America Bahena Martinez

Expediente 963/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
963/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
18/02/2021

Partes del expediente

  • America Bahena Martinez

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos; dieciocho de febrero de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que mediante Circular CAP/3/2020, se ordenó regresar al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, plazo que se fue prorrogando por varios periodos mediante las Circulares SECNO/1/2021, SECNO/4/2021, SECNO/6/2021 y SECNO/9/2021, hasta el quince de febrero de dos mil veintiuno; no obstante, conforme a la diversa Circular SECNO/10/2021, se estableció un periodo de transición para la reanudación de las actividades jurisdiccionales a partir del dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, en donde no corrieron plazos ni términos los días dieciséis y diecisiete. Atento a lo anterior, quedaron suspendidos los plazos procesales en los diferentes asuntos de este órgano jurisdiccional del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, y por lo mismo no fue factible continuar con la tramitación de este procedimiento y dar cuenta al recibirse la promoción de cuenta. Homólogo acusa recibo. Precisado lo anterior, se tiene por recibido el oficio vía electrónica interconexión remitido por el Secretario en funciones de Juez Quinto de Distrito de Guerrero, con sede en Iguala de la Independencia, mediante el cual acusa recibo de las copias que se le remitieron del escrito de demanda y del ocurso aclaratorio, exhibidas por la parte quejosa, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Finalmente, toda vez que en por auto de ocho de los actuales se ordenó el archivo material, del presente cuaderno de antecedentes, devuélvase al lugar en que se encontraba. Notifíquese.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos; ocho de diciembre de dos mil veinte. Visto lo de cuenta, se tiene por recibido el oficio vía electrónica interconexión remitido por el Secretario en funciones de Juez Quinto de Distrito de Guerrero, con sede en Iguala de la Independencia, mediante el cual acusa recibo de los autos originales del juicio de amparo número 963/2020, e informa que aceptó la competencia declinada, solicita se remitan copias del escrito de demanda y del ocurso aclaratorio, exhibidas por la parte quejosa, lo anterior, para estar en condiciones de correr traslado a las partes y con ello proveer lo conducente. Al respecto, se toma conocimiento de lo comunicado, para los efectos legales conducentes. Hágase la anotación en el libro de gobierno respectivo. Asimismo, como lo pide la autoridad oficiante remítanse las copias que se solicitan. Archivo de expediente. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, ARCHÍVESE EL PRESENTE CUADERNO DE ANTECEDENTES COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. Destino de cuaderno de antecedentes. En cumplimiento al capítulo QUINTO, punto VIGÉSIMO, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que derogó el Acuerdo General Conjunto 1/2001 de veintisiete de agosto de dos mil uno, de la misma superioridad, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito y Tribunales Colegiados de Circuito, y su Acuerdo complementario de tres de octubre de dos mil dos, del Comité del Centro de Documentación y Análisis, el presente expediente es susceptible de destruirse al clasificarse como archivo reciente, no existir documento original alguno y carecer de relevancia documental, por lo que una vez que transcurra el plazo de SEIS MESES, PROCÉDASE A SU DESTRUCCIÓN. Acuerdo a disposición para consulta. En virtud de que la parte quejosa no realizó manifestación respecto si se oponía a la publicación de su nombre y datos personales, hágase de su conocimiento que el auto en el que se declaró la incompetencia, estará a disposición del público para su consulta cuando así lo solicite, conforme al procedimiento de acceso, rectificación, cancelación y oposición de publicación de datos personales, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce, en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que señalan los artículos 117 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos; diez de noviembre de dos mil veinte. Visto lo de cuenta, se tiene por recibido el escrito de la quejosa *********, por el que subsana la prevención formulada en autos. Incompetencia. Análisis de la demanda respecto a la competencia de este juzgado conocer de la misma La competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo. Ello es así, pues la decisión que al efecto se emita puede afectar a las partes en grado predominante o superior, ya que no solamente es declarativa, sino constitutiva, debido a que define, aparte de qué juez es el competente, la naturaleza del negocio y las leyes aplicables para su tramitación y resolución, dado que de examinarse hasta la revisión y resultar cierta la violación, implicaría la reposición de todo el procedimiento, conforme al artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, con el propósito de que el Juez haga el planteamiento de incompetencia correspondiente. Situación jurídicamente inadmisible, si se toma en cuenta que la incompetencia afecta la validez de las actuaciones del Juez de Distrito, en términos de lo que establece el artículo 17 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Lo anterior, en estricto cumplimiento a los principios y reglas que sobre la competencia de los distintos Jueces de Distrito han sido elevados a normas del rango constitucional, en relación con la ley reglamentaria que regula esos aspectos en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 de la Ley de Amparo. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 y 48 de la ley de la materia, este juzgado de Distrito analizará la competencia legal para conocer del presente asunto, con el fin de no violentar las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia número 1.20.P. J/40, emitida por Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 36, tomo 56, Agosto de mil novecientos noventa y dos, Octava Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 218,721, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo." Conviene señalar, que para que un juez tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás jueces y tribunales del mismo grado. Las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia y, normalmente, se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. La Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. De esos factores que delimitan la competencia de los tribunales de la Federación, interesa destacar aquí, el referente a la competencia por territorio. Así, de los artículos 107, fracciones 1, y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y, 37 de la Ley de Amparo, que a la letra dicen: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: 1. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legitimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [...] VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia de sentencia." Ley de Amparo. "Articulo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De lo anterior, -en lo que interesa-, se advierte el establecimiento de tres reglas para fijar la competencia por territorio de los Jueces de Distrito, a saber: 1) será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito judicial y siga su ejecución en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, 3) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda. Lo que distingue a las dos primeras reglas competenciales, que requieren que el acto reclamado tenga ejecución material, no es el que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, esté en vías de ejecución o deba ejecutarse, sino el que ello ocurra en la jurisdicción de uno o de varios Jueces de Distrito, pues la primera regla se refiere a todos los supuestos en que pueda encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que se efectúe en una jurisdicción. En cambio, la segunda se refiere a la ejecución en dos distritos diferentes al precisar que el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue en vías de ejecución en otro. Por su parte, la tercera regla prevé el caso en el que el acto o resolución reclamada no requiera ejecución material, lo que da competencia al Juez de Distrito donde se presente la demanda. En el caso, de la lectura integral de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, se advierte que la quejosa *********, reclama de las autoridades responsables que identifica como: Precisando que de las autoridades ordenadoras reclama la emisión del oficio *********, de siete de octubre de dos mil veinte, y de las autoridades ejecutoras, el bloqueo de las cuentas bancarias, relacionadas con las tarjetas ********** de la institución Visa Electrón El Libretón; ********* de la institución BBVA VISA EDUCACIÓN, y *********, de la cuenta VISA DÉBITO. Asimismo, la quejosa en el ocurso aclaratorio de demanda manifiesta: De igual manera, refiere que en la referida sucursal bancaria, el día veinte de octubre de dos mil veinte, se le impidió llevar a cabo movimientos bancarios y realizaron la que refiere se trata de la "notificación del oficio" que reclama; de lo que se desprende que es en dicho lugar, Arcelia, Guerrero, en donde se llevó a cabo la ejecución de los actos reclamados de que se duele. Circunstancia por la cual, en atención a la regla del primer párrafo del artículo 37, de la Ley de Amparo, que establece que cuando el acto reclamado se trate de ejecutar, se esté ejecutando o se haya ejecutado (como en el caso), debe conocer del juicio aquél juez donde ocurrió tal hecho. De tal suerte que los efectos del acto reclamado están limitados a una ejecución material dentro de la circunscripción territorial del estado de Guerrero. Al respecto, es aplicable, por su contenido, la jurisprudencia 2a.lJ. 74/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 369, tomo XXXIV, correspondiente al mes de julio de dos mil once, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es del tenor siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA LOS ARTÍCULOS 40, FRACCIÓN 111 Y 145-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN CONSISTENTE EN LA ORDEN DE ASEGURAMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN DONDE SE EJECUTA EL MANDATO. Conforme al artículo 36 de la Ley de Amparo, si el acto reclamado en el juicio de garantías requiere ejecución material, es competente el Juez de Distrito con jurisdicción -en donde dicho acto deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado. En ese sentido, sí en un juicio de amparo indirecto se reclaman los artículos 40, fracción 111 y 145-A del Código Fiscal de la Federación, que facultan a las autoridades fiscales a decretar en ciertos supuestos el aseguramiento de bienes, entre los que se encuentran las cuentas bancarias de los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, cuyo primer acto de aplicación consiste en un mandato de aseguramiento de cuentas bancarias y su ejecución, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en donde se materialice la orden o inmovilicen las cuentas, es decir, la localidad en que se encuentre la sucursal bancaria a la que corresponda la cuenta, pues la orden de aseguramiento no produce, por si misma, un cambio material en el mundo fáctico. Lo anterior