América Michel López Galindo

Expediente 320/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
320/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
02/08/2021

Partes del expediente

  • América Michel López Galindo

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta, firmado electrónicamente por el Actuario del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República, mediante el cual comunica que en proveído de catorce de mayo del año en curso, dictado en el juicio de amparo ***dicho órgano jurisdiccional se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por ***, en razón de la incompetencia planteada por este juzgado en auto de tres de mayo pasado. En consecuencia, como quedó ordenado en el aludido proveído, previa copia certificada electrónicamente que obre en autos para constancia, remítase a dicho juzgado el original de la demanda de amparo que dio origen a este asunto, solicitando que, de no tener inconveniente, acuse recibo de estilo. En tales condiciones, una vez que obre en autos la constancia de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, ***, archívese el presente expediente como asunto concluido. En ese orden de ideas, en términos del artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; el presente expediente carece de relevancia documental en virtud de que no se ubica en ninguna de las hipótesis establecidas dicho artículo. En virtud de lo anterior y toda vez que no obran en autos documentos originales, de conformidad con el numeral 21, inciso j), del citado acuerdo general, tan pronto haya transcurrido el término de tres años, procédase a la destrucción de este expediente, por haberse declarado la incompetencia de este juzgado para conocer del asunto. Mientras tanto, resérvese en el archivo de este órgano jurisdiccional para su posterior destrucción.

  2. Principal

    Visto el estado procesal que guardan las presentes actuaciones, de las que se advierte que en acuerdo de tres de mayo de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional se declaró legalmente incompetente por razón de materia para conocer del presente asunto, por lo que se ordenó enviar las constancias que integran este expediente al Juzgado de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México, y Jurisdicción Territorial en toda la República, en turno, vía interconexión, sin que a la fecha se tenga noticias sobre su radicación. Ahora bien, después de realizar una búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) se advierte que fue radicado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República, bajo el número de juicio de amparo *** de su índice. En consecuencia, en aras de una justicia pronta y expedita, mediante oficio que para tal efecto se gire vía interconexión, solicítese de la manera más atenta al citado homólogo federal, para que, de no tener inconveniente, informe a la brevedad posible el pronunciamiento que al efecto haya emitido, a fin de estar en aptitud de acordar lo que en derecho corresponda.

