América Marveli Muro Guerrero y Otros.

Expediente 290/2019 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
290/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
27/05/2019

Partes del expediente

  • América Marveli Muro Guerrero y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese el oficio de cuenta, del que se advierte que el Secretario de Acuerdos del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, envía copia certificada del juicio de amparo 290/2019, así como testimonio de la resolución de dieciséis de mayo del año en curso, en la que se declaró infundada la queja planteada por *******, asesora jurídica de las quejosas ********, *********** y ********; en consecuencia, acúsese el recibo de estilo e intégrese el cuaderno de antecedentes, únicamente con las constancias que se glosaron con posterioridad a la interposición. En consecuencia, acúsese recibo a dicho órgano colegiado, y previas las anotaciones en el libro de gobierno, archívese este asunto como totalmente concluido. Hágase del conocimiento de las partes, que respecto al destino de este expediente es susceptible de destrucción.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el escrito signado por ******, quien se ostenta como representante de las quejosas **********, ********** y **********, mediante el cual interpone recurso de queja en contra del acuerdo de uno de abril de dos mil diecinueve. En consecuencia, remítanse al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en turno, el original y copia del aludido escrito, así como el informe de ley, en el que se asiente que es cierto el acto que se reclama, por las consideraciones que el mismo se exponen.

  3. Principal

    (CONFORME A LA LEY DE AMPARO) EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO ACUDIÓ A LAS INSTALACIONES DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE PERSONALMENTE DEL PROVEÍDO DE UNO DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, DENTRO DEL PLAZO CONCEDIDO PARA ELLO; EN CONSECUENCIA, SE ORDENA LA NOTIFICACIÓN DEL MISMO POR MEDIO DE LISTA: "REGISTRO DE LA DEMANDA. Vista la demanda de cuenta; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el consecutivo 290/2019. DESECHAMIENTO. De los señalados actos reclamados descritos en los párrafos que anteceden, este Juzgado de Distrito advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por lo que, de conformidad con en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo, por los motivos que se expondrán. En ese orden, la fracción XX, del precepto 61, de la ley de la materia, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia." La porción normativa indicada, contiene el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, el cual refiere la exigencia de agotar los recursos y medios de defensa ordinarios antes de acudir al juicio de amparo indirecto, a fin de modificar, revocar o nulificar el acto impugnado, esto, porque el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa, en el que no pueden analizarse cuestiones respecto de las cuales la ley común prevea un medio legal ordinario que pueda hacerse valer. Lo anterior se estima así, porque la Primera Sala de la Suprema Corte de la Nación al resolver la contradicción de tesis 233/2017, estableció en esencia: a) Que se avocaba a determinar si debe agotarse el principio de definitividad previo a promover el juicio de amparo indirecto cuando se reclamen las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación en el Sistema Penal Acusatorio y Oral, conforme a lo que dispone el Código Nacional de Procedimientos Penales. b) Asimismo, esa Primera Sala destacó que el Alto Tribunal ha establecido en precedentes anteriores que la etapa de investigación dentro del Sistema Penal Acusatorio y Oral, tiene por objeto determinar si hay fundamento para iniciar un proceso penal, mediante la obtención de datos de prueba que sustenten la acusación y aquellos que garanticen la defensa del indiciado. En ese sentido, la función del Ministerio Público al tener conocimiento de un hecho que pudiera ser delictivo, deberá dirigir y promover una investigación que lleve al esclarecimiento de los acontecimientos lo cual quedará integrado en la carpeta correspondiente. c) De igual manera, la Primera Sala agregó que durante esta etapa, la autoridad ministerial puede incurrir en omisiones respecto de su deber de investigar los delitos, al soslayar la ejecución de diligencias y actos necesarios para comprobación de los hechos, de tal manera que si esta situación se presenta sin una justificación legal puede producir una afectación a los derechos fundamentales de las partes. d) Ese órgano del máximo tribunal también agregó que el juez de control tiene dos funciones principales: d.1) De naturaleza cautelar, que se refiere al deber de vigilar las actuaciones realizadas en la etapa de investigación a efecto de garantizar que hayan sido realizadas correctamente a fin de proteger los derechos del inculpado y de la víctima. d.2) De carácter cognitivo, relativa a las pretensiones de las partes, tales como el dictado del auto de vinculación a proceso o de una sentencia dentro de un proceso abreviado. Asimismo, conocerá de las impugnaciones contra resoluciones de reserva, no ejercicio de la acción penal, desistimiento o suspensión de la acción penal y en general las determinaciones del ministerio público para