América Joseline López Jiménez
Expediente 829/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 10 actuaciones registradas, la última del 24 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 829/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 24/01/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- América Joseline López Jiménez
- Antonia Jiménez Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticuatro de enero de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta suscrito por la Secretaria de Acuerdos de la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado; únicamente para que obre como corresponda, toda vez que acusa recibo del oficio con el cual le fueron devueltos los autos originales de la causa penal número 46/2015, mismo que remitieron como justificación al informe justificado. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única a quien pudiera afectar), haya recurrido la sentencia dictada por este tribunal el veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete, por la que se sobreseyó en el presente juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley antes invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento a los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este juzgador determina que el presente expediente por sus particularidades, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos por el artículo vigésimo primero, último párrafo del citado acuerdo, y es por tanto, susceptible de destrucción. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años, contados a partir del presente acuerdo, proceda a su destrucción. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes, ni se promovió recurso alguno. Finalmente devuélvase a la Sala responsable el expediente penal número 46/2015, del índice del Juzgado Segundo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, que remitió como justificación a su informe. Solicítese el acuse de recibo correspondiente. NOTIFÍQUESE.
- Principal
PREVIO AVISO.- Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 61, 73, 74, 75, 124 y 217, de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ANTONIA JIMÉNEZ HERNÁNDEZ, en representación de su menor hija por las razones y términos expuestos en el penúltimo considerando de esta resolución este fallo. SEGUNDO. En su oportunidad, dese cumplimiento a lo ordenado en el último considerando de esta resolución. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo resolvió y firma el licenciado Amado Chiñas Fuentes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante la licenciada Maribel Leocadia García Melchor, Secretario que autoriza y da fe, hasta el día de hoy, veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.
- Principal
OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA; VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo número 829/2017, promovido por ANTONIA JIMÉNEZ HERNÁNDEZ, en representación de su menor hija, contra actos de los Magistrados de la Sexta Sala Penal del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado; y, R E S U L T A N D O: I.- Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado el catorce de agosto de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado residente en esta población, ANTONIA JIMÉNEZ HERNÁNDEZ, en representación de su menor hija, de quien se omite su nombre en atención al Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en caso que afecten a niñas, niños y adolescentes, elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que en lo subsecuente se hará referencia a ella con tal calificativo o con el de menor ofendida, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, por violación a los derechos humanos de ésta contenidos en los artículos 1, 4, 14, 16, 17 y 20 apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de los Magistrados de la Sexta Sala Penal del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, de quienes reclamó: ".IV. ACTO RECLAMADO. Reclamo de la autoridad responsable, la resolución de fecha 30 de junio del año en curso, dictada en el toca penal número 34/2017, por la que modificó la media cautelar consistente en la prisión preventiva a que estaba sujeto el inculpado Leonardo Gabriel Santiago Ramírez, por el delito de abuso sexual infantil, en agravio de la menor ., ordenando al Director del CERESO 01 (antes Penitenciaría Central del Estado, ponga a dicho procesado en inmediata libertad, y en su lugar le impuso como medidas cautelares las siguientes: 1.- Presentación periódica de dicho procesado ante el Juez Segundo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, Oaxaca, esto es, el imputado deberá presentarse cada quince días ante el juez llevador de la causa, o al día hábil siguiente en caso de que resulte ser inhábil; 2.- La prohibición de acercarse y comunicarse a la menor víctima. y testigo Antonio Jiménez Hernández, siempre y cuando no afecte la defensa del procesado. Lo que constriñe a que no deberá acercarse en el domicilio de la ofendida y testigo de cargo, así como no molestar por sí o por interpósita persona a los mismos, ya sea de manera personal o por cualquier medio electrónico; y 3.