América Ezrré Rascón

Expediente 851/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
851/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
16/07/2018

Partes del expediente

  • América Ezrré Rascón

Actuaciones

  1. Principal

    Se hace efectivo el apercibimiento y se tiene por no interpuesto el recurso de queja presentado por la parte quejosa. En consecuencia, agréguense a los autos los original del escrito del escrito mediante el cual interpuso el recurso de queja, que obran en la secretaría del juzgado...HA CAUSADO ESTADO PROVEIDO...SE ORDENA ARCHIVO...

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27 FRACCION I INCISO c) DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA EN VIA DE NOTIFICACION PERSONAL EL AUTO DICTADO EN DIECIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO A LA PROMOVENTE AMERICA EZRRE RASCON QUE EN LO CONDUCENTE DICE Auto. Hermosillo, Sonora, dieciocho de junio de dos mil dieciocho. Personería Se tiene por recibido el escrito presentado por América Ezrré Rascón, por propio derecho, por el cual promueve juicio de amparo, contra actos de la Comisión Federal de Electricidad Distribución, Superintendencia de Zona Distribución Hermosillo, con sede en esta ciudad y otra autoridad. En consecuencia, fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 851/2018, y su registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Desechamiento Ahora, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo al advertirse de la misma un motivo indudable y manifiesto de improcedencia. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinara el escrito de demanda y sí existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Así es, en la especie, la promovente señaló como autoridades y acto reclamado los siguientes: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE: Cuentan con tal carácter: a).- COMO ORDENADORA.- CFE DISTRIBUCIÓN, Superintendencia de Zona Distribución Hermosillo, con domicilio conocido en esta Ciudad en Calle E Final poniente S/N. b).- COMO EJECUTORA.- ENCARGADA DE LA SUPERINTENDENCIA DE CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS, con domicilio conocido en esta Ciudad en Calle E Final poniente S/N. IV.- ACTOS RECLAMADOS: 1).- la orden de verificación número B0101504579, que da inicio al procedimiento administrativo de verificación del equipo de medición que tengo instalado en mi domicilio, la cual está viciada de una serie de irregularidades que serán descritas a detalle más adelante. 2).- La expedición del oficio DB01NOT291UI122018, que contiene ajuste a la facturación como conclusión del supuesto procedimiento administrativo de verificación del equipo de medición que tengo instalado en mi domicilio, la cual está viciada de una serie de irregularidades que serán descritas y detalladas más adelante." Ahora bien, con la interpretación que debe darse a los conceptos "manifiesto" e "indudable" a que se contrae el citado numeral, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se actualiza, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que, en su caso, a ésta se anexen; en tanto que, lo indudable se traduce que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En relación con lo expresado, cobra aplicación, la jurisprudencia: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos manifiesto, significa claro, evidente y el indudable, a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Es así, que del escrito de demanda se advierte que la promovente reclama en esencia la orden de verificación número B0101504579 la cual da inicio al procedimiento administrativo de verificación en el equipo de medición del domicilio de la promovente, así como la expedición del oficio DB01NOT291UI122018 que contiene ajuste a la facturación como conclusión del referido procedimiento. En ese entendido, este Juzgador advierte que se materializa un supuesto de improcedencia de la demanda de forma manifiesta e indudable, que le impide conocerla y que está previsto en el artículo 61, fracción XXIII, con relación al artículo 5º, fracción II, párrafo primero (interpretados a contrario sensu), de la Ley de Amparo, en virtud de que no son autoridades para efectos del juicio de amparo. Tales preceptos disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.)" Del análisis sistemático de los preceptos transcritos se advierte que la procedencia del juicio de amparo exige que en éste se impugnen actos que provengan de autoridad, entendiéndose por tal aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, pero no sólo que actúe con ese carácter, sino que en forma individualizada, por medio de facultades decisorias y con base en disposiciones legales o de hecho, imponga obligaciones, modifique las existentes o limite los derechos de los particulares, es decir, que trastoque los derechos humanos de éstos. En este punto, cabe destacar que la disposición en estudio no establece una definición clara de lo que debe entenderse por autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, ya que sólo se refiere que es quien dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, esto es, únicamente se mencionan las formas en que la autoridad puede llevar a cabo aquellos actos de los entes u órganos del Estado que pueden ser materia de estudio en el juicio de amparo, pero no especifica las cualidades que debe reunir una autoridad para ser considerada como tal, exclusivamente para efectos de la procedencia del sumario constitucional. