América Lizbeth Cruz Muñiz
Expediente 845/2023 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 845/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 14/08/2023
Partes del expediente
- América Lizbeth Cruz Muñiz
Actuaciones
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, catorce de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación con que se da cuenta, se desprende que ********************, no interpuso el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, en contra del proveído emitido el veintiuno de julio del año en curso, en el cual se desechó su demanda de amparo; por ende, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos aplicados supletoriamente a la legislación de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Por otra parte, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido, por lo que con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diez de mayo de dos mil veintitrés, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio del mismo año, este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo. De igual manera, como lo disponen los artículos 22 y 34 del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente asunto deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el artículo 20 antes citado. Finalmente, cabe precisar que el artículo 20, párrafo segundo, del Acuerdo General antes aludido, establece que en el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional dentro del plazo de noventa días naturales a recuperar los documentos originales que en su caso hubieren exhibido en el expediente, con el apercibimiento que de no hacerlo en el término indicado éstos serán destruidos; sin embargo, toda vez que en el juicio en que se actúa no existen documentos originales presentados por la parte agraviada, es innecesaria dicha notificación personal. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Armando González Urbina, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, uno de agosto de dos mil veintitrés. Vista la razón actuarial de veinticuatro de julio del año en curso, se desprende que no fue posible realizar la notificación personal a la quejosa ********************, o bien, a su autorizada para tal efecto, el contenido del proveído de veintiuno de julio de dos mil veintitrés, toda vez que al constituirse en la ********************, se entrevistó con el licenciado ********************, quien le manifestó que efectivamente ese era el domicilio correcto, pero que no conocía a ninguna de las mencionadas, desconociendo porqué señalaron dicha dirección para ese efecto. Por lo tanto, se ordena que la notificación citada en el párrafo que antecede y las subsecuentes, aún las de carácter personal, se realicen a la quejosa ********************, por medio de lista de acuerdos; lo anterior, con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Armando González Urbina, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, veintiuno de julio de dos mil veintitrés. Visto el escrito de demanda de amparo promovida por América Lizbeth********************, contra actos del Agente del Ministerio Público de Procedimiento Penal Acusatorio adscrito a la Unidad General de Investigación Cuatro, con sede en esta ciudad; regístrese con el número 845/2023-III. Ahora bien, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis correspondiente a la demanda de garantías, pues se advierte una causa manifiesta e indudable de la improcedencia de la misma. En relación con ello, cabe precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Se cita al respecto, la jurisprudencia I.6o.C.J/19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo X, septiembre de 1999, página 730, Materia Común, que reza: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Del análisis integral de la demanda de cuenta, se observa que la parte agraviada en esencia reclama la omisión del Agente del Ministerio Público de Procedimiento Penal Acusatorio adscrito a la Unidad General de Investigación Cuatro, con sede en esta ciudad, para otorgarle medidas de protección a la impetrante en calidad de víctima, dentro de la carpeta de investigación ********************, derivada de la denuncia presentada por la ocursante en contra de ********************, por la posible comisión del delito de violencia familiar; y a ese respecto, se estima que concurre la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia." El precepto antes reseñado contempla el principio de definitividad que rige al juicio de garantías, consistente en la carga procesal de la impetrante de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios previstos en la legislación reguladora del acto reclamado, que pueden conducir a su modificación, revocación o nulidad; que no es otra cosa que la obligación de cumplir el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. En efecto, el mencionado principio supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga el peticionario, el amparo es improcedente. Se fundamenta en la naturaleza misma del amparo, que constituye un medio extraordinario, sui géneris, como ya lo ha hecho notar el Alto Tribunal, para invalidar los actos de las autoridades en las distintas hipótesis de su procedencia; lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias a virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. De acuerdo con lo expresado, el principio de definitividad del juicio de amparo implica la obligación de la agraviada consistente en agotar, previamente a la interposición de la acción constitucional, los recursos ordinarios (lato sensu) tendientes a revocar o modificar los actos lesivos. Ahora bien, los actos reclamados se encuentran relacionados con la etapa de investigación inicial, donde el Ministerio Público puede incurrir en una actitud omisiva con relación a su deber de investigar los delitos; conducta omisiva que si carece de justificación legal, desde luego puede conculcar derechos fundamentales de las partes en el conflicto penal, lo cual debe ser materia de análisis por un juez de control a través de los recursos ordinarios que prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales, específicamente el medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del citado ordenamiento legal, cuyo texto es: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial. Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." Lo anterior, porque de conformidad con el artículo 16, párrafo décimo cuarto, Constitucional, los jueces de control tienen una función de carácter cautelar que implica vigilar que todos los actos relativos a la investigación de un hecho que reviste el carácter de delito, sean preservados de manera correcta, por lo que, jurídicamente está facultado para controlar los actos y revisar la conducta inactiva asumida por el ente ministerial con la finalidad de evitar actos discrecionales u omisiones prolongadas en la investigación. Aunado a ello, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la ejecutoria por contradicción de tesis 233/2017, resolvió que en contra de las omisiones del Ministerio Público durante la investigación inicial, es necesario que, previo a la promoción del juicio de amparo, la víctima u ofendida agote el medio de defensa previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues será el juez de control quien de manera ágil, una vez que dé intervención a las partes, se pronuncie sobre ese tema a través de los principios de publicidad, contradicción, continuidad, contradicción e inmediación. Asimismo, la Primera Sala consideró que si bien en dicho numeral no se incluían de manera expresa las omisiones de la autoridad ministerial, ello no era un obstáculo para instar ese medio de impugnación, porque de una interpretación funcional y extensiva de los artículos 16 párrafo décimo cuarto; 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Federal y los numerales 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional, permitía concluir que las determinaciones del Ministerio Público en el desempeño de su labor investigadora deben estar sujetas a control judicial, con la finalidad de que sea el juez de control quien revise la legalidad de las mismas; y por ende, refirió que tales determinaciones no se limitaban a las taxativamente previstas en ese numeral (abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal), sino en general a las actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación, incluyendo las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Además, precisó que la finalidad de que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una investigación, es que al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos; y que tratándose de la omisión ministerial en la etapa de investigación, puede ordenar que cese ese estado de cosas y, en consecuencia, que el Ministerio Público continúe realizando la investigación correspondiente, así como pronunciarse respecto a las medidas cautelares. Destacó que los derechos de la víctima previstos en el artículo 20, apartado C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el artículo 109, fracción XXI del Código Nacional, de impugnar las omisiones o negligencias que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, se encontraban salvaguardados, en tanto que, el medio de defensa previsto en el citado artículo 258, resulta idóneo para impugnar las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación. En ese contexto, dado que las actuaciones del Ministerio Público, incluyendo las omisiones en que incurra en la etapa investigación, son revisables ante el juez de control a través del medio de impugnación previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es evidente que el presente juicio de amparo resulta improcedente, en términos del artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, pues previo a la promoción del juicio de amparo es necesario agotar ese medio de defensa, el cual, genera un mayor beneficio a la parte quejosa en tanto que se resolverá al tenor de los principios de oralidad, publicidad, contradicción, continuidad, concentración e inmediación que rigen el Sistema Penal Acusatorio. Tiene apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J.27/2018 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro electrónico 2017641 y publicada en el Semanario Judicial de la Federación, libro 57, agosto de 2018, tomo I, página 945, Materia Penal, Décima Época, que señala: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación.En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos." De igual manera, tiene sustento a lo anterior, la jurisprudencia 1ª./J 28/2018 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2017640 y publicada en el Semanario Judicial de la Federación, libro 57, agosto de 2018, tomo I, página 943, Materia Penal, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad." Máxime que no se actualiza alguno de los supuestos de excepción previstos en la citada fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor, toda vez que no se está ante actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas, alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales y el acto reclamado no se refiere a uno de los señalados en el inciso b) de la fracción en comento. De esta suerte, si la promovente instó el presente juicio constitucional no obstante encontrarse obligada a agotar el medio de defensa que prevé la legislación ordinaria [numeral 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales], es inconcuso que se actualiza de manera indudable el motivo de improcedencia analizado. En sus aspectos sustanciales, se invoca la tesis XVIII.1o.P.A.2P (10a.) del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, con