es así, pues si bien es cierto que el mandato de aseguramiento constituye un acto de aplicación de los mencionados preceptos, que legitima al gobernado a promover juicio de amparo, también lo es que no puede servir de base para fijar la competencia del Juez de Distrito que deba conocer de él, pues para ello debe atenderse al lugar en que el acto de aplicación de la ley estimada inconstitucional ha tenido o deba tener ejecución por parte de la autoridad. Sin embargo, si el mandamiento en cuestión se materializa en diversos lugares, la competencia recae en el Juez de Distrito que previno en su conocimiento, en tanto que el primero que conoció de la demanda y tiene jurisdicción sobre alguna de las localidades en donde se ejecute la orden puede estudiarla, acorde con el principio de concentración en el juicio de amparo, pues de lo contrario se obligaría al particular a controvertirla ante cada Juez de Distrito en donde se materialice, con los inconvenientes jurídicos que ello pudiera producir." De igual forma, cobra aplicación al caso, por igualdad de razón, la tesis aislada de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 293, del tomo 1, Primera Parte-1, enero a junio de mil novecientos ochenta y ocho, Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que a la letra dice: "EMBARGO DE CUENTAS BANCARIAS, RECLAMACION, ENTRE OTROS, DEL AUTO QUE ORDENA EL COMPETENCIA DEL JUEZ DEL LUGAR EN QUE SE ENCUENTRE EL BANCO EN QUE SE REALIZO EL SECUESTRO. El artículo 36 de la Ley de Amparo establece tres reglas para fijar la competencia de los jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponde: 1) será competente el juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2) cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, y 3) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, si en el juicio de amparo se reclaman diversos actos entre los que se encuentran algunos que no requieren ejecución material y otros que si requieren tal ejecución, como lo es el auto que ordena el embargo de cuentas bancarias, debe considerarse que es al Juez de Distrito del lugar en que se encuentre el banco en que se realizó el embargo, al que corresponde conocer del juicio de amparo, de conformidad con la primera de las reglas que establece el numeral 36 de la Ley de Amparo, pues aun cuando se hayan reclamado actos que no requieren ejecución material, al existir alguno que sí haya requerido tal ejecución debe estarse al criterio jurisprudencial que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en el sentido de que cuando se reclamen varios actos de los cuales unos tengan ejecución material y otros no, será competente el juez de Distrito del lugar en que vaya a ejecutarse el acto que, de los reclamados, requiera ejecución material." Sin que sea óbice a lo anterior, el hecho de que las autoridades a las que se atribuyó el embargo y su ejecución de que se duele la parte justiciable, tengan su residencia oficial en la Ciudad de México y en el estado de Guerrero, dado que si la ejecución del acto reclamado tuvo verificativo en el lugar en donde radica la cuenta bancaria que por esta vía se defiende; esto es, en la sucursal ubicada en Arcelia, Guerrero, su análisis constitucional corresponde al Juez de Distrito competente de esa localidad. En consecuencia, -como se adelantó- en términos del párrafo primero, del artículo 37, de la Ley de Amparo, este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos, se declara incompetente para conocer de la presente demanda de amparo promovida por América Bahena Martínez, por razón de territorio para conocer del juicio de amparo en que se actúa, al estimar que la competencia se surte en favor del Juez de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala, en turno, ya que -como se expuso- la ejecución del aseguramiento de la cuenta bancaria de la quejosa, se dio en la sucursal con residencia en Arcelia, Guerrero, que fue donde acudió, se le impidió realizar movimientos bancarios y le fue entregado el oficio que reclamado, aunado a que es el lugar en que se encuentra radicada la cuenta bancaria a que alude. En ese orden de ideas y atento a lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, en cuanto a garantizar la eficacia y rapidez en la tramitación y fallo de los juicios, en concordancia con los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, previa formación del cuaderno de antecedentes, remítase la demanda promovida por la quejosa ********, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala, para que por su conducto se sirva remitirla al Juez de Distrito en turno, a quien se estima competente para conocer del acto reclamado, para que si así lo considera procedente, se avoque al conocimiento del asunto, solicitando el acuse de recibo respectivo. Sin que haya lugar a proveer sobre la suspensión, ya que no se advierte que se actualice alguno de los supuestos que prevé el primer párrafo del artículo 48 de la Ley de Amparo, pues incluso por su naturaleza, las autoridades señaladas como responsables no se encuentran en condiciones de emitir actos como los que excepciona dicho precepto legal y que pretende introducir la quejosa en su escrito aclaratorio de demanda; habida cuenta que les atribuye el carácter de responsables a partir de la emisión del oficio que ordena incorporarla a la lista de personas bloqueadas y suspendidas para llevar a cabo operaciones con cualquier institución bancaria. Notifíquese personalmente a la parte quejosa en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, de conformidad con el artículo 23, fracción I del Acuerdo General 21/2020.