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado diversos criterios a fin de dilucidar ese concepto para efectos del juicio de derechos fundamentales, en términos de la legislación de amparo abrogada, los cuales se invocan por analogía. Al respecto, debe decirse que de acuerdo con los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en interpretación del artículo 11 de la legislación de amparo abrogada, "autoridad responsable" para efectos del juicio de amparo, es la que con fundamento en una ley de orden público ejerce un poder jurídico que de manera unilateral, por sí y ante sí, crea, modifica o extingue situaciones jurídicas concretas en perjuicio de los gobernados, según se corrobora del contenido de la tesis PXXVII/97 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Febrero de 1997, página 118, con rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: 'AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.', cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." De lo anterior se tiene que además de los actos que puede llevar a cabo una autoridad según el artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo (dictar, ordenar, ejecutar o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria), de acuerdo con la definición que sobre el particular se expone en el criterio citado del Máximo Tribunal de la Nación, autoridad es la que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, pero que indefectiblemente inciden en la esfera de los particulares considerados como tales. Asimismo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó las notas distintivas que debe revestir un órgano o ente para ser considerado como autoridad para efectos del juicio de amparo, en términos de la jurisprudencia 2a./J.164/2011, visible en la página 1089 del Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del contenido literal siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Así, del criterio invocado se colige que las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de "supra a subordinación" con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Ahora bien, como relaciones jurídicas que derivan de la actuación del Estado y sus órganos, existen las siguientes: Las relaciones de coordinación, que son los vínculos que se entablan por una diversidad de causas, entre dos o más personas físicas o morales, en su calidad de gobernados, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas en la ley, de tal modo que ambas están en el mismo nivel; de ahí que exista una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra a subordinación son las que surgen entre los órganos de autoridad, por una parte y el gobernado, que obedecen al actuar de los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado; entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso-administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución y los tratados internacionales establecen una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad, sin necesidad de acudir a los tribunales, porque con base en disposiciones legales o de hecho, impone obligaciones, modifica las existentes o limita los derechos de los particulares. Dicho de otro modo, en esas relaciones la autoridad desempeña frente al particular los actos propiamente dichos, que tienen como características la unilateralidad, la imperatividad y la coercitividad. Tales actos son unilaterales porque su existencia depende sólo de la voluntad de la autoridad; son imperativos en virtud de que se imponen aún contra la voluntad del gobernado, y son coercitivos dado que si no se acatan voluntariamente, se puede lograr su cumplimiento coactivo mediante el uso de la fuerza pública. Lo anterior significa que el calificativo del acto de autoridad involucra a un órgano del Estado constituido por una persona o por un cuerpo colegiado, quien ejecuta ciertos actos en ejercicio del poder de imperio, actos que modifican, crean o extinguen una situación de hecho o de derecho por medio de una decisión, con la ejecución de esa decisión, o bien por ambas. Ahora bien, la Ley de la Industria Eléctrica en sus artículos 4° y 45, así como la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, numerales 2°, 3°, 5°, fracción III, 7° y 118 disponen: "Artículo 4°. El Suministro Eléctrico es un servicio de interés público. La generación y comercialización de energía eléctrica son servicios que se prestan en un régimen de libre competencia." "Artículo 45. La comercialización comprende una o más de las siguientes actividades: I. Prestar el Suministro Eléctrico a los Usuarios Finales; II. Representar a los Generadores Exentos en el Mercado Eléctrico Mayorista; III. Realizar las transacciones referidas en el artículo 96 de esta Ley, en el Mercado Eléctrico Mayorista; IV. Celebrar los contratos referidos en el artículo 97 de esta Ley, con los Generadores, Comercializadores y Usuarios Calificados Participantes del Mercado; V. Adquirir los servicios de transmisión y distribución con base en las Tarifas Reguladas; VI. Adquirir y enajenar los Servicios Conexos no incluidos en el Mercado Eléctrico, con la intermediación del CENACE, y VII. Las demás que determine la CRE (Comisión Reguladora de Energía)." Ley de la Comisión Federal de Electricidad "Artículo 2°. La Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva del Estado de propiedad exclusiva del Gobierno Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios y gozará de autonomía técnica, operativa y de gestión, conforme a lo dispuesto en la presente Ley. La Comisión Federal de Electricidad tendrá su domicilio en el Distrito Federal, sin perjuicio de que para el desarrollo de sus actividades pueda establecer