  3. Principal

    Vista la razón de cuenta, mediante la cual el actuario judicial adscrito a este juzgado manifiesta la imposibilidad que tuvo para notificar a la quejosa *** el auto de tres de mayo de dos mil veintiuno, por los motivos que expone. En consecuencia, ***, no ha lugar a tener como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la quejosa en su escrito de demanda, ya que se encuentra fuera de la residencia donde este juzgado ejerce su jurisdicción. Por tanto, ***, practíquense sus notificaciones, incluso las de carácter personal, por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, hasta en tanto designe domicilio para recibir notificaciones dentro de la residencia de este Juzgado de Distrito. En cumplimiento a lo ordenado en este proveído procedo a notificar por medio de lista a la parte quejosa el auto de fecha tres de mayo de dos mil veintiuno, que en síntesis dice: ".Vista la demanda de amparo que promueve ***-la cual carece de firma autógrafa-, a través del cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal. Fórmese expediente impreso y electrónico, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el libro de gobierno con el número 320/2021-H. Precisado lo anterior, conviene destacar que mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de junio de dos mil trece, se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de los artículos 6, 7, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de radiodifusión, telecomunicaciones y competencia económica, estableciendo específicamente el penúltimo de los numerales en cita, lo siguiente: "Artículo 94. [.] El Consejo de la Judicatura Federal determinará el número, división en circuitos, competencia territorial y especialización por materias, entre las que se incluirá la de radiodifusión, telecomunicaciones y competencia económica, de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. [.]" Además, en el transitorio Décimo Segundo de dicho Decreto, se contempló que el Consejo de la Judicatura Federal deberá establecer Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito especializados en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. Derivado de lo anterior, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, emitió el Acuerdo General 22/2013, relativo a la Conclusión de Funciones de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, y su Transformación como Juzgados Primero y Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México, y Jurisdicción Territorial en toda la República, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de agosto de dos mil trece, el cual en su artículo sexto, establece: "Sexto. Los órganos judiciales que inician funciones tendrán jurisdicción territorial en toda la República y las atribuciones previstas en los artículos 37, fracciones I, inciso b), II, III, IV, V, VI, VII, VIII, y IX, 38 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y, serán especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones" En ese contexto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el conflicto competencial 1/2014, expuso que el citado acuerdo dotó a los órganos señalados con la misma competencia que al resto de los juzgados en materia administrativa -genérica-, pero se especificó que estarían especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, sin aclarar lo que debe entenderse por tales materias, empero, determinó que la propia reforma constitucional permitía establecer lo que debe entenderse por dichas materias y así, conocer cuál es la materia reservada a la competencia de estos órganos judiciales. Asimismo, en el diverso conflicto 9/2019 la Segunda Sala del Alto Tribunal, determinó que para que se actualice la competencia de un tribunal especializado en telecomunicaciones se requiere que el acto se vincule con aspectos relacionados con el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico; con las redes y con la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, con la libre competencia y concurrencia y con actos relacionados con la prevención, investigación y combate de monopolios y prácticas monopólicas, concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados. Especificando que debían estar involucrados aspectos técnicos del derecho de las telecomunicaciones, así como temas vinculados con ellos, tales como la instalación o mantenimiento de una antena o de los equipos electrónicos, o aspectos relacionados con los servicios de telefonía celular que prestan. Expuesto lo anterior, conviene destacar que la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, establece en su precepto 1º, que dicha legislación tiene por objeto regular el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes públicas de telecomunicaciones, el acceso a la infraestructura activa y pasiva, los recursos orbitales, la comunicación vía satélite, la prestación de los servicios públicos de interés general de telecomunicaciones y radiodifusión, y la convergencia entre éstos, los derechos de los usuarios y las audiencias, y el proceso de competencia y libre concurrencia en estos sectores, para que contribuyan a los fines y al ejercicio de los derechos establecidos en los artículos 6o., 7o., 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tanto, los numerales 312, 313 y 315 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, prevén que las normas generales, actos u omisiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones podrán ser impugnados únicamente mediante el juicio de amparo indirecto y no serán objeto de suspensión, así como que esos juicios serán sustanciados por los jueces y tribunales especializados establecidos por el Consejo de la Judicatura Federal en materia de competencia, telecomunicaciones y radiodifusión, y que corresponderá