America Mireya Ramos Catalán y Otros.

Expediente 1208/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1208/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
17/01/2023

Partes del expediente

  • America Mireya Ramos Catalán y Otros.
  • America Mireya Ramos Catalán
  • José Miguel Rosete Rodríguez y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero; diecisiete de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos, sin proveer sobre su contenido, el oficio signado por el Director General de Asuntos Jurídicos y del Notariado de la Secretaría General de Gobierno del Gobierno del Estado de Guerrero, residente en Chilpancingo, mediante el cual acusa recibo del oficio por el que se le comunicó la sentencia de amparo, en razón de que en proveído de treinta de diciembre de dos mil veintidós, causó ejecutoria la misma. Notifíquese.

  2. Principal

    TIENE NOTIFRICACION PERSONAL LA PARTE QUEJOSA...

  3. Principal

    CITATORIO.- SE NOTICA PERSONALMENTE A LA PARTE AMERICA RAMOS CATALAN, EN SU CARACTER DE AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DEL FUERO COMUN SECTOR COSTA AZUL, DEL DISTRITO JUDICIAL DE TABARES, EL CONTENDIDO DE LA RESOLUCION DE FECHA DOSHO DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, MEDIANTE LISTA PUBLICADA EN EL PORTAL DE INTERNET DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, Y POR ESTRADOS, AUTO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Acapulco, Guerrero; dos de enero de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por América Ramos Catalán y José Miguel Rosete Rodríguez, en su carácter de Agentes del Ministerio Público del Fuero Común Sector Costa Azul del Distrito Judicial de Tabares, contra actos del Magistrado de la Tercera Sala Penal Unitaria del Sistema Penal Acusatorio, con jurisdicción y competencia en el Distrito Judicial de Tabares, con sede en Acapulco de Juárez, Guerrero. Regístrese en el libro de gobierno con el número 1208/2022, y fórmese expediente. IMPROCEDENCIA. Ahora, previo a proveer sobre la procedencia de la demanda de amparo que nos ocupa, en acato a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, resulta necesario precisar las siguientes consideraciones. Así, de la lectura integral del escrito de demanda se advierte que: A. Quien acude al amparo es América Ramos Catalán y José Miguel Rosete Rodríguez, en su carácter de Agentes del Ministerio Público del Fuero Común Sector Costa Azul del Distrito Judicial de Tabres; y, B. Señalan como acto reclamado la resolución de ********************, dictada en el toca penal SPU-III-60/2022, del índice de la Tercera Sala Penal Unitaria del Sistema Penal Acusatorio, con jurisdicción y competencia en el Distrito Judicial de Tabares, que confirma la diversa de trece de septiembre del mismo año por la que se excluyó el medio de prueba identificado como testigo de identidad reservada como número 1, dentro de la carpeta judicial C-445/2019 instruida a Edith Ramos Herrera por el hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado, en agravio de Ángel Alfonso Villela Vergara. De lo que se deduce que, si bien el Ministerio Público es parte formal dentro de un procedimiento penal y que el artículo 14 de la Ley General de Víctimas lo legitima para representar a las víctimas que no pudieran apersonarse a éste, la representación que esa norma le confiere opera únicamente respecto a dicho proceso, no así para acudir al juicio de amparo, por ser éste una instancia extraordinaria; por lo que, los peticionarios de amparo carecen de legitimación para promover el juicio de amparo que se intenta, lo que de suyo actualiza la causal contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 6, ambos de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." De acuerdo con el ámbito conceptual del artículo último citado, el juicio constitucional únicamente puede promoverse por la persona física o moral titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo y a quien la norma general o el acto reclamado le produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en especial situación frente al orden jurídico. Así, el interés jurídico aludido, reside en el derecho que le asiste a un particular para reclamar en la vía de amparo algún acto autoritario que estime violatorio de garantías en su perjuicio; es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad, ocasionando un perjuicio a su titular. Entonces, para que proceda el juicio de amparo es necesario que la afectación del interés jurídico se concrete de manera cierta, directa y actual, pues se presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que se transgrede por una ley o acto de autoridad, de modo que, una persona tiene interés jurídico para acudir al juicio constitucional cuando el acto que reclame le causa un agravio