domicilios convencionales tanto en territorio nacional como en el extranjero." "Artículo 3°. La Comisión Federal de Electricidad se sujetará a lo dispuesto en la presente Ley, su Reglamento y las disposiciones que deriven de los mismos. El derecho mercantil y civil serán supletorios. Las disposiciones contenidas en las demás leyes que por materia correspondan aplicarán siempre que no se opongan al régimen especial previsto en esta Ley. En caso de duda, se deberá favorecer la interpretación que privilegie la mejor realización de los fines y objeto de la Comisión Federal de Electricidad conforme a su naturaleza jurídica de empresa productiva del Estado con régimen especial, así como el régimen de gobierno corporativo del que goza conforme al presente ordenamiento, de forma que pueda competir con eficacia en la industria energética." Artículo 5°. La Comisión Federal de Electricidad tiene por objeto prestar, en términos de la legislación aplicable, el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, por cuenta y orden del Estado Mexicano. (.) III. El desarrollo y ejecución de proyectos de ingeniería, investigación, actividades geológicas y geofísicas, supervisión, prestación de servicios a terceros, así como todas aquellas relacionadas con la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica y demás actividades que forman parte de su objeto; ." "Artículo 7°. Para cumplir con su objeto, la Comisión Federal de Electricidad podrá celebrar con el Gobierno Federal y con personas físicas o morales toda clase de actos, convenios, contratos, suscribir títulos de crédito y otorgar todo tipo de garantías reales y personales de obligaciones contraídas por sí o por sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales, con sujeción a las disposiciones legales aplicables. La Comisión Federal de Electricidad estará facultada para realizar las operaciones relacionadas directa o indirectamente con su objeto. Los contratos y, en general, todos los actos jurídicos que celebre la Comisión Federal de Electricidad para el cumplimiento de su objeto, podrán incluir cualquiera de los términos permitidos por la legislación mercantil y común y deberán cumplir con la regulación aplicable en las materias que corresponda." "Artículo 118. Las controversias nacionales en que sean parte la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias, cualquiera que sea su naturaleza, serán de la competencia de los tribunales de la Federación, quedando exceptuados de otorgar las garantías que los ordenamientos legales exijan a las partes, aun en los casos de controversias judiciales. Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias podrán pactar medios alternativos de solución de controversias, cláusulas o compromisos arbitrales, en términos de la legislación mercantil aplicable y los tratados internacionales de los que México sea parte. (.) Tratándose de actos jurídicos o contratos que surtan sus efectos o se ejecuten fuera del territorio nacional, la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias podrán convenir la aplicación del derecho extranjero, la jurisdicción de tribunales extranjeros en asuntos mercantiles y celebrar acuerdos arbitrales cuando así convenga al mejor cumplimiento de su objeto." Del análisis sistemático de los preceptos legales citados se colige que el suministro eléctrico es un servicio de interés público cuya generación y comercialización se prestan en un régimen de libre competencia; entre las actividades que comprende la comercialización está la prestación del servicio a los usuarios finales. Por otra parte, la Comisión Federal de Electricidad tiene la naturaleza jurídica de una empresa productiva del Estado propiedad del Gobierno Federal, con los atributos de tener personalidad jurídica y patrimonio propios, que goza de autonomía técnica, operativa y de gestión, se rige por la ley que lleva su denominación, por su reglamento; además, el derecho mercantil es la norma supletoria. Igualmente, se advierte que la Comisión Federal de Electricidad tiene por objeto, entre otros, la comercialización de la energía eléctrica para lo cual cuenta con la capacidad jurídica de celebrar con el gobierno Federal, personas morales o físicas toda clase de actos, convenios, contratos, suscribir títulos de crédito, por mencionar algunos, pudiendo incluir en ellos cualquiera de los términos previstos por la legislación mercantil; por último, es importante destacar que las controversias en que sea parte la Comisión y se susciten al interior de la Nación, cualquiera que sea su naturaleza, serán competencia de los tribunales de la Federación cuando sólo se afecten intereses particulares, a elección del actor, podrán conocer de ellos los jueces y tribunales del orden común, con independencia de que se resuelvan por medios alternos de solución de controversias conforme a la legislación mercantil y tratados internacionales en que sea parte el Estado mexicano. En efecto, la Comisión Federal de Electricidad es una empresa productiva del Estado sujeta a la ley especial que la regula y en segundo orden, al derecho mercantil; de manera que para cumplir con su objeto de comercializar energía eléctrica, -por ser el que interesa al caso- debe celebrar los actos jurídicos necesarios como contratos, suscripción de títulos de crédito, entre otros; por ende, las controversias que se susciten con motivo de aquéllos se deben ventilar en juicio ordinarios ante la potestad federal competente. Conforme a lo anterior la relación que existe entre la promovente y la Comisión Federal de Electricidad nace de