a los tribunales especializados del Poder Judicial de la Federación en esas materias, conocer de las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de la ley en comento. Por otra parte, es pertinente citar el contenido del ordinal 48, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales". El precepto legal citado, autoriza al juzgador a remitir de plano la demanda de amparo al juez que considere competente, sin que sea el caso decidir sobre la admisión, ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como, la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En el caso, como se precisó en párrafos anteriores, la quejosa reclama el proceso legislativo del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, contenido en el Decreto publicado el diecisiete de abril de dos mil veintiuno, en el Diario Oficial de la Federación; en concreto, el artículo 180 Quáter, que establece: "Artículo 180 Quáter. El registro del número de una línea telefónica móvil en el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil será obligatorio para el usuario, quien deberá proporcionar identificación oficial, comprobante de domicilio y datos biométricos, para la activación del servicio de la línea telefónica móvil, en términos de lo establecido en la presente Ley y en las disposiciones administrativas de carácter general que al efecto emita el Instituto". Luego, es evidente que el precepto impugnado está relacionado con el uso del servicio de telefonía celular, por lo que, de acuerdo a la competencia especializada establecida en el Acuerdo General 22/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Conclusión de Funciones de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, y su Transformación como Juzgados Primero y Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México, y Jurisdicción Territorial en toda la República y lo dispuesto por el numeral 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito, declara carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo por razón de materia. Al caso, resulta ilustrativa la tesis aislada I.1o.A.E.2 A (10a.), emitida en la Décima Época, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República, con registro digital 2004718, cuyo contenido es el siguiente: "JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES. ASUNTOS EN LOS QUE SE SURTE SU COMPETENCIA POR MATERIA." En ese sentido, tomando en cuenta que se reclaman actos en materia de telecomunicaciones, se estima que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por ***, ya que se trata de un asunto que por razón de materia debe ser del conocimiento de un homólogo con especialidad en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, por ubicarse los actos reclamados en la esfera de su competencia. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 48 de la Ley de Amparo, se ordena remitir la demanda de amparo que se provee, al Juzgado de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México, y Jurisdicción Territorial en toda la República, en turno, por vía interconexión, en términos del artículo 74, párrafo tercero, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que Regula la Integración y Trámite del Expediente Electrónico y Uso de Videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo para que resuelva lo que estime procedente, esto es, si acepta la competencia declinada a su favor, conforme a lo dispuesto por el numeral citado, solicitándole informe a este órgano jurisdiccional el pronunciamiento que al efecto emita. En el entendido, que de aceptar la competencia planteada, una vez que este órgano jurisdiccional tenga conocimiento de ello, se le remitirá el original de la demanda que dio origen al presente expediente. En la inteligencia de que este órgano jurisdiccional no se pronuncia con relación a cuestiones relativas a la admisión de la demanda, ni a la suspensión de los actos reclamados, pues corresponderá hacerlo al juez que se considera competente; lo anterior, en acatamiento a lo que establece el artículo 48 de la Ley de Amparo, ya que no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuera Aérea nacionales. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otra parte, se exhorta a la parte quejosa para que de estimarlo pertinente, transiten su actuación a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; es decir, promuevan en la vía electrónica, asimismo, deberán proporcionar algún correo electrónico, número telefónico -celular o fijo- o mensajería instantánea -whatsapp-, a efecto de entablar comunicaciones no procesales, lo anterior con sustento en lo previsto en el artículo 22, fracciones I y II del Acuerdo General 21/2020 del referido órgano colegiado. Ténganse como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa en su escrito de cuenta y como autorizado en términos del artículo 24, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, a ***, por no contar con dicho registro. En cumplimiento al artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en vigor a partir del diez de mayo de dos mil dieciséis; el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación, en el entendido de que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", según lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; sin perjuicio de que este juzgado federal, como sujeto obligado, en términos de lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. Asimismo, se instruye al secretario encargado del expediente para que una vez dictada la resolución que corresponda, se ingrese en el módulo Sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, en su caso, cuide los datos personales a que se refiere el "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales" aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve."

