AMÉRICA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ y Otros.
Expediente 3450/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 8 actuaciones registradas, la última del 10 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 3450/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 10/06/2022
Partes del expediente
- AMÉRICA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ y Otros.
- Juan Rosendo López Hernández
- América Hernández Rodríguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Ciudad de México; diez de junio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos, así como la certificación de cuenta, de los que se desprende que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha las partes hayan interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente asunto, en la cual se determinó sobreseer y negar el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. Por lo tanto, se declara que la referida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales conducentes. Fundamento: Artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, como lo indica su numeral 2° y la Tesis XI.3o.4 K del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, visible en la página 706, Tomo VII, junio de 1998, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO." Archivo del asunto, valoración del expediente y anotación en el Libro Electrónico. En otro orden de ideas, al no existir diligencia pendiente por realizar, ni acuerdo por emitir en el presente juicio, ARCHIVESE EL ASUNTO COMO CONCLUIDO. Por otra parte, se valora que el que el expediente en que se actúa ES SUSCEPTIBLE DE DEPURABLE, por tanto, colóquese el sello de fecha de archivo y destino final en la carátula, asimismo, háganse las anotaciones en el libro electrónico que para registro lleva este juzgado de Distrito. Fundamento: Artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario; Artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General de diecisiete de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Previo a calificar el destino de los cuadernos incidentales, cabe precisar que deberán archivarse por separado respecto del expediente principal, dado que no siempre existirá coincidencia entre la valoración que a cada uno corresponda (depuración, destrucción, etcétera), ni las reglas fijadas para la preservación de actuaciones, además de que los plazos de conservación del expediente son diversos. En lo que toca al original relativo al incidente de suspensión, con fundamento en el artículo 18 inciso a) del propio acuerdo invocado, es susceptible de depuración. Asimismo, el duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción, conforme a lo previsto en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General ya mencionado, una vez que transcurra el plazo de seis meses, contados a partir de la emisión de la resolución interlocutoria respectiva. Por tanto, colóquese el sello de fecha de archivo y destino final en la carátula del expediente en el que se actúa y en los cuadernos incidentales, asimismo, háganse las anotaciones en el libro electrónico que para registro lleva este juzgado de distrito. Devolución de documentos. Finalmente, vista la cuarta certificación de cuenta, de la que se aprecia que no se exhibieron en el presente asunto documentos originales; no obstante, los exhibidos por la quejosa se dejan a su disposición hasta en tanto transcurra el plazo para la ejecución de la valoración de este asunto. Fundamento: artículo 3, fracción XVIII del ACUERDO General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte y capítulo 4, punto 4.3. del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. Para lo anterior, a efecto de cumplimentar las bases establecidas por el Consejo de la Judicatura Federal en el Acuerdo 21/2020, de considerar necesaria la devolución de sus documentos, de conformidad con la fracción II del artículo 63 de dicho acuerdo, el interesado deberá generar su cita a través del sistema "Agenda OJ", para consultar expedientes, lo que le generará un Código QR, que le permitirá el acceso a las instalaciones de este juzgado. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, veintinueve de abril de dos mil veintiuno. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, agréguese a los autos el oficio signado por el Subadministrador de Amparo e Instancias Judiciales, del Servicio de Administración Tributaria, a través del cual hace del conocimiento de éste juzgador, que en atención al proveído de veintidós de marzo de dos mil veintiuno, informó al Administración Central de Promoción y Vigilancia del Cumplimiento, acerca de los efectos de la suspensión concedida en el presente juicio de amparo para que la acate de manera pronta y estricta. En consecuencia, se toma conocimiento de dicha determinación, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México; cinco de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y las constancias que integran el sumario en que se actúa, se advierte que no obran las constancias de notificación del proveído de cinco de marzo del dos mil veintiuno, en el que se señaló la fecha para la celebración de la audiencia constitucional, para el día de hoy. En consecuencia, a