America Jocelyn Jaime Contreras
Expediente 1267/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 3 actuaciones registradas, la última del 26 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1267/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 26/06/2019
Partes del expediente
- America Jocelyn Jaime Contreras
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que el veinticuatro de junio de dos mil diecinueve, se tuvo apersonándose al presente juicio de amparo al tercero interesado ********************por lo que, a la fecha, se encuentra trascurriendo el término de ocho días con que cuenta dicho tercero para estar en aptitud de imponerse de los informes justificados de las responsables, así como de todas y cada una de las actuaciones practicadas, y así encontrase en aptitud de ofrecer pruebas o alegar lo conducente, razón por la cual, en estricto acatamiento a la garantía de audiencia, se difiere la audiencia constitucional programada para el día de hoy y en su lugar, se fijan las trece horas con diez minutos del dieciséis de julio del año en curso, para su verificativo. Tal postura obedece, en principio, al cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento de amparo cuya observancia es obligatoria para los tribunales de control constitucional; y, en segundo término, a la oportunidad de defensa que debe darse al tercero al acudir al juicio de garantías. Así, si en el amparo indirecto se emplazó al tercero perjudicado sin la mencionada anticipación de al menos ocho días, a la fecha en que se desahogó la audiencia constitucional, es inconcuso que no se le concedió la oportunidad de acudir en defensa de sus derechos; por ende, el Tribunal Colegiado que conozca de la revisión debe mandar reponer el procedimiento a fin de que el Juez de Distrito le otorgue, al menos, el plazo enunciado para comparecer al juicio de amparo; siempre y cuando no advierta que habrá de sobreseerse o negarse el amparo solicitado." Por otra parte, del análisis de constancias, se advierte que en auto de dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho, se tuvo por anunciada la prueba testimonial ofrecida por la parte quejosa en la demanda de amparo, y se reservó acordar lo respectivo hasta en tanto se encontraran emplazadas todas las partes al presente juicio, en esas condiciones, en razón de que lo anterior ya aconteció, se procede a proveer en relación con la prueba de mérito, no obstante que dicho medio de convicción se encuentre previsto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, debe desecharse de plano. Dicha disposición legal es del tenor literal siguiente: "Artículo 119. Serán admisibles toda clase de pruebas, excepto la confesional por posiciones. Las pruebas deberán ofrecerse y rendirse en la audiencia constitucional, salvo que esta Ley disponga otra cosa. La documental podrá presentarse con anterioridad, sin perjuicio de que el órgano jurisdiccional haga relación de ella en la audiencia y la tenga como recibida en ese acto, aunque no exista gestión expresa del interesado. Las pruebas testimonial, pericial, inspección judicial o cualquier otra que amerite desahogo posterior, deberán ofrecerse a más tardar, cinco días hábiles antes de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia. Este plazo no podrá ampliarse con motivo del diferimiento de la audiencia constitucional, salvo que se trate de probar o desvirtuar hechos que no hayan podido ser conocidos por las partes con la oportunidad legal suficiente para ofrecerlas en el plazo referido, por causas no imputables a su descuido o negligencia dentro del procedimiento. En estos casos, el plazo para el ofrecimiento de tales pruebas será el señalado para la audiencia constitucional, tomando como indicador la nueva fecha señalada para la audiencia. Para el ofrecimiento de las pruebas testimonial, pericial o inspección judicial, se deberán exhibir original y copias para cada una de las partes de los interrogatorios al tenor de los cuales deberán ser examinados los testigos, proporcionando el nombre y en su caso el domicilio cuando no los pueda presentar; el cuestionario para los peritos o de los puntos sobre los que deba versar la inspección. No se admitirán más de tres testigos por cada hecho. Cuando falten total o parcialmente las copias a que se refiere el párrafo anterior, se requerirá al oferente para que las presente dentro del plazo de tres días; si no las exhibiere, se tendrá por no ofrecida la prueba. El órgano jurisdiccional ordenará que se entregue una copia a cada una de las partes para que puedan ampliar por escrito, en un plazo de tres días, el