- La prohibición de salir sin autorización del juez de la causa del Estado de Oaxaca, es decir, no podrá abandonar la demarcación territorial del Estado, sin previo permiso que sea solicitado y concedido por dicho juzgador." II. ADMISIÓN Y TRÁMITE. Por cuestión de turno, dicha demanda se remitió al Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en esta población, en proveído de quince de agosto de dos mil diecisiete, el secretario encargado del despacho de ese órgano jurisdiccional determinó carecer de competencia por razón de turno para conocer de ella, al actualizarse el supuesto de relación a que se refiere el artículo 45 y 46, fracción II y IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el funcionamiento de las oficinas de correspondencia común, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de mayo de dos mil quince; reformado y adicionado por diverso acuerdo general publicado en el mismo medio oficial el catorce de marzo de dos mil dieciséis, al haber conocido este órgano jurisdiccional del juicio de amparo 555/2015, en el que se analizó lo realtivo al auto de formal prisión dictado al aquí tercero interesado Leonardo Gabriel Santiago Ramírez, dentro de la causa penal 46/2015, del que también emana el acto aquí reclamado (fojas 27 a 31). El diecisiete de agosto de dos mil diecisiete, este órgano se avocó al conocimiento del asunto, por compartir en lo sustancial el criterio del juez declinante y ordenó admitir a trámite la demanda, solicitar su informe justificado a la autoridad señalada como responsable; dar la intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y se programó la audiencia constitucional (fojas 33 a 34). El treinta y uno de agosto de dos mil diecisiete, se ordenó emplazar a juicio al tercero interesado Leonardo Gabriel Santiago Ramírez (fojas 40 a 41). El veintiuno de septiembre de dos mil diecisiete, se tuvo por apersonado al juicio a Leonardo Gabriel Santiago Ramírez (foja 61). III. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Previo diversos diferimientos, la audiencia constitucional tuvo verificativo, al tenor del acta que antecede; por lo que es procedente pronunciar sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I, 107, fracción V, de la Constitución General de la República; 37 de la Ley de Amparo; 48, 49 y 54, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto, fracción XIII del Acuerdo General número 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; tomando en consideración que se trata de un asunto de naturaleza penal; que el acto reclamado fue dictado por una autoridad que tiene su domicilio dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce competencia y tendrá ejecución en ésta. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como acto reclamado en el presente juicio de amparo: 1. La resolución de treinta de junio de dos mil diecisiete, dictada en el toca penal 34/2017, por los Magistrados de la Sexta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, con sede en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable, pues al rendir su informe justificado convino en su existencia (foja 64). Además, la certeza del acto se desprende del testimonio del toca penal 34/2017, que como apoyo a su informe justificado remitió la autoridad responsable y original de la causa penal 46/2015, instruida en contra del aquí tercero interesado Leonardo Gabriel Santiago Ramírez, por el delito de abuso sexual infantil en perjuicio de la menor ofendida, constancias a las que se otorga pleno valor probatorio, lo anterior con apoyo en los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo segundo, al ser un documento expedido por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Sirve de apoyo la jurisprudencia 226 por reiteración del anterior Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ciento cincuenta y tres del tomo VI, parte S.C.J.N., quinta época, materia común, con número de registro digital 394182, apéndice de 1995, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". CUARTO. Causas de improcedencia. En el caso, no se analizará la litis constitucional toda vez que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, párrafo primero, de la Ley de Amparo, ya que la parte quejosa consintió tácitamente el acto reclamado, pues no interpuso el juicio de amparo dentro del plazo legal de quince días que tenía para ello; lo que da lugar a decretar el sobreseimiento en términos de lo dispuesto en el diverso precepto 63, fracción V, de dicho ordenamiento legal. En efecto, el artículo 61, fracción XIV, párrafo primero, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]" De la premisa legal reproducida, se desprende que el juicio de amparo debe promoverse dentro de los plazos contenidos en el artículo 17 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". Es pertinente también citar el artículo 18 del ordenamiento legal en comento, que indica lo siguiente: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De los normativos transcritos se desprende, el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales, aquéllos que no se promueven dentro del término de quince días que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo. Conforme al cómputo del plazo para la presentación de la demanda, el artículo 18 de la Ley de Amparo establece que se debe realizar: a) a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acto reclamado; b) al en que haya tenido conocimiento de ello o de su ejecución y c) al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Supuestos que son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno, lo que es indicativo que el primero que se actualice es el que debe tenerse en cuenta para el cómputo respectivo; sin embargo, al ser medios distintos que sirven de punto de partida para dicho cómputo, obviamente deben ser idóneos para cada caso determinado, porque no es lo mismo la notificación de un acto que tener conocimiento de él, en