America Contreras Alvarez
Expediente 1506/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 16 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1506/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 16/03/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- America Contreras Alvarez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que el quejoso, hubiese recurrido el auto de veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, por medio del cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, se declara que dicho auto de sobreseimiento ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Atento a lo anterior, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo vigésimo primero, fracción IV, capítulo cinco, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y toda vez que se sobreseyó en el presente juicio de garantías, se declara que este expediente es susceptible de destrucción. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, ni contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. Más aún, no contiene información reservada, ni existen documentos originales exhibidos por las partes, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Notifíquese.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los presentes autos así como las constancias que obran en los mismos, se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del ordinal 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Al respecto, la expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo, y con ello la afectación en el patrimonio o la esfera jurídica de la parte quejosa, según sea el caso. Tratándose de omisiones, esto puede ocurrir, cuando la propia responsable u otra autoridad que se encuentre debidamente facultada, emita una determinada actuación, en virtud de la cual se revoque o anule el acto motivo del ejercicio de la acción constitucional intentada. Aunado a lo anterior, es preciso aclarar que para actualizarse la causal de improcedencia en estudio, es requisito sine qua non que la Autoridad responsable destruya total e incondicionalmente todos los efectos del acto reclamado, de modo que las cosas vuelvan al estado que guardaban con anterioridad a la pretendida violación, de tal manera que el acto ya no pueda agraviar al quejoso. La anterior consideración encuentra apoyo, en la jurisprudencia 2ª./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Ahora bien, en el caso concreto, se advierte que la parte quejosa, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto que reclama de la Jefa de Medicina Interna del hospital G. Parres del Estado de Morelos, con sede en esta ciudad, y otras autoridades, el cual hizo consistir en la omisión de dar contestación a su escrito de catorce de junio del año pasado. Asimismo, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, en apoyo a su informe justificado, a las cuales se les concede pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los preceptos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles , de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se desprende que el tres de agosto de dos mil dieciséis, dictó el acuerdo respectivo en relación al escrito presentado por la parte quejosa el catorce de junio de dos mil dieciséis, en el cual le da contestación. Razón por la cual, si la parte quejosa reclama la omisión por parte de la responsable en darle contestación a su escrito y este ya se dictó, como se desprende de las constancias que obran en autos, es dable concluir que han cesado los efectos del acto reclamado. Por tanto, la pretendida violación cesó en sus efectos al desaparecer la omisión de mérito, pues se restituyó a la parte quejosa en el goce de sus derechos procesales como si se hubiere otorgado la protección constitucional. En las condiciones anotadas, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 63, fracción V, de dicho ordenamiento, se sobresee fuera de audiencia el presente juicio de amparo en relación con el acto consistente en la omisión de dar respuesta al escrito de tres de agosto de dos mil dieciséis. Asimismo, se estima que se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, en relación con el acto reclamado consistente en el oficio SSM/DG/SJ/3864/2016, de tres de agosto de dos mil dieciséis ,misma que establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XX.- Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley;" De lo anterior se aprecia que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos mediante la interposición del recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que prevé la citada ley y sin exigir mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de suspenderse de acuerdo con dicha Ley. En términos generales, de conformidad con el artículo 107 de la Ley de Amparo, en su fracción II, el juicio de amparo es procedente contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; sin embargo, no obstante la procedencia del juicio de amparo en esas condiciones, debe siempre atenderse al principio de definitividad. Conforme a lo trascrito, el juicio de amparo es improcedente cuando: a) Se trate de actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. b) Que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. c) Que se suspendan los efectos de dichos actos con la interposición del recurso o medio de defensa legal, ello con independencia de que el acto en sí mismo sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con la ley. d) Que la ley del recurso no exija mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna para conceder la suspensión definitiva. e) Que el acto reclamado no carezca de fundamentación. En el caso, en su escrito de ampliación de demanda la parte quejosa señaló como