América López Santillán

Expediente 1485/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1485/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
05/10/2017

Partes del expediente

  • América López Santillán

Actuaciones

  1. Principal

    Del estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el proveído de veinte de septiembre último, mediante el cual se desechó la demanda de amparo; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia en aplicación, se declara que dicho proveído ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese como asunto concluido. Finalmente, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis de asuntos destruibles, contenido en dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido y por la naturaleza de lo resuelto no es de valor jurídico; por tanto, una vez transcurrido más de tres años a partir del día de la data, trasládese al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

  2. Principal

    RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo promovida por América López Santillán, contra el acto que atribuye al Juez Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial de Ixtlahuaca de Rayón, Estado de México; por lo que se ordena formar expediente y registrarse en el libro de gobierno con el número 1485/2017-IV. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En el caso en estudio, debe decirse que en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, los actos reclamados se hacen consistir en: 1 La resolución recaída al recurso de revocación, de treinta uno de agosto de dos mil diecisiete, emitida por el juez responsable, mediante el cual se deja firme el auto de catorce de ese mismo mes, en el que se dejó sin efectos la citación para sentencia, al advertir el juzgador un litisconsorcio activo necesario; y, 2 La resolución recaída al recurso de revocación de cuatro de septiembre de dos mil diecisiete, emitida por la autoridad responsable, mediante la cual sin haber adquirido firmeza procesal el auto señalado en párrafo que antecede, da cumplimiento al mismo y ordena llamar a juicio a los litisconsortes, concediéndoles término para comparecer al juicio. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Ahora, la lectura integral de la demanda, revela que se actualiza la hipótesis normativa prevista por el numeral 113, de la Ley de Amparo, toda vez que en el caso, existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que da lugar a su desechamiento de plano, al encuadrarse la hipótesis normativa contenida en el ordinal 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, ambos de la ley de la materia. Ahora bien, para efectos de la procedencia de la acción constitucional, los actos dentro de juicio a que se refieren los numerales en comento, han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquellos que afectan de modo directo e inmediato los derechos sustantivos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, y nunca en los casos en que sólo afecten derechos adjetivos o procesales. Es aplicable, la jurisprudencia VI. 1o.A. J/10, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página 1570 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo III, Mayo de 2014, materia común, con número de registro 2006339, criterio que se encuentra aún vigente, se rubro siguiente:"ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SON AQUELLOS QUE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS, ASÍ COMO VIOLACIONES PROCESALES RELEVANTES, DE CONFORMIDAD CON UNA INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIONES III, INCISO B), Y V, Y 170, FRACCIÓN I, CUARTO PÁRRAFO, ÉSTE A CONTRARIO SENSU, DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE)." Bajo la anterior óptica jurídica, a efecto de distinguir entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, debe atenderse a la afectación sufrida por el gobernado, en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. Por lo tanto, procede el juicio de amparo indirecto, sólo contra de actos autoritarios que lesionen de manera directa e inmediata derechos sustantivos de las partes y que trasciendan del ámbito procesal a la esfera del gobernado en cuanto a sus derechos sustantivos como podrían ser el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera; de manera que resulta improcedente el que se promueva en contra de los actos que únicamente producen una afectación de carácter formal dentro del proceso, que atañen a las posiciones que las partes van adquiriendo, con vista a la obtención de un fallo favorable, pues cuando este objetivo se obtiene, se extinguen aquéllos, sin vulnerar los derechos fundamentales, de conformidad con los artículos 107 Constitucional, fracción III, inciso b) y 107 fracción V, de la Ley de Amparo. De modo tal, que el concepto de irreparabilidad no consiste en la imposibilidad jurídica de que la violación de que se trate puede ser analizada nuevamente al dictar la resolución, sino en que, con motivo de sentencia favorable, no se actualice el daño o perjuicio, pues de acuerdo con los principios procesales de preclusión y firmeza de las resoluciones judiciales, no todas las actuaciones del procedimiento son reclamables en el amparo indirecto, ya que de otro modo, se contravendría la regla del inciso a), fracción III del artículo 107 Constitucional. En apoyo de lo anterior, cabe citar la jurisprudencia IV.2o.C.J/2, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, visible en la página 1539 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Tomo III, Mayo de dos mil catorce, con número de registro 2006338, criterio que se encuentra vigente, de rubro: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). Por tanto, en las relatadas condiciones, se actualiza la causa de improcedencia advertida, en razón de que los actos que por esta vía se reclama no son considerados como de imposible reparación, pues en ellos la autoridad responsable únicamente advierte un litisconsorcio activo necesario y ordena llamar a juicio a los litisconsortes, por lo que no advierte que se vulnere algún derecho sustantivo. Atento a lo anterior, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación los actos reclamado, en todo caso, violaciones procesal, que aun y cuando podrían afectar al quejoso, su reparación es posible, argumentando la parte agraviada las transgresiones en las que considere haya incurrido la autoridad y que hayan sido motivo de la determinación que considere violatoria de sus derechos fundamentales, esto hasta en tanto se pronuncie la sentencia respectiva. De ahí que los actos reclamados, son de naturaleza meramente procesal, cuyos efectos no inciden sobre derechos sustantivos de la parte quejosa. Por tanto, será hasta que se dicte la sentencia, y en todo caso, se impugne a través de la vía de amparo, en que podrá alegarse y demostrarse la existencia de tal violación al procedimiento que hubiera afectado a la promovente, en caso de que tal vulneración hubiese trascendido al resultado del fallo o le afecte de manera directa. En consecuencia, es evidente que los actos reclamados, no deben considerarse como emitidos dentro de un procedimiento que tenga sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, ya que no afecta directamente alguno de los derechos sustantivos de los gobernados, consagrados en la Carta Magna y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano es parte; que deban impugnarse de inmediato a través del amparo indirecto, de conformidad con lo establecido por la fracción V, del ordinal 107, interpretado a contrario sensu y 172, fracción XII, de la Ley de Amparo vigente, sino que en todo caso, se combatiran hasta que se dicte la resolución respectiva. En consecuencia, al actualizarse de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia advertida, con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, se concluye desechar de plano la demanda de amparo de que se trata. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Sin lugar a tener como domicilio de la quejosa, para oír y recibir notificaciones los estrados de este órgano jurisdiccional, toda vez que el lugar señalado corresponde a la sede del Juzgado que actúa y no al lugar en que el mismo habitualmente reside, tiene el principal asiento de sus negocios, ni el local de este juzgado puede señalarse como domicilio para oír notificaciones, por lo tanto, con fundamento en los artículos 27, fracción II, y 29, de la Ley de Amparo, háganse las notificaciones del presente proveído, así como las subsecuentes, aún las de carácter personal por medio de lista que se fijan en los estrados de este juzgado. Se tiene por autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a la profesionista que autoriza.

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