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos; veintinueve de octubre de dos mil veinte. Visto lo de cuenta, se tiene por recibida la demanda de amparo presentada por *******, por propio derecho, contra actos que reclama a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y otras autoridades. Regístrese en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 963/2020 y fórmese expediente. Prevención. Ahora bien, del estudio integral de la demanda que se provee, se advierten diversas irregularidades que requieren ser subsanadas, previo a su admisión, por lo que con fundamento en el artículo 112, en relación con los ordinales 108 fracción I y 114 fracciones I y IV, de la Ley de Amparo, prevéngase a la promovente para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, bajo protesta de decir verdad, con copias suficientes para las partes: PRIMERO. En vía de antecedentes de los actos reclamados, precise el domicilio de la sucursal bancaria a la que afirma acudió el veinte de octubre del año en curso. Asimismo, precise el domicilio de la sucursal en la que aperturó las cuentas bancarías relacionadas con los números de tarjeta que refiere. SEGUNDO.- Aclare el acto que en esta vía reclama, ya que en el apartado respectivo refiere que lo es: "(.) la emisión del acuerdo que ordena la incorporación de la suscrita a la lista de personas bloqueadas, y la suspensión de forma inmediata de la realización de actos, operaciones o servicios con los clientes o usuarios, incluidos en dicho acuerdo, imposibilitando tanto la apertura de nuevas cuentas bancarias, como la cancelación de los vigentes así como impedir la disposición de los recursos que estas últimas contengan (.)". Sin embargo, del contenido íntegro de la demanda se advierte que hace referencia a la "notificación" que le fue practicada del oficio *******de fecha "2020-10-07", asimismo manifiesta: "(.) Independientemente del emplazamiento ilegal, es de hacer notar que el contenido del mismo se me pide manifestar lo que a mi interés convenga, ante el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, desconociendo que hechos se me imputan para que sea constitutivo de privación de mis derechos, debiendo señalar que para efecto de poder defenderme y deducir mis derecho como se plantea en la parte final de la notificación, se me tendría que haber corrido traslado de la denuncia, acusación o querella y haberme otorgado el termino de ley (.)". Asimismo, tomando en consideración que al precisar los actos reclamados, así como en capítulo de antecedentes refiere controvertir "la orden de búsqueda y detención de la suscrita", mandamiento que dada su naturaleza, se entiende que no puede ser emitida por las autoridades hacendarías o bancarías que menciona; deberá especificar a qué autoridad le atribuye su emisión y ejecución. En ese sentido, deberá precisar claramente los actos que reclama en esta vía y además señalar a las autoridades responsables a las que se los atribuye. Lo anterior, a efecto de que quede debidamente integrada la litis y las autoridades se encuentren en condiciones de rendir su informe respectivo; habida cuenta que solicita la suspensión de los actos reclamados. Apercibimiento. En consecuencia, se apercibe a la promovente que en caso de no dar cabal cumplimiento a la prevención formulada en la vía, forma y términos establecidos, se procederá de conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo; es decir, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Domicilio y autorizados. Como lo pide, se tiene por señalado para oír y recibir notificaciones los estrados de este órgano jurisdiccional, y por autorizado para los mismos efectos a la persona que menciona, incluso a ********, toda vez que no se localizó registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a diferencia de *******, quienes sí cumplen dicho requisito, por lo que se les tiene por autorizados con facultades amplias en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. Habilitación días y horas. En acato al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho fundamental, con fundamento en el artículo 21 último párrafo de la Ley de Amparo, se faculta al actuario de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a las partes y que sean de carácter personal, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles. Aviso de transparencia. Se hace del conocimiento de las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 4, 11, 12, 15 y 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que se publicó en el Diario Oficial de la Federal de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince, toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier persona, asimismo, que en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la referida ley, deberá ponerse a disposición del público y actualizarse la información relativa a las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en forma de juicio, así como las versiones públicas de las sentencias que sean de interés público; sin embargo, para que pueda permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requerirá del consentimiento de los particulares titulares de la información, en la inteligencia de que la falta de oposición de manera expresa conlleva su consentimiento. En caso de oposición, deberá estarse a lo establecido en la sección tercera, relativa al procedimiento de acceso, rectificación, cancelación y oposición de publicación de datos personales, del Acuerdo General del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el ocho de mayo de dos mil quince. Notifíquese personalmente a la parte quejosa en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables, de conformidad con el artículo 23, fracción I del Acuerdo General 21/2020.

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