nuevo acto reclamado el oficio **, de tres de agosto de dos mil dieciséis. Así las cosas, el primer requisito se encuentra satisfecho, ya que el acto que se impugna en esta instancia constitucional procede de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, pues emana de autoridades distinta de los Tribunales Judiciales, Administrativos o del Trabajo, cuya naturaleza es meramente administrativa, razón por lo que se actualiza la primera hipótesis normativa señalada en el precepto legal antes trascrito. La segunda exigencia también se cumple, porque en contra del acto reclamado que se hace consistir en el oficio el oficio **, de tres de agosto de dos mil dieciséis, existe un medio ordinario de defensa por virtud del cual puede ser modificado, revocado o nulificado. Es decir, el juicio de amparo está sustentado por diversos principios, entre otros, el llamado de definitividad, que se regula en la fracción XX del precepto trascrito en párrafos anteriores, texto legal del que se desprende que el juicio de amparo es procedente siempre y cuando se agoten los medios ordinarios de defensa para combatir el acto que se reclame, como requisito previo al ejercicio de la acción constitucional, pero de no respetarse este principio, el juicio de amparo será improcedente. Entonces, en el caso particular la parte promovente del amparo tiene que agotar el juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Morelos, previsto en los artículos 1, 2, 36, fracción I, 37 y 74, fracción V, de la Ley de Justicia Administrativa de esta entidad; medio de impugnación que tiene el alcance de modificar, revocar o nulificar el acto combatido; dichos numerales establecen: "Artículo 1°.- En el Estado de Morelos, toda persona tiene derecho a impugnar los actos y resoluciones, de carácter administrativo o fiscal, emanados de dependencias del Poder Ejecutivo del Estado, de su administración centralizada y paraestatal, así como de actos y resoluciones de empresas de participación estatal y municipal, cuando estas realicen funciones administrativas de autoridad, o de los ayuntamientos, que afecten sus derechos e intereses legítimos, conforme a lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, y los Tratados Internacionales y por esta Ley. También podrán impugnar los actos y resoluciones de carácter fiscal producidos por los organismos descentralizados Estatales o Municipales. Los servidores públicos al propio tiempo que deben realizar sus funciones bajo el orden jurídico establecido, sujetarán sus actos y resoluciones en respeto a los Derechos Humanos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los Tratados Internacionales, así como la particular del Estado de Morelos a lo ordenado por la norma específica, procurando observar estrictamente, desde el ejercicio de la competencia atribuida, la aplicación congruente de los preceptos substantivos, hasta el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento." "Artículo 2°.- El Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Morelos, cuenta con las facultades, competencia y organización que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Particular del Estado y esta Ley, para revisar la legalidad de los actos y resoluciones de la administración pública estatal y de los Ayuntamientos de la Entidad, para lo cual estará dotado de plena jurisdicción y del imperio suficiente para hacer cumplir sus determinaciones, acorde a los principios de legalidad, objetividad, buena fe, transparencia, y pro personaestablecidos (sic) en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Tribunal adoptará el método de interpretación jurídica más acorde al caso concreto." "Artículo 36.- El Tribunal de lo Contencioso Administrativo tendrá competencia para conocer: I.- De los juicios que se promuevan en contra de cualquier acto o resolución de carácter administrativo o fiscal, que en el ejercicio de sus funciones, dicten, ordenen, ejecuten o pretendan ejecutar las dependencias que integran la Administración Pública Estatal, o Municipal, en perjuicio de los particulares; [.]" "Artículo 37.- Serán causas de nulidad de los actos impugnados: I.- Incompetencia de la autoridad; II.- Incumplimiento u omisión de las formalidades legales; III.- Violación de la Ley o no haberse aplicado la disposición debida; y IV.- Arbitrariedad, desproporción, desigualdad o injusticia manifiesta." "Artículo 74.- El juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo es improcedente: I.- [.] V.- Contra actos de naturaleza fiscal respecto de los cuales proceda algún recurso o medio de defensa ordinario; [.]". Los numerales transcritos ponen de relieve que en el Estado de Morelos es factible impugnar los actos y resoluciones de carácter administrativo producidos por las dependencias del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, para lo cual es competente el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Sobre esa base, al tratarse lo reclamado de un acto emitido por una autoridad de la Administración Pública Estatal, era obligatorio que, previo a promover la ampliación de demanda, la quejosa debió acudir al juicio de nulidad, previsto en la ley citada, para con ello observar el principio de definitividad. Lo anterior, pues como se vio, existe el juicio de nulidad, que es adecuado y eficaz para proteger la situación jurídica infringida y con él se puede modificar, revocar o nulificar lo combatido. Máxime que la Ley de Justicia Administrativa del estado de Morelos, no prevé mayores requisitos para la suspensión del acto que la Ley de Amparo vigente, ya que de los numerales 138 y 139 , de la primer legislación mencionada, claramente ponen de relieve que para obtener la medida cautelar es necesario cubrir tres aspectos: 1. Que la solicite el agraviado. 