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo que promueve ***-la cual carece de firma autógrafa-, a través del cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y actos siguientes: Autoridades responsables: Congreso de la Unión. Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Secretaría de Gobernación. Instituto Federal de Telecomunicaciones. La empresa de telefonía celular Telcel. Actos reclamados: "[.] De la primera autoridad se reclama, LA DISCUSIÓN Y APROBACIÓN DEL DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN; EN ESPECÍFICO EL ARTÍCULO 180 QUATER DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN. De la segunda autoridad se reclama, LA ORDEN DE MANDAR PUBLICAR EL DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN; EN ESPECÍFICO EL ARTÍCULO 180 QUATER DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN. De la tercera autoridad se reclama, EL REFRENDO Y LA ORDEN DE MANDAR PUBLICAR EL DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN; EN ESPECÍFICO EL ARTÍCULO 180 QUATER DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN. De la cuarta autoridad reclamo, LA INMINENTE RECEPCIÓN DE DATOS PERSONALES (BIOMÉTRICOS) DEL QUEJOSO, DERIVADO DE LA OBTENCIÓN E INGRESO DE LOS MISMOS AL PADRÓN NACIONAL DE USUARIOS DE TELEFONÍA MÓVIL, con base en la aprobación del DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN; EN ESPECIFICO LOS ARTÍCULOS 15, FRACCIÓN XLII BIS, 176 Y 180 BIS A 180 SEPTIMUS. De la quinta autoridad reclamo, LA INMINENTE OBTENCIÓN E INGRESO AL PADRÓN NACIONAL DE USUARIOS DE TELEFONÍA MÓVIL DE LOS DATOS PERSONALES (BIOMÉTRICOS) DEL QUEJOSO, derivado de la aprobación del DECRETO MEDIANTE EL CUAL SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES Y RADIODIFUSIÓN; EN ESPECIFICO LOS ARTÍCULOS 15, FRACCIÓN XLII BIS, 176 Y 180 BIS A 180 SEPTIMUS." Fórmese expediente impreso y electrónico, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el libro de gobierno con el número 320/2021-H. Precisado lo anterior, conviene destacar que mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de junio de dos mil trece, se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de los artículos 6, 7, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de radiodifusión, telecomunicaciones y competencia económica, estableciendo específicamente el penúltimo de los numerales en cita, lo siguiente: "Artículo 94. [.] El Consejo de la Judicatura Federal determinará el número, división en circuitos, competencia territorial y especialización por materias, entre las que se incluirá la de radiodifusión, telecomunicaciones y competencia económica, de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. [.]" Además, en el transitorio Décimo Segundo de dicho Decreto, se contempló que el Consejo de la Judicatura Federal deberá establecer Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito especializados en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. Derivado de lo anterior, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, emitió el Acuerdo General 22/2013, relativo a la Conclusión de Funciones de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, y su Transformación como Juzgados Primero y Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México, y Jurisdicción Territorial en toda la República, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de agosto de dos mil trece, el cual en su artículo sexto, establece: "Sexto. Los órganos judiciales que inician funciones tendrán jurisdicción territorial en toda la República y las atribuciones previstas en los artículos 37, fracciones I, inciso b), II, III, IV, V, VI, VII, VIII, y IX, 38 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y, serán especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones" En ese contexto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el conflicto competencial 1/2014, expuso que el citado acuerdo dotó a los órganos señalados con la misma competencia que al resto de los juzgados en materia administrativa -genérica-, pero se especificó que estarían especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, sin aclarar lo que debe entenderse por tales materias, empero, determinó que la propia reforma constitucional permitía establecer lo que debe entenderse por dichas materias y así, conocer cuál es la materia reservada a la competencia de estos órganos judiciales. Asimismo, en el diverso conflicto 9/2019 la Segunda Sala del Alto Tribunal, determinó que para que se actualice la competencia de un tribunal especializado en telecomunicaciones se requiere que el acto se vincule con aspectos relacionados con el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico; con las redes y con la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, con la libre competencia y concurrencia y con actos relacionados con la prevención, investigación y combate de monopolios y prácticas monopólicas, concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados. Especificando que debían estar involucrados aspectos técnicos del derecho de las telecomunicaciones, así como temas vinculados con ellos, tales como la instalación o mantenimiento de una antena o de los equipos electrónicos, o aspectos relacionados con los servicios de telefonía celular que prestan. Expuesto lo anterior, conviene destacar que la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, establece en su precepto 1º, que dicha legislación tiene por objeto regular el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes públicas de telecomunicaciones, el acceso a la infraestructura activa y pasiva, los recursos orbitales, la comunicación vía satélite, la prestación de los servicios públicos de interés general de telecomunicaciones y radiodifusión, y la convergencia entre éstos, los derechos de los usuarios y las audiencias, y el proceso de competencia y libre concurrencia en estos sectores, para que contribuyan a los fines y al ejercicio de los derechos establecidos en los artículos 6o., 7o., 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tanto, los numerales 312, 313 y 315 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, prevén que las normas generales, actos u omisiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones podrán ser