número de registro digital 2014279 y publicada en la página 2141, del libro 42, mayo de 2017, tomo III, Materias Común y Penal, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, bajo la voz: "SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. LA OMISIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE CUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, DEBE IMPUGNARSE ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE IMPUGNACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Durante la fase de investigación de un delito, el imputado, su defensor y la víctima u ofendido, pueden solicitar al agente del Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que consideren pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos; luego, si dicho agente comete omisiones o negligencia en el desempeño de sus funciones de investigación, la víctima u ofendido tiene derecho a impugnar esa conducta ante la autoridad judicial, en términos de los artículos 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por su parte, el artículo 258 del código citado, prevé un medio de impugnación a través del cual la víctima u ofendido puede inconformarse contra las determinaciones que le afecten o impidan lograr su pretensión, tales como la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, las que, por similitud en sus efectos, son equiparables a la afectación que sufren sus pretensiones cuando el agente investigador es omiso o negligente en cumplir con sus funciones. Así, de una interpretación sistemática de las normas mencionadas, con la finalidad de armonizar el nuevo sistema de justicia penal, que busca que los asuntos de esta materia sean resueltos de forma breve y garantista en favor del imputado, así como de la víctima u ofendido, se concluye que la omisión del agente del Ministerio Público de cumplir con sus obligaciones en la etapa de investigación en el sistema procesal penal acusatorio y oral, es impugnable en la vía jurisdiccional ordinaria, ante el Juez de control, en términos del referido artículo 258; por tanto, es imperativo para la víctima u ofendido agotar ese medio de impugnación, previo a promover el juicio de amparo indirecto, el que procederá, en todo caso, contra la resolución que emita la autoridad judicial, sin que opere algún supuesto de excepción al principio de definitividad. Considerar lo contrario, impone a la víctima u ofendido un mayor gravamen o dilación, ya que en términos de la legislación ordinaria, en una audiencia el Juez de control resolvería lo conducente, en tanto que acudir directamente al juicio de amparo implica, además del desconocimiento de la Constitución, la tramitación de un juicio constitucional biinstancial, con la dilación que ello conlleva, lesionando con esto el artículo 17 de la Constitución Federal, para llegar, eventualmente, al mismo resultado." No constituye óbice que la quejosa argumente en su demanda de garantías, que la responsable con sus omisiones violenta sus derechos humanos, poniendo en riesgo con su actuar la integridad física y psicológica de la impetrante; pues en su calidad de parte formal en el procedimiento de origen, está facultada para recurrir las omisiones de que se duele, ante el Juez de Control que corresponda, conforme al numeral 158 del Código Nacional de Procedimientos Penales y no está eximida de agotar dicho medio de defensa ordinario, pues la definitividad es un presupuesto procesal que debe agotarse antes de acudir a la instancia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con número de registro electrónico 187016, visible en la página 902, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, mayo de 2002, materia común, Novena Época, cuyo texto es el siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." De igual forma, se estima aplicable en sus aspectos sustanciales, la jurisprudencia 1ª./J.113/2013 (10ª) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro electrónico 2005039 y visible en la página 350, del libro 1, diciembre de 2013, tomo I, Materia Común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, bajo la voz: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en forma manifiesta e indudable, se desecha de plano la demanda promovida por América Lizbeth********************, con fundamento en el numeral 113 de la legislación de la materia. Téngase a la parte agraviada señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en su escrito de demanda; en cuanto a la designación de autorizada, toda vez que ********************no se encuentra registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales del Consejo de la Judicatura Federal, únicamente se le faculta para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, conforme a la parte final del dispositivo 12 de la ley de la materia. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se desecha de plano la demanda de amparo promovida por América Lizbeth********************. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Edgar Ulises González González, Secretario del Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, encargado del despacho en términos del artículo 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del titular, autorizadas por el Consejo de la Judicatura Federal, asistido de la licenciada María Dolores Camacho Díaz, Secretaria que actúa y da fe.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas · 11,954 expedientes
- Ameli Nuñez Antonio869/2017
- Amelia Acacia Cárdenas Villalón702/2014
- Amelia Fortanely Palomares805/2015
- Amelia Maldonado Sánchez943/2022
- Amenaide Velázquez Núñez1372/2015
- América Leticia Guzmán Sandoval1011/2021
- América Lorencez Guzmán499/2019
- Américo Rogelio Elizondo Salazar75/2012
- Amin Castillo Romero826/2018
- Amin Castillo Romero11/2019
- Amish Sebastián Garza Tapia676/2015
- Ana Adela Santiago Hernández455/2023