un contrato mercantil, en el seno de una relación de coordinación, como particulares; por consiguiente, dicho organismo no actúa en un plano superior ya que no modifica, crea o extingue por sí y ante sí una situación de hecho o de derecho por medio de una decisión, con la ejecución coercitiva de esa decisión, o bien por ambas; esto es, no constituye un acto de autoridad propiamente dicho, al no tener las características de unilateralidad, imperatividad y coercitividad. En ese sentido, los actos reclamados que se atribuyen a la Comisión Federal de Electricidad, carecen del atributo de ser actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, dado que su actuar no se basa en una relación de supra a subordinación con la demandante del amparo, sino que se trata de una relación de coordinación entre particulares para la prestación del servicio de suministro de energía eléctrica, cuyo origen es un contrato celebrado entre ellos, en el que como refiere asumió derechos y obligaciones. En ese contexto, la solución de una controversia derivada de la comercialización del servicio de energía eléctrica, como lo es la orden de verificación número B0101504579 la cual da inicio al procedimiento administrativo de verificación en el equipo de medición del domicilio de la promovente, así como la expedición del oficio DB01NOT291UI122018 que contiene ajuste a la facturación como conclusión del referido procedimiento, en razón de la existencia de un contrato de energía eléctrica, debe resolverse mediante la vía mercantil correspondiente ante los tribunales competentes. Cobra aplicación al caso, la Tesis PC.XVI.A.J/4K(10ª) sustentada por los Plenos en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Libro 11, Octubre de 2014, Página 1338, Decima Época, de rubro y contenido: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CUANDO EL AMPARO SE PROMUEVE CONTRA LA DETERMINACIÓN Y COBRO DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONTENIDOS EN EL AVISO RECIBO ATRIBUIDOS A AQUÉLLA, SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO, QUE OBLIGA AL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA [APLICACIÓN DE LAS JURISPRUDENCIAS 2a./J. 43/2014 (10a.) Y 2a./J. 44/2014 (10a.)].El artículo 113 de la Ley de Amparo prevé que el juzgador de amparo está facultado para desechar la demanda relativa cuando advierta una causa manifiesta e indudable de improcedencia, entendida como aquella que está plenamente demostrada, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda y sustanciarse el procedimiento, sería imposible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Sobre esa base y de acuerdo con las jurisprudencias 2a./J. 43/2014 (10a.) y 2a./J. 44/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 30 de mayo de 2014 a las 10:40 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 6, Tomo II, mayo de 2014, páginas 888 y 890, respectivamente, de rubros: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EL AVISO RECIBO POR CONCEPTO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, INCLUSIVE CUANDO CONTENGA UNA ADVERTENCIA DE CORTE DEL SERVICIO, NO CONSTITUYE NI ES EQUIPARABLE A UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." y "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EL CORTE O LA SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO CONSTITUYE NI ES EQUIPARABLE A UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).", el aviso recibo que contiene la determinación y cobro del suministro de energía eléctrica, e incluso cuando contenga una advertencia del corte de ese servicio, atribuidos a la Comisión Federal de Electricidad, no conforman actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo, habida cuenta que la aplicación de dichos criterios jurisprudenciales es obligatoria, en términos del artículo 217 de la ley citada; de modo que resulta suficiente la aplicación de los criterios definidos, sin que se requiera mayor pronunciamiento, para que en el auto inicial del juicio constitucional pueda desecharse la demanda por una causa notoria e indudable de improcedencia, en los supuestos en los que se señalen como actos reclamados aquellos a que se contraen las tesis jurisprudenciales referidas". Asimismo, resulta aplicable por los motivos que la informan, la Jurisprudencia V.3o. P.A.J/8 (10ª), sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 39, Febrero de dos mil diecisiete, Tomo III, Decima Época, página 1796, cuyo rubro y texto es: "ACCESO A LA JUSTICIA. EL HECHO DE QUE LAS LEYES DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA Y DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD, NI SUS REGLAMENTOS, PREVEAN UN RECURSO, JUICIO O MEDIO DE DEFENSA PARA IMPUGNAR CUESTIONES INHERENTES A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, NO ORIGINA UNA VIOLACIÓN AL DERECHO HUMANO RELATIVO. El hecho de que la Ley de la Industria Eléctrica, la Ley de la Comisión Federal de Electricidad, ni sus reglamentos, prevean un recurso, juicio o medio de defensa para impugnar cuestiones inherentes a la prestación del servicio de suministro de energía eléctrica, como el cobro del concepto de "demanda máxima" o "demanda facturable" en el aviso recibo que expide dicha empresa estatal, esa circunstancia no origina una violación al derecho humano de acceso a la justicia, contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque aquéllas pueden controvertirse a través del juicio ordinario mercantil ante un Juez de Distrito, en términos del artículo 104, fracción II, constitucional, en relación con el diverso 53 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, o