2. Que con la concesión de la suspensión no se cause evidente perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. 3. Que tratándose de actos relativos a determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, se podrá otorgar siempre y cuando el solicitante garantice su importe ante la autoridad emitente. Ello demuestra que la suspensión se concede con esas tres condiciones y de manera semejante a la Ley de Amparo en sus artículos 128 y 135 , primer párrafo. Se suma al hecho que tanto la Ley de Justicia Administrativa del estado de Morelos, como la Ley de Amparo vigente, prevén que se podrá conceder la suspensión de los actos impugnados, en el mismo auto admisorio, es decir, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la fecha de la presentación de la demanda. Tampoco se está en el caso de excepción que alude el párrafo segundo de la fracción en comento, consistente en que no existe obligación de agotar los recursos o medios de defensa si el acto reclamado carece de fundamentación, pues la autoridad sustentó su acto en los artículos 87 y 91 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos, entre otros. En ese orden, respecto a la segunda excepción que establece el párrafo segundo de la fracción XX, del artículo 61, en estudio, la cual precisa que no es necesario agotar el principio de definitividad cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución, tampoco se actualiza, ya que, alega, entre otras cuestiones, que la autoridad debió prevenir su escrito de conformidad con lo dispuesto por los numerales 1, 41 y 43 de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos. Finalmente, no se está en el último caso de excepción de no agotar el principio de definitividad, cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento, ya que, como se vio, el juicio de nulidad está previsto en una ley - Ley de Justicia Administrativa del estado de Morelos-. En suma, al actualizarse las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XX y XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 63, fracción V, de dicho ordenamiento, se sobresee fuera de audiencia el presente juicio de amparo en relación con los actos reclamados. En apoyo a las anteriores consideraciones, cobra aplicación por similitud de razones jurídicas la jurisprudencia identificada con el número 2ª. /J/. 10/2003, visible a página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XVII, Marzo de 2003, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En consecuencia, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cuarenta minutos del veintiocho de febrero de dos mil diecisiete. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veintiuno de febrero de dos mil diecisiete. Vista la comparecencia que antecede, mediante la cual la parte quejosa, manifiesta que ratifica el contenido del escrito de quince de febrero del año actual se provee al respecto. Ahora bien, agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito signado por la quejosa *****, mediante el cual autoriza para oír y recibir notificaciones a ** En consecuencia, en atención a lo dispuesto del primer párrafo del numeral 12 del cuerpo normativo en cita, se tiene por autorizada para oír y recibir notificaciones (términos amplios) a la persona que cita en el libelo de cuenta, **, en razón de que acredito tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a que se refieren los artículos 261 a 266 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales. ... Notifíquese.
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito signado por la quejosa **, mediante el cual autoriza para oír y recibir notificaciones a **, sin embargo, toda vez que del escrito de cuenta se desprende que la firma que aparece plasmada es notoriamente distinta de la que calza en el escrito de inicial de demandada, que obra en autos; por tanto, a fin de cerciorarse de la legitimidad de dicha firma, y dado que éstas constituye la manifestación de voluntad de la parte promovente; con apoyo en lo que establece el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se requiere al ocursante en cita, para que dentro del plazo de tres días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca ante este órgano jurisdiccional debidamente identificada a ratificar la firma del escrito de quince de febrero del año en curso, a fin de estar en aptitud legal de proveer lo que en derecho proceda. En apoyo al requerimiento anterior se cita la jurisprudencia número 7/89, Gaceta número 13-15, página. 52, Semanario Judicial de la Federación, Tomo III, Primera Parte, página. 385, que a la letra dice: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS. DEBEN MANDARSE RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA. Cuando un escrito presenta una firma que sea notoriamente distinta de la que ya obra en autos, debe mandarse reconocerlas, con fundamento en el artículo 30 de la Ley de Amparo, advirtiéndose al ocursante de los delitos en que incurren quienes declaran con falsedad ante la autoridad judicial, así como del contenido del artículo 211 de la Ley de Amparo y después se dictara el acuerdo que corresponda, con vista a la propia diligencia de reconocimiento. Es importante distinguir que la firma notoriamente diferente, no equivale a la falta de firma, pues ambas son hipótesis distintas." Se apercibe a la parte promovente que de no hacerlo dentro del plazo señalado, se tendrá por no presentado el escrito de mérito. Finalmente, para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y, en su lugar, se fijan las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE, para su celebración. Notifíquese personalmente.
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