cuestionario, el interrogatorio o los puntos sobre los que deba versar la inspección, para que puedan formular repreguntas al verificarse la audiencia.". La porción legal en cuestión establece, en lo que al caso interesa, que el plazo para ofrecer la prueba testimonial en el juicio de amparo indirecto corre desde la presentación de la demanda hasta cinco días hábiles antes de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia. Asimismo, dispone que para su ofrecimiento, deberán exhibirse el original y copias del interrogatorio para cada una de las partes, al tenor de los cuales deberán ser examinados los testigos, proporcionando sus nombres y, en caso de que el oferente no pueda presentarlos, sus domicilios; y que a falta total o parcial de las copias, el Juez del conocimiento lo requerirá para que las presente dentro del plazo de tres días, apercibiéndolo que de no hacerlo la prueba se tendrá por no ofrecida. Ahora bien, en el presente asunto, el peticionario de amparo, al ofrecer la prueba testimonial, no exhibió el original del interrogatorio al tenor del cual debían ser examinados los testigos. En consecuencia, ante la omisión del quejoso de exhibir el interrogatorio correspondiente en los plazos indicados, se desecha la prueba testimonial que propuso. Al respecto, es aplicable, por las razones que la informan, la jurisprudencia P./J. 17/2018 (10a.), que es del tenor literal siguiente: "PRUEBA TESTIMONIAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA FALTA DE EXHIBICIÓN DEL INTERROGATORIO ORIGINAL AL OFRECERLA, DA LUGAR A SU DESECHAMIENTO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 119, PÁRRAFOS QUINTO Y SEXTO, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE). Conforme al artículo 119 de la Ley de Amparo, el plazo para ofrecer la prueba testimonial en el juicio de amparo indirecto corre desde la presentación de la demanda hasta cinco días hábiles antes de la audiencia constitucional, sin contar el del ofrecimiento ni el señalado para la propia audiencia. Asimismo, dispone que para su ofrecimiento, deberán exhibirse el original y copias del interrogatorio para cada una de las partes, al tenor de los cuales deberán ser examinados los testigos, proporcionando sus nombres y, en caso de que el oferente no pueda presentarlos, sus domicilios; y que a falta total o parcial de las copias, el Juez del conocimiento lo requerirá para que las presente dentro del plazo de tres días, apercibiéndolo que de no hacerlo la prueba se tendrá por no ofrecida. En ese tenor, no basta con que la prueba se ofrezca para ser admitida, pues las condiciones de eficacia del ofrecimiento de la prueba testimonial son su oportunidad, la exhibición del interrogatorio original y la presentación de las copias respectivas. De ahí que, si la prueba se ofrece desatendiendo cualquiera de los dos primeros requisitos, el Juez del conocimiento debe desecharla, pero si se omite exhibir las copias, la consecuencia es prevenir al oferente. Esto es así, porque si bien, tanto la exhibición del interrogatorio original como la de sus copias son elementos esenciales para el perfeccionamiento del ofrecimiento de la prueba, lo cierto es que, por un lado, existe disposición expresa del legislador para subsanar la falta de las segundas, lo que no ocurre con el interrogatorio original. Además, sus finalidades son diferentes, toda vez que el interrogatorio delimita el objeto de la prueba y su contenido constituye la materia sobre la cual versará, por tanto, es su elemento medular, sin el cual no puede considerarse formulado su ofrecimiento, mientras que sus copias sólo son un instrumento formal, necesario para permitir a las partes restantes formular su contradicción. Así, dadas sus diversas finalidades, la facultad de requerir las copias de traslado, ante su falta total o parcial, no puede extenderse al interrogatorio original, ya que de lo contrario, se haría nugatorio el plazo previsto en el artículo 119 citado, pues sólo bastaría con que la prueba se ofreciera dentro del plazo previsto para ello y que se perfeccionara fuera de él, en franca violación a los principios de expeditez y de igualdad procesal de las partes que rigen el juicio de amparo indirecto, además de que el mismo precepto no dispone que el juzgador deba actuar de manera excepcional, como sí lo precisó cuando se trata de la falta de copias, en términos del principio general del derecho previsto en el artículo 11 del Código Civil Federal, acorde con el cual, las leyes que establecen una excepción a las reglas generales, no son aplicables a algún caso que no esté expresamente especificado en aquéllas."
