanda el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio donde habrá de llevarse a cabo tal emplazamiento, acorde a lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo." En este sentido, debe considerarse competente para conocer del presente juicio al juez de distrito que ejerza jurisdicción en la circunscripción territorial en donde tiene ejecución el acto que motivó la presentación de la demanda de amparo y donde se producen sus consecuencias, esto es, el juez de Distrito en turno, con residencia en Los Mochis, Sinaloa. En esas condiciones, con fundamento en los numerales 37, párrafo primero y 48 de la Ley de Amparo, así como el artículo cuarto, fracción V, párrafo segundo, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este juzgado se declara incompetente por razón de territorio para conocer de la demanda y declina competencia a favor del Juez de Distrito en el Estado de Sinaloa en turno, residente en Los Mochis. Por tanto, remítanse los autos originales del presente asunto, para que resuelva dentro del plazo establecido en el primer párrafo del artículo 48 de la Ley de Amparo, si acepta o no la competencia planteada. Con las constancias necesarias, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo y háganse las anotaciones correspondientes. 3. Herramientas de comunicación. Se pone a disposición de los justiciables para entablar comunicación sobre cuestiones no procesales -sólo se atenderán consultas relativas a organización, horarios, lineamientos de trabajo y temas análogos, esto es, no se brindará información sobre el estado procesal de los asuntos- con el órgano en el teléfono institucional (662) 108 2100, extensión 1018. 4. Correo electrónico. Asimismo, se toma nota del correo electrónico y número telefónico proporcionados para entablar comunicación sobre cuestiones no procesales, en términos del numeral 257, fracción I, considerando tercero, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. 5. Acceso al expediente electrónico y notificaciones electrónicas. Asimismo, como lo solicita, con fundamento en los artículos 35, 36, 37, 38, 39, 55, 57 y 58, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, y artículo 26, fracción IV de la Ley de Amparo, se autoriza al usuario "********************", el acceso al expediente electrónico para su consulta, así como para recibir notificaciones vía electrónica. Ilustra lo anterior el criterio I.1o.P.34 K (10a.), de rubro: "NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS EN EL JUICIO DE AMPARO. SUSTITUYEN A CUALQUIERA DE LAS EFECTUADAS POR LAS VÍAS TRADICIONALES (PERSONALES, MEDIANTE OFICIO Y POR LISTA), POR LO QUE EL ÓRGANO DE AMPARO DEBE PRACTICAR TODA CLASE DE COMUNICACIÓN CON LA PARTE QUE ASÍ LO DESIGNE, ÚNICAMENTE POR ESE MEDIO." Ahora bien, no se soslaya que señala domicilio procesal, para efecto de recibir notificaciones; sin embargo, las subsecuentes notificaciones se realizarán mediante el usuario de referencia, dado que no es jurídicamente factible establecer dos vías para que le notifiquen las determinaciones dictadas en el presente sumario, a saber, a) las que pueden hacerse personalmente en el domicilio señalado para tal fin; y, b) la vía electrónica, pues ello generaría incertidumbre en el adecuado trámite y sustanciación del presente juicio de derechos, ya que precisar las dos vías para esos fines, podría derivar en que tuvieran que hacerse dos o más cómputos de términos o plazos para una misma parte procesal, en la medida en que las notificaciones "tradicionales" y "especial" -electrónica- surten efectos de manera distinta, de conformidad con el artículo 31 de la ley de la materia. 6. Autorizados. En cuanto a las personas que menciona en su demanda la promovente, se autorizan en términos del párrafo primero del artículo 12 de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; en caso contrario, se autorizan sólo para el efecto de recibir notificaciones e imponerse de los autos, atento a lo que se prevé en el segundo párrafo del precepto legal citado. 7. Autorización a los actuarios adscritos. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen para el adecuado despacho de los asuntos, incluyendo emplazamientos a cualquiera de las partes en el presente juicio de amparo y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. 8. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con apoyo en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes al respecto. 9. Expediente electrónico. Con fundamento en los artículos 3, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, y 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se instruye al secretario encargado del expediente, para efectos de que, en términos de la normativa establecida por el Consejo de la Judicatura Federal, se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones y toda información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente físico. 10. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, se ordena a la secretaría que, en su oportunidad, capture la sentencia que se dicte en el presente juicio y, a fin de corroborar que se llevó a cabo lo anterior, agregue la constancia que así lo acredite al expediente en que se actúa. 11. Exhortación a las partes. Se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, lo anterior, en cumplimiento al artículo 263, considerando tercero, del multicitado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese; y por oficio al homólogo federal. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Santiago Flores Cota, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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