fin de no dejar en estado de indefensión a las partes y evitar violaciones procesales, este Juzgado federal fija las TRECE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo. Adicionalmente, este resolutor considera necesario hacer del conocimiento de las partes que atendiendo al riesgo sanitario que se ha generado con el virus COVID 19 y el cual es una constante en los meses por venir, así como a lo previsto en la fracción II del artículo 5 del Acuerdo General 21/2020, las audiencias que se celebren en este órgano jurisdiccional se realizarán primordialmente sin la presencia física de las partes y se privilegiarán los escritos que éstas presenten ya sea física o virtualmente. Sin embargo, en caso que las partes consideren indispensable y de vital importancia asistir a la audiencia constitucional deberán realizar las gestiones necesarias para poder acceder al local que ocupa este órgano jurisdiccional, de conformidad con el Capítulo II, denominado, Atención al Público del Acuerdo General 21/2020, es decir deberán generar en el sistema "Agenda OJ" la cita correspondiente al día y hora en que se haya fijado dicha audiencia, datos que se encuentran precisados en párrafos anteriores. Aunado a lo anterior, no se inadvierte que, de la literalidad del artículo 26 del Acuerdo General 21/2020, en el presente procedimiento la audiencia constitucional no es de aquellas en las que intervienen oralmente las partes y en observancia al artículo 124, segundo párrafo de la Ley de Amparo las partes, se insiste, tienen a resguardo su derecho a comparecer a la audiencia vía electrónica (juicio en línea) o por escrito (vía buzón judicial), habida cuenta que el derecho a alegar en la misma, se restringe únicamente a los actos de que habla la normativa citada en último término (actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales) la cual no acontece en el expediente en cuestión y/o en la temática especializada que se dirime en este juzgado. Lo anterior, salvaguarda su derecho a la tutela judicial y las formalidades esenciales del procedimiento. Asimismo, se hace del conocimiento de las partes que podrán transitar al esquema de actuación electrónico desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx. el cual es un sitio web a través del cual las partes, sus representantes y, según sea el caso, sus autorizados, podrán acceder electrónicamente a las Oficinas de Correspondencia Común y a los órganos jurisdiccionales para presentar solicitudes, demandas, recursos y promociones en general, así como para acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en éstos. Además, se hace saber a la parte quejosa que a efecto de que se puedan entablar comunicaciones no procesales con las partes, cuyo contenido debe quedar registrado y, de ser necesario, incorporado al expediente previa certificación, se le brindan los siguientes correos institucionales: raul.tellez.blancas@correo.cjf.gob.mx y antonio.vargas.bustamante@correo.cjf.gob.mx. Fundamento: Artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, Artículos 3, y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo; 14, 18, 21, 35, 36 y 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, así como los artículos 5 y 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID 19. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Ciudad de México, cinco de marzo de dos mil veintiuno. Vista la tercera certificación de cuenta, de conformidad con el inciso II, numeral 16 de la Circular SECNO 10/2021, en relación con los artículos 1 y 2, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se reanuda el procedimiento y se levanta la suspensión de términos procesales a que aluden los acuerdos y circulares enumeradas en la primera certificación; a lo que se provee: Ahora bien, de las actas de comparecencia de Juan José Arreola González y Carlos Manuel Abascal Torres, quejosos en el presente asunto, por medio de las cuales manifestaron su voluntad para desistirse de la presente vía constitucional, por así convenir a sus intereses, conociendo que el alcance del mismo es la conclusión del presente juicio; en consecuencia, agréguense a los autos, para los efectos legales procedentes. Fundamento: artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Ahora bien, a fin de proveer lo conducente, conviene imponerse del contenido de los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del diverso 6 de la Ley de Amparo, que en la parte que interesa dicen: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada; (.)" "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5° de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." De lo anterior se colige que el juicio de amparo debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, de ahí que los quejosos de Juan José Arreola González y Carlos Manuel Abascal Torres, puedan válidamente desistirse en cualquiera de las instancias del juicio, mientras no se haya dictado sentencia ejecutoriada, con la sola declaración de su voluntad. Lo que se encuentra reconocido en la fracción I del numeral 63 de la Ley de Amparo que indica lo siguiente: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: I. El quejoso desista de la demanda o no la ratifique