- Principal
POR ESTE CONDUCTO SE NOTIFICA AL TERCERO INTERESADO, EL AUTO DICTADO EL 10 DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, QUE DICE: Téngase por recibido el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, mediante el cual, en atención al oficio girado el pasado treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, con el que se hace de su conocimiento que la parte quejosa presentó y ratificó el escrito por medio del cual se desiste de la presente instancia constitucional, manifiesta lo siguiente: "(.) Bajo ese contexto, es menester precisar que, el hecho de que en el juicio de amparo indirecto de origen, se suspendiera el procedimiento con motivo de la interposición del presente recurso de queja, esa circunstancia no constituye obstáculo para que el juzgador primigenio emita resolución en la que decrete el sobreseimiento en el juicio por virtud del desistimiento de la demanda de amparo en términos del cardinal 63, fracción I, de la Ley de Amparo; pues -se insiste- acorde con los reseñados criterios del máximo tribunal del país, el citado desistimiento (ratificado), origina una resolución con la que finaliza la instancia de amparo sin importar la etapa en la que se encuentre". Ahora bien, visto de nueva cuenta el escrito y la constancia de comparecencia firmados por XXXXX, en su carácter de presidente y vicepresidente respectivamente de Asociación de Colonos del Fraccionamiento "Colomos Providencia Asociación Civil", parte quejosa dentro del presente sumario, por medio del cual se desisten de la presente instancia constitucional. En ese sentido es destacable señalar que, entre los principios rectores del juicio de amparo se encuentra el de instancia de parte agraviada, conforme el cual dicho juicio sólo puede ser promovido por la parte a quien perjudique el acto reclamado; por ende, es lógico concluir que quien puede promover el juicio de amparo, se encuentra también en condiciones de desistirse de él. Ahora bien, como se adelantó, se desprende que los citados quejosos, ante la presencia judicial, se desistieron del presente juicio de amparo, consecuentemente, es inconcuso que si expresaron su voluntad para desistirse del presente juicio Constitucional ante la autoridad judicial, es procedente decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, de conformidad con los artículos 6 y 63, fracción I, de la Ley de Amparo, que a la letra dicen: "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: I. El quejoso desista de la demanda o no la ratifique en los casos en que la ley establezca requerimiento. En caso de desistimiento se notificará personalmente al quejoso para que ratifique su escrito en un plazo de tres días, apercibido que de no hacerlo, se le tendrá por no desistido y se continuará el juicio...". Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 33/2000 , emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda, válidamente, desistir en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad. Lo anterior se encuentra reconocido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio el desistimiento de la demanda, que para la misma disposición constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado, implicando el desistimiento de la demanda. Por consiguiente, el desistimiento ratificado por el quejoso, actualiza la hipótesis prevista por el mencionado artículo 74, fracción I, a pesar de que se haya externado ante el a quo y con posterioridad a la fecha en que éste dictó la resolución de primera instancia e incluso, a que en contra de tal fallo se haya interpuesto el recurso de revisión, porque el quejoso conserva su derecho para desistir de la demanda en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses, y el órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar esa renuncia." Finalmente, tomando en consideración que en el presente juicio de amparo se encuentra pendiente de resolver la queja 230/2019 del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito; se ordena hacer del conocimiento a la referida superioridad la anterior determinación para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
Visto lo de cuenta, se advierte que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión dentro del término legal en contra de la sentencia dictada el diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; por tanto, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º; se decreta que ha causado ejecutoria, para todos los efectos de ley. Ahora bien, el amparo y protección de la Justicia Federal se concedió para los efectos siguientes: "(.)" De que la Junta responsable pronuncie con plenitud de jurisdicción el proyecto de resolución en forma de laudo dentro del expediente laboral 2206/2015/13-I; lo anterior a efecto de respetar y cumplir lo que la garantía individual en cuestión exige y, por tanto, resarcir así al impetrante de amparo en el pleno goce de la misma, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo." Ahora bien, toda vez que este órgano de control constitucional tiene la facultad y la obligación de precisar y determinar qué autoridades se encuentran vinculadas y en qué medida, para lograr el eficaz y pleno cumplimiento de la sentencia de amparo, y una vez analizados los efectos para los que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, se concluye que la siguiente autoridad, en el ámbito de su respectiva competencia, debe realizar lo siguiente: La Décimo Tercera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco: Pronuncie con plenitud de jurisdicción el proyecto de resolución en forma de laudo dentro del expediente laboral 2206/2015/13-I; lo anterior a efecto de respetar y cumplir lo que la garantía individual en cuestión exige y, por tanto, resarcir así al impetrante de amparo en el pleno goce de la misma, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Décimo Tercera Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, para que dentro del término de tres días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, acredite a este órgano jurisdiccional, haber dado cumplimiento a la sentencia de amparo en los términos señalados en el inciso precedente. En el entendido de que el plazo concedido se establece en función de la complejidad de las actuaciones que deben ser realizadas por la autoridad a fin de cumplir en su totalidad los lineamientos planteados en el fallo protector. Se le apercibe que de no cumplir en lapso antes indicado, en términos de lo que disponen los artículos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo, se hará acreedor a una multa por la cantidad de cien veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización que equivale a la cantidad $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos moneda nacional), tomando como base el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización que es de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos moneda nacional); así como a la substanciación del incidente de inejecución que pudiera culminar con la separación de su puesto y su consignación. Asimismo, hágase del conocimiento de las partes que a partir del día uno de junio de dos mil diecinueve, la Juez Luz Elba de la Torre Orozco, funge como Titular del Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, de conformidad con lo estipulado en el oficio SEADS/653/2019, de fecha veintidós de mayo de dos mil diecinueve, emitido por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, lo anterior, para los efectos legales consiguientes. Tiene sustento a lo anterior, la Jurisprudencia 104/2010 emitida en sesión de treinta de junio de dos mil diez, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis número 119/2010, misma que señala: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."
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