virtud que aquélla es una actuación procesal que requiere formalidades y produce el conocimiento del acto, mientras que tal conocimiento no siempre proviene de una notificación, ya que en tratándose de la notificación la ley se refiere a los procedimientos en que existe ese medio legal de dar a conocer una determinación, así como a las personas que siendo partes en tales procedimientos pueden ser notificadas, en cambio el conocimiento de la resolución se refiere a los procedimientos en donde no se establece la notificación o en su caso, distintos a aquél de donde emane el acto reclamado, como podría ser en diverso juicio de amparo. Como apoyo se cita la jurisprudencia 1ª./J. 30/2007, registrada con el número 172550, consultable en la página 286, del tomo XXV, Mayo de 2007, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, sustentada por la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, con el tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA PROMOVERLA EN LAS DISTINTAS HIPÓTESIS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO DEL CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. El citado artículo dispone que el término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días, el cual se computará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo reclamado; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Así, el indicado artículo hace tres distinciones para el cómputo aludido, y los supuestos que menciona son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación; por tanto, es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de garantías fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. Sin embargo, no debe soslayarse la idoneidad de cada supuesto y la posición del quejoso respecto del acto reclamado, toda vez que para que éste se haga sabedor de dicho acto puede actualizarse la notificación, el conocimiento o la confesión, que al ser medios distintos que sirven de punto de partida para el cómputo respectivo, obviamente deben ser idóneos para cada caso determinado, porque no es lo mismo la notificación de un acto que tener conocimiento de él, en virtud de que aquélla es una actuación procesal que requiere formalidades y produce el conocimiento del acto, mientras que tal conocimiento no siempre proviene de una notificación. Esto es, tratándose de la notificación, la Ley se refiere a los procedimientos en que existe ese medio legal de dar a conocer determinada resolución, así como a las personas que siendo partes en tales procedimientos pueden ser notificadas; en cambio, el conocimiento de la resolución se refiere a los diversos procedimientos en donde no se establece la notificación, así como a las personas que no hayan sido partes en un procedimiento contencioso, porque aun cuando lo previera la Ley, por la sola circunstancia de no haber sido partes, no podrían ser notificadas. En cambio, cuando en una misma fecha se notifique el acto reclamado por Boletín Judicial y se obtengan las copias que lo contienen, el término para el cómputo de la presentación de la demanda de garantías debe iniciarse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación, conforme a la ley del acto." Por otra parte, el artículo 159 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Oaxaca, que se trata de la ley aplicable al acto reclamado, dispone lo siguiente: "Artículo 159.- Todos los términos que señala este Código son improrrogables, y se contarán desde el día siguiente al en que se hubiere hecho la notificación...." Dicho precepto prevé que, los términos son improrrogables y se computarán a partir del día siguiente en que se practicó la notificación. De donde se sigue, el término para promover oportunamente la demanda de amparo, empezó a correr a partir del día siguiente a aquél en que se efectuó la notificación de la resolución reclamada al inconforme, en términos de lo dispuesto por el artículo 159 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Oaxaca, que se trata de la ley aplicable al acto reclamado. Ahora bien, de las constancias que integran el toca penal 34/2017, del índice de la Sexta Sala Penal del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado, se advierte, la resolución reclamada dictada el treinta de junio de dos mil diecisiete, fue notificada mediante estrados a la aquí quejosa ANTONIA JIMÉNEZ HERNÁNDEZ, representante legal de la menor ofendida, el cuatro de julio de dos mil diecisiete, toda vez que no señaló domicilio para recibir notificaciones de naturaleza personal en la alzada, a pesar que de autos se desprende se le hizo saber la interposición del medio de impugnación (fojas 78 vuelta y 68 respectivamente y 37 del original de la causa penal). Por tanto, el plazo que tenía la quejosa para presentar la demanda de amparo, inició a partir del día siguiente al en que se hizo la notificación de la resolución reclamada; esto es, inició el cinco de julio de dos mil diecisiete y concluyó el once de agosto de dicha anualidad, con excepción de los días ocho, nueve, quince y dieciséis de julio, cinco y seis de agosto por ser inhábiles, así como el periodo comprendido del diecisiete de julio al dos de agosto de este año, por corresponder al periodo vacacional del que gozó la autoridad responsable, acorde a lo establecido en el Acuerdo General 1/2017, del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, que establece el calendario judicial de periodos vacacionales y de suspensión de labores para el año dos mil diecisiete. En esa virtud, si la demanda de amparo promovida por ANTONIA JIMÉNEZ HERNÁNDEZ, en representación de su menor hija, se recibió en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en esta población, el catorce de agosto de dos mil diecisiete, según se advierte del sello de recepción (foja 18), es evidente que el presente juicio constitucional resulta improcedente, al haber sido instaurado fuera del plazo previsto en el ordinal 17 de la ley de la materia -quince días. En las relatadas consideraciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de conformidad con el numeral 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. En apoyo a la presente sentencia, se cita el criterio sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página: 364, Tomo: IX, Junio de 1992, Materia(s): Común, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, bajo el epígrafe y texto siguientes: "CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda". Sin que sea óbice a lo anterior que en su demanda de amparo, la quejosa manifieste que tuvo conocimiento del acto reclamado el catorce de agosto de dos mil diecisiete, al acudir al Juzgado Segundo de lo Penal del Distrito Judicial del Centro, para conocer el estado de la causa penal, en razón de que el artículo 18 de la Ley de Amparo en vigor establece que el plazo para promover la demanda de amparo se computará al día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución; actualizándose en el caso el primero de los supuestos, esto porque existe la notificación de la resolución reclamada realizada el cuatro de julio de dos mil diecisiete, mediante estrados por el tribunal que emitió el acto reclamado, misma que en términos del artículo 198 y 200 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Oaxaca, se tiene por hecha a la quejosa, la cual fue practicada por la autoridad que emitió el acto que impugna. A más de lo anterior, este juzgador toma en consideración que a través del juicio de amparo no se puede analizar oficiosamente la legalidad de una notificación, esto es, si en el desahogo de ésta se cumplieron con los requisitos legales; ello en términos de la jurisprudencia número 1a./J. 5/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página cuatrocientos sesenta y uno, libro cuatro, correspondiente al mes de marzo de dos mil catorce, tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "AMPARO DIRECTO MERCANTIL. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO AL ESTUDIAR LA OPORTUNIDAD EN LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, NO ESTÁN FACULTADOS PARA ANALIZAR, OFICIOSAMENTE, LA LEGALIDAD DE LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA. La notificación es un acto procesal a cargo del tribunal que se encuentra revestido de formalidades legales, por lo que su documentación constituye un instrumento público que cuenta con una presunción de validez, al ser ejecutado por un funcionario público en ejercicio de sus facultades y, por ende, hace fe a menos de que su contenido sea desvirtuado por prueba en contrario. En ese sentido, cuando en un procedimiento mercantil, las partes consideran que la notificación de una resolución, no se realizó conforme a las reglas establecidas, están facultadas para interponer el incidente de nulidad de notificaciones previsto en el artículo 319 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente al Código de Comercio, de conformidad con su artículo 1054. Ahora bien, cuando se impugne vía amparo directo la resolución de un juicio mercantil, resulta inconcuso que los tribunales colegiados de circuito no pueden ir más allá de lo pedido por las partes y, por tanto, al estudiar la oportunidad en la presentación de la demanda, no pueden analizar oficiosamente o fuera del procedimiento establecido para ello, la legalidad de la notificación de dicha resolución; lo anterior es así, toda vez que los artículos 21 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, y 18 de la vigente a partir del día siguiente, establecen que las notificaciones se rigen por la ley del acto reclamado; motivo por el cual debe agotarse el medio de defensa (incidente de nulidad de notificaciones) con el que cuentan las partes, en el procedimiento de origen, para impugnar las irregularidades cometidas; sin que dicha conclusión impida que las partes de manera excepcional puedan hacer valer un diverso medio de defensa, ante la imposibilidad material de agotar el referido incidente." QUINTO. Por otra parte, en términos de los artículos 1 al 9 y 12 a 23 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, debido a que la quejosa no se opuso ni hizo manifestación alguna para que se suprimieran sus datos personales en la consulta o publicación de la sentencia correspondiente; únicamente se suprimirán los datos sensibles que en su caso pueda contener esta resolución. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 61, 73, 74, 75, 124 y 217, de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ANTONIA JIMÉNEZ HERNÁNDEZ, en representación de su menor hija por las razones y términos expuestos en el penúltimo considerando de esta resolución este fallo. SEGUNDO. En su oportunidad, dese cumplimiento a lo ordenado en el último considerando de esta resolución. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.Así lo resolvió y firma el licenciado Amado Chiñas Fuentes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, ante la licenciada Maribel Leocadia García Melchor, Secretario que autoriza y da fe, hasta el día de hoy, veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.
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