en los casos en que la ley establezca requerimiento. En caso de desistimiento se notificará personalmente al quejoso para que ratifique su escrito en un plazo de tres días, apercibido que de no hacerlo, se le tendrá por no desistido y se continuará el juicio. (...)" Del numeral citado se advierte que una de las causas de sobreseimiento en el juicio es el desistimiento por la parte quejosa, pues constituye una renuncia de éste a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto. Sirve de sustento, la tesis de jurisprudencia, número 2a./J. 33/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 147, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, cuyos rubro y texto refieren: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda, válidamente, desistir en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad. Lo anterior se encuentra reconocido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio el desistimiento de la demanda, que para la misma disposición constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado, implicando el desistimiento de la demanda. Por consiguiente, el desistimiento ratificado por el quejoso, actualiza la hipótesis prevista por el mencionado artículo 74, fracción I, a pesar de que se haya externado ante el a quo y con posterioridad a la fecha en que éste dictó la resolución de primera instancia e incluso, a que en contra de tal fallo se haya interpuesto el recurso de revisión, porque el quejoso conserva su derecho para desistir de la demanda en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses, y el órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar esa renuncia" Por tanto, si en el caso, los quejosos de Juan José Arreola González y Carlos Manuel Abascal Torres, con las actas de comparecencia manifiestan su deseo de desistirse del presente juicio, por así convenir a sus intereses, es inconcuso que se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en la fracción I del artículo 63 de la ley de la materia. Aunado al hecho de que, entre los principios rectores del juicio de garantías se encuentra el de instancia de parte agraviada, conforme el cual dicho juicio sólo puede ser promovido por la parte a quien perjudique el acto reclamado; por ello es dable concluir que quien puede promover juicio de amparo, también puede desistirse de él, salvo en el caso previsto en el artículo 14 de la Ley de Amparo. Es ilustrativa al caso, la tesis aislada de los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página 681, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, segunda parte-2, enero a junio de 1998, Octava Época, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO POR DESISTIMIENTO. Si durante la tramitación del juicio de amparo el quejoso se desiste expresamente de la demanda que interpuso, procede sobreseer el juicio constitucional con apoyo en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo". Así como la diversa tesis de jurisprudencia, número P./J. 3/96, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 22, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Febrero de 1996, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA EN EL JUICIO DE AMPARO. IMPLICA EL CONSENTIMIENTO EXPRESO DE LOS ACTOS RECLAMADOS, RESULTANDO IMPROCEDENTE UN NUEVO JUICIO CONTRA ELLOS. Entre los principios rectores del juicio de amparo se encuentra el de instancia de parte agraviada, conforme con el cual dicho juicio sólo puede ser promovido por la parte a quien perjudique el acto reclamado. Por consecuencia, es lógico concluir que quien puede promover el juicio de amparo, salvo lo dispuesto en el artículo 14 de la ley de la materia, se encuentra también en condiciones de desistir de él. El desistimiento en el juicio de amparo implica un desistimiento de la acción y, por ende, supone el consentimiento expreso de los actos reclamados, pues el efecto de la renuncia del quejoso, el sobreseimiento en el juicio, deja a la autoridad responsable en aptitud de obrar o de no hacerlo, en el sentido asignado al acto reclamado. Como ese desistimiento entraña un consentimiento expreso de los actos reclamados, si el quejoso promueve un diverso juicio en contra de los mismos actos reclamados en aquel del cual desistió, el segundo juicio resultará improcedente, al actualizarse los supuestos previstos por la fracción XI del artículo 73 de la Ley de Amparo. En ese sentido, cuando se satisfacen los requisitos legales, ese desistimiento también puede actualizar los supuestos de la fracción IV del numeral citado pues si bien, en principio y como regla general, una resolución de sobreseimiento -que es la consecuencia del desistimiento del quejoso- no constituye cosa juzgada, existen casos de excepción a ese principio, como lo ha establecido la jurisprudencia de la Suprema Corte (publicada en la página novecientos veintisiete, de la Segunda Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos ochenta y ocho) que revelan la inejercitabilidad de la acción y dentro de los que se encuentra el relativo al consentimiento, en ese caso, expreso, de los actos reclamados". En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia constitucional; únicamente respecto de Juan José Arreola González y