America Isabel Domínguez Sierra
Expediente 296/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 296/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 24/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- America Isabel Domínguez Sierra
Actuaciones
- Principal
MESA II. Agréguense a estos autos el informe justificado rendido por la Presidente de la Junta Especial Numero Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad y anexo que acompaña, a través del cual rinde su informe justificado e informa que el treinta de septiembre de dos mil veintidós, dio contestación al memorial presentado por la parte actora, de fecha veintidós del mismo mes y año. En ese sentido, es menester traer a colación que el acto que la parte quejosa reclamó en su demanda de amparo, consistió en la omisión de dar respuesta al escrito de veintidós de septiembre de dos mil veintidós, en autos del juicio laboral 237/2009, a través del cual solicitó la actualización del monto del laudo y el obsequio del auto de requerimiento de pago y embargo. De las constancias remitidas por dicha responsable, las que tienen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 y 202 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que la Junta responsable por auto de treinta de septiembre del año en curso, dio contestación al memorial presentado por la parte actora de fecha veintidós de septiembre de dos mil veintidós, en autos del juicio laboral 237/2009 del índice de la responsable. Ahora bien, de las constancias que adjuntó la responsable se patentiza la inexistencia de la denegación de justicia que se le reclama. En consecuencia, a criterio de quien esto resuelve, se actualiza la causa de sobreseimiento del juicio constitucional, derivada de la fracción IV del artículo 63, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: .IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional." En efecto, como se ha dicho, de las constancias que la responsable adjuntó a su informe con justificación, se desprende que dicha autoridad desde el treinta de septiembre de dos mil veintidós, esto antes, antes de la presentación de la demanda que dio origen el presente juicio de amparo, que fue el veintidós de febrero del año en curso, dio contestación a lo solicitado el veintidós de septiembre de dos mil veintidós, en autos del juicio laboral 237/2009, del índice de la responsable. Por tanto, se concluye que el acto reclamado consistente en la denegación de justicia en la que incurría la Junta responsable, al no contestar lo solicitado el veintidós de septiembre de dos mil veintidós, en autos del juicio laboral 237/2009, es inexistente y por tanto, debe decretarse el sobreseimiento en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que del citado precepto se desprende que la existencia del acto reclamado en el juicio de amparo debe estar acreditada, y que en caso que no se probare esa circunstancia, deberá decretarse el sobreseimiento en el juicio de amparo. De ahí que se considere que se acreditó la inexistencia del acto reclamado, lo que impide que este juzgado pueda analizarlo, haciéndose imposible restituirle del goce de garantías respecto de un acto que no subsiste; en consecuencia, al no existir el acto reclamado, se decreta el sobreseimiento en el juicio de amparo respecto a éste, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de la Materia. Apoya lo anterior la tesis bajo el rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." Sin que obste a lo anterior, que tratándose de la inexistencia del acto reclamado, deba esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que la parte quejosa tenga la oportunidad de desvirtuar la inexistencia de mérito, toda vez que en el caso particular, las constancias remitidas por la responsable actualizan indudablemente la causal de sobreseimiento en el juicio, sin que dé lugar a la posibilidad de desvirtuarse, dado que exhibió el acuerdo que dictó en el juicio con el que se demuestra en forma fehaciente la inexistencia de la omisión reclamada. Por consiguiente, este Juzgado de Distrito decreta de oficio, fuera de audiencia, el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, y en consecuencia, se deja sin efecto la fecha y hora de la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS CON DIECINUEVE MINUTOS DEL DOCE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRES. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Hilda Adriana Chan Canto, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que en sentencia firmada el treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, se otorgó a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclamó de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la Directora General adjunta de la Propiedad Rural y del Delegado Estatal en Yucatán de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, para los efectos siguientes: -Concluyan con la integración del expediente respectivo a efecto de que sea puesto a disposición del titular de la secretaría de su adscripción quien, con libertad de jurisdicción, deberá realizar la calificación de procedencia respecto a la solicitud del quejoso y, en caso de ser favorable, ordenar la expedición del título solicitado, posterior a lo cual, en caso favorable, deberá tramitar, por medio del órgano competente de su institución, la inscripción del título correspondiente ante el Registro y en el Registro Público de la Propiedad en el Estado de Yucatán y solicitar al Registro Público de la Propiedad Federal la inscripción correspondiente; lo anterior en términos del artículo 122 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, para posteriormente entregarlo al quejoso. Posteriormente, en auto de diecisiete de febrero de dos mil veinte, se recibió el testimonio de la ejecutoria pronunciada por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, en el toca relativo al recurso de revisión interpuesto por las autoridades contra la sentencia definitiva. Determinación en la que la superioridad confirmó la sentencia y otorgó el amparo a la parte