controlar su legalidad. e) Además, la Primera Sala indicó que los derechos de las víctimas se consagran en el artículo 20, apartado C, de la Constitución Federal, así como en el numeral 109 del Código Nacional de Procedimientos Penales, entre los cuales se encuentra la posibilidad de impugnar las determinaciones que emita el ministerio público en la etapa de investigación de los delitos. f) Lo anterior, toda vez que la reforma constitucional tuvo la intención de otorgar mayor presencia a las víctimas y a los ofendidos del delito como parte procesal, lo que implica una intervención directa y activa durante las etapas del procedimiento, asimismo, se buscó evitar que el ministerio público fuera un obstáculo de los intereses victímales. g) La Primera Sala resaltó a su vez, que para hacer efectivo el derecho en cuestión, la víctima u ofendido deberá impugnar las determinaciones de no ejercicio de la acción penal o desistimiento de la misma ante el juez de control, con el propósito de que éste pudiera controlar la legalidad de dichas determinaciones. h) Igualmente, esa sala indicó que para la actualización el principio de definitividad, es necesaria la existencia de un recurso ordinario previsto en la ley, por lo que analizó si la ley contempla algún medio de defensa ordinario para combatir las omisiones del ministerio público en la etapa de investigación, llegando a la conclusión que derivado de una interpretación sistemática de los artículos 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal, 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la víctima u ofendido del delito tienen el derecho de impugnar ante el juez de control todas aquellas omisiones o negligencias en que incurra la autoridad ministerial en la investigación de los delitos, mediante el medio de impugnación innominado que prevé el mencionado artículo 258, a pesar de que la expresión "omisiones" no se comprenda de manera taxativa en su texto. i) De igual manera, agregó que tales determinaciones, no se limitan a las taxativamente previstas en el numeral 258 del citado código (abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal), sino que en general se trata de actuaciones del ministerio público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. j) En esa tesitura, la Primera Sala concluyó que ante la existencia de un recurso ordinario previsto en la legislación adjetiva de la materia, resultaba indispensable agotar el principio de definitividad antes de promover un juicio de amparo indirecto, cuando se pretendieran reclamar las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad de investigación, ya que de lo contrario, se actualizaría una causal de improcedencia teniendo como resultado la improcedencia del juicio de amparo intentado. k) También estableció que en dicho precepto se prevé el medio de defensa que tiene la víctima u ofendido para impugnar, en sede judicial ordinaria, todas aquellas omisiones de la autoridad ministerial en el desempeño de su función investigadora, esto, con la finalidad de que sea el Juez de Control quien, conforme a la obligación prevista en el artículo 16 constitucional, una vez que dé intervención a las partes, establezca de manera ágil y eficaz, si la actuación del órgano investigador fue legal o no y en su caso, decrete las medidas necesarias para que esa conducta omisiva cese. l) Esa Primera Sala también indicó que si bien el plazo para interponer el recurso de mérito es de diez días posteriores a la notificación de la resolución que se impugnará, la naturaleza de los actos omisivos es diferente ya que éstos se prolongan en el tiempo de momento a momento mientras no se genere una acción que la haga concluir, por ello, el plazo con que contará la víctima u ofendido para hacer valer dicho medio de defensa será de diez días contados, a partir de que tenga conocimiento de la conducta omisiva de la autoridad investigadora. En suma, se determinó que previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, la víctima u ofendido debe agotar el medio de defensa ordinario previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en observancia al principio de definitividad. Conforme a lo que antecede, este juzgador advierte que las consideraciones de la Primera Sala antes referidas, se encuentran en las jurisprudencias 1a./J. 27/2018 (10ª.) y 1a./J. 28/2018 (10ª.), emitidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y son de rubros siguientes: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES". "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO". En efecto, como se asentó, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, como lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en sus jurisprudencias referidas, ya que la parte quejosa no agotó el recurso ordinario que establece la ley que rige el acto reclamado, de forma previa a instar el juicio constitucional, es decir, no interpuso el control judicial previsto en el ordinal 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En ese orden, a mayor abundamiento, conviene precisar que el contenido del numeral 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece: "Artículo 20. [.] C. De los derechos de la víctima o del ofendido. [...] II. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley. [.] VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño.". Dicho precepto constitucional prevé los principios y directrices que regirán el proceso penal acusatorio, mismo que reconoce los derechos de las víctimas u ofendidos, entre los cuales destaca el derecho a impugnar a través de la vía jurisdiccional los actos, las abstenciones u omisiones del ministerio público en la investigación de los delitos. Por tanto, constituye un derecho de la víctima u ofendido el impugnar las omisiones y determinaciones que el ministerio público puede emitir dentro de la carpeta de investigación. Ahora bien, para el estudio de los actos reclamados, no se cumple con el agotamiento del principio de definitividad exigida, en razón de que pueden ser modificado, revocado o anulado, a través del medio de defensa ordinario establecido en la norma secundaria, en el caso concreto, el recurso denominado control judicial, previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De igual forma, el Código Nacional de Procedimientos Penales, reconoce los derechos de la víctima u ofendido, en su artículo 109, cuya fracción XXI, prevé la posibilidad de impugnar las omisiones o negligencia del agente investigador, al señalar: "Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos: [.] XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables;.". De lo anterior, se advierte que la víctima u ofendido podrán impugnar diversas determinaciones y omisiones en la fase de investigación, ante el juez de control facultado para tal efecto, en razón de que fue intención del legislador, que dentro del nuevo esquema procesal, el órgano jurisdiccional de que se trata tuviera la atribución para conocer de impugnaciones de esa índole para controlar su legalidad. En concordancia con lo anterior, en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se dispone: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno". El normativo referido sujeta a control judicial las determinaciones del ministerio público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal. Para tal efecto, la víctima u ofendido podrá impugnarlas ante el Juez de Control, dentro de los diez días siguientes a que le sean notificadas. Por tanto, el precepto 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, relacionado con los diversos numerales anteriormente analizados, concreta el derecho de impugnación contenido en el artículo 20, apartado C, fracción VII, constitucional. En ese orden de ideas, es importante señalar que la finalidad de los medios de impugnación es combatir la actuación de determinada autoridad, lograr que se realice un examen de lo actuado, y con ello, pretender un resultado favorable a los intereses de quien impugna. Entre los diversos medios de impugnación -género-, destacan los recursos -especie-, en los que se busca "revisar" o "volver a cursar" el actuar de determinada autoridad, y son interpuestos mediante un trámite específico, para subsanar las omisiones, excesos, defectos, y en general, cualquier error o falta a las disposiciones aplicables; de tal forma que los recursos se someten a determinadas formalidades fijadas en la ley para dar certeza, procurar el equilibrio procesal y dar seguridad jurídica, al otorgar a las partes una "instancia" o "procedimiento", que revise lo actuado por la autoridad recurrida, cuando afecten sus pretensiones. Así, la facultad de impugnar, prevista en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, constituye un instrumento a través del cual la víctima u ofendido puede combatir las omisiones y actuaciones del ministerio público en la fase de investigación, por lo que, en los términos expuestos, constituye un auténtico "recurso" en sentido procesal. En ese sentido, es de destacarse que la actividad o inactividad del agente investigador para cumplir con sus atribuciones en favor de los intereses de la víctima u ofendido -esto es realizar o no diligencias dentro de la carpeta de investigación-, constituye un acto que vulnera los derechos de la víctima u ofendido para acceder a la justicia que busca; mismo que debe considerarse impugnable a través de un medio ordinario, porque así lo establece el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal, así como el diverso 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales. En este orden de ideas, al interpretar sistemáticamente las citadas normas y con la finalidad de armonizar el nuevo sistema de justicia penal, que busca que los asuntos de esta materia sean resueltos de forma breve y garantista en favor del imputado, así como de la víctima u ofendido, se concluye que tanto la "omisión" como la "negligencia" del agente del ministerio público de cumplir con sus labores de investigación, es impugnable en términos de lo previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo anterior, atendiendo a que el citado artículo prevé la posibilidad que tiene la víctima u ofendido, de impugnar las omisiones o determinaciones que afectan o impiden lograr su pretensión, tales como la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, las que, por similitud en sus efectos, son equiparables a la afectación que sufre la parte quejosa en sus pretensiones ante: **** En mérito de lo expuesto y fundado, es evidente que se actualiza la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo; por lo que, de conformidad con el numeral 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo."

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