Carlos Manuel Abascal Torres. Es aplicable a lo anterior por analogía, la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala del Máximo Tribunal, visible en la página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, que refiere: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Lo anterior es así, ya que ningún fin práctico tiene el obligar al Juez de Distrito a esperar a que se celebre la audiencia constitucional en este asunto, para darle la oportunidad a de Juan José Arreola González y Carlos Manuel Abascal Torres, de ofrecer y desahogar las pruebas conducentes a demostrar la existencia o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que la causal de sobreseimiento subsistirá y el sentido del fallo correspondiente será el mismo, y lo único que originaría es retardar la impartición de justicia, en contravención al artículo 17 de la Constitución Federal, que en la parte inicial de su párrafo segundo establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Es aplicable al caso, la tesis publicada en la página 345 del Informe de 1932, relativo a la ahora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. Ningún objeto tiene que se siga tramitando el juicio de amparo cuando de una manera clara y manifiesta aparece un motivo de improcedencia que no se tuvo a la vista cuando se admitió la demanda, debiendo, en consecuencia, sobreseerse, sin que sea necesario ir a la audiencia constitucional, pues así lo dispone la fracción III del artículo 44 de la Ley de Amparo. La tramitación del juicio en estos casos, ocasiona perjuicios, no sólo a las partes, sino a la administración de justicia." En el entendido que el presente asunto continúa su trámite respecto de los demás quejosos; atento a lo anterior, agréguese a los autos para que obre como constancia el escrito presentado por Carlos Manuel Abascal Torres, en el que manifiesta su intención de desistirse del presente juicio. En otro contexto, de las constancias que integran el sumario en que se actúa, se advierte que la fecha para la celebración de la audiencia constitucional en este asunto fue señalada dentro del período en el que se decretó la suspensión de labores en todos los órganos jurisdiccionales del Primer Circuito del Poder Judicial de la Federación; en ese sentido, a fin de no dejar en estado de indefensión a las partes y evitar violaciones procesales, este Juzgado Federal fija las diez horas con cuarenta y cinco minutos del diez de mayo de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo. Sin embargo, en caso que las partes consideren indispensable y de vital importancia asistir a la audiencia constitucional deberán realizar las gestiones necesarias para poder acceder al local que ocupa este órgano jurisdiccional, de conformidad con el Capítulo II, denominado, Atención al Público del Acuerdo General 21/2020, es decir deberán generar en el sistema "Agenda OJ" la cita correspondiente al día y hora en que se haya fijado la audiencia constitucional, datos que se encuentran precisados en párrafos anteriores. Aunado a lo anterior, no se inadvierte que, de la literalidad del artículo 26 del Acuerdo General 21/2020, en el presente procedimiento la audiencia constitucional no es de aquellas en las que intervienen oralmente las partes y en observancia al artículo 124, segundo párrafo de la Ley de Amparo las partes, se insiste, tienen a resguardo su derecho a comparecer a la audiencia vía electrónica (juicio en línea) o por escrito (vía buzón judicial), habida cuenta que el derecho a alegar en la misma, se restringe únicamente a los actos de que habla la normativa citada en último término (actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales) la cual no acontece en el expediente en cuestión y/o en la temática especializada que se dirime en este juzgado. Lo anterior, salvaguarda su derecho a la tutela judicial y las formalidades esenciales del procedimiento. Asimismo, se hace del conocimiento de las partes que podrán transitar al esquema de actuación electrónico desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx. el cual es un sitio web a través del cual las partes, sus representantes y, según sea el caso, sus autorizados, podrán acceder electrónicamente a las Oficinas de Correspondencia Común y a los órganos jurisdiccionales para presentar solicitudes, demandas, recursos y promociones en general, así como para acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en éstos. Además, deberá hacer saber a la parte quejosa que a efecto de que se puedan entablar comunicaciones no procesales con las partes, cuyo contenido debe quedar registrado y, de ser necesario, incorporado al expediente previa certificación, se le brindan los siguientes correos institucionales: armando.gonzalez@correo.cjf.gob.mx y carmen.rodriguez.chazaro@correo.cjf.gob.mx. Fundamentos: Artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, Artículos 3, y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo; 14, 18, 21, 35, 36 y 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, así como los artículos 5 y 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID 19. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
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