impugnados únicamente mediante el juicio de amparo indirecto y no serán objeto de suspensión, así como que esos juicios serán sustanciados por los jueces y tribunales especializados establecidos por el Consejo de la Judicatura Federal en materia de competencia, telecomunicaciones y radiodifusión, y que corresponderá a los tribunales especializados del Poder Judicial de la Federación en esas materias, conocer de las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de la ley en comento. Por otra parte, es pertinente citar el contenido del ordinal 48, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales". El precepto legal citado, autoriza al juzgador a remitir de plano la demanda de amparo al juez que considere competente, sin que sea el caso decidir sobre la admisión, ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como, la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En el caso, como se precisó en párrafos anteriores, la quejosa reclama el proceso legislativo del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, contenido en el Decreto publicado el diecisiete de abril de dos mil veintiuno, en el Diario Oficial de la Federación; en concreto, el artículo 180 Quáter, que establece: "Artículo 180 Quáter. El registro del número de una línea telefónica móvil en el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil será obligatorio para el usuario, quien deberá proporcionar identificación oficial, comprobante de domicilio y datos biométricos, para la activación del servicio de la línea telefónica móvil, en términos de lo establecido en la presente Ley y en las disposiciones administrativas de carácter general que al efecto emita el Instituto". Luego, es evidente que el precepto impugnado está relacionado con el uso del servicio de telefonía celular, por lo que, de acuerdo a la competencia especializada establecida en el Acuerdo General 22/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Conclusión de Funciones de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, y su Transformación como Juzgados Primero y Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México, y Jurisdicción Territorial en toda la República y lo dispuesto por el numeral 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito, declara carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo por razón de materia. Al caso, resulta ilustrativa la tesis aislada I.1o.A.E.2 A (10a.), emitida en la Décima Época, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República, con registro digital 2004718, cuyo contenido es el siguiente: "JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES. ASUNTOS EN LOS QUE SE SURTE SU COMPETENCIA POR MATERIA." En ese sentido, tomando en cuenta que se reclaman actos en materia de telecomunicaciones, se estima que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por ***, ya que se trata de un asunto que por razón de materia debe ser del conocimiento de un homólogo con especialidad en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, por ubicarse los actos reclamados en la esfera de su competencia. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 48 de la Ley de Amparo, se ordena remitir la demanda de amparo que se provee, al Juzgado de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México, y Jurisdicción Territorial en toda la República, en turno, por vía interconexión, en términos del artículo 74, párrafo tercero, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que Regula la Integración y Trámite del Expediente Electrónico y Uso de Videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo para que resuelva lo que estime procedente, esto es, si acepta la competencia declinada a su favor, conforme a lo dispuesto por el numeral citado, solicitándole informe a este órgano jurisdiccional el pronunciamiento que al efecto emita. En el entendido, que de aceptar la competencia planteada, una vez que este órgano jurisdiccional tenga conocimiento de ello, se le remitirá el original de la demanda que dio origen al presente expediente. En la inteligencia de que este órgano jurisdiccional no se pronuncia con relación a cuestiones relativas a la admisión de la demanda, ni a la suspensión de los actos reclamados, pues corresponderá hacerlo al juez que se considera competente; lo anterior, en acatamiento a lo que establece el artículo 48 de la Ley de Amparo, ya que no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuera Aérea nacionales. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Por otra parte, se exhorta a la parte quejosa para que de estimarlo pertinente, transiten su actuación a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; es decir, promuevan en la vía electrónica, asimismo, deberán proporcionar algún correo electrónico, número telefónico -celular o fijo- o mensajería instantánea -whatsapp-, a efecto de entablar comunicaciones no procesales, lo anterior con sustento en lo previsto en el artículo 22, fracciones I y II del Acuerdo General 21/2020 del referido órgano colegiado. Ténganse como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa en su escrito de cuenta y como autorizado en términos del artículo 24, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, a Sandra Galeno Sánchez, por no contar con dicho registro. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación del presente juicio. En cumplimiento al artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en vigor a partir del diez de mayo de dos mil dieciséis; el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación, en el entendido de que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", según lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; sin perjuicio de que este juzgado federal, como sujeto obligado, en términos de lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. Asimismo, se instruye al secretario encargado del expediente para que una vez dictada la resolución que corresponda, se ingrese en el módulo Sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, en su caso, cuide los datos personales a que se refiere el "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales" aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve.

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