personal y directo, que se entiende como todo menoscabo u ofensa a la persona, ya sea física o moral, el cual puede o no ser patrimonial, pero siempre apreciable objetivamente, es decir, real y no de carácter subjetivo o incierto. Bajo ese contexto, se tiene que el acto que reclaman América Ramos Catalán y José Miguel Rosete Rodríguez, como agentes del ministerio público, no les causa perjuicio alguno; pues, como ya se adelantó, si bien el Ministerio Público es parte formal dentro de un procedimiento penal y que el artículo 14 de la Ley General de Víctimas lo legitima para representar a las víctimas que no pudieran apersonarse a éste, dicha legitimación no es ilimitada o absoluta, pues la representación que esa norma le confiere opera únicamente respecto al proceso penal, ya que se refiere expresamente al derecho que tienen las víctimas de intervenir en aquél, no así para ejercer la acción constitucional, pues la misma Ley de Amparo prevé expresamente -en sus artículos 5o., 6o., 7o., 8o., 10, 11, 14 y 15- los supuestos de procedibilidad de la legitimación procesal para los casos en los que el quejoso no pudiera acudir directamente a ejercerla, dentro de los cuales no se encuentra la posibilidad de que el Ministerio Público actúe en representación de él; y por ende, carecen de legitimación para acudir a esta instancia constitucional, ya que dicho acto -resolución de ********************- no les causa agravio alguno, ni tampoco impide el desarrollo de sus atribuciones. Lo anterior, dado que la legitimación para acudir al amparo está reservada únicamente a quienes resientan un agravio -daño o perjuicio, con motivo de un acto de autoridad, en uno de sus derechos legítimamente tutelados por la Constitución Federal y Tratados Internacionales. En esa medida, el referido acto reclamado, no les produce una afectación real y actual, de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; por tanto, no están legitimados para acudir a solicitar la protección de la Justicia Federal para combatir el mismo, de conformidad con el artículo 6º de la Ley de Amparo. Al efecto, cabe citar el criterio sostenido por el Pleno del Máximo Tribunal del país, en la tesis, publicada en la página 45, Volumen 76, Primera Parte del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que establece: "LEGITIMACIÓN PROCESAL PARA OCURRIR AL AMPARO. La fracción I del artículo 107 constitucional establece como principio esencial del juicio de garantías, el que éste se siga siempre a instancia de parte agraviada, y, a su vez, el artículo 4º de la Ley de Amparo dispone que el juicio de garantías puede promoverse únicamente por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama. Ahora bien, de la correcta interpretación de los mencionados preceptos, se llega a la conclusión de que la legitimación procesal para ocurrir al amparo sólo la tiene la persona o personas, físicas o morales, directamente agraviadas por la ley o acto que se estime violatorio de garantías, mas no así quien, por ello indirectamente pudiera resentir algún perjuicio, porque el derecho de promover ese juicio es personalísimo". Así como la diversa la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, novena época, Tomo III, correspondiente al mes de Abril de mil novecientos noventa y seis, página 412, que es del tenor siguiente: "LEGITIMACION ACTIVA, FALTA DE. EN EL AMPARO. Si la legitimación activa en el juicio de amparo proviene de lo establecido en el artículo 4o. de la ley que rige la materia, su falta se suscita cuando no existe identidad entre quien comparece al juicio de garantías como parte, con aquel a quien la ley le otorga ese derecho." Cabe aclarar que dichas tesis, de conformidad con el sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, continúan en vigor, no obstante que fueron integradas conforme a la ley anterior, dado que no se oponen a la ley vigente. Bajo ese contexto, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio; la cual es manifiesta porque se puede determinar con base en los elementos aportados con la demanda e indudable porque se tiene la certeza de que aun cuando se admitiera la demanda de amparo por cuanto a este punto y se desahogaran pruebas en la audiencia constitucional, no se formaría una convicción diversa a la que se sostiene en este auto; lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa. DOMICILIO. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en ********************, en esta ciudad. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS. Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la Ley de la Materia, se faculta al actuario judicial para que las notificaciones de carácter personal, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles. Notifíquese personalmente.

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