quejosa; por lo cual se requirió cumplimento a las autoridades responsables. Posterior a ello, el catorce de agosto de dos mil veinte, se informó de la desaparición de la autoridad denominada Directora General Adjunta de la Propiedad Rural, cuyas facultades y competencia fueron trasladas a la Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural, a quien se vinculó al procedimiento de ejecución relativo a este juicio de amparo. Ahora bien, posterior a diversos requerimientos que se han realizado desde esa fecha, el tres de noviembre de dos mil veintidós, se recibió en este órgano jurisdiccional el oficio remitido por el Director de Ejecutorias, en ausencia del Titular de la Dirección General de Amparos y Ejecutorias, en representación de la Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural y de la Dirección de Terrenos Nacionales, con sede en la Ciudad de México, donde se advierte que hasta la fecha de su emisión, once de octubre de dos mil veintidós, no se había concluido con el procedimiento de integración del expediente administrativo DGOPR/IETN-31YU/64/2022, a nombre de ********************. Esto en atención a que, a dicho de la aludida responsable, la solicitud de enajenación de terrenos nacionales representa una petición que inicia un procedimiento administrativo en el cual deberá revisarse que se cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 113 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, para emitir el acuerdo que corresponda. Señalando que una vez iniciado el procedimiento respectivo, una vez concluidos los trabajos técnicos de medición y deslinde y que dichas constancias obren en la Dirección General, se estará en condiciones de emitir el dictamen técnico que determinará si el predio en cuestión es baldío o no o si dentro de su superficie existen o no terrenos nacionales. Posteriormente, señala, se emitirá el acuerdo de procedencia de la enajenación, en donde se indicará el precio de venta y el plazo para su liquidación. Concluyendo su exposición, con el argumento relativo a que el procedimiento de enajenación constituye una secuencia de actos vinculados entre sí y ordenados para la obtención de un fin determinado en donde se ponderaran intereses públicos y privados; por lo que el inicio del procedimiento no implica una respuesta favorable para el solicitante. De ahí que indicó que una vez concluidas las etapas antes referidas se podrá continuar con el trámite del procedimiento de enajenación onerosa, sin que esto sea susceptible de realizarse en breve término debido a la complejidad del asunto. En ese sentido, se tiene que la autoridad remitente, si bien fue clara en exponer las etapas del procedimiento de enajenación en lo general, no señaló actuación alguna que se haya realizado a efecto de acatar la sentencia de amparo; y si bien en distintas comunicaciones ha referido que se encuentra realizando los trabajos de deslinde del predio en litis, esto no justifica el excesivo plazo que ha transcurrido desde que se declaró la ejecutoria de amparo. Bajo esas consideraciones, esta juzgadora consideró mediante el estudio de cumplimiento de fecha treinta de noviembre de dos mil veintidós, que la ejecutoria de amparo, no estaba cumplida y por tal motivo se requirió nuevamente a las autoridades responsables su debido cumplimiento. Posteriormente, mediante proveído de diecisiete de enero de la presente anualidad, se concedió al Titular de la Dirección General de Amparos y Ejecutorias, en representación del Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y de la Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural, una prórroga de quince días para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, sin que hasta la presente fecha dicha autoridad haya dado cumplimiento al fallo protector. De ahí que, hasta este momento deba considerarse que la ejecutoria de amparo no ha sido cumplida por las autoridades obligadas para ello; por lo que, con fundamento en los artículos 193, en relación con el diverso 258, ambos de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el acuerdo de diecisiete de enero pasado y se impone al Titular de la Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural y de la Dirección de Terrenos Nacionales, una multa por la cantidad de NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS PESOS, MONEDA NACIONAL, equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización. Para estar en condiciones de hacer efectiva tal sanción, se requiere a la autoridad responsable sancionada para que proporcione la Clave Única de Registro de Población que corresponda a su persona, reiterándose el apercibimiento decretado en párrafos previos para el caso de no cumplir o acreditar su imposibilidad para ello. Por otra parte, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo y en acatamiento a la tesis 1a./J. 107/2022 (11a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hágase lo anterior del conocimiento de las partes y requiérase nuevamente a la Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural y de la Dirección de Terrenos Nacionales, así como al Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en la Ciudad de México, para que dentro del término de diez días, siguientes a la notificación del presente acuerdo, cumplan debidamente con la sentencia ejecutoriada en este asunto, en los términos establecidos en la misma. Bajo el apercibimiento de que, en caso de no hacerlo así, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se remitirá este expediente en que se provee al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, en turno, con residencia en esta ciudad, para lo que esa Superioridad estime procedente acordar respecto al trámite del procedimiento de inejecución de sentencia. Finalmente, agréguese a los presentes autos el escrito del quejoso ********************, y en cuanto a sus manifestaciones vertidas en dicho ocurso, dígasele que se esté a lo acordado en líneas precedentes. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe.
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