ante un Juez del orden común, a elección del actor, conforme a la legislación de la entidad federativa de que se trate. Lo anterior, en virtud de que para considerar la inconstitucionalidad señalada, no basta que determinado cuerpo normativo no establezca un medio de defensa, si lo contienen otras disposiciones". De lo expuesto, es dable concluir que los actos exclusivamente relacionados con la prestación del servicio de suministro de energía eléctrica no pueden ser considerados como actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que no existe una relación de supra a subordinación entre la Comisión Federal de Electricidad en el usuario de tal servicio, sino una relación de coordinación entre la empresa suministradora y los particulares, pues el señalado organismo no obra con imperio, característica de los actos de autoridad. Lo anterior, con entera independencia de que el acto reclamado tenga la naturaleza que la orden de verificación número B0101504579 la cual da inicio al procedimiento administrativo de verificación en el equipo de medición del domicilio de la promovente, está viciada de irregularidades, así como la expedición del oficio DB01NOT291UI122018 que contiene ajuste a la facturación como conclusión del referido procedimiento, lo que implica que está directamente vinculada con la prestación del servicio de energía eléctrica, derivado de los derechos y obligaciones que nacen del contrato de suministro de ese servicio. Resulta aplicable por los motivos que la informan, la Jurisprudencia 2a./J.30/2018 (10a.), sustentada por los Tribunales Colegiados Séptimo en Materia Administrativa y Segundo en Materia Civil, ambos del Tercer Circuito, y Primero y Segundo, ambos de Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 53, Abril de dos mil dieciocho, Tomo I, Decima Época, página 532, cuyo rubro y texto es: COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA. La interpretación teleológica del régimen jurídico especial que tutela esa actividad de la empresa productiva del Estado, lleva a considerar que su objetivo es garantizar que el servicio se preste, ello en un sistema de libre competencia. De ahí que no la ejerce en un plano de supra a subordinación porque el contrato de adhesión no somete arbitraria y unilateralmente la voluntad de los contratantes a las condiciones de la empresa; máxime que su contenido es verificado por la Comisión Reguladora de Energía y la Procuraduría Federal del Consumidor para asegurar que no contenga cláusulas leoninas, abusivas o inequitativas para el contratante, mientras se protege la actividad comercial de la sociedad. En esa virtud, tales actos, incluido el corte del suministro en términos del contrato, forman parte de esa relación comercial y la vía procedente para dirimir lo relativo es la ordinaria mercantil. Sin que esto impida que cuando la empresa realice actos que vulneren derechos humanos fuera de lo estipulado y aceptado por las partes, o cuando aplique normas que se estimen inconstitucionales, se le pudiera señalar como autoridad responsable. Cuestión que deberá ser analizada en cada caso concreto por el juzgador de amparo. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5°, fracción ll, y 113, de la Ley de Amparo, procede a desechar de plano la demanda de amparo intentada por América Ezrré Rascón. Habilitación de días y horas De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del numeral 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios de la adscripción para que practiquen todas y cada una de las notificaciones que surjan en el presente asunto y que tengan carácter de personal, aún en días y horas inhábiles. Domicilio y autorizados Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Juárez número 23, entre Nuevo León y Coahuila de esta ciudad. De igual forma como por autorizados en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Juan Antonio Ortega García y Jesús Javier Pitter González; asimismo, únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos en términos del último párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Juan Antonio Ortega Luna y Rubén Antonio Palma Camacho, hasta en tanto demuestren contar con cédula profesional que los faculten para ejercer la abogacía. Transparencia En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 8º, 18, fracción II y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Gubernamental y artículos 34 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hágase del conocimiento de las partes que tienen derecho a oponerse a que se publiquen sus datos personales, en caso de que se publique la sentencia que se dicte en el presente asunto, por lo que, de no hacer manifestación alguna, se entenderá que se oponen a la publicación de sus antecedentes. Digitalización del expediente En cumplimiento a la circular 2/2014, de tres de octubre de dos mil catorce, y a los Lineamientos para la Integración del Expediente Judicial y su Modalidad Electrónica, se instruye al Secretario actuante, para efectos de que se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con el presente asunto, asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica, se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente impreso. Notifíquese personalmente a la promovente. Así lo acordó el Juez Manuel Hiram Rivera Navarro, Titular del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora, y firma ante Claudia Monzerrat Cevallos Morales, secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

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